Categoría: ESPAÑA

La medida busca desalentar el consumo, pero podría disparar el comercio ilícito, como ya ocurre en Francia y Países Bajos
The post Bruselas planea un ‘impuestazo’ al tabaco que elevará hasta un 30% su precio en España first appeared on Hércules.  La Comisión Europea prepara una reforma fiscal que supondrá una de las mayores subidas de impuestos al tabaco en la historia de la UE. Según una filtración desde Bruselas, la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED) incluirá un incremento medio del 30% en el gravamen aplicado a los cigarrillos, lo que en España se traducirá en una subida de 1,40 euros por cajetilla.

Esta reforma aún está en fase preliminar, pero ya ha encendido las alarmas en varios países. En España, el precio medio de la cajetilla podría alcanzar los 7 euros, mientras que en Francia, donde el tabaco ya soporta una elevada presión fiscal, algunas marcas superarían los 12 euros, según fuentes comunitarias.

El tabaco de liar y los cigarritos, también en el punto de mira

La subida no se limitará a los cigarrillos convencionales. El tabaco de liar sufrirá un aumento impositivo del 60%, lo que encarecerá una bolsa de 30 gramos de 6,60 euros a 10,60 euros. En el caso de las cajetillas de cigarritos, el incremento será aún mayor: un 64%, pasando de 4,25 a unos 7 euros.

El objetivo de la Comisión es doble: reducir el consumo de tabaco y armonizar los precios entre países miembros, para evitar que los fumadores crucen fronteras en busca de productos más baratos. No obstante, esta estrategia podría tener consecuencias inesperadas, como ya advierte el sector.

Riesgo de auge del contrabando: el ejemplo de Francia y Países Bajos

La industria tabaquera ha alertado del riesgo de un aumento del comercio ilícito, una consecuencia que ya se ha materializado en países donde los precios son elevados y las restricciones severas. Un informe elaborado por KPMG para Philip Morris International (PMI) revela que en 2024 el consumo de cigarrillos ilegales en Francia alcanzó los 18.700 millones de unidades, el 37,6% del mercado total. De ellos, cerca de 7.800 millones eran falsificaciones, una cifra récord.

Los Países Bajos, con otra subida sustancial en los últimos años, experimentaron un aumento del 140% en el contrabando, que ya representa el 18% del consumo total en ese país. El informe, presentado en Bruselas, advierte de que estas tendencias podrían repetirse en otros países si se adopta un modelo impositivo similar.

España, por ahora, mantiene un nivel bajo de contrabando, pero los expertos temen que la situación cambie si se aprueba la nueva directiva. En 2024, el comercio ilícito representó el 3,3% del consumo nacional, unos 1.400 millones de cigarrillos, lo que supuso una pérdida fiscal de 263 millones de euros.

Advertencia del sector: más impuestos, más mercado negro

Durante la presentación del informe en Bruselas, el vicepresidente sénior de Asuntos Externos de PMI, Christos Harpantidis, advirtió de los efectos negativos de este tipo de políticas. “Las restricciones, los precios elevados o la falta de disponibilidad de productos legítimos podrían impulsar a los consumidores hacia fuentes ilegales”, declaró. Según él, esta situación no solo perjudicaría a las arcas públicas, sino también a la lucha contra el crimen organizado, que es el principal beneficiario del comercio ilícito.

Además del aumento fiscal, la Comisión Europea plantea nuevas restricciones al consumo de tabaco y productos alternativos como los cigarrillos electrónicos. Entre ellas, destaca la prohibición de fumar y vapear en terrazas y espacios públicos abiertos, una medida que pretende reforzar las políticas de salud pública a nivel comunitario.

La Comisión defiende que el endurecimiento fiscal es necesario para reducir el tabaquismo en Europa, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, la industria y varios gobiernos alertan de que el aumento del contrabando podría neutralizar los beneficios sanitarios y tener efectos económicos negativos.

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Ambos países anuncian el alto el fuego impulsado por Trump, aunque la tregua es frágil y Teherán ya avisa que su programa nuclear continuará
The post Tregua entre Irán e Israel tras 12 días de guerra, pero persiste la tensión nuclear first appeared on Hércules.  Irán e Israel han confirmado este martes el fin de la guerra que los enfrentó durante 12 días, pero lejos de representar una solución definitiva, la tregua abre un nuevo frente de incertidumbre. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han admitido el alto el fuego promovido por Donald Trump, aunque con versiones muy distintas sobre su alcance y consecuencias.

Mientras Israel declara una “victoria histórica” tras los bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes, Teherán niega que haya lanzado misiles y asegura que continuará su programa nuclear. La tregua, de apenas unas horas y marcada por episodios de tensión, ha sido calificada por expertos como endeble. A las 9:30 de la mañana, Israel reactivó sus defensas tras detectar, según su versión oficial, misiles desde Irán. Desde Teherán lo desmienten rotundamente.

Trump se atribuye el fin de la guerra

Desde Washington, Donald Trump proclamó que la operación militar ordenada el fin de semana fue decisiva para cerrar el conflicto. “Unió a todos y cerró el trato”, afirmó el presidente estadounidense, refiriéndose a los ataques contra tres enclaves clave del programa atómico iraní: Fordo, Natanz e Isfahán. Para Trump, la guerra “ha terminado”.

Sin embargo, un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. contradice esa versión. Según fuentes familiarizadas con el documento, los ataques sólo retrasaron el programa nuclear iraní por unos meses, sin destruir completamente sus capacidades. Parte del uranio enriquecido fue evacuado antes de los bombardeos y las centrifugadoras permanecen en gran medida intactas, según este informe confidencial.

Netanyahu advierte: “Volveremos a atacar si es necesario”

El líder israelí celebró los resultados de la operación militar y elogió la implicación de Trump: “Bajo su dirección, el ejército estadounidense destruyó Fordo”. En su primera aparición pública tras la entrada en vigor del alto el fuego, Netanyahu advirtió que si Irán intenta reactivar su programa nuclear, “actuaremos con la misma fuerza y determinación”.

Según el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, la campaña contra Irán entra ahora en una “nueva fase”, en la que el foco principal volverá a estar en la lucha contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza. También se han levantado las restricciones impuestas a la población israelí durante la guerra, y el tráfico aéreo en el país se ha restablecido.

Irán insiste en su derecho a continuar su programa nuclear civil

En contraste, desde Teherán, el presidente Pezeshkian ha reiterado que Irán “no busca fabricar armas nucleares” y que su programa atómico es “estrictamente civil”. Asegura que su país está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, pero no renunciará a su “derecho legítimo” a desarrollar tecnología nuclear.

La Agencia Iraní de Energía Atómica anunció que ya está lista para reanudar el enriquecimiento de uranio. A pesar de los daños sufridos en Fordo, fuentes oficiales indican que la infraestructura subterránea no fue destruida, lo que facilitará la reactivación técnica del programa.

Aunque oficialmente el alto el fuego está en vigor, la situación dista de estar estabilizada. La tensión entre ambas potencias regionales persiste, y la desconfianza mutua amenaza con romper el frágil equilibrio alcanzado. Mientras Israel canta victoria y promete más ataques si es necesario, Irán reorganiza su estrategia nuclear bajo una retórica de firmeza y legalidad.

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Un grupo de 40 exdirigentes socialistas firma una carta en la que denuncian corrupción, degradación institucional y piden un Congreso Extraordinario
The post Históricos del PSOE exigen la dimisión inmediata de Pedro Sánchez como líder del partido first appeared on Hércules.  Pedro Sánchez afronta una revuelta sin precedentes dentro del PSOE. Cuarenta destacados exdirigentes socialistas han remitido una carta a la sede de Ferraz exigiendo su “dimisión inmediata” como secretario general del partido y la convocatoria urgente de un Congreso Extraordinario. Los firmantes, entre los que figuran exministros, expresidentes autonómicos, exsenadores y exembajadores, denuncian el “grave deterioro institucional” provocado por los escándalos de corrupción que rodean al círculo más próximo del presidente del Gobierno.

Entre los nombres más relevantes destacan José Barrionuevo, César Antonio Molina, Javier Sáenz Cosculluela, Nicolás Redondo, Rafael Vera o Eligio Hernández. Todos ellos, históricos del PSOE, aseguran en su misiva que la actual dirección ha abandonado los principios fundacionales del partido y ha generado una profunda desconfianza en la ciudadanía.

Corrupción, opacidad y retroceso democrático

Los firmantes se dirigen directamente a Sánchez, señalando que “los casos de corrupción vinculados a personas de su máxima confianza”, incluidos sus dos últimos secretarios de organización, han dañado seriamente al partido. A ello suman lo que califican de “espurias decisiones políticas” que, según denuncian, han supuesto una “efectiva mutación de la Constitución” sin el aval del pueblo español.

En la carta, detallan una lista de prácticas que a su juicio han deteriorado el sistema democrático:

• Prórroga injustificada de los Presupuestos Generales del Estado
• Marginación del poder legislativo
• Incumplimientos electorales reiterados
• Uso discrecional del poder ejecutivo
• Ocupación de órganos de control
• Falta de transparencia en la gestión pública
• Negociaciones opacas sobre la ley de amnistía

Para los firmantes, estas actuaciones han desembocado en “un preocupante retroceso democrático” y en un profundo desgaste de la credibilidad del PSOE ante sus votantes.

Un relevo urgente para “salvaguardar la dignidad” del partido

“El PSOE necesita una regeneración profunda, y esta no puede ser liderada por quien ha sido responsable directo del actual proceso de degradación institucional”, señala la carta. Por ello, piden al Comité Federal la creación de una Comisión Gestora que asuma el control del partido hasta la celebración de un Congreso Extraordinario.

El objetivo, dicen, es “salvaguardar la dignidad de los votantes” y “restituir el honor de la militancia socialista”. Los firmantes dejan claro que su intención no es desestabilizar, sino evitar la ruina moral del partido que contribuyeron a construir.

Este movimiento representa la mayor ruptura interna del PSOE desde los tiempos de Felipe González. Muchos de los firmantes, que ocuparon cargos de relevancia en gobiernos socialistas de los años 80, 90 y 2000, afirman mantener un “firme compromiso” con los valores históricos del partido. La carta supone una llamada de auxilio ante lo que consideran una deriva autoritaria y personalista en la forma de dirigir tanto el PSOE como el Gobierno.

Concluyen el texto solicitando a Sánchez que, “con el respeto que merece tu cargo”, traslade la misiva a los miembros del Comité Federal y acepte un cambio profundo como única vía para preservar el futuro del socialismo democrático en España.

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El presidente de EEUU acusa a España de “torpedear” la cumbre de la OTAN por no aceptar el objetivo del 5% del PIB en gasto militar
The post El pulso entre Trump y Sánchez por negarse a aumentar el gasto en Defensa first appeared on Hércules.  España se planta ante las exigencias de Trump. La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB ha provocado un duro choque con Estados Unidos en plena cumbre de la OTAN en La Haya. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha señalado directamente a España como “un problema” dentro de la Alianza, calificando su postura de “muy injusta” para el resto de aliados.

Desde el Air Force One, antes de aterrizar en los Países Bajos, Trump lanzó un mensaje inequívoco en sus redes sociales: “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. El gráfico que acompañaba su mensaje situaba a España en el último puesto en inversión militar relativa, destacando los rostros del propio Trump, Mark Rutte (secretario general de la OTAN) y Pedro Sánchez.

No fue una mención casual. El presidente estadounidense no fue preguntado por España, pero decidió mencionarla voluntariamente al hablar de los países que, según él, no están cumpliendo con sus compromisos en Defensa. Trump exige que todos los aliados se comprometan a alcanzar el 5% del PIB en gasto militar. Una cifra que España rechaza de plano.

Sánchez se mantiene en el 2,1%

El Gobierno español ha respondido asegurando que no busca el enfrentamiento, pero que la decisión está tomada. El Ejecutivo considera que con una inversión del 2,1% del PIB, ya se cumplen las capacidades militares exigidas por la OTAN. Sánchez incluso comunicó esta posición por carta a Rutte días antes de la cumbre.

Sin embargo, la versión del secretario general de la Alianza no coincide. Rutte negó ayer que existiera un acuerdo para que España se mantuviera en ese umbral. Al contrario, volvió a reiterar que todos los aliados, incluida España, deberán alcanzar el 5%.

La cena de gala ofrecida por los Reyes de Países Bajos ha sido el primer encuentro cara a cara entre Trump y Sánchez desde el inicio de la polémica. La imagen protocolaria lo decía todo: Trump en primera fila; Sánchez, en la cuarta. Durante la cena, mientras Trump compartía mesa con Rutte y los Reyes, Sánchez quedaba relegado a una mesa lateral junto al primer ministro de Albania.

La Moncloa intenta rebajar el choque y subraya que durante la negociación ha habido “contactos al más alto nivel” con EEUU. Recalcan que España ha trabajado “de forma leal y discreta” y recuerdan que el rechazo al 5% fue comunicado a tiempo sin que ningún país objetara. Además, destacan que la declaración final de la cumbre está redactada con ambigüedad deliberada para permitir interpretaciones diversas según los intereses de cada Estado miembro.

Para el Ejecutivo español, negarse a alcanzar el 5% del PIB en Defensa no solo responde a una lógica presupuestaria. También es una cuestión política interna. Aceptar ese gasto —que equivaldría a unos 80.000 millones de euros anuales— podría romper la ya frágil coalición de apoyos parlamentarios de Sánchez, especialmente cuando sus socios, como Sumar, ERC o Bildu, han rechazado de forma explícita cualquier aumento en Defensa.

Con la legislatura debilitada por el caso de corrupción que salpica al PSOE y a figuras cercanas al presidente, la confrontación con Trump sirve también como cortina de humo para desviar el foco mediático y político.

La cumbre sigue en marcha y las posiciones están muy alejadas. Rutte ha planteado una cifra intermedia, el 3,5% del PIB, como compromiso viable. Pero eso supondría una inversión adicional de 24.000 millones para España, una carga que el Gobierno considera insostenible.

Mientras tanto, Sánchez insiste en que España “es un socio serio y fiable” y defiende su estrategia de llegar al 2,1% como suficiente para cumplir con la hoja de ruta de capacidades militares acordada por la OTAN.

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Demir, ligado a Turquía, enfrenta vigilancia de la TSA por presuntos vínculos con influencia extranjera y grupos islamistas en EE.UU
The post Ibrahim Halil Demir, líder islámico en EE.UU., demanda a la TSA mientras crecen sospechas de vínculos con espionaje turco y el MIT first appeared on Hércules.  

Ibrahim Halil Demir, ex ejecutivo de una fundación benéfica islámica con sede en Chicago, se ha convertido en un foco de vigilancia para las autoridades estadounidenses debido a sus vínculos con Turquía y la agencia MIT. Así como su presunta participación en actividades que plantean un riesgo para la seguridad nacional. Como ciudadano naturalizado de origen turco, Demir ha sido sujeto de repetidos controles en aeropuertos, llegando en ocasiones a ser expulsado de vuelos dentro del territorio estadounidense.

Demir y sus lazos con Ankara

Desde hace años, Demir ha mantenido una estrecha relación con el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, conocido por su agenda islamista y autoritaria. Ha coordinado campañas de influencia política en conjunto con funcionarios turcos y facilitado la transferencia de fondos destinados a apoyar conflictos en zonas como Gaza, Siria y Yemen. A pesar de estas conexiones, ni Demir ni su organización figuran en la base de datos de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), un requisito legal para quienes promueven intereses extranjeros en Estados Unidos.

En junio de 2025, Demir presentó una demanda civil contra la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), acusándola de violar la Ley de Libertad de Información (FOIA) al no entregar los registros que explicarían las razones detrás de su constante vigilancia y detenciones en vuelos. La querella, presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, solicita no solo los documentos internos de la TSA relacionados con él, sino también la correspondencia entre esta agencia y otras entidades federales que mencionen su nombre.

Si las autoridades poseen inteligencia que vincule a Demir con operaciones de influencia extranjera o con grupos designados como terroristas, esto podría justificar el estricto escrutinio que enfrenta durante sus desplazamientos en EE.UU.

Investigaciones confidenciales y filtraciones

Sospechando estar bajo investigación, Demir ha presentado seis quejas desde 2022 ante el Programa de Investigación de Compensación de Viajeros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS TRIP), todas rechazadas, probablemente para proteger fuentes y métodos sensibles relacionados con el monitoreo de agentes extranjeros, especialmente aquellos con ciudadanía o residencia estadounidense. La última queja fue presentada en diciembre de 2024 y aún está pendiente de resolución.

Su nombre apareció en una filtración masiva en 2023 de la Lista de Exclusión Aérea de la TSA y el conjunto de datos del Terrorist Screening Dataset (TSD), descubierta en un servidor inseguro de CommuteAir, una aerolínea regional afiliada a United Airlines. En estos registros, su nombre aparece varias veces, reflejado en ortografías turca y árabe, lo que indica su seguimiento por las agencias de seguridad.

La Fundación Zakat y su papel en la diáspora

Demir dirige la Fundación Zakat de América, una organización que fundó en 2001 en Chicago tras una etapa en Suiza, donde participó en la creación de redes islámicas y campañas de recaudación de fondos para musulmanes afectados por las guerras en Bosnia y Chechenia durante los años 90.

Su cercanía con el gobierno turco se evidenció en 2024, cuando organizó en Chicago un Festival Turco patrocinado por instituciones estatales turcas como la Oficina Presidencial, la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet), Turkish Airlines y la agencia Anadolu. El evento reunió a unos 15.000 asistentes, seguido de una segunda edición en 2025.

La fundación mantiene una oficina en Turquía, supervisada por Mehmet Demir, posiblemente un familiar, y trabaja en estrecha colaboración con entidades estatales como Türkiye Diyanet Vakfı y la Autoridad de Gestión de Desastres (AFAD), además de autoridades locales y regionales.

Presencia mediática y respaldo político

Demir es habitual en los medios estatales turcos, participando en reportajes de Anadolu y entrevistas en la cadena estatal TRT, donde promueve consistentemente la narrativa del gobierno de Erdogan. Defensor declarado del presidente, exalta sus triunfos electorales y presenta a Turquía como un modelo para la comunidad musulmana en EE.UU., a pesar de la creciente preocupación internacional por la deriva autoritaria y las violaciones a los derechos humanos en Turquía.

Su oficina en Chicago funciona como un centro de acercamiento para el gobierno turco con la comunidad musulmana estadounidense. En 2016, el político islamista Numan Kurtulmuş visitó sus instalaciones, reuniéndose con destacados líderes musulmanes en EE.UU., como Oussama Jammal, secretario general del Consejo de Organizaciones Musulmanas de EE.UU. (USCMO) y afiliado a la Hermandad Musulmana.

En 2017, Demir encabezó una delegación de activistas musulmanes estadounidenses que visitó Turquía para encuentros con altos funcionarios, incluyendo representantes de comunidades palestina, rohingya, siria y la Nación del Islam. Estas conexiones han puesto en alerta a las agencias federales, que han incrementado la vigilancia sobre ONG y medios vinculados a Ankara en territorio estadounidense. Algunas oficinas, como las de TRT en Washington DC y del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ya han sido obligadas a registrarse bajo la Ley FARA.

Expansión del islamismo político y espionaje

Durante la última década, el gobierno de Erdogan ha extendido su influencia por América del Norte y Europa, apuntando a comunidades de la diáspora para exportar su islamismo político y fortalecer sus operaciones de inteligencia. Diversos grupos han sido señalados como fachadas para la propaganda estatal, espionaje y campañas de poder blando, borrando la línea entre actividades religiosas, humanitarias, mediáticas y políticas.

La Fundación Zakat de Demir se inscribe en este esquema: ha recibido a funcionarios turcos, promovido eventos pro-Erdogan, exportado la ideología islamista del gobierno de Ankara y fungido como nexo entre consulados turcos y redes de la diáspora.

Implicaciones legales y debate sobre seguridad y libertades

Si el tribunal federal ordena a la TSA la publicación de los documentos solicitados por Demir, podría sentar un precedente en cuanto al derecho de las personas bajo sospecha de vigilancia de agentes extranjeros en EE.UU. para conocer su estatus. Sin embargo, esto también podría revelar métodos sensibles usados por Estados Unidos para detectar y contrarrestar estas operaciones de influencia extranjera.

Este caso emerge en un momento crucial del debate entre las garantías de las libertades civiles y la seguridad nacional, especialmente cuando supuestos agentes extranjeros buscan usar las protecciones legales estadounidenses para limpiar su imagen y ocultar sus vínculos.

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El tribunal suspende la prohibición de la revista Compact, vinculada a la extrema derecha. Interior alega contenido anticonstitucional
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El Tribunal Administrativo Federal de Leipzig ha decidido suspender temporalmente la prohibición de la revista Compact, un medio señalado por su cercanía a la extrema derecha en Alemania. La orden de cierre había sido emitida el 16 de julio de 2024 por la entonces ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), quien calificó a la publicación como “portavoz central de la escena extremista de derecha”. Sin embargo, la justicia consideró que el contenido de la revista, si bien era anticonstitucional, no alcanzaba el grado de peligrosidad necesario para justificar su cierre inmediato.

Un medio vigilado desde 2021

El Ministerio del Interior sostuvo que la empresa editora, “Compact GmbH”, estaba siendo observada por la Oficina para la Protección de la Constitución desde finales de 2021, fecha en que fue clasificada formalmente como una organización de ideología extremista. A pesar de ello, los jueces reconocieron que, en un procedimiento sumario, la libertad de prensa prevalece mientras no se demuestre un daño concreto e inmediato.

Desde el propio medio celebraron la decisión con una frase cargada de provocación: fue una “bofetada en la cara para Nancy Faeser”, afirmaron en su canal de comunicación.

¿Quién está detrás de Compact?

El fundador de la revista es Jürgen Elsässer, un polémico publicista que lanzó la publicación en 2010. La sede original estaba en Falkensee (Brandeburgo), aunque ahora opera desde Stößen (Sajonia-Anhalt). Según datos judiciales, la revista tiene una tirada de 40.000 ejemplares, mientras que su canal digital llega hasta 460.000 visualizaciones.

El tribunal tuvo que valorar si los discursos promovidos por la publicación están amparados por la libertad de expresión o si cruzan la línea hacia una apología sistemática de valores antidemocráticos.

Tensiones en la AfD: apoyo implícito, distancia explícita

El caso Compact también ha puesto en evidencia las divisiones internas en la AfD, partido con el que Elsässer mantiene vínculos. Mientras que la dirección del partido en Berlín marca distancias con el publicista, en Brandeburgo la sintonía es mucho más evidente. En medio de la campaña electoral en este último estado, el apoyo a figuras como Elsässer no resulta extraño.

En un acto celebrado en Falkensee, la AfD local intentó darle protagonismo al fundador de Compact, pero por cuestiones legales tuvo que permanecer fuera del recinto. Aun así, su mera presencia fuera del lugar del evento envió un mensaje inequívoco de apoyo, a pesar de que el partido intentó encubrir el acto como una simple “rueda de prensa”.

El caso Frömming y la ambivalencia

Un ejemplo de la ambigüedad dentro de la AfD es Götz Frömming, diputado en el Bundestag desde 2017. Aunque fue electo en Berlín, se ha trasladado a Brandeburgo, donde buscó ganar protagonismo en elecciones locales. Aunque no mencionó a Elsässer directamente, Frömming criticó con dureza la medida del Ministerio del Interior: “Aquí se está cuestionando el principio de la libertad de prensa”.

Según el diputado, la prohibición de Compact fue “un ataque a la AfD”, aunque admitió que el partido no posee ninguna relación financiera con la publicación, sino solo una “afinidad moral”. Esta postura refleja la línea dominante de la AfD de Berlín, que intenta mantener un perfil más moderado, en contraste con otras facciones del partido.

Compact y la libertad de expresión: ¿límites borrosos?

Desde la dirección del partido en Berlín, el portavoz Ronald Gläser recalcó que Compact y la AfD son entidades independientes: “No somos el brazo político de Compact, ni Compact es nuestro boletín”. Sin embargo, criticó duramente lo que calificó como “prohibiciones de pensamiento y expresión” por parte del gobierno federal.

Aseguró que el cierre administrativo de medios como Compact representa “una clara violación de la libertad de prensa”, y confió en que la justicia lo revoque de forma definitiva.

¿Relación entre AfD y Compact?

La relación entre AfD y Compact sigue siendo un tema delicado. Mientras en Brandeburgo hay una cooperación visible, en Berlín se tiende a negar vínculos formales. No obstante, varios diputados del grupo parlamentario berlinés muestran afinidad con el discurso de la revista.

Con elecciones regionales en el horizonte, la ambivalencia del partido sobre el rol de medios como Compact podría volverse un punto de fricción interna. En definitiva, mientras la justicia no se pronuncie de forma concluyente, Compact seguirá imprimiéndose, desafiando los intentos de silenciarlo desde el gobierno federal.

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El SBU detalla dos intentos de asesinato a Zelensky, uno en Polonia. Kyiv acusa a empresas extranjeras de facilitar armamento a Rusia
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El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reveló este lunes nuevos detalles sobre dos recientes intentos de asesinato contra el presidente Volodímir Zelensky, destacando el papel de agentes rusos y colaboradores infiltrados. Uno de los complots fue neutralizado en el aeropuerto de Rzeszów, en Polonia, una ciudad clave en la logística militar de apoyo a Kyiv. La información fue confirmada por el jefe del SBU, Vasyl Maliuk, y difundida por la televisión estatal polaca.

Complicidad interna y red rusa

Según Maliuk, uno de los complots fue orquestado desde dentro del aparato de seguridad ucraniano. Dos coroneles de la Administración de Seguridad del Estado (UDO), encargada de proteger al presidente, colaboraban con el FSB ruso, proporcionando información sensible sobre los movimientos de Zelensky. Estos exoficiales, que habían servido como guardaespaldas personales del mandatario, fueron arrestados en mayo de 2024.

“No solo planeaban eliminar al presidente, sino que también espiaban a altos mandos como mi colega Kyrylo Budanov y a mí mismo”, aseguró Maliuk.

Ataque frustrado en Polonia

El segundo intento de asesinato se frustró gracias a la colaboración entre los servicios secretos de Ucrania y Polonia. El autor sería un militar retirado polaco, reclutado por el Kremlin hace años y activado como “agente durmiente”. La ofensiva planeada apuntaba al aeropuerto de Rzeszów, considerado un punto estratégico por su uso en transporte militar internacional.

“El atacante valoraba usar un dron FPV o incluso un francotirador”, indicó el jefe del SBU. El sospechoso fue arrestado en abril por la Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW). Un mes después, la fiscalía lo acusó formalmente de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero.

Larga lista de intentos fallidos

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Zelensky ha sobrevivido a más de una docena de atentados. Todos fueron evitados gracias a la acción coordinada entre servicios ucranianos y aliados como la CIA estadounidense. Los planes frustrados incluyen desde ataques directos hasta sofisticadas operaciones encubiertas.

Empresas extranjeras bajo sospecha

En paralelo, Zelensky ha lanzado graves acusaciones contra empresas internacionales por facilitar el acceso de Rusia a tecnología de uso militar. Según sus palabras, al menos 15 compañías taiwanesas, 13 alemanas, 8 checas, 6 surcoreanas, 3 japonesas y una estadounidense han suministrado máquinas herramienta empleadas en la fabricación de armamento.

“Hemos compartido esta información con la Unión Europea, Estados Unidos y otros socios”, aseguró el mandatario, quien reclamó sanciones inmediatas. Aunque evitó citar nombres, explicó que muchas de estas máquinas podrían ser inutilizadas remotamente, dado que operan con sistemas electrónicos de control. “Sería como desarmar a Rusia sin usar armas”, concluyó.

Sanciones y evasión

Pese a las sanciones occidentales impuestas desde 2022, Rusia sigue accediendo a tecnología militar gracias a la triangulación con países aliados. Kyiv denuncia que estas brechas socavan el efecto disuasorio de las medidas y permiten al Kremlin mantener su capacidad ofensiva.

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El CGPJ alerta sobre riesgos en la reforma del Ministerio Fiscal, incluyendo control de la Policía Judicial y pérdida de independencia institucional
The post CGPJ critica la reforma del Ministerio Fiscal first appeared on Hércules.  El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este lunes, por unanimidad en un pleno extraordinario, un informe sobre la propuesta del Gobierno para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El documento, que abarca 109 páginas, reconoce avances en el planteamiento legislativo, pero lanza advertencias significativas sobre aspectos que podrían afectar la separación de poderes y la autonomía de las instituciones judiciales.

El control de la Policía Judicial preocupa a los jueces

Uno de los puntos que más inquietud genera es la previsión de que la Policía Judicial pase a estar bajo la dirección directa del Ministerio Público. El CGPJ considera que esta medida rebasa claramente el ámbito propio de una ley orgánica reguladora del Ministerio Fiscal. Según el dictamen, la reforma propuesta “incluye elementos que desbordan el marco de competencia del estatuto” y afectan a cuerpos que no forman parte del propio Ministerio Fiscal.

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para transformar la instrucción penal en España, desplazando el protagonismo de los jueces hacia los fiscales. Bajo esta reestructuración, la Fiscalía asumiría el control efectivo de las investigaciones penales, y unidades como la UCO de la Guardia Civil quedarían bajo su mando operativo.

Riesgos de politización y falta de independencia

Esta nueva arquitectura institucional ha sido recibida con escepticismo por sectores del poder judicial, que ven en ella un intento del Gobierno de ejercer mayor control sobre los procesos penales. La Fiscalía, de carácter jerárquico, depende orgánicamente del fiscal general del Estado, una figura nombrada por el Ejecutivo. Para muchos, esto plantea un riesgo evidente de politización en las etapas más sensibles del proceso judicial.

El informe del CGPJ sostiene que la reforma no garantiza suficientemente la independencia judicial, al no destacar desde el inicio el carácter autónomo del Ministerio Público. Aunque este principio no aparece expresamente recogido en la Constitución, los jueces recuerdan que está implícito en la regulación constitucional y es un requisito fundamental para el cumplimiento de los principios de legalidad e imparcialidad.

Falta de autonomía financiera y capacidad normativa

A juicio del órgano de gobierno de los jueces, la independencia no solo debe protegerse frente a injerencias externas, sino también reforzarse mediante dotaciones legales adecuadas. Por eso critica que la propuesta no otorgue al Ministerio Fiscal capacidad reglamentaria ni autonomía presupuestaria, manteniéndolo dependiente del Ejecutivo en cuestiones clave como su financiación o estructura organizativa.

Desmantelamiento funcional del Consejo Fiscal

Otro aspecto que preocupa es la modificación del Consejo Fiscal, que se ve privado de funciones que antes ejercía como órgano colegiado de contrapeso interno. El texto plantea su reconfiguración, eliminando su papel decisivo en expedientes disciplinarios, criterios de actuación o recursos contra resoluciones sancionadoras. A partir de ahora, muchas de sus funciones serán meramente consultivas.

En casos de traslados forzosos, separación del servicio o declaración de incompatibilidades, ya no será necesaria su aprobación formal, limitándose a ser escuchado. De igual forma, se suprime su presencia en la Sección Permanente de Valoración de la Inspección Fiscal, la cual pasa a estar directamente subordinada al fiscal general.

Avances valorados positivamente por el CGPJ

A pesar de estas objeciones, el CGPJ destaca elementos positivos en el anteproyecto. Uno de ellos es la inclusión, por primera vez, de una regulación clara de la relación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. Se establecen límites a las comunicaciones que pueda enviar el Ejecutivo, impidiendo que se refieran a causas concretas.

También se valora favorablemente que el mandato del fiscal general quede desligado de la duración de la legislatura, eliminando la regla que provocaba su cese automático con la caída del Gobierno. Para los ceses motivados por un incumplimiento grave o reiterado, se exige ahora un informe previo y preceptivo del CGPJ.

Contradicciones en la supuesta autonomía de la Fiscalía

La reforma también suprime la intervención del Ministerio de Justicia en decisiones relevantes sobre la carrera fiscal, como los ascensos, los nombramientos y el régimen disciplinario, que pasarán a depender exclusivamente del fiscal general. No obstante, el informe señala una contradicción: Justicia seguirá teniendo competencia para declarar situaciones administrativas como las excedencias o jubilaciones, lo que socava la pretendida autonomía del Ministerio Público.

Leyes Bolaños: reforma con fuerte oposición judicial

Este anteproyecto forma parte del conjunto de reformas legales que el Ejecutivo ha agrupado bajo la denominación informal de “leyes Bolaños”, en referencia al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Las iniciativas han sido duramente contestadas por cuatro de las cinco asociaciones judiciales y fiscales, que han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio.

Las organizaciones críticas argumentan que las reformas no responden a una necesidad social identificada y que tampoco abordan los principales desafíos estructurales de la justicia. En cambio, consideran que incrementan el riesgo de politización y debilitan las garantías del Estado de derecho.

Un cambio estructural con impacto en el modelo judicial

Pese a la oposición, Bolaños ha reiterado su intención de sacar adelante tanto la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal como la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno considera que se trata de pasos necesarios para modernizar la justicia y acercarla a los estándares europeos.

El debate sobre la reforma del Ministerio Fiscal se produce en un contexto de especial tensión institucional, marcado por causas judiciales que afectan a miembros del Ejecutivo. Que la instrucción penal pase de los jueces a los fiscales no es un mero ajuste técnico, sino un cambio estructural con profundas implicaciones para el equilibrio entre poderes.

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El juez interroga a directivos de Ineco y Adif por la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, que cobró dos años sin trabajar
The post Caso Koldo: Jésica Rodríguez cobró sin trabajar first appeared on Hércules.  El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interroga este martes a cuatro responsables de las empresas públicas Ineco y Adif por la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el marco del conocido como ‘caso Koldo’.

Están citados a declarar como testigos, a partir de las 10:00 horas, la responsable de Selección y Reclutamiento y una experta sénior de Ineco, el director de Gestión Administrativa de Adif, y la jefa de proyecto de Rodríguez.

El magistrado ya calificó como “aparentemente irregular” la contratación de Rodríguez en sendas empresas públicas, por lo que se investigan posibles delitos de malversación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción respalda la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por su supuesta implicación directa en este fichaje.

Malversación en Tragsatec e Ineco

Cuando la imputó, Moreno aludió a dos contratos firmados por Rodríguez: uno con Ineco y otro con Tragsatec , que la situaban adscrita a la presidencia de Adif, sin desempeñar funciones laborales reales. Según su propia declaración como testigo en el Tribunal Supremo, Rodríguez reconoció no haber trabajado nunca en ninguna de las dos compañías, a pesar de haber cobrado su salario “puntualmente” durante aproximadamente dos años y medio.

El juez considera que hay indicios suficientes para atribuir a Pardo de Vera un papel relevante en el proceso de contratación, presuntamente impulsado por Ábalos y su exasesor Koldo García, quien habría realizado gestiones para favorecer la incorporación de Rodríguez.

Pardo de Vera está citada a declarar como investigada el próximo 1 de julio . Aunque parte del caso fue asumido por el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del exministro Ábalos, la Audiencia Nacional continúa instruyendo los hechos relacionados con las contrataciones en las empresas públicas. Además, el Supremo ha remitido a la Audiencia Nacional nuevos indicios de adjudicaciones irregulares de obras públicas durante el mandato de Pardo de Vera al frente de Adif.

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El presidente estadounidense asegura el fin de la guerra tras 12 horas de tregua, pero Irán niega cualquier acuerdo de cese de hostilidades
The post Teherán desmiente el alto el fuego proclamado por Trump entre Israel e Irán first appeared on Hércules.  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego “completo y total” entre Israel e Irán que, según afirmó, dará por concluido el conflicto armado entre ambos países. La tregua, de 12 horas de duración, comenzaría a medianoche por parte de Irán y seis horas después por parte de Israel. Finalizado ese periodo, “se considerará que la guerra ha terminado”, proclamó Trump en su red social Truth Social.

Pero apenas minutos después, Teherán desmintió la existencia de tal acuerdo. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró en un mensaje en la red X que “hasta este momento, NO hay ningún ‘acuerdo’ sobre un alto el fuego ni sobre el cese de operaciones militares”. No obstante, insinuó una disposición a detener la ofensiva si Israel cesaba sus ataques antes de las 4 de la madrugada, hora local.

Trump anuncia el fin de “la guerra de los 12 días” sin acuerdo confirmado

El anuncio de Trump llega tras una jornada marcada por un ataque simbólico iraní contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar, que fue totalmente interceptado. Según el mandatario, Irán avisó con antelación, lo que evitó víctimas. Trump calificó el ataque como “muy débil”, interpretándolo como un gesto para no escalar el conflicto.

Horas después, lanzó su mensaje optimista sobre el fin de las hostilidades, destacando que Israel también estaba concluyendo sus “misiones finales” y que ambos países estaban preparados para declarar la paz. En su publicación, Trump bautizó el conflicto como “la guerra de los 12 días” y se atribuyó su resolución. “Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Próximo, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará!”, proclamó.

Sin embargo, la falta de confirmación oficial por parte de Irán y la ausencia de una respuesta israelí clara empañan el anuncio del presidente estadounidense, que ha sido recibido con escepticismo en varias capitales.

El conflicto comenzó el pasado 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra instalaciones militares y nucleares iraníes, tras el estancamiento de las negociaciones sobre el programa atómico de Teherán. Irán respondió con una lluvia de drones, y la tensión se agravó progresivamente hasta que el sábado, EE.UU. bombardeó las tres principales instalaciones nucleares iraníes —Fordo, Natanz e Isfahán— con bombas de 13 toneladas.

Ese ataque supuso un giro radical en la política exterior de Trump, quien había prometido no involucrar a Estados Unidos en guerras extranjeras. Según su secretario de Defensa, Pete Hegseth, la acción buscaba eliminar la capacidad nuclear iraní sin buscar un cambio de régimen. No obstante, Trump contradijo luego a su equipo, fantaseando con esa posibilidad en sus publicaciones.

La postura del vicepresidente Vance y el futuro incierto

El vicepresidente J.D. Vance, con un tono más prudente, señaló que la guerra parece “prácticamente terminada” y abogó por iniciar un verdadero proceso de paz. Afirmó que Irán, tras los ataques, es “incapaz” de construir la bomba atómica con su material actual, argumento que defendió como justificación de la intervención militar.

A pesar del triunfalismo de Trump, la negativa iraní a reconocer la tregua plantea serias dudas sobre la resolución del conflicto. La calma anunciada por el presidente podría ser efímera si no se formaliza un acuerdo entre las partes enfrentadas.

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