Categoría: ESPAÑA

Tras mas de un año de investigaciones, los agentes han logrado identificar a los miembros de la red, formada en su mayoría por ciudadanos originarios de países del este de Europa
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en el norte de Castellón, el sur de Tarragona y la provincia de Jaén. La operación, denominada ‘Proas’, ha culminado con la detención de ocho personas vinculadas al tráfico de drogas y armas, así como al blanqueo de capitales, según ha informado el cuerpo en un comunicado oficial.

Tras más de un año de investigaciones, los agentes lograron identificar a los miembros de esta red, formada en su mayoría por ciudadanos originarios de países del este de Europa. La organización presentaba una estructura jerárquica claramente definida y un alto grado de especialización. Además, mantenía conexiones con otras bandas criminales nacionales, con las que colaboraba para ampliar su influencia mediante el intercambio de drogas y armamento.

Registros llevados a cabo en Vinaròs, Tortosa y Jaén

Durante la fase operativa de la investigación, se llevaron a cabo registros en las localidades de Vinaròs (Castellón), Tortosa (Tarragona) y Jaén. En estos operativos se incautaron diversas armas de fuego, munición, un chaleco antibalas, cerca de un kilo de cocaína de alta pureza, 24 kilos de marihuana envasada al vacío, medio kilo de hachís, así como materiales utilizados para ocultar y distribuir estupefacientes.

Asimismo, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación falsificada, dispositivos electrónicos y vehículos de alta gama empleados por los integrantes de la red para sus actividades delictivas. Las ocho personas arrestadas tenían funciones específicas dentro de la organización, relacionadas con el tráfico de drogas y armas, además del lavado de dinero.

Reconstrucción de la red criminal

Gracias a la información recopilada, se ha podido reconstruir la estructura de esta red criminal de alcance transnacional, con una base sólida en territorio español, especialmente en la provincia de Castellón. La organización operaba tanto a nivel nacional como internacional y suponía una amenaza significativa para la seguridad, debido a sus antecedentes y vínculos con traficantes de armas.

La operación ha contado con el apoyo de servicios de inteligencia de países de origen de los implicados y de otros estados miembros de la Unión Europea, lo que ha permitido un intercambio efectivo de información.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vinaròs y llevada a cabo por el Grupo de Información de la Comandancia de Castellón, con el respaldo de unidades de Tarragona, Jaén, Valencia, Barcelona y Sevilla, además de equipos especializados en tráfico de drogas y armas procedentes de Madrid y Tarragona, junto con personal de geolocalización y seguridad ciudadana.

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Defiende que el futuro de España pasa por las energías verdes y asegura que las nucleares no ayudaron tras el corte de luz
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^{Europa Press}

El presidente del Gobierno ha subrayado ante el Congreso que no existe evidencia empírica que permita atribuir a las renovables el origen del apagón que la pasada semana mantuvo sin luz a la península ibérica durante horas y considera “irresponsable” mezclar este asunto con el debate de las nucleares.

Defensa de las renovables como energía del futuro

En declaraciones recogidas por Europa Press Sánchez ha afirmado que “a día de hoy , no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España –ha afirmado en el hemiciclo–. De hecho, el día de autos nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores”.

Asimismo, durante su comparecencia en el Congreso, Sánchez ha asegurado que no existe “ni un solo estudio serio” que diga que las centrales nucleares son imprescindibles en España cuyo futuro, defiende, pasa por otras fuentes de energía como “la hidroeléctrica, la solar, la eólica y el hidrógeno verde”, ha indicado.

Por tanto, Sánchez ha descartado que un exceso de renovables fuese la causa del apagón y ha explicado que gracias a las innovaciones tecnológicas “estas pueden cumplir el mismo papel que la generación de inercia” como la que tiene la nuclear u otras energías consideradas estables.

Recuperación gracias a ciclos e interconexiones

En contra de la nuclear también ha afirmado que no se trata de una solución efectiva para situaciones como el apagón del 28 de abril. En primer lugar porque tuvieron que pararse para evitar el sobrecalentamiento de los núcleos y tampoco contribuyeron a la reactivación del suministro eléctrico.

“No fueron las centrales nucleares, fueron las centrales de ciclo combinado y las interconexiones con Francia y con Marruecos y las presas hidroeléctricas las que permitieron esa pronta recuperación en esos primeros días”, ha enfatizado el presidente que sostiene que sus afirmaciones no son “ideológicas” sino “científicas” y se pueden demostrar.

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El partido liderado por Santiago Abascal, Voxa señaló el pasado mes de abril que apoyaría esta protesta en Madrid junto al Partido Popular
The post El PP se suma a la protesta del sábado en Madrid contra Sánchez convocada por más de un centenar de asociaciones first appeared on Hércules.  El Partido Popular se sumará este 10 de mayo a la manifestación que han convocado en Madrid más de un centenar de asociaciones cívicas aglutinadas en la ‘Plataforma por la España Constitucional’ para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa este lunes el portavoz nacional de los ‘populares’, Borja Sémper, que ha calificado de “justa” la reivindicación de la convocatoria y ha reclamado a Sánchez que convoque elecciones.

“Nosotros creemos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que desde el inicio de esta legislatura el Gobierno da motivos más que sobrados para que los españoles nos manifestemos en las calles”, ha justificado, para recordar que el PP se ha manifestado en los últimos años a iniciativa propia o en apoyo de protestas impulsadas por la sociedad civil contra, por ejemplo, la Ley de Amnistía al ‘procés’.

Sémper ha indicado que el PP “respalda” esta nueva manifestación al nacer de la sociedad civil y ha comunicado que acudirán dirigentes del partido “con normalidad”, en rechazo a un “mal Gobierno”.

“Y es que el presidente Sánchez, después de la sucesión continua de escándalos en los que tiene sumido a la sociedad española, lo que debería hacer es disolver las cortes y dar la palabra a los españoles”, ha demandado.

Vox apoyará la manifestación junto al PP

La manifestación, bajo el lema ‘Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya’, tendrá lugar el próximo 10 de mayo a las 12.00 horas en la Plaza de Colón. Entre las asociaciones convocantes figuran Unión 78, Neos, Resiste España, Foro España Cívica, Pie en Pared o Foro Libertad y Alternativa.

Vox ya señaló el pasado mes de abril que apoyaría esta protesta en Madrid. Así, su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó en un acto desde Algeciras (Cádiz) que su partido “acude a cualquier concentración que sea para denunciar la corrupción del Partido Socialista”.

Garriga subrayó además la aspiración de Vox de sumarse a toda movilización que “tenga el compromiso firme de derogar toda la basura legislativa que ha aprobado el Partido Socialista”, así como “la urgencia de la convocatoria de elecciones generales”.

Tanto el PP como Vox ya se sumaron el pasado 20 de octubre a otra manifestación similar promovida por estas mismas asociaciones que aglutinan la ‘Plataforma por la España constitucional’ para reclamar comicios anticipados. Entonces el lema elegido fue ‘Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. ¡Elecciones generales ya’.

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Un total de 11 purpurados nacidos en España podrían suceder a Francisco, aunque son cuatro los que han aparecido en quinielas de ‘papables’
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^{Europa Press I Imagen: Arzobispo de Barcelona}

Un total de seis cardenales españoles, tres de ellos miembros de la Conferencia Episcopal Española (CEE), tomarán parte de la elección del nuevo Pontífice tras la muerte del Papa Francisco. Los cardenales iniciarán este proceso este miércoles en la Capilla Sixtina.

Según informa Europa Press tres de los cardenales españoles pertenecen a la Conferencia Episcopal Española: el arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Por su parte, el arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, ha excusado su participación por motivos de salud.

A ellos se suma Ángel Fernández Artime que fue rector mayor de los Salesianos y, actualmente, es el proprefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Once nacidos en España

Por otro lado, el número de cardenales nacidos en España asciende a once, incluyendo al arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo. Todos ellos tienen menos de 80 años, que es requisito para ser elector en un Cónclave.

Los tres cardenales de la CEE que votarán en el Cónclave, fueron creados por el propio Papa Francisco. Cañizares, que no participa, fue creado por Benedicto XVI.

Además de los electores, hay otros cuatro cardenales españoles mayores de 80 años que, aunque no podrán votar, si han podido participar en las congregaciones generales o preparatorias, presididas por el cardenal decano, que se han reunido diariamente hasta el inicio del Cónclave para tratar los asuntos urgentes de la Iglesia.

Cuatro señalados como “papables”

Sólo algunos de estos cardenales han sido señalados en las quinielas como candidatos serios al papado. En concreto, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el cardenal arzobispo de Rabat, Cristóbal López; el cardenal obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo; y el cardenal Ángel Fernández Artime, proprefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica

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La región madrileña registra el máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social y un significativo descenso del número de parados
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^{Comunidad de Madrid}

La Comunidad de Madrid lidera en creación de empleo y registra el máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social, con 3.779.323 cotizantes, tras una subida del +0,3% en el mes de abril, lo que se traduce en 12.501 personas más. En el último año, se han generado 103.764 puestos de trabajo, un +2,8%, medio punto por encima del dato estatal, siendo la región de España con mayor número de nuevos trabajadores en términos absolutos.

Las estadísticas publicadas hoy por el Gobierno central, referidas a abril, arrojan a su vez que el paro ha caído un -3,1% (9.401 personas) con respecto al año pasado, situando el número de desempleados en 289.232, el más bajo para este mes desde 2008. En comparación con marzo, el descenso ha sido del -1,6%, con 4.585 parados menos.

Descenso por género

Desde abril de 2024, el desempleo ha bajado en ambos sexos, un -3,2% entre las mujeres y un -3,1% entre los hombres, y en todos los tramos de edad: menores de 30 años (-3,1%), de 30 a 54 años (-4,5%) y mayores de 55 (-1,1%). También se reduce en todos los sectores, especialmente en agricultura (-8,9%) y construcción (-6,1%), seguidos de industria (-5,4%) y servicios (-2,3%).

Por otro lado, y en ese mismo periodo, el número de autónomos madrileños ha aumentado en 9.053 (+2,1%), y deja el total en 437.644 personas, la cifra más alta de trabajadores por cuenta propia en la región desde que hay registros.

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El gigante asiático confirmó la normalización de las relaciones con el Parlamento Europeo y espera un acercamiento entre ambas potencias
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^{Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping I El Economista}

Una delegación del Congreso de los Diputados de España emprenderá una visita oficial a China con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La misión, encabezada por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), incluye a los diputados Vicente Montávez (PSOE), Carlos Floriano (PP), Teslem Andala (Sumar), Francesc-Marc Álvaro Vidal (ERC) y Marta Madrenas (Junts). El letrado Manuel Alba acompañará al grupo en calidad de asesor jurídico.

La iniciativa recibió el respaldo unánime de la Mesa del Congreso, aunque fuentes del Partido Popular matizaron su apoyo, condicionándolo a que la delegación fuera de tamaño reducido. Vox declinó participar en la misión, alegando que su dirección nunca consideró su asistencia al viaje.

Contexto diplomático y económico

La visita se produce en un momento de creciente acercamiento entre España y China. En marzo de 2023, el rey Felipe VI y el presidente chino Xi Jinping intercambiaron mensajes de felicitación por el 50º aniversario de relaciones diplomáticas, destacando la consolidación de una asociación estratégica basada en el respeto mutuo. Posteriormente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una visita oficial a Pekín, donde se reunió con Xi Jinping para reforzar los lazos bilaterales.

China se ha convertido en el principal proveedor de importaciones de España, superando a Alemania, y las inversiones chinas en sectores estratégicos españoles han aumentado significativamente en los últimos años. Este fortalecimiento de las relaciones económicas ha suscitado preocupaciones en Estados Unidos, especialmente tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien criticó el acercamiento de España a China en el contexto de la guerra comercial entre EE. UU. y el gigante asiático.

Agenda y actividades previstas

Aunque la agenda detallada de la delegación parlamentaria aún no se ha hecho pública, se espera que los diputados visiten las ciudades de Pekín y Shanghái. El objetivo principal es conmemorar el 50º aniversario de relaciones diplomáticas y fortalecer los lazos institucionales entre ambos países. La visita también busca promover el entendimiento mutuo y la cooperación en áreas de interés común, como el comercio, la cultura y la educación.

La visita ha generado diversas reacciones en el ámbito político y diplomático. Mientras que algunos sectores valoran positivamente el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, otros expresan preocupación por las posibles implicaciones geopolíticas, especialmente en el contexto de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La delegación española busca equilibrar estos intereses, promoviendo una política exterior que favorezca tanto los vínculos económicos como el respeto a los compromisos internacionales de España.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado esta decisión, pero ha afirmado que lo importante es “respetar el proceso”
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^{Imagen: el presidente del BBVA, Carlos Torres I EFE}

El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para recabar opiniones sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, una iniciativa que ha generado una fuerte oleada de críticas entre entidades financieras, inversores y empresarios. La medida ha sido percibida como una forma de intervención impropia en una operación privada avalada ya por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El cuestionario, disponible en la web del Ministerio hasta el 16 de mayo, busca justificar una posible intervención del Gobierno en el proceso, a través de criterios distintos a los de competencia, como exige la ley. Sin embargo, tal como ha informado ABC, en el sector se interpreta como un intento de corregir el informe de la CNMC, que autorizó la fusión con condiciones consideradas asumibles por ambas partes.

El procedimiento despierta dudas sobre su validez y objetivos

La iniciativa gubernamental ha sorprendido por su formato: un formulario abierto al público, sin garantías de control riguroso, que permite emitir múltiples respuestas y que se basa en una herramienta tan genérica como Microsoft Forms. Las críticas se centran en el carácter inédito de la consulta y en el hecho de que una decisión de alto impacto económico quede, en parte, en manos de una participación ciudadana sin filtros técnicos ni jurídicos sólidos.

Desde distintos ámbitos del mercado financiero se cuestiona que se recurra a una especie de referéndum informal para tomar decisiones estratégicas, considerando que esta responsabilidad recae únicamente en el Ejecutivo, y no en la opinión pública sin marco regulatorio específico.

Rechazo en Madrid y en Barcelona: el malestar es generalizado

Aunque en Barcelona existe un respaldo institucional al Sabadell, fuentes cercanas al entorno del banco también manifiestan incomodidad ante este tipo de mecanismos. El procedimiento ha generado una sensación compartida de incertidumbre tanto en la capital como en el entorno financiero catalán, donde se considera que la consulta puede ser contraproducente para el mercado.

A través de seis preguntas, el cuestionario solicita que los participantes identifiquen posibles perjuicios para el interés general derivados de la fusión, e incluso propone que se formulen alternativas para minimizar esos impactos. El Gobierno defiende su legalidad y afirma que su objetivo es dar voz a sectores que no fueron tenidos en cuenta por la CNMC.

Empresariado y oposición advierten sobre la inseguridad jurídica

El malestar no se limita al sector financiero. Representantes del empresariado y dirigentes políticos también han manifestado su preocupación por lo que consideran un precedente peligroso. Para muchos actores económicos, el mecanismo elegido deslegitima el papel de los organismos reguladores y refleja una renuncia del Ejecutivo a asumir su responsabilidad directa en una decisión de alcance nacional.

La consulta pública se interpreta, en algunos sectores, como una estrategia para diluir la responsabilidad política de una posible negativa a la opa o de una intervención restrictiva, con el riesgo añadido de generar desconfianza en los mercados y dañar la imagen de España como país receptor de inversión.

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El Gobierno reacciona con dureza ante la imputación de uno de sus delegados por parte del juez Peinado, acusándolo de parcialidad. Las críticas internas al magistrado reflejan una peligrosa tendencia política a desacreditar la labor judicial cuando esta afecta a cargos del Ejecutivo
The post El Gobierno carga nuevamente contra el juez Peinado por la imputación de Francisco Martín Aguirre first appeared on Hércules.  Una vez más, el Ejecutivo ha reaccionado con contundencia ante una decisión judicial adversa, alineándose en bloque contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez por supuestos delitos vinculados a la corrupción. En esta ocasión, el detonante ha sido la imputación formal de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y estrecho colaborador del ministro Félix Bolaños durante su etapa como secretario general de la Presidencia. Según el auto judicial, Martín habría intervenido en la contratación, con cargo a fondos públicos, de una asesora destinada a asistir a Gómez en asuntos de carácter privado.

Tras conocerse la resolución, Bolaños no tardó en pronunciarse, denunciando públicamente que el caso “ya no es motivo de preocupación para quienes tienen la conciencia tranquila”, sino que genera “una inquietud máxima para los defensores de la imparcialidad judicial”. Estas declaraciones, realizadas antes del inicio del Pleno del Senado, marcaron el tono con el que el Gobierno encaró la imputación de uno de sus altos cargos, en una estrategia que fue inmediatamente interpretada como un nuevo embate institucional contra el poder judicial.

La querella, inicialmente presentada por Vox, fue ampliada para incluir a Martín Aguirre por su presunta participación en la incorporación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. El juez ha citado a Martín a declarar el próximo 14 de mayo, abriendo así un nuevo frente de tensión entre la judicatura y el Ejecutivo.

Las palabras de Bolaños desataron una oleada de reacciones críticas desde distintos ámbitos, que calificaron su intervención como un ataque directo a la independencia judicial. Varios juristas y representantes políticos señalaron la gravedad de que un ministro de Justicia cuestione abiertamente la instrucción de un magistrado que, en cumplimiento de su labor, avanza en una causa penal.

Pese a las críticas, el discurso de Bolaños fue rápidamente respaldado por otras figuras del Ejecutivo. Óscar López, por ejemplo, publicó en la red social X una imagen con la definición de “prevaricación” según la RAE, acompañándola con un escueto mensaje: “Palabras de actualidad…”. Pilar Sánchez Acera, exasesora en Moncloa, se sumó al cierre de filas al declarar que no existe “nada” contra Martín Aguirre, y que todo forma parte de una operación de “bulos y mentiras” orientada a socavar la legitimidad del Gobierno.

Mientras tanto, el juez Peinado defendía la solidez jurídica de su decisión. En el auto que sustenta la imputación, recordó que el sistema penal español contempla una fase de investigación preliminar indispensable para esclarecer los hechos denunciados. Esta etapa, señaló, permite al juez instructor, dotado de imparcialidad y alejado de sesgos inquisitoriales, determinar con fundamento si se debe continuar el proceso, archivarlo o tipificarlo como delito leve.

La causa contra Begoña Gómez y ahora contra Francisco Martín Aguirre vuelve a evidenciar la creciente confrontación entre el poder judicial y el ejecutivo, alimentada por un discurso oficial que, en lugar de confiar en el desarrollo de las garantías procesales, opta por erosionar la credibilidad del instructor cuando el proceso se torna incómodo.

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La investigación del colapso ferroviario entre Madrid y Sevilla descarta el sabotaje y señala a bandas criminales especializadas en el robo de cobre. La versión inicial del Gobierno, sin respaldo policial, desata críticas por intentar eludir responsabilidades en seguridad ferroviaria
The post El Gobierno apunta al sabotaje, pero la Guardia Civil confirma el abandono de la seguridad en el AVE first appeared on Hércules.  La Guardia Civil ha descartado de forma casi definitiva la hipótesis de sabotaje en el incidente que paralizó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y que afectó a más de 10.000 pasajeros. Según las primeras investigaciones, el suceso responde a un robo de cobre en cinco tramos del cableado ferroviario a la altura de Los Yébenes (Toledo), cometido por bandas criminales con experiencia en este tipo de actividades, y no a un ataque premeditado con motivaciones ideológicas, como llegó a sugerir el Ministerio de Transportes.

Las pesquisas, lideradas por la Unidad de Policía Judicial de Toledo, apuntan a un grupo delictivo local, presuntamente integrado por individuos de etnia gitana con antecedentes por sustracción de metales. No obstante, las fuentes consultadas insisten en que aún no se ha identificado de forma concluyente a los autores. Lo que sí se confirma es que la ejecución del robo, llevada a cabo de manera simultánea en varios puntos y con notable conocimiento técnico, encaja con el modus operandi típico de estas redes que operan en zonas con escasa vigilancia.

La versión inicial del Gobierno, que apuntaba a un posible sabotaje, ha sido interpretada en círculos judiciales y policiales como un intento político de desviar la atención de posibles deficiencias estructurales en la seguridad de la red ferroviaria. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, sugirió públicamente que los hechos podrían haber sido intencionados. Sin embargo, esta teoría ha perdido solidez ante los indicios recabados por la Guardia Civil, que refuerzan la hipótesis de un robo técnicamente planificado para obtener beneficio económico mediante la reventa del cobre.

Los investigadores sostienen que, si hubiera existido una motivación política o ideológica, los autores habrían optado por sabotear la infraestructura sin sustraer el material, por ejemplo, mediante la simple interrupción de los cables. Pero el hecho de que se extrajeran 150 metros de cobre en cinco enclaves diferentes indica una clara intencionalidad lucrativa. El procedimiento, que implica cortar, enrollar y transportar el material en condiciones de riesgo eléctrico, exige conocimientos técnicos que estas bandas suelen poseer.

El robo se produjo en zonas carentes de cámaras de seguridad y de patrullas de vigilancia, lo que facilitó la acción coordinada. A pesar de que el valor del material sustraído no supera los 1.000 euros, su reventa en mercados internacionales, especialmente en Europa del Este o China, sigue siendo rentable. Según fuentes policiales, las bandas almacenan temporalmente el cobre en naves industriales y lo entregan a intermediarios encargados de su exportación.

Los informes internos de la Guardia Civil del 4 de mayo ya apuntaban a la sustracción de cobre como causa principal. A las 20:00 horas, se notificó el robo desde el centro de seguridad de ADIF; más tarde, a las 21:35, se confirmaron las consecuencias del sabotaje en Malagón (Ciudad Real), donde al menos cuatro trenes quedaron detenidos por averías derivadas del robo de catenarias.

El episodio se enmarca en una tendencia al alza: en lo que va de 2024, se han registrado 4.333 casos de robo de cobre y materiales conductores, un 87% más que hace cinco años. Solo en 2023, las fuerzas de seguridad detuvieron o investigaron a 978 personas. Castilla-La Mancha lidera el ranking con 799 denuncias, seguida de Andalucía con 745, según datos del Ministerio del Interior.

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