Categoría: ESPAÑA

Una oleada de incendios y explosiones en instalaciones clave iraníes ha reavivado sospechas de sabotaje extranjero, aunque no hay pruebas concluyentes. El silencio oficial y las contradicciones alimentan la especulación y la inquietud
The post ¿Oleada de sabotajes en Irán? first appeared on Hércules.  Durante los últimos diez días, una serie de incidentes inusuales —que incluyen incendios, explosiones y fallos técnicos— ha sacudido diversas instalaciones en Irán, dejando tras de sí una nube de sospechas sobre un posible origen externo. Aunque ninguna evidencia firme vincula estos eventos con actores foráneos, la magnitud y frecuencia de los mismos alimentan conjeturas.

Este lunes, se reportaron explosiones en un complejo subterráneo de almacenamiento de municiones perteneciente a la Guardia Revolucionaria en la ciudad de Kazeroun, cerca de Shiraz. Medios opositores iraníes fueron los primeros en informar sobre lo sucedido. La prensa oficial, por su parte, no se pronunció al respecto, y no se ha emitido aún una versión institucional sobre lo ocurrido.

Un día antes, medios tanto oficiales como críticos del régimen informaron de un gran incendio en una fábrica ubicada en Mashhad. Según el comunicado oficial, el fuego se originó en una planta de motocicletas y consumió gran cantidad de neumáticos, generando densas columnas de humo negro. Sin embargo, varios analistas comenzaron a dudar de esta versión. Khosrow Isfahani, periodista iraní exiliado, divulgó imágenes satelitales que, según él, contradicen la versión oficial y sugieren que el lugar incendiado era en realidad una instalación de carácter militar o de seguridad. En redes sociales se barajó incluso la posibilidad de que los motores de motocicleta fueran en realidad piezas para drones Shahed.

Ese mismo fin de semana, otro incidente fue registrado en Karaj, a poca distancia de Teherán, donde un incendio afectó a una central eléctrica. Los medios estatales culparon a una tormenta acompañada de un sismo leve, pero opositores en el exilio se mostraron escépticos y apuntaron hacia otras posibles causas, sin ofrecer evidencias sólidas.

Días antes, el sur del país fue escenario de la explosión más devastadora de todas. En el puerto de Shahid Rezai, en Bandar Abbas, una deflagración masiva dejó decenas de muertos y más de un millar de heridos. Las investigaciones preliminares apuntaron a la mala gestión en el almacenamiento de químicos, posiblemente relacionados con el programa de misiles del país. A este suceso le siguió otro incendio en la misma zona portuaria, esta vez junto a una instalación petrolera, aunque este segundo fue contenido rápidamente y se dijo que fue causado por factores no relacionados.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial que vincule estos eventos entre sí o que demuestre que alguno fue producto de un sabotaje. Las autoridades insisten en que la precariedad de la infraestructura iraní —carente de mantenimiento y sujeta a errores técnicos frecuentes— es la causa principal de muchos de estos “accidentes”.

Aun así, el patrón acumulativo de explosiones y fuegos en zonas estratégicas, sumado a la opacidad gubernamental y el historial de tensiones con potencias extranjeras, genera dudas legítimas. Aunque es posible que todo se reduzca a negligencia y obsolescencia, la frecuencia y naturaleza de los sucesos sigue siendo, incluso para los estándares iraníes, notablemente anómala.

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Directivos de Red.es, asesores ministeriales y amigos del PSOE están siendo citados por el juez por su papel en la red de favores a la esposa del presidente
The post Los altos cargos del PSOE implicados en el caso Begoña Gómez first appeared on Hércules.  El caso Begoña Gómez, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha puesto el foco en numerosos altos cargos del PSOE vinculados directa o indirectamente a la promoción profesional de la esposa del presidente Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado ha activado una cascada de citaciones que compromete a nombres de relevancia dentro del engranaje socialista, tanto en la Administración como en empresas públicas clave.

Francisco Martín: el último imputado por contratar a la asistente de Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado el foco de la investigación y ha decidido imputar a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y ex secretario general de Presidencia del Gobierno, por su participación en el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora personal de Begoña Gómez en Moncloa.

Martín fue el superior jerárquico de Álvarez en el momento en que esta fue contratada como personal eventual y habría autorizado su incorporación con funciones que, según la acusación, estaban orientadas a fines privados de la esposa del presidente, como su actividad en la Universidad Complutense. El juez le atribuye un posible delito de malversación de caudales públicos, al considerar que el salario de la asesora se pagó con dinero público para tareas no institucionales. Su declaración como imputado está prevista para el próximo 14 de mayo.

La querella fue presentada por Vox y admitida a trámite por Peinado, quien ha descartado otros delitos como prevaricación o tráfico de influencias, pero sí ha mantenido la acusación de malversación. Esta nueva imputación refuerza la tesis judicial de que se utilizó la estructura de Presidencia para facilitar medios públicos al servicio personal de Gómez, sin que, hasta el momento, se haya demostrado que esta tuviera un papel directo en la contratación.

Cristina Álvarez: asesora implicada en los negocios de Gómez

Cristina Álvarez, asesora del Ministerio de la Presidencia durante la etapa de Bolaños, está investigada por impulsar desde Moncloa los negocios privados de Begoña Gómez. Según la causa, se habría valido de su posición pública para intermediar o facilitar acuerdos en beneficio de Gómez y su círculo empresarial.

Directivos de Red.es

Uno de los núcleos de la investigación es la entidad pública Red.es, epicentro de los contratos millonarios concedidos al empresario Carlos Barrabés, socio y amigo personal de Begoña Gómez. Tres altos cargos de este organismo, con vinculación directa al PSOE, han sido citados a declarar como testigos por haber recibido una carta de recomendación firmada por Gómez en favor de la empresa de Barrabés. Se trata de:

• Alberto Martínez, director general de Red.es.
• Luis Prieto, director de Economía Digital.
• Ignacio Espejo-Saavedra, director adjunto de la asesoría jurídica.

Todos ellos deberán explicar ante el juez su papel en la adjudicación de contratos por valor de más de 10,6 millones de euros a la compañía de Barrabés.

También David Cierco, exconcejal del PSOE y con una extensa trayectoria en la Administración, es especialmente relevante. Cierco fue miembro del consejo de administración de Red.es, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria y asesor del ministro socialista entre 2004 y 2006. También estuvo vinculado a la Fundación Alianza Digital 2030 y a la consultora Atrevia.

Según la UCO, la implicación de Cierco es clave porque Red.es fue el principal contratador del socio de Begoña Gómez. El juez le ha citado por haber recibido hasta dos cartas de recomendación firmadas por Gómez en concursos públicos que acabaron favoreciendo a Barrabés.

Juan Ignacio Bidart: del PSOE municipal a los despachos ministeriales

Otro nombre señalado es Juan Ignacio Bidart, también exconcejal socialista y con una trayectoria ligada al entorno de Sánchez. Fue concejal en Torrelodones entre 2003 y 2015, profesor en la Universidad Carlos III, donde habría conocido a Reyes Maroto, exministra de Industria. En 2018, Bidart fue nombrado jefe de gabinete de Maroto, una posición desde la cual, según diversas informaciones, recibió órdenes para impulsar la carrera de Gómez.

Posteriormente, Bidart pasó a ocupar un cargo directivo en la Escuela de Organización Industrial, institución dependiente del Ministerio de Industria, desde donde habría intervenido en la promoción de proyectos relacionados con Begoña Gómez.

Félix Bolaños, citado a declarar

El actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido citado a declarar como testigo en el caso. Bolaños tendrá que explicar por qué contrató en el Ministerio a Cristina Álvarez, una asesora que, según la investigación, trabajaba en paralelo para los negocios particulares de Begoña Gómez. Su declaración se produce en medio de una tormenta política que ya ha provocado comparecencias de medio centenar de personas del entorno de Sánchez.

José Luis Ábalos: el nexo con la trama Koldo

Aunque no directamente vinculado al caso Begoña Gómez, el exministro socialista José Luis Ábalos aparece en el entorno de cargos del PSOE citados o investigados en otras tramas de corrupción solapadas, como el caso Koldo. Este entorno ha estado relacionado con prácticas de enchufismo y adjudicaciones irregulares en distintas áreas del Ejecutivo.

La Guardia Civil podría estar también en el ajo

María Gámez dimitió de su cargo como directora general de la Guardia Civil tras la imputación de su esposo en una de las ramas del caso ERE. Sin embargo, su inclusión la denominada “Lista Ministerio Transportes ha despertado interrogantes sobre su papel y los motivos de su presencia en eventos organizados por la Organización Mundial del Turismo, vinculada con el ‘caso Begoña’.

Hasta ahora, se conocía que Gámez permitió el acceso de Koldo García Izaguirre a diversas sedes de la Guardia Civil. Sin embargo, las nuevas informaciones apuntan a que las conexiones de la trama de Koldo no se limitaban solo al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, quien recientemente dejó el cargo y fue reubicado en la Embajada de España en Washington.

Además, otro miembro de la Guardia Civil, el comandante Rubén Villalba, ha sido señalado como informante de la trama. Su vinculación con la red se produjo apenas una semana después de la reunión en San Petersburgo entre Aldama y Begoña Gómez.

Relevancia de la cúpula socialista en la promoción de Gómez

Las pesquisas apuntan a una estructura de favores cruzados y promoción interesada que habría permitido a Begoña Gómez consolidar una carrera académica y empresarial con fuerte respaldo institucional. Desde ministerios socialistas hasta empresas públicas, la red que supuestamente facilitó su ascenso profesional está salpicada de nombres vinculados al PSOE.

El papel del propio Pedro Sánchez, aunque no imputado, queda bajo sospecha, ya que según diversas fuentes fue él quien introdujo a Barrabés y otros implicados en el entorno político durante unas jornadas de esquí en Huesca. Con el caso bajo secreto de sumario, pero con un avance constante de diligencias, el cerco judicial sigue estrechándose sobre el entorno socialista del Gobierno.

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El líder democristiano jura su cargo ante el presidente Steinmeier tras superar una inédita segunda votación en el Bundestag
The post Friedrich Merz asume el mando en Alemania acabando con la era Scholtz first appeared on Hércules.  Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un canciller ha necesitado una segunda votación parlamentaria para ser investido en Alemania. La jornada política de este martes en Berlín pasará a la historia por la inesperada resistencia en el Bundestag a dar el visto bueno al líder de la CDU, Friedrich Merz, quien fracasó en la primera votación por la rebelión de varios diputados.

Horas más tarde, y tras intensas negociaciones de último minuto, Merz logró finalmente el apoyo de 325 diputados, superando los 316 necesarios para ser elegido canciller. 289 parlamentarios votaron en contra y uno se abstuvo. Este resultado, aunque suficiente, deja entrever fisuras en la gran coalición entre la CDU y el SPD, que suman 328 escaños. Algunos diputados socialdemócratas no apoyaron a Merz, lo que ensombrece el arranque del nuevo Gobierno.

Un liderazgo que comienza en terreno inestable

Pese al éxito final, el hecho de que Merz no haya conseguido el respaldo completo de su propia coalición proyecta una imagen de debilidad política, justo en un momento clave para Alemania y Europa. La repentina revisión de plazos y protocolos constitucionales, ante la posibilidad de una investidura fallida, mostró una Alemania institucionalmente sacudida.

En palabras del propio Merz, tras ser confirmado por la Cámara: «Les agradezco su confianza y acepto la elección», dijo entre los aplausos de un Parlamento que respiró aliviado tras contemplar un escenario de incertidumbre. La interpelación vino de parte de Julia Klöckner, presidenta del Bundestag, en medio de un ambiente tenso.

El fin de la era Scholz

Con la investidura de Merz, se cierra oficialmente el mandato del socialdemócrata Olaf Scholz, quien asistió a la sesión parlamentaria como diputado raso, sin protagonismo ni discurso de despedida. Una salida discreta para un canciller que deja un país económicamente estancado y políticamente dividido. Alemania ha dejado de ser la locomotora de Europa y las previsiones de crecimiento para 2025 se han rebajado a cero, en gran parte por el impacto de los aranceles internacionales.

El traspaso de poder se formalizará en las próximas horas cuando Merz jure su cargo ante el presidente Frank-Walter Steinmeier en el Palacio de Bellevue, acto que marcará el inicio de una nueva etapa en la política alemana.

Los desafíos que esperan a Merz

El nuevo canciller llega al poder en un contexto difícil. Su programa político incluye reformas fiscales, endurecimiento de la política migratoria y revitalización del tejido empresarial, pero deberá negociar internamente para mantener la cohesión de su propia coalición. La falta de respaldo unánime en la votación es una señal de alerta que no ha pasado desapercibida ni en Alemania ni en el extranjero.

Además, el papel de Alemania en la Unión Europea y en la OTAN también será observado de cerca. Con Francia y otros aliados esperando una posición firme en cuestiones de defensa, energía y competitividad económica, Merz tendrá que demostrar liderazgo desde el primer día.

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Las patronales alertan que la nueva medida del Gobierno compromete la viabilidad de más de 42.000 pequeñas empresas del comercio alimentario.
The post Panaderos, carniceros y pescaderos se rebelan contra la reducción de jornada laboral first appeared on Hércules.  Las principales patronales del comercio tradicional de alimentos —Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca— han mostrado su “total oposición” a la reciente aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, acordada por el Gobierno con CCOO y UGT y avalada este martes por el Consejo de Ministros. En un comunicado conjunto, panaderos, carniceros y pescaderos artesanos advierten de que la medida supone una amenaza directa a su competitividad y supervivencia.

Estas organizaciones, que agrupan a más de 42.000 micro, pequeñas y medianas empresas que emplean a 180.000 trabajadores en toda España, consideran que la medida llega en un momento crítico, cuando el sector aún arrastra los efectos económicos de la pandemia y de un aumento sostenido de costes en materias primas, energía, alquileres y distribución.

Una “barrera más” para el comercio de proximidad

Las patronales alertan de que esta reducción de jornada, en lugar de mejorar el bienestar laboral, se convierte en una “barrera más” para negocios que dependen de horarios amplios y flexibilidad para atender a la clientela. “Pone en grave riesgo la viabilidad futura de muchas de nuestras empresas, con el consiguiente e irreparable daño económico, social y de patrimonio gastronómico”, denuncian.

Los empresarios recuerdan que sus establecimientos están presentes en la mayoría de pueblos y ciudades del país, donde fomentan el comercio de proximidad, la economía circular y una baja huella de carbono. “No somos grandes cadenas ni multinacionales”, advierten, “pero sostenemos miles de empleos y servicios esenciales”.

Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca subrayan que han invertido en modernización, sostenibilidad y calidad en los últimos años, adaptando sus procesos para responder a una demanda más exigente, sin contar con ayudas públicas significativas. “Competimos cada día contra supermercados, franquicias y tiendas de conveniencia, en un entorno normativo cada vez más complejo y con escasa sensibilidad hacia nuestras realidades”, señalan.

La medida, insisten, puede terminar de asfixiar a muchas empresas que ya operan al límite. De hecho, el cierre de pescaderías, carnicerías y panaderías se ha acelerado en los últimos años debido a los márgenes estrechos, la inflación y la falta de relevo generacional.

Un Gobierno decidido a seguir adelante

A pesar del rechazo de las patronales y de organizaciones empresariales como CEOE y Cepyme, el Gobierno espera que la norma salga adelante en el Congreso de los Diputados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que la medida beneficiará a 12,5 millones de trabajadores asalariados, especialmente a aquellos sin cobertura de convenios colectivos.

Díaz ha insistido en que la reducción de jornada es una “mejora histórica” que acercará a España a los estándares laborales europeos y corregirá situaciones de abuso, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura. Sin embargo, desde el tejido empresarial se denuncia que la norma ignora por completo las condiciones específicas de las pequeñas empresas, y se impone sin margen de negociación.

Las patronales piden que la jornada laboral siga siendo materia de negociación colectiva, adaptada a la realidad de cada sector. “Nos jugamos la supervivencia de negocios familiares que llevan generaciones ofreciendo alimentos frescos, de calidad y cercanos”, concluyen.

Mientras el texto legal comienza su tramitación parlamentaria con enmiendas ya anunciadas por partidos como Junts, el pulso entre el Gobierno y el pequeño comercio se intensifica, con miles de empresarios temiendo un futuro incierto.

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El sindicato acusa a la ministra de Sanidad de incumplir promesas sobre mejoras salariales y condiciones laborales del personal sanitario
The post CSIF se moviliza en toda España contra Mónica García por el bloqueo del Estatuto Marco first appeared on Hércules.  La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado este martes una jornada de protestas en todas las provincias españolas ante lo que consideran una “falta de compromiso” de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la negociación del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario. Delegados del sindicato se han concentrado ante las subdelegaciones del Gobierno para visibilizar su descontento por el estancamiento de un proceso que, denuncian, acumula más de dos años sin avances reales.

Desde CSIF se acusa a la ministra de haber incumplido las promesas adquiridas con los sindicatos y de no haber presentado una propuesta que incluya mejoras salariales, una nueva clasificación profesional y reducción de horas de guardia sin pérdida retributiva.

Calendario de movilizaciones progresivas

La protesta de este martes forma parte del calendario de movilizaciones aprobado por la Ejecutiva de CSIF Sanidad el pasado 9 de abril, que incluye posibles acciones más contundentes si el Ministerio no reacciona. Entre las medidas que el sindicato ya prepara se encuentran reuniones con grupos parlamentarios y el envío de una queja a la Comisión Europea por el incumplimiento de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia sanitaria.

Pese a las tensiones, CSIF ha asegurado que mantendrá su participación en la Mesa del Ámbito de Sanidad con el objetivo de lograr un acuerdo, aunque lamenta que el Ministerio esté “más centrado en maquillar la negociación que en transformar realmente el sistema sanitario”.

Exigencias claras para dignificar la Sanidad

Las demandas del sindicato son precisas: una clasificación profesional acorde a la titulación, responsabilidad y especialidad, con retribuciones básicas y específicas adecuadas; la aplicación del artículo 76 del TREBEP para que los técnicos medios y superiores accedan al grupo C1 y B; la jubilación voluntaria anticipada y por coeficientes reductores; la jornada de 35 horas en todo el SNS y la reducción de horas de guardia sin merma económica.

Además, CSIF exige la equiparación salarial entre comunidades autónomas, la recuperación de la estructura retributiva previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra, y el desarrollo de la carrera profesional en todo el territorio y para todas las categorías.

El sindicato también denuncia que el régimen actual de compatibilidades favorece la fuga de profesionales, lo que agrava aún más el déficit estructural de personal que sufre el sistema.

Como parte de su ofensiva institucional, CSIF ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle que habilite una partida presupuestaria específica destinada a financiar el nuevo sistema retributivo que debería acompañar a la futura clasificación profesional del Estatuto Marco.

Paralelamente, el sindicato ha valorado positivamente el proyecto de ley aprobado recientemente por el Gobierno para instaurar la jornada de 37,5 horas semanales en la administración pública. Sin embargo, reclama que se cumpla el acuerdo pendiente para desarrollar la jornada de 35 horas, tanto en la Administración General del Estado como en el resto de administraciones públicas.

Desde CSIF insisten en que esta medida es clave para la conciliación familiar, la mejora de las condiciones laborales en sectores exigentes como la sanidad y una herramienta eficaz para crear empleo. Recuerdan también que el Grupo Sumar ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de Función Pública que recoge esta misma reivindicación.

CSIF concluye que la falta de respuestas por parte del Ministerio de Sanidad pone en riesgo la calidad del Sistema Nacional de Salud, al desmotivar a los profesionales e impedir la atracción y retención del talento. El sindicato reitera su voluntad de diálogo, pero advierte que no cesará en su presión hasta lograr un acuerdo justo para todos los trabajadores del sector.

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Se ha criticado la política migratoria estatal por provocar, según las declaraciones, un “efecto llamada”, y se ha advertido que, sin un enfoque estructural, el problema persistirá
The post La Comunidad Valenciana protesta ante la obligación de acoger a 500 menores migrantes “falta de infraestructura, personal y recursos económicos” first appeared on Hércules.  La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha asegurado que la Comunidad Valenciana no puede asumir la acogida de 500 menores migrantes no acompañados, como plantea el Gobierno central. La dirigente autonómica ha calificado la propuesta como un “atraco” a las competencias de la comunidad y ha afirmado que los centros de protección infantil se encuentran ya saturados.

Durante una visita a un centro de acogida de menores en València, Camarero ha señalado que el reparto aprobado en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid, se basa en criterios “políticos” y no objetivos. Según sus datos, los centros valencianos operan al 160% de su capacidad, con cerca de 480 menores acogidos, mientras que el sistema migratorio cuenta con 317 plazas, de las cuales 122 fueron habilitadas recientemente.

La consellera ha advertido de que asumir el reparto implicaría llevar los centros al 300% de su capacidad, lo que, a su juicio, generaría hacinamiento y pondría en riesgo la dignidad de los menores acogidos, además de poner en peligro la sostenibilidad del sistema de protección.

Camarero ha defendido que la Comunidad Valenciana ha mostrado una actitud solidaria y ha atendido a menores llegados tanto en pateras como desde otras regiones, o mediante cupos no financiados por el Estado. Ha cifrado en 78.800 euros anuales el coste por menor y ha denunciado que el Ejecutivo central únicamente ha destinado un millón de euros frente a los 23 millones que ha invertido la Generalitat en el proyecto migratorio. De aplicarse el nuevo reparto, el gasto autonómico podría incrementarse en 40 millones más, ha afirmado.

La consellera también ha informado de que la Generalitat mantiene en marcha un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, por considerar que invade competencias autonómicas en materia de protección de menores. El procedimiento se encuentra actualmente en el Consell Jurídic Consultiu a la espera de dictamen.

Camarero ha asegurado haber recibido comunicación por parte de entidades gestoras de centros de acogida que alertan sobre la falta de infraestructura, personal y recursos económicos para asumir un incremento de menores como el planteado. También ha denunciado la ausencia de información por parte del Gobierno sobre una posible financiación del reparto.

Finalmente, ha criticado la política migratoria estatal por provocar, según sus declaraciones, un “efecto llamada”, y ha advertido que, sin un enfoque estructural, el problema persistirá. Según ha expresado, la falta de medidas de emancipación para los jóvenes migrantes al cumplir los 18 años agrava aún más la situación.

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