Trump amenaza a España por el 5 % en defensa de la OTAN

Donald Trump amenaza con aranceles a España tras la cumbre de la OTAN por no comprometerse con el 5 % del PIB en defensa hasta 2035
The post Trump amenaza a España por el 5 % en defensa de la OTAN first appeared on Hércules.  La cumbre de la OTAN en Bruselas terminó con un inesperado golpe diplomático de Donald Trump a Pedro Sánchez, un derechazo político que dejó a la delegación española sin capacidad de respuesta. La tensión se desató en la prórroga del encuentro, cuando todo parecía estar controlado para el Gobierno español. Sin embargo, el expresidente estadounidense lanzó una dura advertencia con sabor a represalia comercial.

El presidente del Gobierno había cumplido con los trámites oficiales, incluida una escueta comparecencia en La Haya con apenas cuatro turnos de preguntas. Luego, emprendió rumbo a Bruselas para reunirse con Bill Gates, presidente de la Fundación Gates. Antes, presumió ante los medios de haber evitado firmar el compromiso de destinar el 5 % del PIB en defensa para 2035, pese a que el documento final firmado por los 32 países aliados lo incluye explícitamente.

“Me queda claro que, si hoy hubiera otro presidente del Gobierno aquí, hoy España hubiera firmado el 5 % del PIB en defensa. Y eso sería un absoluto error para España. Y nosotros no lo hemos hecho, nosotros no lo hemos hecho”, declaró Sánchez con tono triunfal.

España presume de no firmar… lo que ya firmó

Según fuentes de la delegación española, durante la reunión a puerta cerrada solo Letonia mencionó a España, y no para recriminar su posición, sino para agradecer la presencia de tropas españolas en su territorio. El equipo de La Moncloa se mostraba satisfecho por haber esquivado una posible confrontación con Trump, incluso evitando un encuentro visual que pudiera terminar en una reprimenda pública.

Todo parecía en calma hasta que Trump compareció ante decenas de periodistas. Preguntas sobre Irán, Israel, Rusia y Ucrania dominaron inicialmente la rueda de prensa. Pero una reportera catalana cambió el rumbo con una cuestión directa sobre la postura de España en la cumbre. Y ahí llegó el mazazo: Trump amenazó con duplicar los aranceles a productos españoles, una maniobra inesperada que sorprendió por completo a la delegación de Sánchez.

Aranceles como castigo a la “excepción española”

El líder republicano recurrió a su especialidad: los aranceles. Aunque España forma parte de la Unión Europea, lo cierto es que Estados Unidos puede aplicar tarifas específicas a productos de cualquier país, incluso de forma individualizada. No sería la primera vez. Durante su anterior mandato, Trump ya intentó gravar el vino francés y las aceitunas negras españolas.

El Gobierno español no lo vio venir. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trató de desviar el tiro desde París, asegurando que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países europeos se gestionan a través de la Comisión Europea. Pero lo cierto es que Trump apuntó directamente a España, no a la UE. “Estamos en una unión aduanera de los 27 estados. Para nosotros es importantísimo que esta relación bilateral entre la UE y Estados Unidos siga avanzando hacia un acuerdo justo y equilibrado”, declaró Cuerpo.

Actualmente ya existen aranceles que afectan a productos clave como el acero (50 %), el automóvil (25 %) y otros sectores industriales (10 %). La posibilidad de un nuevo castigo arancelario inquieta a varios sectores exportadores españoles.

Sánchez firma lo que no piensa cumplir

Lo más insólito del episodio es que Trump reacciona con dureza por la negativa de España a comprometerse con un objetivo —el famoso 5 % del PIB en defensa— que Sánchez ya ha firmado, aunque ha dicho que no lo cumplirá. Una estrategia similar a la que ya criticó durante años: la de Mariano Rajoy, quien firmó el 2 % en 2014 y jamás lo alcanzó.

Sánchez aspira a quedarse en el 2,1 % hasta 2029, año de la primera revisión de la OTAN. Para entonces, es poco probable que él siga siendo presidente, aunque no descartó esa opción durante su comparecencia en tono irónico: “Le agradezco que me haga esa pregunta para 2029, porque eso me da ánimo a pensar que a lo mejor continúo siendo presidente del Gobierno. Bueno, ya veremos, eso serán los españoles”, respondió sonriente.

El documento de la OTAN es, no obstante, rotundo: “Los Aliados se comprometen a invertir el 5 % del PIB anualmente en requisitos esenciales de defensa y gastos relacionados con la seguridad para 2035, de conformidad con el Artículo 3 del Tratado de Washington.”

Ficción de la excepción española

Pese a este compromiso colectivo, Sánchez sostiene que cuenta con el visto bueno del nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para mantenerse en el 2,1 %, siempre que España alcance unas capacidades militares pactadas que no se han hecho públicas.

Pero el relato español chirría. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, desmontó sutilmente esa narrativa: “Italia ha hecho como España, que ha firmado el mismo documento que nosotros. Hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho lo mismo.”

La insistencia de Sánchez en mantener la ficción de una excepción nacional ha terminado por meter a España en una inusitada guerra comercial con Estados Unidos, justo cuando más necesita estabilidad en sus relaciones exteriores. El intento de marcar perfil propio en política de defensa podría costarle caro a sectores clave de la economía nacional.

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Justicia busca perseguir a jueces en huelga bajando salarios

El Ministerio de Justicia insta al CGPJ a descontar el sueldo a jueces y fiscales que secunden la huelga contra las reformas del acceso judicial
The post Justicia busca perseguir a jueces en huelga bajando salarios first appeared on Hércules.  El Ministerio de Justicia ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome medidas para descontar el sueldo a aquellos jueces y fiscales que participen en la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. La protesta, organizada por las asociaciones judiciales, se opone a las reformas planteadas por el Gobierno en el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal.

Reunión previa y oficio al CGPJ

Según fuentes del departamento que encabeza el ministro Félix Bolaños, fue durante una reunión mantenida el pasado lunes entre Justicia y las asociaciones profesionales cuando el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, anunció que enviaría un oficio al CGPJ para solicitar un pronunciamiento formal sobre la legalidad de la huelga.

Tal como ha adelantado el diario El País y ha confirmado Europa Press, el Ministerio ya ha remitido dicho documento al órgano de gobierno de los jueces, instando a que se asegure la deducción salarial correspondiente para quienes respalden la movilización.

En el escrito, el Ministerio subraya que en 2009 el propio CGPJ determinó que la legislación española “no prevé el derecho de huelga” para los jueces y magistrados, considerando entonces no convocada una huelga declarada en ese momento. Ahora, Justicia plantea si ese criterio sigue vigente.

Reacción del CGPJ: Pleno extraordinario

Ante la presión del Ministerio, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha decidido convocar un pleno extraordinario para este jueves a las 10:00 horas. El objetivo: adoptar una posición conjunta del órgano ante la protesta y la solicitud del Gobierno.

La respuesta del CGPJ será clave en una disputa que abre un nuevo frente entre el Ejecutivo y parte del poder judicial, en un momento especialmente tenso por las reformas en el acceso a las carreras jurídicas.

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científicos chinos investigado por espionaje

Trump lanza revisión de seguridad sobre científicos chinos en EE. UU. por posible espionaje, robo de tecnología y riesgos para la seguridad nacional
The post científicos chinos investigado por espionaje first appeared on Hércules.  La administración Trump ha puesto en marcha un proceso confidencial de revisión de antecedentes dirigido a cientos de científicos extranjeros que trabajan en Estados Unidos, muchos de ellos provenientes de países de interés como China. La iniciativa, que implica a múltiples agencias de seguridad e inteligencia, se activó semanas atrás por la creciente preocupación de que los gobiernos anteriores no evaluaron con suficiente rigor los lazos de estos investigadores con el Ejército Popular de Liberación o el Partido Comunista Chino (PCCh).

Alarmas por biopeligros y patógenos

La preocupación se intensificó luego de que el mes pasado tres científicos chinos fueran arrestados en EE. UU. tras ser sorprendidos intentando introducir de contrabando patógenos peligrosos, incluidos hongos tóxicos y lombrices intestinales capaces de afectar severamente los cultivos nacionales. El incidente hizo saltar las alarmas en Washington por el potencial surgimiento de una nueva forma de agroterrorismo.

En este contexto, fuentes del gobierno aseguraron que unos 1.000 científicos procedentes de países considerados sensibles han sido identificados tan solo en el entorno de los NIH, desencadenando una exhaustiva investigación a cargo de la oficina de seguridad de inteligencia de dicha agencia.

La respuesta oficial

“El presidente Trump está comprometido con la protección de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Los contribuyentes no deben financiar el espionaje extranjero que amenaza la infraestructura científica del país”, declaró Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

Este esfuerzo apunta a corregir lo que muchos dentro del gobierno consideran una política de revisión permisiva durante los mandatos de Francis Collins y Anthony Fauci en los NIH. Aunque ambos se retiraron antes del ascenso de Trump, las prácticas heredadas continuaron bajo la presidencia de Joe Biden, pese a las repetidas advertencias de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).

Informes críticos de la GAO

La GAO, brazo auditor del Congreso, ha emitido numerosos informes en la última década denunciando la falta de controles en agencias federales que otorgan fondos a científicos con vínculos potenciales con gobiernos extranjeros. En un informe reciente, la oficina fue clara: “China es el principal adversario estratégico de Estados Unidos. La influencia extranjera indebida sigue siendo un riesgo latente en las universidades y centros de investigación del país”.

Otra evaluación de 2021 advirtió sobre la escasa capacidad de las universidades receptoras de fondos federales para gestionar conflictos de interés no financieros, un vacío legal que permite a consultores y académicos operar para ambas potencias simultáneamente, beneficiando a Beijing con el acceso a tecnología sensible y propiedad intelectual.

La denuncia de la viróloga desertora

Una voz que ha resonado con fuerza en este debate es la de la doctora Li-Meng Yan, viróloga china que desertó en 2020. En entrevista con Just the News, Yan aseguró que la mayoría de los científicos chinos que obtienen visas estadounidenses lo hacen tras firmar acuerdos con el gobierno comunista para favorecer sus intereses.

“Desde el inicio, muchos ya han hecho un trato con el PCCh. Vienen, absorben tecnología, captan personal, se llevan información crítica. Son como parásitos que infiltran el cuerpo del sistema estadounidense”, denunció Yan.

Apoyo desde el Congreso

El Congreso también se ha hecho eco de las advertencias. El representante republicano Nathaniel Moran criticó la permisividad de las administraciones pasadas: “China ha robado nuestra propiedad intelectual tanto con espionaje encubierto como con tácticas visibles. Infiltraron nuestras universidades con apoyo financiero y lo hicimos posible”.

Para Moran, el momento actual exige una respuesta contundente. “No podemos seguir pasivos. Debemos reforzar nuestro sistema interno y contrarrestar estas prácticas en el terreno comercial, científico y diplomático. Se necesita un Ejecutivo fuerte, y claramente lo tenemos ahora”.

Casos recientes de científicos implicados

Durante el último mes, el FBI arrestó a tres investigadores chinos en Michigan por contrabando ilegal de patógenos. Dos fueron sorprendidos con un hongo altamente tóxico y el tercero transportaba lombrices que podrían devastar plantaciones enteras. Estos hechos aumentaron la presión sobre las autoridades para vigilar de cerca los riesgos de bioseguridad.

Casos previos también han generado preocupación. En 2020, el ingeniero Hao Zhang fue condenado por espionaje económico tras robar secretos sobre semiconductores para abrir una empresa en China. Y este año, el FBI allanó la casa del profesor Xiaofeng Wang, experto en ciberseguridad en la Universidad de Indiana, quien fue despedido sin explicación pública. Aunque no se presentaron cargos, su desaparición posterior levantó sospechas.

Nuevas restricciones y brechas persistentes

La administración Biden implementó recientemente ciertos protocolos de seguridad en la investigación federal, pero eximió a proyectos con presupuestos inferiores a 50 millones de dólares, lo que, según expertos, deja fuera a un número significativo de investigadores extranjeros.

“Existe una gran brecha de seguridad, y un desconocimiento alarmante sobre las vinculaciones externas de algunos científicos. Esta revisión es crítica, y requiere de recursos humanos, inteligencia y trabajo conjunto entre agencias”, señaló un alto funcionario implicado en el operativo.

Restricción de fondos e investigaciones en el extranjero

Paralelamente, los NIH anunciaron en abril la prohibición de destinar fondos públicos a socios extranjeros mediante subcontratos, salvo en casos excepcionales. “Si no se justifica claramente por qué el trabajo debe hacerse en el extranjero y no aquí, el proyecto debe cerrarse”, indicó el doctor Matthew J. Memoli, subdirector del NIH, en un memorando interno.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también actuó. A inicios de este mes detuvo todos los ensayos clínicos que enviaban células humanas estadounidenses a laboratorios en países hostiles, una medida destinada a proteger contra el uso indebido de datos genéticos en investigación de ingeniería genética.

Seguridad científica en el centro del debate

Aunque el Departamento de Salud y los NIH se negaron a divulgar cifras específicas sobre científicos extranjeros, citando razones de seguridad, la preocupación general es clara: durante años, Estados Unidos ha sido generoso en la admisión de talento internacional, pero poco riguroso en el control de riesgos asociados.

Con la nueva revisión en marcha y los cambios regulatorios ya visibles, la administración Trump parece decidida a dar un giro radical a la política científica exterior de Estados Unidos, en una jugada que ya está transformando la relación entre la ciencia, la seguridad nacional y la geopolítica global.

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Huelga del metal en Cádiz desborda al Gobierno

La huelga del metal en Cádiz expone la crisis industrial y la inacción del Gobierno ante los disturbios, el paro indefinido y el rechazo sindical
The post Huelga del metal en Cádiz desborda al Gobierno first appeared on Hércules.  La provincia de Cádiz vive estos días una nueva sacudida social con la huelga del metal en Cádiz. Más de 30.000 trabajadores están llamados a secundar un paro indefinido que, al margen del núcleo laboral, ha derivado en bloqueos, enfrentamientos con la policía, interrupciones del tráfico y una tensión creciente que el Gobierno de Pedro Sánchez observa desde la distancia.

Origen del conflicto laboral

El conflicto laboral estalló oficialmente el pasado 23 de junio, cuando la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) y UGT alcanzaron un preacuerdo que fue rechazado en asamblea por una parte significativa de los delegados sindicales. Las razones del desacuerdo giran en torno a la incorporación de un nuevo contrato de “promoción”, que supondría una rebaja del 30% del salario inicial para nuevas contrataciones, además de la exclusión del plus de toxicidad, peligrosidad y penosidad que los trabajadores reivindican desde 2013. A este escenario se suma la falta de garantías salariales vinculadas al IPC.

Las organizaciones sindicales CCOO, CGT y CTM han rechazado el preacuerdo, tachándolo de retroceso en derechos y alertando de una precarización estructural del sector del metal. A pesar de la división sindical, las movilizaciones han sido constantes y han ganado en intensidad. Las calles de Cádiz, San Fernando, Jerez y Puerto Real han sido escenario de piquetes, marchas multitudinarias y cortes en puntos clave como la avenida de Astilleros, los puentes de acceso a la ciudad y los accesos a los astilleros de Navantia.

Escalada de disturbios en Cádiz

La huelga del metal en Cádiz, que arrancó con carácter indefinido, ha dejado ya un saldo de al menos doce personas detenidas, entre ellas un menor y un hombre de 79 años. Los disturbios en Cádiz incluyen lanzamiento de objetos, clavos y rodamientos contra vehículos, barricadas incendiarias y daños en infraestructuras ferroviarias, lo que ha afectado al servicio de trenes en la línea Cádiz-Sevilla. La respuesta policial, con cargas en zonas como Loreto o Cerro del Moro, ha intensificado el malestar.

La Federación Empresarial se mantiene firme en su propuesta, apoyada inicialmente por UGT, aunque esta ha empezado a revisar su postura ante el rechazo de las bases. El Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) ha intentado mediar, pero las reuniones no han arrojado avances significativos. CCOO, por ejemplo, se ha ausentado de las últimas convocatorias por falta de transparencia en el orden del día.

Inacción del Gobierno de Pedro Sánchez

Mientras tanto, el Gobierno central guarda silencio. Ni desde el Ministerio de Trabajo ni desde la propia Moncloa se ha articulado una respuesta directa. La actitud del Ejecutivo contrasta con su discurso de defensa de los derechos laborales y su promesa de modernización industrial. En Cádiz, donde Navantia es empresa pública y uno de los epicentros del conflicto, los trabajadores señalan al Gobierno por su inacción.

“Nos sentimos abandonados”, afirman miembros de los comités de empresa. “Ni una llamada, ni una propuesta. El Ejecutivo deja hacer, aunque somos sector estratégico”. La falta de presión gubernamental sobre la patronal ha contribuido, según los sindicatos, a enquistar el conflicto.

Impacto económico y antecedentes históricos

El impacto de la huelga del metal en Cádiz va más allá de lo laboral. El turismo y la hostelería gaditana denuncian pérdidas económicas por la cancelación de un crucero internacional y de reservas hoteleras. Horeca Cádiz ha alertado de un “efecto contagio” en plena temporada alta. La imagen de una provincia paralizada, con piquetes, llamas en la carretera y presencia policial masiva, amenaza con pasar factura al tejido económico más vulnerable.

El caso recuerda a la huelga del metal de 2021, también en Cádiz, que se saldó con días de disturbios, paralización industrial y una negociación que tardó en cerrarse. Pero también se inserta en una larga tradición de luchas obreras en el sector del metal: la huelga de Bandas en Vizcaya (1966), los paros mineros asturianos de los 60 o las huelgas generales de los 80 y 90, todas ellas marcadas por la represión y la conquista de derechos.

A día de hoy, no hay visos de resolución. La patronal no cede. Los sindicatos endurecen su postura. La mediación autonómica no da frutos. Y el Gobierno central permanece ausente.

La huelga del metal en Cádiz se ha convertido ya en un símbolo de algo más que una disputa laboral: un pulso entre clases trabajadoras descontentas y un poder político que no parece dispuesto a intervenir. En la provincia con más paro estructural de España, la protesta no es solo por un convenio. Es también por la dignidad perdida de un modelo industrial que se desvanece sin plan ni protección estatal.

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AfD exige datos de sospechosos; Berlín se niega de nuevo

El Senado de Berlín se niega a divulgar los nombres de pila de sospechosos con cuchillo, pese a presiones legales de la AfD. El conflicto llega a la justicia
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Una pregunta que incomoda

Todo comenzó en mayo de 2024. El diputado de la AfD Marc Vallendar presentó una pregunta parlamentaria en la que solicitaba conocer los 20 nombres de pila más frecuentes entre 1197 sospechosos con ciudadanía alemana investigados por delitos con arma blanca durante 2023.

La respuesta del Senado, encabezado por la socialdemócrata Iris Spranger, fue tajante: no se proporcionaría esa información por respeto a la privacidad de los implicados. Argumentaban que esos datos, aunque aparentemente neutros, podrían hacer identificables a los sospechosos y contribuir a su estigmatización.

Vallendar no se conformó. Alegó que la negativa violaba su derecho parlamentario a ser informado y llevó el caso ante el Tribunal Constitucional. A mediados de junio, cuatro de los nueve jueces dieron la razón al Senado, pero la mayoría falló en contra: el derecho del diputado fue vulnerado.

Eso sí, el tribunal no obligó al Senado a entregar los datos, dejando abierta una puerta que ahora nadie quiere cruzar del todo.

El Gobierno endurece su negativa

La pelota ha vuelto al tejado del Senado, pero esta vez el equipo legal de la Administración del Interior ha blindado su postura con argumentos más amplios. Ya no se trata solo del riesgo de identificación. Ahora hablan de riesgo constitucional, de daños al bienestar del Estado, y de una posible instrumentalización política de los nombres para alimentar discursos de odio.

En un documento que parece más un manifiesto político que una simple respuesta legal, se argumenta que facilitar esa información podría reforzar la narrativa de que ciertos ciudadanos –a pesar de tener pasaporte alemán– nunca serán considerados verdaderos miembros del “pueblo alemán”. “Existe un peligro real de estigmatización y degradación generalizada de grupos enteros de población”, se lee en el escrito.

El temor no es infundado. En redes sociales y declaraciones públicas, miembros de la AfD han vinculado directamente el origen étnico con la propensión al delito, aunque lo hagan usando datos oficiales de criminalidad. Desde el Senado lo interpretan como una campaña estructurada para minar el tejido social y legitimar una ciudadanía de dos velocidades.

Más cuchillos, más presión

Mientras se cruzan recursos legales, la violencia continúa. En los meses de febrero, marzo y abril de 2025, se registraron en Berlín 746 ataques con arma blanca. La cifra la obtuvo el diputado Thorsten Weiß (AfD), que también intentó obtener los nombres de pila de los sospechosos, sin éxito.

La respuesta sí detalló que 257 de los implicados tenían ciudadanía alemana, mientras que otros procedían de Turquía, Siria, Afganistán, Bulgaria y Rusia, entre otros. También se identificaron los puntos más conflictivos: Alexanderplatz, Wedding Zentrum, Osloer Straße, entre otros.

En esos tres meses, hubo 186 heridos leves, 29 graves y 3 muertos. 17 agentes de policía fueron víctimas de estos ataques. Weiß acusa al Senado de “inacción” y exige mano dura: remigración de extranjeros delincuentes, sentencias más rápidas y cambios en la política migratoria.

¿Un dato inocente?

La pregunta que resuena es incómoda: ¿es un simple nombre de pila una herramienta estadística o una carga simbólica con poder para dividir?

Vallendar insiste: “Ocultar estos datos es un sinsentido. El tribunal ya dijo que tengo derecho a saberlo”. Ahora prepara un nuevo recurso, y también solicitará acceso a los archivos internos para conocer quién tomó la decisión de negarle la información.

El Senado, por su parte, se atrinchera: permitir el uso de nombres para alimentar discursos identitarios y racistas sería, en su opinión, una traición a los valores constitucionales.

Lo que está en juego

Lo que comenzó como una disputa técnica entre un parlamentario y una administración pública, ha terminado por convertirse en un choque ideológico sobre la identidad nacional, la transparencia institucional y los límites de la democracia frente al populismo.

La próxima batalla será de nuevo en los tribunales. Y esta vez, los jueces tendrán que responder no solo a una pregunta parlamentaria, sino a una cuestión mucho más difícil: ¿puede una democracia limitar el acceso a datos para evitar que se usen con fines discriminatorios?

Porque si bien un nombre puede parecer inofensivo, en los tiempos actuales, puede llevar dentro una carga política de alto voltaje.

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¿Fueron efectivos los ataques de EE. UU. a Irán?

El ataque de EE. UU. a instalaciones nucleares iraníes no destruyó el programa nuclear, según inteligencia militar, pese a las afirmaciones de Trump
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Bombardeos espectaculares, resultados limitados

El operativo incluyó el lanzamiento de catorce bombas de 30.000 libras por parte de bombarderos B-2 sobre las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahan. Estas armas, diseñadas para penetrar búnkeres subterráneos, lograron cerrar accesos y destruir infraestructuras superficiales, especialmente el sistema eléctrico y los equipos de conversión de uranio.

Además, parte de las centrifugadoras y otras infraestructuras sensibles se habrían mantenido intactas. “No se ha destruido el programa nuclear”, aseguran funcionarios con acceso al informe clasificado. Aún más preocupante: se menciona la existencia de instalaciones secretas de enriquecimiento que siguen funcionando, lejos del alcance de las bombas estadounidenses.

Choque entre la Casa Blanca y los servicios de inteligencia

La respuesta oficial desde la Casa Blanca fue inmediata. La portavoz Karoline Leavitt calificó el informe como “totalmente falso”, acusando a las filtraciones de buscar “desacreditar al presidente Trump y a los pilotos”. Afirmó que el ataque logró una “aniquilación total” de las capacidades nucleares de Irán, insistiendo en la precisión quirúrgica del operativo.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reforzó esta visión en declaraciones a ABC News, asegurando que las instalaciones nucleares de Irán están “enterradas bajo una montaña de ruinas”. No obstante, según fuentes cercanas al informe, esa descripción se aplica solo a estructuras de superficie, no a los sistemas subterráneos, que no habrían colapsado.

Irán, intacto bajo tierra

El documento de inteligencia de cinco páginas, aún sujeto a revisión, ha desatado tensiones internas en Washington. Mientras algunos sectores del Congreso esperaban ser informados el martes posterior al ataque, las sesiones fueron postergadas, algo que el senador demócrata Chris Murphy calificó de “curioso”, ironizando en redes sociales tras leer el artículo de CNN.

Este tipo de fricciones no es nuevo. Durante su mandato, Trump ya desestimó reportes de sus agencias de inteligencia, especialmente en 2019, cuando estas sostuvieron que Irán seguía cumpliendo el acuerdo nuclear (JCPOA) pese a la salida de EE. UU. El entonces presidente replicó que sus propios expertos eran “ingenuos” frente a la amenaza iraní.

El futuro del programa nuclear iraní

Aunque la “niebla de guerra” persiste, como admiten fuentes militares, los primeros datos muestran que la operación habría tenido un efecto más simbólico que operativo. De confirmarse, el régimen iraní aún conservaría recursos clave para reanudar el enriquecimiento de uranio con rapidez.

Este escenario, lejos de resolver la amenaza nuclear, podría intensificar la tensión regional y diplomática. En un contexto de creciente polarización interna en EE. UU. y presiones internacionales, la pregunta ya no es si Irán tiene capacidad nuclear, sino cuánto tiempo necesita para volver a activarla plenamente.

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Batacazo ecológico en la UE: se hunde la directiva que buscaba frenar el greenwashing empresarial

La Comisión Europea retira una directiva clave contra el greenwashing, generando una crisis institucional y dejando en vilo a consumidores y empresas
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El rol del PPE y la presión sobre Bruselas

El viernes, el tablero político cambió abruptamente. La Comisión anunció que solo mantendría la propuesta si las microempresas eran excluidas. Alegó haber advertido con claridad a los colegisladores y defendió que “afecta al 96% de las empresas europeas, unos 30 millones”. Sin embargo, fue el Consejo de la UE, no el Parlamento Europeo, quien se opuso a la exención.

Para los defensores del texto, el movimiento fue forzado por el Partido Popular Europeo (PPE), bloque al que pertenece Ursula von der Leyen. En alianza con el grupo ECR y los Patriots, el PPE envió una carta instando a eliminar la directiva. “El Parlamento se está convirtiendo en la oficina del PPE”, denunció Wölken, acusándolos de bloquear la ley con la ayuda de la extrema derecha.

La presión surtió efecto: Italia, que apoyaba la normativa, cambió su voto entre viernes y lunes, haciendo caer la mayoría del Consejo. Ante este giro, la Presidencia polaca decidió cancelar el tercer diálogo.

Jurisprudencia vs. estrategia política

La acción de la Comisión ha reabierto un viejo debate legal. “No puede vetar el proceso legislativo”, advirtió Gozi, apelando al artículo 17 del Tratado de la Unión. Aunque el Ejecutivo europeo defiende su derecho a retirar propuestas como parte de su iniciativa legislativa, la jurisprudencia del TJUE lo contradice: una retirada debe basarse en “pruebas convincentes”, no en motivos políticos.

La paradoja, según los eurodiputados, es clara: la Comisión amenaza con retirarse si se incluyen las microempresas, justo cuando el Parlamento las quiere fuera. “Actúan con mala fe”, afirmó Wölken. Para él, los perjudicados son los consumidores europeos y las empresas que realmente operan de forma sostenible.

Frente a gigantes como China o Estados Unidos, donde las declaraciones verdes pueden difundirse sin regulación, Europa pierde ,dicen, una oportunidad estratégica de blindar a sus ciudadanos ante el greenwashing.

Sin solución a la vista

Pese al desencuentro, los negociadores insisten en que están “listos para volver a la mesa”. Sin embargo, el ambiente es de bloqueo total. Bruselas espera que Parlamento y Consejo actúen, mientras estos aguardan instrucciones más claras del Ejecutivo. En este punto muerto, el precio lo pagan quienes buscan transparencia en un mercado saturado de promesas ecológicas.

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El Gobierno frena la fusión de BBVA y Banco Sabadell

El veto del Gobierno a la fusión entre BBVA y Banco Sabadell introduce incertidumbre en una opa marcada por tensiones regulatorias y judiciales
The post El Gobierno frena la fusión de BBVA y Banco Sabadell first appeared on Hércules.  La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en una fase decisiva tras la intervención del Gobierno, que impone una condición de alto impacto: prohibir la fusión durante tres años. Esta decisión, comunicada el pasado martes 24 de junio, marca un punto de inflexión en una operación que ya acumulaba más de un año de negociaciones, tensiones regulatorias y posiciones enfrentadas entre las partes.

Un año de tensión y una nueva barrera

La opa fue lanzada oficialmente en mayo de 2024, después de que BBVA ofreciera una fusión amistosa que Banco Sabadell rechazó tajantemente. A partir de ahí, la entidad vasca presentó una oferta hostil, sujeta durante once meses al análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acabó dando luz verde a la operación.

Ahora, con la intervención del Ejecutivo, el panorama cambia radicalmente. Aunque se ratifican las condiciones fijadas por Competencia, el Gobierno impone una nueva exigencia: ambas entidades deberán mantener su autonomía jurídica, patrimonial y de gestión durante al menos tres años. Esta cláusula impide a BBVA absorber formalmente a Sabadell en el corto plazo.

El interés general como argumento oficial

La resolución gubernamental se justifica en la defensa del interés general, según fuentes oficiales. La decisión ha sido coordinada entre varios ministerios —Seguridad Social, Trabajo, Industria, Derechos Sociales y Reto Demográfico—, que han aportado criterios para preservar el empleo, la estructura territorial bancaria y la competencia.

A pesar de que no se prohíben expresamente los despidos ni el cierre de oficinas, el Gobierno sostiene que, sin fusión, tales medidas deberían ser innecesarias. Según esta lógica, un expediente de regulación de empleo (ERE) solo tendría sentido tras una integración total, que ahora queda vetada.

BBVA estudia sus próximos pasos

El consejo de administración de BBVA deberá valorar ahora si la operación sigue siendo viable bajo estas nuevas condiciones. El abanico de opciones es amplio: continuar con la opa, retirarla o recurrir judicialmente la decisión del Gobierno. De hecho, el presidente del banco, Carlos Torres, ya advirtió que no descarta la vía legal, lo que podría retrasar aún más la operación.

Desde Sabadell se insiste en que sin una fusión efectiva, las sinergias económicas prometidas por BBVA pierden gran parte de su sentido. Algunos analistas respaldan esta idea, aunque desde el banco vasco se defiende que aún podrían alcanzarse eficiencias significativas sin integración formal.

Choque con Bruselas

Uno de los elementos más delicados es la posición de la Comisión Europea, que ha advertido al Gobierno español hasta en tres ocasiones para que no interfiera en la operación. A raíz del anuncio del veto a la fusión, Bruselas reiteró su postura y lanzó una advertencia firme: “Si es necesario, eliminaremos cualquier restricción injustificada”.

La posible confrontación con la Comisión abre un nuevo frente regulatorio que puede derivar en un conflicto legal a nivel europeo si se considera que la decisión española vulnera la normativa comunitaria sobre el mercado único y la libre competencia.

¿Qué plazos siguen si BBVA persiste?

En caso de que BBVA opte por seguir adelante, deberá ajustar su propuesta y presentar un nuevo folleto de la opa ante la CNMV, reflejando el impacto de las condiciones impuestas por el Ejecutivo. Este trámite puede completarse en pocas semanas si el banco actúa con agilidad.

Una vez aprobado el folleto, se abrirá el periodo de aceptación, que durará entre 30 y 70 días, a elección de BBVA. Durante este tiempo, serán los accionistas del Banco Sabadell quienes tengan la última palabra. Sin embargo, el calendario también deberá evitar el parón estival de agosto, para maximizar participación y claridad.

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Santos Cerdán y el contrato clave en la trama Servinabar

La Guardia Civil vincula a Santos Cerdán con Servinabar en un contrato de compraventa en el caso de presunta corrupción en obra pública
The post Santos Cerdán y el contrato clave en la trama Servinabar first appeared on Hércules.  La Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo un contrato privado en el que se estipula que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, adquiriría 1.350 participaciones de Servinabar 2000 S.L. por un importe de 6.000 euros. El documento, hallado durante el registro al empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, revela que Cerdán ostentaría un 45% de la propiedad de esta empresa vinculada a una presunta red de amaños en adjudicaciones públicas.

El hallazgo es relevante, ya que los investigadores sostienen que Servinabar obtuvo contratos públicos por más de 75 millones de euros del Gobierno de Navarra. El contrato, fechado el 1 de junio de 2016, cuenta con la firma de Cerdán y de Alonso Egurrola en todas sus páginas, así como con el sello de la mercantil.

La documentación clave para el Tribunal Supremo

El contrato fue entregado tras requerimiento expreso del magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa en la que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntas comisiones ilegales. En el documento consta que Egurrola, como titular de 3.000 participaciones, vendía a Cerdán 1.350 de ellas, que este adquiría libre de cargas por los citados 6.000 euros, incluyendo una cláusula de sometimiento a los tribunales navarros.

La defensa de Cerdán niega efectos jurídicos

Desde el entorno jurídico de Cerdán se recalca que el contrato es un documento privado y no una escritura pública, por lo que “no tuvo ni tiene validez legal”. Añaden que Cerdán nunca ha formado parte de Servinabar ni ha percibido beneficios de su actividad. Aseguran que el documento no pasó por notaría ni generó efecto alguno y anuncian que el exdirigente del PSOE ofrecerá explicaciones ante el Supremo el próximo lunes.

El ‘Informe Cerdán’: una pieza central en la trama

El nombre de Cerdán aparece en un informe de la UCO, en el que se le identifica como figura clave en el origen de una supuesta trama de comisiones ilegales vinculada a adjudicaciones de obra pública. Según dicho informe, su rol varió a lo largo del tiempo, empezando como contacto de confianza y pasando a gestionar pagos a Ábalos y a Koldo García.

En concreto, se menciona que Acciona habría pagado presuntamente hasta 620.000 euros en comisiones, con 450.000 aún pendientes, según Koldo. En una conversación grabada, García le comunicaba a Cerdán que Ábalos ya habría cobrado 550.000 euros por contratos en Murcia y le pedía gestionar lo restante, a lo que Cerdán habría respondido: “Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo”.

Una relación política con implicaciones económicas

La relación entre Santos Cerdán y Koldo García, forjada en el contexto de la política navarra, es clave en el relato de la Guardia Civil. La operativa se habría iniciado en 2015 con la adjudicación de una explotación minera de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, donde Geoalcali y Acciona formaron una UTE con Servinabar.

Los agentes destacan la “discrecionalidad” con la que se otorgaban contratos desde el Ministerio de Transportes, apuntando que incluso sin ocupar un cargo oficial, Cerdán era consultado antes de tomar decisiones. Esto refuerza la tesis de que su influencia no era menor dentro de la red, y que habría gestionado parte de las contraprestaciones económicas ilegales.

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Estudio preliminar vincula vacunas contra COVID-19 con aumento de abortos espontáneos en embarazo temprano y agita tensiones entre Trump y Kennedy Jr.

Un nuevo estudio sobre la vacuna ARNm COVID sugiere mayor riesgo de aborto en embarazo. Aumenta la presión sobre Robert F. Kennedy Jr
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El estudio, que aún espera revisión por pares, examinó cientos de miles de historiales médicos israelíes de mujeres embarazadas antes y después de la aparición del SARS-CoV-2. La conclusión más preocupante: un aumento del 43% en las pérdidas fetales entre las semanas 8 y 13 de gestación tras la primera dosis de vacuna ARNm, lo que se traduce en 13 abortos por cada 100 embarazos frente a 9 en promedio.

Además, las mujeres que recibieron una dosis de refuerzo durante ese periodo presentaron dos abortos adicionales por cada 100 embarazos, lo que sugiere una “relación dosis-respuesta”, según los autores. El estudio utilizó como controles a mujeres que recibieron la vacuna antigripal durante el embarazo y a otras vacunadas antes de concebir, lo que refuerza la posible especificidad del efecto observado con las vacunas ARNm.

El factor Pfizer y la presión legal

El documento sostiene que Pfizer fue responsable de “casi todas” las dosis administradas en el grupo analizado. Se vincula esta información con un informe interno de la farmacéutica publicado tras una batalla legal que revela que el 44% de las mujeres embarazadas en su ensayo clínico inicial perdieron sus embarazos. La FDA retuvo este informe durante 16 meses hasta que una orden judicial forzó su publicación.

Entre las solicitudes FOIA pendientes figuran los resultados de tres estudios clínicos de seguridad de la vacuna de Pfizer, así como detalles sobre cómo la FDA diseñó su guía de 2020 para la industria de vacunas COVID.

Kennedy Jr. entre dos fuegos

Pese a su historial como crítico de las vacunas, Robert F. Kennedy Jr. enfrenta presiones crecientes por parte de opositores a la tecnología ARNm. Aunque su HHS retiró la recomendación de vacunar a mujeres embarazadas y a niños sanos, mantuvo la autorización para la nueva terapia de Moderna dirigida a adultos mayores y enfermos. Esto pese a denuncias de que la farmacéutica ocultó la muerte de un niño durante su ensayo de refuerzo.

Organizaciones como Americans for Health Freedom, lideradas por la doctora Mary Talley Bowden, publicaron una carta abierta titulada “No está en venta”, en la que acusan a Kennedy y a sus asesores de traicionar al movimiento MAHA al no eliminar las vacunas de ARNm del mercado. La carta denuncia una estrategia de “distracciones y anuncios diluidos” que ignora datos sobre “niveles catastróficos de abortos espontáneos” supuestamente asociados con las inyecciones.

Desconfianza entre votantes y amenaza política

Según los críticos, la decisión de mantener el embarazo como categoría de “alto riesgo” en las nuevas políticas de vacunación del HHS —aunque se haya eliminado de las recomendaciones explícitas— constituye un juego de palabras político que podría tener consecuencias en las próximas elecciones.

Figuras destacadas como la feminista disidente Naomi Wolf y el naturópata Henry Ealy, ambos firmantes de la carta, piden a Kennedy cambios radicales si quiere mantener el apoyo del electorado conservador en 2026 y 2028.

A pesar del debate, la aceptación de vacunas COVID entre adultos ha caído al 20% en las dos últimas temporadas, según la Encuesta Nacional de Inmunización, lo que refleja un cambio sustancial en la confianza del público.

Quiénes están detrás del estudio

El nuevo estudio fue dirigido por el sociólogo Josh Guetzkow de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con coautores de peso como Tracy Beth Hoeg, asesora científica de la FDA y antigua integrante del Comité de Integridad de Salud Pública de Florida, y Retsef Levi, profesor del MIT y miembro del comité asesor de vacunas de los CDC, designado por Kennedy.

El doctor Joseph Fraiman, otro coautor, firmó un artículo de 2022 en la revista Vaccine que vinculó las vacunas ARNm con una tasa de 1 en 800 de efectos adversos graves. Fraiman ha cuestionado públicamente la narrativa de que las vacunas “salvaron más vidas de las que costaron”.

Hoeg y Levi han criticado en diversas ocasiones la falta de ensayos clínicos robustos en embarazadas. Levi llegó a calificar de “negligencia grave” que se recomendara vacunar a mujeres gestantes sin contar con estudios controlados.

Una metodología más sólida

El equipo examinó más de 226.000 embarazos en Israel entre las semanas 8 y 27, utilizando datos anonimizados del segundo mayor fondo de salud del país, Maccabi Healthcare Services. Excluyeron las primeras siete semanas por falta de consistencia en el seguimiento de embarazos tempranos, lo cual podría introducir sesgos.

A diferencia de estudios anteriores, criticados por usar controles defectuosos o comparar mujeres vacunadas y no vacunadas durante campañas activas de vacunación, este análisis trató de mitigar esas limitaciones con grupos de comparación ajustados por periodo y tipo de vacuna.

Los investigadores concluyen que se necesitan métodos de farmacovigilancia más sofisticados y prospectivos para detectar daños sutiles en subgrupos específicos, como las mujeres embarazadas. Estos efectos podrían quedar ocultos en los sistemas tradicionales de monitoreo.

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