El aumento del salario mínimo duplica el número de empleados en la base salarial más baja

Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, el porcentaje de trabajadores con sueldos mínimos ha pasado del 3,5% al 7,4%
The post El aumento del salario mínimo duplica el número de empleados en la base salarial más baja first appeared on Hércules.  La evolución del salario mínimo interprofesional (SMI) en España desde 2018 ha traído consigo una transformación profunda del mercado laboral. Según los últimos informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), los efectos de las sucesivas subidas del SMI decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez han provocado un fenómeno alarmante: el número de empleados que cotizan por las bases mínimas se ha duplicado en apenas cinco años.

En cifras, el porcentaje de trabajadores que cobra el salario mínimo ha pasado del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023. Y si ampliamos el foco a quienes tienen una base de cotización de hasta el 125% del SMI, el incremento es aún más llamativo: del 7,9% al 22,8%. Esto indica una clara concentración de los salarios en la parte más baja de la tabla, lo que se traduce en una precarización progresiva del empleo.

Más sueldo mínimo, menos empleo

Aunque las subidas del SMI han ofrecido cierto alivio a los trabajadores con retribuciones más bajas, el efecto sobre el conjunto del empleo es discutible. Las estimaciones de la AIRef muestran que la subida de 2019 redujo la afiliación a la Seguridad Social en hasta 65.000 personas, mientras que la de 2023 pudo provocar la pérdida de hasta 85.000 cotizantes.

Este fenómeno responde a una lógica empresarial comprensible. El encarecimiento de los costes laborales, especialmente en sectores de baja productividad, obliga a muchas empresas —en particular a las pequeñas y medianas— a reducir plantilla o congelar contrataciones. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) denuncia que el salario mínimo ha subido un 80% desde 2016, lo que ya supera la remuneración media de una jornada completa en 42 provincias.

El SMI supera al mercado

El problema no es solo cuantitativo, sino estructural. El SMI se sitúa cada vez más cerca del salario más frecuente en la economía española, achatando la pirámide salarial. Esto implica que las diferencias retributivas se reducen, no porque aumenten los salarios altos, sino porque una masa creciente de trabajadores se concentra en la base.

Este achatamiento no responde a una mejora general del mercado laboral, sino a un efecto de arrastre que penaliza la productividad y el empleo. Según Cepyme, el salario mínimo está creciendo más del doble que las ventas del comercio minorista y más del triple que las de bares y pequeños comercios, sectores que son los principales empleadores de trabajadores con sueldos bajos.

Las pensiones en el aire

El incremento de los sueldos más bajos no ha sido suficiente para equilibrar el sistema de pensiones, cuya sostenibilidad futura está cada vez más en entredicho. La llegada masiva de los baby boomers a la jubilación, junto al crecimiento de las pensiones por encima del PIB, ha obligado al Gobierno a aprobar reformas que han aumentado el gasto en 2,7 puntos del PIB según la AIRef, y en 3,3 puntos según la Comisión Europea.

El problema es doble: por un lado, hay menos cotizantes de los necesarios para sostener el sistema. Por otro, los que hay cotizan por bases cada vez más bajas. La eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad, sin contrapartidas eficaces, ha agravado el desequilibrio estructural. La AIRef advierte que, si no se toman nuevas medidas, serán necesarios ajustes fiscales o más deuda pública para mantener el modelo.

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El Gobierno planea alterar por completo la Basílica del Valle de los Caídos en contra del criterio de la Conferencia Episcopal

El concurso de ideas para la resignificación del monumento incluye la posible intervención en el 100% de la Basílica, pese a la oposición eclesiástica
The post El Gobierno planea alterar por completo la Basílica del Valle de los Caídos en contra del criterio de la Conferencia Episcopal first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha desmentido oficialmente a la Conferencia Episcopal al anunciar que el proyecto de resignificación del Valle de los Caídos podrá afectar incluso al 100% de la Basílica, que hasta ahora había sido preservada como lugar de culto. Así consta en la convocatoria del concurso internacional de ideas publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde se abre la puerta a intervenir también en el interior del recinto religioso.

La imagen del nuevo planteamiento, compartida en redes por Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, evidencia que todo el conjunto monumental queda incluido en el ámbito del proyecto. La Basílica, por tanto, dejará de estar blindada, y será susceptible de transformaciones arquitectónicas y funcionales en función de las propuestas seleccionadas.

Cumbre ministerial en la Moncloa para rediseñar el Valle

Este martes, el Ejecutivo ha escenificado su compromiso con la operación al convocar una cumbre de siete ministros en La Moncloa. Bajo la dirección del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió la llamada Comisión Interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros.

Participaron también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Este despliegue revela la enorme relevancia política que el Gobierno otorga a su agenda de “memoria democrática”, especialmente en este año marcado por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. El Ejecutivo ha diseñado una programación de actos conmemorativos —como conferencias, exposiciones o actividades para estudiantes— que incluye incluso jornadas sobre temas tan dispares como el “placer sexual” de la mujer durante la dictadura.

30 millones para la resignificación del monumento

La remodelación del Valle tendrá un coste estimado de 30 millones de euros, de los cuales 4 millones se destinarán al concurso internacional de ideas y 26 millones a las futuras reformas arquitectónicas. Según el Ministerio de Vivienda, se busca una redefinición del uso y la percepción del Valle, que lo transforme en un espacio de encuentro, reflexión y diálogo.

Las bases del concurso señalan como referente internacional el Memorial al Holocausto de Berlín, y destacan que se valorarán las intervenciones que tengan una mirada plural, inclusiva y contemporánea, y que conviertan el lugar en un referente internacional, mediante una transformación “respetuosa y sostenible”.

Además, el Ejecutivo pretende construir un museo que aborde tres grandes narrativas: la historia política e ideológica del monumento, el uso de mano de obra penada en su construcción y la singularidad paisajística del entorno.

La publicación oficial del proyecto desautoriza los argumentos de la Conferencia Episcopal, que había defendido tres condiciones: mantener la Basílica como espacio de culto, conservar una comunidad monástica y preservar la cruz monumental. Ninguna de esas garantías figura ya en el nuevo enfoque del Gobierno.

De hecho, el Padre Cantera, prior de la Abadía, ya ha tenido que abandonar el recinto. Ahora, la posible transformación del templo en un espacio parcialmente museístico supone un golpe definitivo al control eclesiástico sobre el Valle.

El Gobierno insiste en que todo el proceso se basará en el conocimiento histórico riguroso y que la propuesta ganadora será elegida por un jurado de prestigio. Los diez finalistas recibirán un premio de 60.500 euros y tendrán dos meses para desarrollar sus ideas. El fallo del jurado se conocerá en septiembre y la licitación de obras está prevista antes de finalizar 2026.

Así, el Ejecutivo avanza en su objetivo de desmantelar la simbología franquista del Valle de los Caídos y convertirlo en un lugar de memoria controlado por el Estado. La Basílica, hasta ahora protegida como espacio sagrado, se enfrenta a su mayor amenaza en 70 años.

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La contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez pone a Bolaños en la mira del juez

El titular de Justicia comparece como testigo por su posible implicación en una trama de tráfico de influencias que salpica a la esposa de Sánchez
The post La contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez pone a Bolaños en la mira del juez first appeared on Hércules.  El juez Peinado tomará declaración a Félix Bolaños este miércoles en la Moncloa como parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. La comparecencia, prevista para las 10:30 horas, se desarrollará en el complejo presidencial por razones de seguridad, a petición del propio ministro.

La citación de Bolaños se produce tras el testimonio de Alfredo González, exvicesecretario general de la Presidencia, quien apuntó al actual ministro como su superior directo en 2018, cuando se gestionó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. González afirmó que su papel se limitó a remitir propuestas de personal eventual, sin intervenir en la evaluación de los candidatos ni conocer personalmente a Álvarez.

El juez Peinado se mostró sorprendido por la falta de control en estos procesos de contratación, y ha centrado su interés en el posible rol determinante de Bolaños durante su etapa como secretario general de Presidencia, un cargo que ostentó entre 2018 y 2021. Su testimonio puede ser clave para dilucidar si existió malversación de fondos públicos en la incorporación de Álvarez.

La contratación de Álvarez, en el punto de mira

La asesora percibe 37.000 euros netos anuales y fue contratada poco después de que Pedro Sánchez asumiera el poder. Su relación directa con Begoña Gómez, quien la contactó personalmente, ha generado sospechas sobre la transparencia del proceso.

Uno de los aspectos más comprometedores del caso son los correos electrónicos que Álvarez envió a patrocinadores de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. En ellos, solicitaba el mantenimiento de la financiación del proyecto, afirmando actuar por indicación expresa de Gómez. Esto contrasta con su testimonio ante el juez en febrero, cuando negó haber realizado gestiones privadas en nombre de la esposa del presidente.

Peinado indaga si la contratación de Álvarez respondía a funciones institucionales o, en realidad, a intereses particulares de Gómez, lo que podría implicar un uso indebido de recursos públicos y una eventual comisión de delitos por parte de los implicados.

Rechazo a una declaración por escrito

Bolaños intentó inicialmente acogerse al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar por escrito, pero el juez denegó la solicitud. Argumentó que la citación no responde a su cargo actual, sino a los hechos ocurridos durante su anterior responsabilidad en la Secretaría General de Presidencia, cuando no gozaba de esa prerrogativa.

Asimismo, el Ministerio de la Presidencia intentó que la comparecencia se realizara en la sede ministerial de San Bernardo por supuestas razones de seguridad. Sin embargo, el juez rechazó el informe de la Secretaría General, al considerar que no estaba firmado y, por tanto, carecía de validez oficial.

Finalmente, el interrogatorio tendrá lugar en La Moncloa, tras aceptar el juez la solicitud por motivos de protección. El ministro pondrá a disposición de la comisión judicial un vehículo oficial, mientras que el equipo del juzgado se desplazará con material técnico para registrar la declaración, como portátiles, micrófonos y altavoces.

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El Gobierno aprueba enviar 13.5 millones a la UNRWA pese a su posible vinculación con Hamás

Además de UNRWA, España canalizará 25 millones al Fondo para Pandemias
The post El Gobierno aprueba enviar 13.5 millones a la UNRWA pese a su posible vinculación con Hamás first appeared on Hércules.  El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, la asignación de 84,53 millones de euros destinados a aportaciones voluntarias plurianuales a diversas organizaciones, fondos y programas internacionales, reafirmando el compromiso de España con la cooperación multilateral.

Dentro de este paquete, destaca la aportación de 13,5 millones de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), una institución que se encuentra actualmente bajo el foco internacional tras ser acusada por Israel de mantener vínculos con la organización terrorista Hamás. Estas acusaciones llevaron a la administración de Donald Trump a suspender su financiación durante su mandato, aunque muchos países han mantenido o retomado su apoyo por el papel humanitario que desempeña la agencia en la región.

Además de UNRWA, España canalizará 25 millones al Fondo para Pandemias, 14,65 millones a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y 3,6 millones al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Otras contribuciones incluyen 6,9 millones al Comité Internacional de la Cruz Roja, 2,6 millones al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 2,5 millones a UNICEF.También se repartirán 1,42 millones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1,25 millones al Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y 1,23 millones a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).En cuanto a la región iberoamericana, se destinan 3,12 millones a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 2 millones a la Organización de Estados Americanos (OEA), 1,18 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 1 millón al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 600.000 euros a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y 400.000 euros a la Comunidad del Caribe (CARICOM).

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p data-start=»1063″ data-end=»1478″ class=»»>Para el entorno euromediterráneo, se destinará un millón de euros a la Unión por el Mediterráneo (UpM) y otro millón al Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM).Finalmente, se incluyen aportaciones a otros organismos como la OCDE (600.000 euros), la Oficina del Coordinador para el Desarrollo en el Sahel (300.000 euros), el Banco Mundial (275.000 euros), así como 200.000 euros para la OMS y el PNUD, respectivamente.

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Bolaños declara mañana ante el juez Peinado por el posible tráfico de influencias de Begoña Gómez

Este miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerá como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. El interrogatorio tendrá
The post Bolaños declara mañana ante el juez Peinado por el posible tráfico de influencias de Begoña Gómez first appeared on Hércules.  Este miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerá como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. El interrogatorio tendrá lugar en La Moncloa, donde el magistrado se trasladará expresamente para tomarle declaración a las 10:30 de la mañana.

La citación de Bolaños se produce tras las declaraciones de Alfredo González, quien en 2018, como vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, gestionó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. González apuntó al actual ministro como su superior directo en aquella etapa, indicando que era quien coordinaba múltiples asuntos diarios dentro del Ejecutivo.

Durante su testimonio, González aseguró que su papel se limitaba a enviar al órgano correspondiente las propuestas de personal eventual sin implicarse directamente en la elección de candidatos ni en la revisión de sus méritos. Señaló, además, que no conocía personalmente a Álvarez ni a la mayoría de los nombres que pasaron por sus manos en aquella época, marcada por un cambio de Gobierno que motivó la renovación masiva del personal eventual.

El juez, sorprendido por la aparente falta de escrutinio en los procesos de nombramiento, subrayó que, aunque el personal eventual no está sometido a los mismos filtros que el personal funcionario, resulta llamativo que se formalicen contrataciones sin conocer a los candidatos ni revisar sus credenciales.

En su declaración, González reiteró que esos procedimientos son habituales para los puestos de naturaleza eventual, que no requieren procesos selectivos estrictos. Asimismo, identificó a Bolaños como el responsable superior de su área en ese momento, con quien mantenía contacto diario.

Inicialmente, el juez Peinado había previsto interrogar a Bolaños en la sede del Ministerio en la calle San Bernardo. Sin embargo, tras una petición formal del propio ministro alegando razones de seguridad, se aceptó trasladar el encuentro a La Moncloa. El argumento se basó en la localización céntrica y de fácil acceso público de la sede ministerial, lo que, según el jefe de escoltas, podría comprometer la seguridad y el desarrollo adecuado de la diligencia, sobre todo en una jornada laboral con afluencia turística.

Además, Bolaños invocó su derecho legal a declarar por escrito al estar llamado como miembro del Ejecutivo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, el juez denegó esa vía, al considerar que Bolaños está citado por su rol anterior como secretario general de la Presidencia, función que no le otorga esa prerrogativa.

Este no es el primer desplazamiento judicial a La Moncloa en el marco de esta investigación. En julio del año pasado, Pedro Sánchez también fue interrogado allí, aunque se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de la investigada.

Para facilitar el acceso, Bolaños ha puesto a disposición del juez y su equipo un vehículo oficial. El magistrado, por su parte, ya ha comunicado que acudirá acompañado de una comisión judicial equipada con material técnico necesario para registrar la declaración, como ordenadores portátiles, micrófonos y altavoces.

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El Gobierno cierra la puerta a recuperar la mili pese al rearme europeo y la amenaza rusa

El Gobierno rechaza cualquier forma de servicio militar obligatorio y apuesta por medidas menos belicistas en plena escalada internacional
The post El Gobierno cierra la puerta a recuperar la mili pese al rearme europeo y la amenaza rusa first appeared on Hércules.  El servicio militar obligatorio no regresará a España. Pese al nuevo contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania, el rearme europeo y el debate reabierto en varios países del continente, el Gobierno español descarta por completo reinstaurar la ‘mili’ o cualquier variante de reclutamiento obligatorio para jóvenes.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Confidencial Digital aseguran que no está, ni estará, sobre la mesa una medida de estas características. El rechazo es absoluto y se mantiene tanto en el ámbito político como en la opinión pública, especialmente entre las formaciones de izquierda y los socios de investidura del Gobierno.

Un contexto internacional cada vez más tenso

La invasión rusa de Ucrania en 2022 provocó un giro radical en la política de defensa europea. Países como Noruega, Finlandia, Grecia o Estonia han mantenido —o reactivado— el servicio militar obligatorio como medida preventiva. Incluso Alemania, que lo había suprimido en 2011, ha reabierto el debate, con el respaldo de gran parte de su población.

En Lituania y Letonia, donde la amenaza rusa se percibe de forma más directa, la mili fue reinstaurada en 2015 y 2022, respectivamente. La cercanía a la frontera rusa y las tensiones constantes en el Este de Europa han llevado a varios gobiernos a reforzar sus ejércitos con nuevas generaciones de reclutas.

En cambio, España opta por un camino muy distinto. A pesar de apoyar el plan de rearme europeo —según el CIS, el 75% de los españoles lo considera acertado—, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido evitar cualquier medida que pueda interpretarse como una escalada militarista, como el regreso de la mili.

El rechazo social a esta medida es transversal. Especialmente entre los jóvenes, pero también entre adultos que vivieron la etapa previa a su abolición en 2001, durante el mandato de José María Aznar. Según fuentes de Moncloa, la percepción del riesgo bélico en España es mucho menor que en otros países europeos, lo que refuerza la idea de que una reactivación del servicio militar sería impopular e innecesaria.

Más apoyo al ejército europeo que a la mili nacional

El Gobierno también ha dejado claro que la recuperación de la mili sería una línea roja para sus socios. Las formaciones que sustentan al Ejecutivo la consideran directamente “un anacronismo”. La izquierda rechaza de plano medidas que impliquen imponer deberes militares a la población civil, en un país que lleva más de dos décadas sin ese tipo de obligación.

Mientras tanto, en países como Alemania o Austria la propuesta sí ha encontrado cierto eco político. En Berlín, el ministro Boris Pistorius propuso reactivar el servicio para compensar la falta de soldados en activo, aunque su plan no llegó a concretarse. En otros lugares como Grecia, Chipre o Dinamarca, nunca se abandonó del todo.

Aunque la mili no goza de simpatía entre los españoles, sí hay una mayoría que respalda otras medidas de defensa conjunta. Según el barómetro del CIS, un 65% de la población está a favor de crear un ejército europeo común, lo que refleja un interés creciente por la cooperación internacional en seguridad, pero sin recurrir al reclutamiento obligatorio.

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Trump quiere alimentar la inteligencia artificial con carbón “limpio, hermoso y americano”

El expresidente firma decretos para reactivar la industria carbonera y abastecer con ella el boom energético de la IA y las criptomonedas
The post Trump quiere alimentar la inteligencia artificial con carbón “limpio, hermoso y americano” first appeared on Hércules.  Donald Trump ha lanzado una cruzada para resucitar el carbón como solución energética a la creciente demanda eléctrica derivada de la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas. Mientras las grandes tecnológicas pedían más electricidad en el Congreso de EE.UU., el expresidente republicano se adelantó presentando su nueva política energética: más carbón y menos regulaciones ambientales.

Desde la Casa Blanca, rodeado de mineros con casco, Trump firmó una batería de órdenes ejecutivas que buscan abrir terrenos federales a la minería, flexibilizar controles medioambientales y declarar el carbón un “mineral crítico”. Todo ello con el objetivo de alimentar los centros de datos que sostienen el auge de la IA, y de paso, golpear a sus enemigos políticos: “Estamos deteniendo la Nueva Estafa Verde”, proclamó, apuntando a Biden y Obama.

Un plan del siglo XVIII para una tecnología del XXI

La propuesta de Trump llega en un momento de creciente alarma por el consumo energético de los centros de datos. Según Bloomberg, este podría cuadruplicarse en los próximos cinco años. Cada uno de estos centros puede usar tanta electricidad y agua como una ciudad de 50.000 habitantes. Y el fenómeno no es menor: la industria de las criptomonedas por sí sola consume ya el 2,3% de toda la electricidad de EE.UU., tanto como un estado entero.

Empresas como xAI, de Elon Musk, han sido sorprendidas usando más generadores de los autorizados, y gigantes como Google u OpenAI exploran alternativas nucleares, solares e incluso de fusión. Sin embargo, Trump se aferra al carbón, al que considera “la forma más duradera, segura, potente y barata de energía”. Nada más lejos de la realidad.

La defensa del carbón por parte de Trump no es nueva. Durante su primer mandato ya impulsó medidas para frenar el cierre de centrales térmicas, pero con escaso éxito: el carbón cayó del 50% al 15% del mix energético en dos décadas. Hoy, solo quedan activas la mitad de las 780 plantas que operaban en 2000, y muchas de ellas tienen más de 45 años.

Además, el carbón es el combustible fósil más contaminante del planeta. Emite más dióxido de carbono por kilovatio que cualquier otro, y su quema libera mercurio, arsénico y partículas finas vinculadas a enfermedades graves. A nivel global, representa el 40% de las emisiones industriales de CO₂, lo que choca frontalmente con los compromisos climáticos y la ética ambiental de las tecnológicas.

Un rescate ideológico más que energético

En términos económicos, el carbón tampoco es competitivo. Las energías renovables como la solar y la eólica son hoy más baratas, rápidas de instalar y con mejor retorno para los inversores. El mantenimiento del carbón es costoso, y su infraestructura, envejecida. Según S&P Global, su extensión solo cubriría entre el 6% y el 10% de la demanda energética de 2040, insuficiente para sostener la revolución digital en marcha.

Lo que plantea Trump es, más que una estrategia energética, una reivindicación simbólica e ideológica. El carbón representa su rechazo a las políticas verdes, su escepticismo climático y su promesa de recuperar industrias “abandonadas”.

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Junts amenaza con retirar su apoyo a Sánchez en mayo si no aplica la amnistía a Puigdemont

Turull advierte de que el respaldo al Gobierno depende de que se cumplan todos los puntos del Pacto de Bruselas, poniendo en peligro la legislatura
The post Junts amenaza con retirar su apoyo a Sánchez en mayo si no aplica la amnistía a Puigdemont first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez encara una nueva tormenta política con nombre propio: Carles Puigdemont. El partido del expresidente catalán, Junts, ha fijado finales de mayo como fecha límite para que el Ejecutivo cumpla los compromisos firmados en el acuerdo de Bruselas que permitió la investidura del líder socialista. Así lo ha advertido este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en TVE.

“Si no se cumple el acuerdo, nosotros no vamos a seguir dando apoyo al Gobierno”, ha zanjado Turull, recordando que ahora mismo el partido se encuentra “en la prórroga” concedida por el mediador internacional, quien pidió aplazar la exigencia de una cuestión de confianza a Sánchez.

El Pacto de Bruselas: amnistía a Puigdemont, inmigración y catalán

Entre los compromisos incumplidos por el PSOE, Junts señala tres que considera irrenunciables:

  1. La aplicación efectiva de la amnistía a Carles Puigdemont,
  2. El reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea,
  3. El traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat.

Turull ha sido contundente al afirmar que la amnistía “no se está aplicando”, ni por parte del Gobierno central ni por el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien acusa de no querer verse con Puigdemont ni dialogar políticamente. En cuanto al catalán, el proceso de oficialidad en Europa no ha registrado avances significativos, pese a las promesas repetidas del Ejecutivo.

Un acuerdo que no era “para salvar la legislatura”

Desde Junts insisten en que el acuerdo de Bruselas no tenía como objetivo sostener la legislatura, sino abrir una vía real de resolución del conflicto político catalán. Turull ha expresado su escepticismo ante cualquier avance en las próximas semanas, aludiendo a la actitud del PSOE, al que acusa de poner siempre alguna excusa.

“Pasará lo que tenga que pasar”, ha sentenciado Turull, quien no ha especificado si la retirada del apoyo de Junts implicaría dejar caer al Ejecutivo, pero sí ha asegurado que no apoyarán ninguna moción de censura impulsada por el Partido Popular.

Otro asunto que tensiona las relaciones entre Junts y el PSOE es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Turull ha confirmado que para 2025 no habrá presupuestos, y duda incluso de que puedan aprobarse los de 2026. La razón, ha dicho, es clara: “No vamos a negociar una cosa que acaba siendo una estafa”.

Desde 2023, el partido independentista viene advirtiendo que no participará en negociaciones presupuestarias hasta que se acredite el cumplimiento total o la compensación de los pactos firmados. Según Turull, el Gobierno “ya sabe” que sin ese paso previo, no habrá margen para ninguna negociación.

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El Gobierno reforma la Ley Electoral para imponer debates obligatorios y microdatos en las encuestas

Los medios públicos deberán organizar al menos un debate por campaña y las encuestas incluirán microdatos anonimizados para garantizar su fiabilidad
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Santiago Abascal (Vox), Yolanda Díaz (Sumar) y Pedro Sánchez (PSOE), antes del debate electoral organizado por RTVE bajo el título ‘23J el debate final’. // Eduardo Parra – Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una iniciativa que pretende reforzar la transparencia en los procesos electorales a través de dos medidas clave: la obligatoriedad de celebrar al menos un debate electoral en los medios públicos y la publicación de microdatos anonimizados en las encuestas difundidas durante las campañas.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha sido la encargada de presentar la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha explicado, el objetivo es “consolidar la transparencia y reforzar la confianza en el sistema democrático”, en línea con las recomendaciones que la Comisión Europea emitió en 2020 y 2023.

Los debates ya no serán opcionales

Una de las principales novedades es que los medios de comunicación públicos estarán obligados a organizar al menos un debate electoral en cada campaña. Además, las formaciones políticas con representación en el Parlamento estarán forzadas a participar, salvo que presenten una causa justificada aceptada por la Junta Electoral competente.

La reforma también abre la puerta a la participación de “grupos políticos significativos”, una categoría definida por la Junta Electoral Central, con lo que se busca ampliar el pluralismo sin desdibujar el formato. Por el contrario, los medios privados no estarán obligados a organizar debates, pero si lo hacen, deberán cumplir los mismos principios que los públicos: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad.

Esta medida pretende evitar que los partidos rehúyan el contraste público de propuestas, algo que ha sucedido en anteriores convocatorias, y garantizar el acceso equitativo de los ciudadanos a la información política.

Llegan los microdatos a las encuestas

La segunda gran pata de la reforma es la introducción de la obligación de publicar los microdatos anonimizados de las encuestas electorales que se difundan durante la campaña. Estos microdatos son los registros individuales utilizados para elaborar una encuesta, y hasta ahora no eran accesibles al público.

Con la nueva norma, las empresas demoscópicas deberán difundir estos datos anonimizados, es decir, sin información que permita identificar a las personas encuestadas, lo que, según el Gobierno, permitirá a ciudadanos, académicos y medios verificar la fiabilidad de los resultados y elaborar sus propias estimaciones.

Actualmente, la ley solo exige que las encuestas vayan acompañadas de una ficha técnica que incluya la entidad que ha realizado el estudio, el tamaño de la muestra, el margen de error y las preguntas planteadas. La incorporación de los microdatos supone un salto cualitativo hacia la fiscalización ciudadana de los sondeos.

Aunque el Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto como anteproyecto, el proceso legislativo no ha terminado. El Ministerio del Interior deberá ahora recabar informes de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa y de la Junta Electoral Central, antes de volver a presentar el texto al Consejo de Ministros como proyecto de ley definitivo para su tramitación parlamentaria.

Durante la comparecencia, Alegría fue preguntada también por la posibilidad de que el Gobierno estudie rebajar la edad mínima para votar a los 16 años. La portavoz fue tajante: “En ningún caso se ha visto esa cuestión en ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros”.

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El PSOE rectifica el currículum de Pilar Bernabé tras descubrirse que mintió sobre sus titulaciones universitarias

La delegada del Gobierno en Valencia figuraba como licenciada en dos carreras que en realidad nunca terminó, hecho que ahora se ha intentado borrar
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La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a su llegada a declarar como testigo, en la causa que investiga la gestión de la dana. // Rober Solsona – Europa Press

El PSOE ha modificado este martes la biografía oficial de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y actual secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, después de que se confirmara que falseó su currículum académico. Hasta este lunes, en la página oficial del partido figuraba como “licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universitat de València”. Sin embargo, la realidad es que no finalizó ninguna de esas dos titulaciones.

Ambos estudios fueron iniciados durante su etapa universitaria, pero no llegaron a ser completados, según se ha verificado en las últimas horas. Como respuesta a esta revelación, el PSOE corrigió de inmediato la web oficial, sustituyendo la mención a sus supuestas licenciaturas por una versión mucho más ambigua: “Inició sus estudios en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual”. Ni el partido ni la propia Bernabé han ofrecido declaraciones públicas al respecto. La ausencia de explicaciones ha sido interpretada como una estrategia para contener la polémica y evitar su amplificación mediática.

La sustitución de “licenciada en” por “inició sus estudios en” es un reconocimiento implícito de que se publicó información falsa. El asunto ha reabierto el debate sobre la veracidad de los perfiles académicos de los representantes públicos, especialmente cuando estos aparecen en canales oficiales de partidos o instituciones. En un contexto político marcado por el descrédito institucional y la exigencia de ejemplaridad, este tipo de casos generan una notable alarma social. El de Bernabé se suma a otros episodios similares donde se han inflado o directamente inventado titulaciones para reforzar la imagen profesional de los políticos.

El incómodo precedente de Pedro Sánchez

Este escándalo trae inevitablemente a la memoria el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya tesis doctoral fue objeto de controversia en 2018. Se cuestionó su originalidad y surgieron acusaciones de plagio, si bien una auditoría encargada por el Ejecutivo desestimó una copia literal. Sánchez resistió durante semanas a hacer pública su tesis hasta que la presión política lo obligó a difundirla en internet. Posteriormente, se descubrió que había publicado un libro basado en el trabajo, firmado junto a otro autor que no aparecía en la tesis original. Ese episodio dejó un precedente que ahora se reactiva con el caso Bernabé, comprometiendo la credibilidad del PSOE en cuestiones académicas.

Una dirigente en ascenso que tropieza con su pasado

Nacida en Valencia en 1979, Pilar Bernabé ha sido una figura en ascenso dentro del socialismo valenciano. En 2022 fue nombrada delegada del Gobierno tras su paso por el Ayuntamiento de Valencia, donde ejerció como cuarta teniente de alcalde con competencias en áreas clave como Empleo, Deportes e Innovación Económica. Su incorporación a la Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Igualdad la posicionó como una de las dirigentes con mayor visibilidad mediática del partido. Sin embargo, el descubrimiento sobre la falsedad de su currículum coincide con el anuncio de su candidatura para liderar el PSOE en Valencia ciudad, lo que añade presión interna a su figura.

Pese a la gravedad del caso, ni Pilar Bernabé ni el partido han dado explicaciones públicas, lo que ha incrementado el malestar en ciertos sectores del PSOE. Fuentes internas admiten que la gestión del asunto ha sido un “grave error” que daña la imagen de transparencia que el partido pretende proyectar. Algunos cargos han pedido una aclaración inmediata por parte de Bernabé, conscientes de que el caso puede tener consecuencias políticas en un momento de reconfiguración interna del socialismo valenciano. La polémica amenaza con marcar el proceso de renovación del PSPV-PSOE en Valencia, donde Bernabé es, de momento, la única candidata en liza.

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