Categoría: ESPAÑA

Los sindicatos mayoritarios presionan en el 1 de mayo para que el Parlamento apruebe la reducción pactada y reforme la indemnización por despido
The post CCOO y UGT exigen al Congreso cumplir el pacto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas first appeared on Hércules.  Unidad sindical para proteger los derechos laborales
Las calles de 80 ciudades españolas se llenaron este 1 de mayo con miles de manifestantes convocados por CCOO y UGT, bajo el lema «Proteger lo conquistado, ganar futuro». En una jornada marcada por la defensa de los derechos laborales, las organizaciones sindicales más representativas exigieron respetar el pacto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y reclamaron al Congreso que apruebe esta medida la próxima semana.

En la manifestación central, celebrada en Madrid, participaron los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), acompañados por miembros del Gobierno como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otros ministros del ala progresista del Ejecutivo. La reducción de jornada, junto con la reforma de la indemnización por despido, centró la mayoría de los discursos y consignas.

Advertencia al Congreso: «Sería un fraude democrático»

Durante el mitin de cierre, Unai Sordo advirtió que impedir el debate parlamentario sobre la jornada reducida mediante una enmienda a la totalidad sería un “fraude democrático de primera magnitud”. Aunque reconoció la legitimidad de los grupos parlamentarios, subrayó que los sindicatos también gozan de legitimidad, avalada por la Constitución y el respaldo de los trabajadores.

Pepe Álvarez fue más contundente: calificó la jornada de 37,5 horas como una reivindicación “irrenunciable” y lanzó un mensaje claro a los partidos: “Si impiden el debate, vamos a perseguirles para recordárselo”. Para ambos líderes, reducir la jornada laboral que permanece en 40 horas desde hace más de cuatro décadas es una necesidad histórica y una oportunidad para avanzar hacia un mercado laboral más justo.

Reforma del despido y salarios más dignos

Otro de los reclamos fue la reforma del despido, que los sindicatos consideran urgente y en la que acusan al Gobierno de no actuar con decisión. “No se puede despedir porque se quiere, ni pagar una miseria por años de trabajo”, declaró Álvarez, mientras Sordo denunció que algunas empresas usan el despido como herramienta de violencia contra los trabajadores.

Asimismo, insistieron en seguir subiendo el salario mínimo y en la necesidad de avanzar en la ley de seguridad y salud laboral, actualmente bloqueada en la mesa de diálogo social. El repunte de accidentes laborales, que aumentaron un 10% en el último año, fue calificado de “lacra insoportable”. Sordo recordó que 776 personas murieron en el trabajo en 2024, y denunció que en el 36% de los casos ni siquiera se reconoció la causa como riesgo laboral.

Los líderes sindicales alertaron también sobre un contexto internacional adverso. Álvarez apeló a la unidad de la izquierda para evitar romper el ciclo de conquistas sociales, frente a lo que calificó como “la internacional del odio y fascista”. Llamó a “levantar la vista” y mirar a una Europa que, a su juicio, “no está haciendo lo suficiente para frenar este riesgo reaccionario”.

En su intervención, Álvarez también denunció la desigualdad persistente y citó las cifras de mujeres asesinadas y migrantes discriminados, subrayando la importancia de seguir luchando por una sociedad más justa, igualitaria y democrática.

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La venta de diarios impresos se ha desplomado dos millones en diez años y el Gobierno destina 65 millones para intentar frenar su desaparición
The post La prensa en papel cae a mínimos históricos con solo 764.000 ejemplares diarios first appeared on Hércules.  La prensa impresa en España vive su peor momento: en 2024 apenas se distribuyeron 764.000 ejemplares diarios entre todas las cabeceras integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI). Es un desplome de 1,9 millones de copias respecto a 2014, cuando la difusión alcanzaba los 2,7 millones, y de 3,5 millones si se compara con 2004, año de mayor esplendor del sector.

Este declive prolongado ha obligado a las empresas editoras a transformar sus redacciones y apostar con urgencia por la digitalización. Lo que comenzó como un trasvase paulatino hacia las ediciones online se ha convertido en una reconversión forzosa tras una década de EREs, recortes salariales y cierres de puntos de venta.

El caso más simbólico es el de El País, que en 2005 presumía de 469.000 ejemplares y hoy apenas roza los 50.000. Le sigue El Mundo, que ha pasado de 308.000 copias en 2004 a 32.000 en 2024. Otras cabeceras históricas como ABC (de 276.900 a 34.200), La Vanguardia (de 203.000 a 47.000) y El Periódico (de 171.000 a 14.600) también han sufrido caídas drásticas. Hoy, toda la prensa impresa junta vende lo que hace veinte años facturaban solo El País y El Mundo.

Los datos de 2024 muestran que la caída no se detiene: la difusión total cayó un 7,4% respecto al año anterior, afectando tanto a los diarios generalistas como a los deportivos y económicos.

Los grupos editoriales, en retroceso

Entre los principales grupos, Vocento lidera la difusión con 153.000 ejemplares diarios, seguido de Prensa Ibérica (113.000), Henneo y Prisa (ambos con 92.000). Todos registran bajadas que oscilan entre el 1,6% y el 10% en solo un año.
En cuanto a cabeceras, destaca 20 Minutos, con 52.500 ejemplares diarios, apenas un 0,1% más que en 2023, y El País, con 50.000, pese a su descenso del 9%. Les siguen La Vanguardia (47.000), La Voz de Galicia (41.700) y los deportivos Marca y AS, con algo más de 40.000 copias cada uno.

La ayuda del Gobierno: 65 millones para frenar el ‘clickbait’

Ante esta debacle, el Gobierno ha aprobado un plan de ayudas de 65 millones de euros para la prensa impresa. La medida se justifica como una herramienta para combatir el ‘clickbait’ y proteger el periodismo riguroso, aunque llega en un momento en que la viabilidad del papel parece cada vez más cuestionada.

Estas subvenciones forman parte del plan para la regeneración democrática, del que la prensa escrita recibirá algo más de la mitad de los fondos. El resto se repartirá entre medios digitales, audiovisuales y agencias.

El cambio de hábitos de consumo ha sido decisivo: los lectores han abandonado el quiosco para informarse a través de redes sociales y medios digitales, mientras la televisión y la radio mantienen sus niveles de audiencia. La prensa impresa es el medio que más usuarios ha perdido en la última década, y ni su tradicional prestigio como soporte de confianza ha logrado frenar su caída.

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La vicepresidenta segunda no logra sacar adelante su reforma laboral clave ante el rechazo empresarial y la incertidumbre parlamentaria
The post El último fracaso de Yolanda Díaz: la reducción de jornada se vuelve a retrasar first appeared on Hércules.  Yolanda Díaz encara su segundo Día del Trabajador como vicepresidenta segunda del Gobierno sin haber aprobado aún la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin merma salarial. La medida, anunciada como una de las reformas estrella de Sumar, acumula retrasos, tensiones internas y resistencia empresarial. Esta semana debía llegar al Consejo de Ministros, pero la crisis del apagón del 28 de abril volvió a posponerla.

Desde el entorno de Díaz reconocen que el aplazamiento no cambia el complejo escenario: aunque ya hay acuerdo con el PSOE, el texto se enfrenta ahora a una tramitación parlamentaria incierta y a la oposición frontal de la patronal catalana y de partidos clave para su aprobación.

Foment del Treball y Junts, obstáculos clave

La posición de Junts per Catalunya es decisiva para que la norma salga adelante. Sus siete votos son imprescindibles, pero el partido de Carles Puigdemont está bajo una presión evidente por parte de la patronal catalana, Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre, también vicepresidente de la CEOE.

Sánchez Llibre lanzó una ofensiva pública contra la reforma en un desayuno informativo, alertando de que implicará un incremento de costes laborales del 7% y un impacto total para las empresas de 23.000 millones de euros. “Va a erosionar los intereses de la mayoría de los trabajadores”, sentenció, y calificó la propuesta como “la decisión errónea más grande desde el inicio de la democracia”.

La influencia de Foment sobre Junts es bien conocida: “Junts obedece a Foment”, resume un dirigente político veterano. Desde el Gobierno temen que el partido catalán se sume al rechazo junto al PP y Vox, lo que supondría un revés devastador para Díaz.

Tensiones internas en el Ejecutivo

La reducción de jornada ha desatado fricciones dentro del propio Gobierno. La ministra de Trabajo ha tenido enfrentamientos con el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La patronal distingue claramente entre ambos sectores: “Cuerpo es dialogante; Díaz, ideológica y electoralista”, dijo Sánchez Llibre.

Pese a las discrepancias, Díaz logró desbloquear el proceso tras una dura negociación interna que incluyó incluso un pulso con Fernando Grande-Marlaska, que derivó en la cancelación de un contrato con una empresa israelí para la compra de munición. Ese gesto, celebrado por Izquierda Unida, permitió avanzar en la tramitación del anteproyecto, pero el texto sigue atascado.

La mesa de diálogo social ha trabajado durante once meses, pero la ministra no consiguió sumar a la patronal al acuerdo, que cerró únicamente con los sindicatos en diciembre. Los beneficios que se ofrecieron a los empresarios fueron retirados, lo que podría obligar a reabrir la negociación durante el paso por el Congreso.

El anteproyecto fue aprobado en primera vuelta el pasado 4 de febrero por la vía urgente, pero aún no ha superado el segundo filtro del Consejo de Ministros. Una vez lo haga, aterrizará en una Cámara donde su futuro es más que incierto.

Para Díaz, la reforma de la jornada no es solo una apuesta legislativa: es la piedra angular de su proyecto político y una oportunidad para recuperar protagonismo, en un momento en que Sumar sufre un declive electoral reflejado en los sondeos del CIS.

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Como suele pasar en todo grupo humano, y no podemos olvidar que pese a que la Iglesia Católica sea una empresa divina sus consejeros delegados son simples pecadores, las mayores amenazas a su integridad no están fuera sino dentro
The post Lo que está mal en la Iglesia first appeared on Hércules.  Chesterton, uno de los autores predilectos del recientemente fallecido Papa Francisco, escribió una obra titulada Lo que está mal en el mundo. Ahora que se avecina el cónclave, que están preparando la liturgia electoral cardenalicia y adecentando la mística que anunciará al nuevo Papa en forma de fumata, es interesante preguntarse lo que está mal en la Iglesia. Más que equivocado, ya que sería demasiado osado o incluso profano intentar poner en duda miles de años de teología doctrinal, sería más oportuno hacer referencia a los peligros que tiene la obra iniciada por San Pedro. La roca sobre la que Jesús edificó su Iglesia lleva dos mil años sosteniendo la fe de millones de creyentes e incrédulos que pese a que han intentado quebrarla, la tierra rara de la que pretenden sacar oro para su propio beneficio difamatorio permanece inalterada. Son muchos los que intentaron debilitar sus cimientos y pocos los elegidos que tras una laboriosa campaña contra ella terminan adquiriendo la fe del converso. Me viene a la mente la conversión temporal pero al fin y al cabo se le removieron las entrañas del alma, de Emmanuel Le Carrere que relata en su magistral ensayo El Reino, que llevado por la escritura de los renglones torcidos de Dios terminó abrazando durante tres años el catolicismo. 

Como suele pasar en todo grupo humano, y no podemos olvidar que pese a que la Iglesia Católica sea una empresa divina sus consejeros delegados son simples pecadores, las mayores amenazas a su integridad no están fuera sino dentro. Así, los intrusos no son más que sujetos externos que no carcomen la institución porque no están inmersos en ella. Sin embargo, todos aquellos los que realizan labores concretas a nivel competencial son los que en muchas ocasiones suponen una verdadera amenaza para la entidad que dicen proteger. Me refiero a organización en estos términos fríos y burocráticos, pero en el fondo, todo lo que pone en riesgo a una frívola administración liderada por chupatintas con sotana también hace peligrar la fe católica en sí misma. 

Los sacerdotes y el clero en general, ha caído en una especie, como diría Juan Manuel de Prada, de aburguesamiento, de acomodo más propio de aristócratas herederos del poder feudal representado por el anacrónico y legendario estamento de la Edad Media en el que los curas se sentaban en la misma mesa que los nobles. Posición dominante que más allá de que ese hedor a naftalina bloquee todo posible aroma a oveja al que deben oler los pastores de la Iglesia, despierta en los ministros de Cristo una especie de autosuficiencia. Javier Cercas ha repetido a raíz de la publicación de su biografía deconstruida de Francisco,  El loco de Dios en el fin del mundo, que el último pontífice era profundamente anticlerical. En cierto modo, es complicado no serlo. A pesar de que grandes personas han sido sacerdotes, otras tantas no son capaces de conectar con su parroquia, una que con el paso del tiempo se va quedando más vacía junto a una fe huérfana y a un Dios del que sus hijos han renegado. Va uno a la iglesia a menudo y se pregunta qué va a ser de ese uno cuando pasen diez años y todas esas octogenarias que te acompañan hayan llegado a la casa del Padre. En términos empresariales la Iglesia cada vez tiene menos clientes, llegará un momento que dé pérdidas. 

Pasa el tiempo y parece que nadie hace autocrítica, aparecen nuevas hornadas de sacerdotes dispuestos a soltar las ocurrencias más disparatadas con el fin de hacer comestibles unos mensajes en ocasiones ultramontanos que dejan en la vida un sabor venenoso. El nuevo Papa debe ir más allá de lo que fue Francisco, dejar a la Iglesia que no la conozca ni la madre que la parió.    

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Durante su participación en la manifestación del 1 de mayo en Toledo, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha subrayado la necesidad urgente de «una gestión energética pública»
The post Sumar amenaza con nacionalizar a las eléctricas first appeared on Hércules.  El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del grupo Sumar, Enrique Santiago, ha exigido este miércoles que Red Eléctrica Española pase a estar bajo control público al 100%, como medida clave para garantizar inversiones estratégicas y evitar episodios de inestabilidad como el reciente apagón eléctrico que afectó a España y Portugal.

Durante su participación en la manifestación del 1 de mayo en Toledo, Santiago ha subrayado la necesidad urgente de “una gestión energética pública”, y ha advertido que el afán de lucro de las empresas privadas no puede estar por encima de la seguridad del sistema eléctrico ni comprometer el nivel de inversiones necesarias.

Comisión parlamentaria de investigación en camino

En relación con las responsabilidades por el corte eléctrico, Santiago ha avanzado que “está a punto de aprobarse una comisión de investigación en el Congreso”, que podría debatirse la próxima semana. “Lo primero ahora es investigar a fondo qué ha ocurrido y, con los datos sobre la mesa, tomar decisiones para que no vuelva a suceder”, ha declarado.

En este sentido, ha insistido en que la única vía fiable para evitar nuevas crisis energéticas es avanzar hacia un control público estricto del sector eléctrico. “Las compañías del sector tienen que responder a intereses públicos, no a intereses privados”, ha recalcado.

Santiago también ha lanzado una crítica directa a las eléctricas, apuntando que si se demuestra que el apagón fue consecuencia de una falta de inversión o de negligencia por parte de operadores privados, será necesario depurar responsabilidades.

Además, ha exigido mayor transparencia en el sector. “Si las compañías no están dispuestas a compartir la información necesaria, deberán ser los poderes públicos quienes la obtengan y controlen, para proteger el interés general y evitar nuevas crisis”, ha sentenciado.

Por último, el portavoz de IU ha enmarcado su propuesta dentro de una visión más amplia de soberanía energética y multilateralismo cooperativo, que, según él, debería contrarrestar dinámicas de confrontación como “la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump”.

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La Moncloa exige acceso a los datos técnicos y desconfía de Red Eléctrica tras días sin explicaciones concluyentes sobre la caída del sistema
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Sede de Iberdrola (Bilbao) // Iberdrola

El gran apagón que dejó a buena parte de España sin luz durante horas ha desatado no solo una crisis energética, sino una crisis de confianza dentro del Gobierno. La Moncloa ha decidido tomar el control de la investigación y ha enviado agentes del CNI y técnicos de varios ministerios a las sedes de las principales eléctricas para acceder directamente a sus sistemas y registros. El objetivo es claro: reconstruir con exactitud qué ocurrió antes, durante y después del colapso de la red.

Sánchez exige transparencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha ocultado su enfado por la falta de información técnica precisa tras el apagón del lunes. En varias comparecencias públicas, ha insistido en que el Ejecutivo necesita acceder a los datos reales —no solo interpretaciones— para esclarecer los hechos. “Información no son datos”, ha sido el mantra repetido en el seno del Ejecutivo, que asegura haber recibido explicaciones insuficientes por parte de Red Eléctrica.

Aunque el martes se esperaba una intervención de Sánchez tras el Consejo de Ministros, esta fue retrasada por las declaraciones del director de Operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, quien sorprendió a La Moncloa al descartar un ciberataque sin consultar antes al Ejecutivo. “Nos enteramos por los medios”, lamentan fuentes del Gobierno. Ese gesto marcó un punto de inflexión.

El Gobierno se lanza a por la “caja negra” del sistema

El Ejecutivo ha decidido actuar como si de un accidente aéreo se tratase: quiere la caja negra de las eléctricas. Es decir, un acceso exhaustivo y directo a todos los registros del sistema eléctrico. No solo los cinco segundos en que España se quedó a oscuras, sino también los indicios previos —que ya presentaban “anomalías muy fuertes”— y el proceso de recuperación.

El despliegue incluirá personal de Interior, Defensa (CNI) y del Ministerio de Transformación Digital. Aunque desde el Ejecutivo se asegura que existe una colaboración “constructiva” con las compañías, también se subraya que se trata de una medida excepcional motivada por la opacidad y la falta de coordinación detectadas durante la crisis.

El malestar con Red Eléctrica no es nuevo. Durante cinco años se han multiplicado los avisos técnicos sobre el riesgo de colapso del sistema por la entrada masiva de renovables sin suficiente respaldo estable. Sin embargo, estos alertas no fueron tomados en cuenta ni por el Gobierno ni por Redeia, la empresa matriz presidida por Beatriz Corredor, que en ningún momento ha sido públicamente señalada ni cuestionada por el Ejecutivo, pese a las crecientes críticas.

Como parte del giro de estrategia, el Gobierno ha activado una comisión de investigación, presidida por la vicepresidenta Sara Aagesen, que lidera también la interlocución con las compañías energéticas. El objetivo oficial es realizar una auditoría completa del sistema eléctrico, desde su diseño hasta la respuesta durante el apagón.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que las empresas tienen intereses privados, mientras que el Gobierno vela por el interés general. Por eso, aunque no se cuestiona aún la labor de Corredor, se advierte a las eléctricas de que “se exigirán responsabilidades si procede”. La presión es evidente.

Aunque tras la reunión convocada en La Moncloa el martes se rebajó el tono oficial, el clima sigue siendo de alta tensión. En privado, el Gobierno reconoce que formalmente no tiene acceso directo a los datos técnicos, por lo que recurre a la “presión administrativa y política” para forzar su entrega.

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Seis consejeros vinculados al PSOE ocupan puestos clave en Red Eléctrica con sueldos de hasta 191.000 euros y sin formación energética
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Sede de Redeia en Tres Cantos (Madrid) // Redeia

El consejo de administración de Red Eléctrica de España, la empresa encargada de gestionar el sistema eléctrico nacional, está controlado en buena parte por perfiles vinculados al Partido Socialista, colocados directamente por el Ejecutivo. De los miembros actuales, seis tienen conexiones directas con el PSOE y han llegado al cargo sin experiencia específica en el sector energético, una situación que genera dudas sobre la independencia y competencia técnica en la toma de decisiones estratégicas.

Estos nombramientos se han producido en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el operador eléctrico, al que el propio Pedro Sánchez ha calificado recientemente como “operador privado” en plena crisis por el apagón nacional. Sin embargo, la composición de su cúpula directiva refleja una influencia política directa y prolongada del socialismo desde los tiempos de Felipe González hasta la actual presidencia de Sánchez.

Beatriz Corredor, la presidenta que no dimite

La figura más conocida de esta red es Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica desde 2020, renovada en el cargo en 2024. Registradora de la propiedad y jurista de formación, Corredor milita en el PSOE desde 2003. Fue concejala en Madrid y ministra de Vivienda durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras un periodo fuera de la política, Pedro Sánchez la reincorporó en 2019 como diputada y poco después la colocó al frente de la empresa pública.

Corredor percibe un salario anual de 564.000 euros, cifra muy por encima de lo que perciben altos cargos del Ejecutivo, incluido el presidente del Gobierno. Pese a las presiones por el reciente apagón y las críticas a su gestión, ha declarado públicamente que no piensa dimitir.

Consejeros con trayectoria política en el PSOE

Entre los demás miembros del consejo vinculados al PSOE, la mayoría carece de formación energética y han sido promovidos por gobiernos socialistas para cargos de confianza:

• Ricardo García Herrera, antiguo director de la AEMET con Zapatero, entró en Red Eléctrica con el argumento de su defensa del cambio climático, aunque su perfil profesional se centra en salud pública.
• Esther María Rituerto, con una larga trayectoria en empresas públicas dependientes de la SEPI, ha representado al Gobierno en múltiples consejos de administración, incluida la Agencia EFE, sin especialización en energía.
• Marcos Vaquer Caballería, jurista y experto en urbanismo y vivienda, fue subsecretario de Vivienda y presidente del SEPES. Su carrera se ha desarrollado casi exclusivamente en el sector público.
• Elisenda Malaret, exdiputada del PSC, ha ocupado cargos en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya y participa hoy en la Comisión de Sostenibilidad de Red Eléctrica, sin experiencia directa en el sector energético.
• José Juan Ruiz, economista con trayectoria en gobiernos del PSOE desde los años 80, asesora actualmente a la vicepresidenta económica y forma parte del consejo pese a su vinculación con las políticas del Ejecutivo.

Altos sueldos, escasa transparencia

Los salarios de estos consejeros oscilan entre 175.000 y 191.000 euros anuales, a pesar de su escasa visibilidad pública y su limitada formación técnica en materia energética. Ninguno de ellos ha sido designado por concurso público ni por méritos profesionales relevantes en el sector, sino por afinidades políticas.

El propio Gobierno admite ahora, tras el colapso eléctrico, que no tiene acceso directo a los datos técnicos de Red Eléctrica, pese a tener colocados en su cúpula a múltiples personas de confianza. La paradoja no ha pasado desapercibida ni para la oposición ni para los analistas del sector.

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