Categoría: ESPAÑA

La capitalización total del mercado cripto ronda los 2,84 billones de dólares, con Bitcoin liderando con holgura
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump I Getty Images}

Tras su victoria electoral en noviembre de 2024, Trump adoptó un tono favorable hacia las criptomonedas, prometiendo convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del planeta”. Estas declaraciones impulsaron el valor de Bitcoin, que alcanzó un récord histórico al superar los 75.000 dólares.

En marzo de 2025, Trump anunció la creación de una reserva estratégica de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Cardano, con el objetivo de respaldar el crecimiento de la industria y responder a políticas anteriores que consideraba restrictivas. Este anuncio generó un aumento en los precios de estas criptomonedas, aunque posteriormente experimentaron correcciones.​

Regulación favorable y volatilidad por los aranceles

La administración Trump ha tomado medidas para aliviar la presión regulatoria sobre el sector cripto. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiró demandas contra empresas como Coinbase y Ripple, y se mostró más abierta a discutir marcos regulatorios claros para los activos digitales. Según una encuesta de Nickel Digital AM, el 88% de los inversores profesionales espera una regulación más favorable bajo el gobierno de Trump.​

A pesar de las políticas pro-cripto, el mercado ha experimentado volatilidad. Bitcoin, por ejemplo, cayó de 102.000 a 92.000 dólares tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Trump, aunque luego se recuperó parcialmente. Además, la creación de una memecoin llamada $TRUMP por parte del presidente generó críticas y preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Pero no se sabe muy bien si el precio se mantendrá constante

Adopción creciente y capitalización al alza

La adopción global de criptomonedas ha superado el 8% de la población mundial en 2025, gracias a un fuerte impulso institucional y a la percepción de Bitcoin como activo refugio en contextos de incertidumbre macroeconómica. Esta evolución ha consolidado un ecosistema más maduro y menos volátil que en ciclos anteriores. La capitalización total del mercado cripto ronda los 2,84 billones de dólares, con Bitcoin liderando con holgura, seguido de Ethereum y una creciente variedad de tokens de utilidad y stablecoins.

Nuevas normativas en Europa, Reino Unido y EE.UU.

Uno de los mayores cambios del último año ha sido el avance en materia regulatoria. En la Unión Europea ha entrado en vigor el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), que impone obligaciones a exchanges y emisores, como el registro obligatorio, la transparencia fiscal y la protección al consumidor. El Reino Unido ha seguido un camino similar, imponiendo reglas a las plataformas de compraventa y a las stablecoins, en un intento por atraer innovación, pero con control. En Estados Unidos, si bien aún no se ha aprobado una ley federal definitiva, propuestas como el “Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act” avanzan hacia una supervisión más clara por parte de organismos como la SEC y la CFTC.

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El origen del expediente está en los informes de fiscalización de las cuentas anuales del partido, en los que se detectaron más de 330.000 euros ingresados en cajeros automáticos
The post Vox, sancionado con más de 860.000 euros por recibir donaciones en efectivo sin identificar first appeared on Hércules.  Vox vuelve a estar en el punto de mira del Tribunal de Cuentas, que ha aprobado una sanción de 862.496,72 euros al partido por aceptar ingresos que contravienen la legislación sobre financiación de formaciones políticas. La multa, que ha salido adelante en el último pleno del organismo fiscalizador, ha contado con el voto particular de dos consejeros, aunque la resolución ha sido finalmente aprobada.

La infracción se considera “muy grave” y afecta a tres ejercicios consecutivos: 2018, 2019 y 2020. Según el tribunal, Vox habría incumplido la normativa al recibir donaciones no identificadas en efectivo, algo expresamente prohibido por el artículo 17.2.a de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos.

El origen del expediente está en los informes de fiscalización de las cuentas anuales del partido, en los que se detectaron más de 330.000 euros ingresados en cajeros automáticos, supuestamente por “actividades promocionales”. No obstante, los auditores no pudieron confirmar si esos ingresos correspondían realmente a la venta de productos oficiales del partido o si se trataba, en realidad, de donaciones anónimas encubiertas.

Desde Vox podrán recurrir esta sanción ante el Tribunal Supremo, mediante un procedimiento contencioso-administrativo. Esta no es la primera vez que el partido se enfrenta a una multa de este tipo. Ya en julio de 2023, fue condenado a pagar 233.324,22 euros por financiar con donaciones acciones judiciales, una práctica que también fue considerada irregular por el mismo organismo fiscalizador. En ese caso, el partido también presentó recurso.

Además de los aspectos económicos, esta nueva sanción representa otro golpe reputacional para la formación que lidera Santiago Abascal, cuyas cuentas han sido objeto de escrutinio recurrente. Aunque los responsables del partido defendieron la legalidad de sus prácticas en otras ocasiones, los informes del Tribunal de Cuentas han revelado deficiencias importantes en la trazabilidad y justificación del origen de los fondos.

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El cónclave de 2025 comenzó tras el fallecimiento de Francisco el lunes 21 de abril de dicho año, aunque la votación será el miércoles 7 de mayo
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^{Imagen: el cardenal Angelo Becciu I Ámbito}

​El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu ha anunciado su renuncia a participar en el próximo cónclave del 7 de mayo, donde se elegirá al sucesor del papa Francisco. Esta decisión se produce tras la aparición de dos cartas firmadas por el papa Francisco en las que expresaba su voluntad de que Becciu no formase parte del proceso. ​

Un escándalo financiero que marcó su carrera

Becciu, de 76 años, fue condenado en 2023 a cinco años y medio de prisión por su implicación en un escándalo financiero relacionado con la compra fraudulenta de un edificio en Londres. A pesar de su condena, inicialmente defendió su derecho a participar en el cónclave, pero finalmente anunció su decisión “por el bien de la Iglesia”, enfatizando su fidelidad y amor por ella, y aceptando la voluntad papal pese a mantener su inocencia.  

Cartas papales y presión interna

La exclusión del cónclave ha generado controversia dentro del Vaticano, especialmente porque su nombre aparecía en el listado oficial de cardenales no electores, a pesar de cumplir con el requisito de edad para participar. La decisión final busca contribuir a la comunión y serenidad del cónclave.

La retirada de Becciu del cónclave aclara el camino para la elección del nuevo papa y reduce las tensiones internas, especialmente en un contexto de lucha contra la corrupción dentro de la Curia. El cónclave de 2025 comenzó tras el fallecimiento de Francisco el lunes 21 de abril de dicho año, aunque la votación será el miércoles 7 de mayo en la Capilla Sixtina.

Un cónclave diferente con varios perfiles

El cónclave de 2025 para elegir al sucesor del papa Francisco seguirá el protocolo establecido por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996 y actualizada por Benedicto XVI y Francisco. Aunque el procedimiento general se mantiene, hay particularidades logísticas y simbólicas relevantes para esta edición:

• Cardenal Pietro Parolin: secretario de Estado del Vaticano, cercano a la política de Francisco y considerado un moderado con experiencia en la diplomacia vaticana.
• Cardenal Luis Antonio Tagle: arzobispo de Manila, conocido por su cercanía con los pobres y su enfoque pastoral, podría representar la continuidad del papado de Francisco.
• Cardenal Robert Sarah: prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, con una postura más conservadora, podría ser un candidato para los sectores más tradicionales.
• Cardenal Mario Grech: secretario general del Sínodo de los Obispos, con un enfoque sinodal y reformista que podría atraer el apoyo de quienes quieren continuar el legado de Francisco.

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El país se posiciona como el octavo más afectado del mundo por ataques de ransomware, con un total de 300 confirmados a gran escala
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^{Imagen: hacker con ordenador I The Bridge}

​En 2024, España experimentó un notable aumento en los ciberataques, consolidándose como uno de los países más afectados a nivel mundial. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se gestionaron un total de 97.348 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un incremento del 16,6% respecto al año anterior.

Este aumento se reflejó especialmente en los ataques dirigidos a infraestructuras críticas y servicios esenciales. Los incidentes en operadores esenciales, como los sectores de transporte, energía y telecomunicaciones crecieron un 43% en comparación con 2023, alcanzando los 341 casos.

Una amenaza cibernética para empresas e instituciones

En 2024, el ransomware se consolidó como una de las principales amenazas cibernéticas en España, afectando gravemente a empresas, instituciones públicas y servicios esenciales. Este tipo de ciberataque, que consiste en secuestrar datos mediante cifrado y exigir un rescate económico para su liberación, ha evolucionado en complejidad, frecuencia y nivel de daño.

España, entre los más afectados de Europa

Según el informe anual de Check Point y el estudio de la firma Sophos, España fue el octavo país más afectado del mundo por ataques de ransomware durante 2024. Solo en el primer semestre, se registró un incremento del 11% respecto al año anterior, con más de 300 ataques confirmados a gran escala. En la mayoría de los casos, los sectores más golpeados fueron el sanitario, el financiero, el educativo y las pymes tecnológicas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) confirmó que muchos de los incidentes gestionados en 2024 involucraron variantes sofisticadas como LockBit, BlackCat y Royal, con actores de amenazas vinculados a redes de crimen organizado internacional. Algunos de estos ataques llegaron a paralizar temporalmente ayuntamientos, hospitales y sistemas de transporte público.

Un chantaje silencioso: la mitad de las víctimas pagan

Uno de los aspectos más preocupantes revelados por un estudio de Zerod es que un 40% de las empresas españolas que sufrieron ataques reconocieron haber pagado el rescate. Las sumas exigidas oscilaban entre los 20.000 y los 250.000 euros, aunque en algunos casos superaron los 500.000. Sin embargo, el pago no siempre garantiza la recuperación de los datos: más del 30% de los afectados que pagaron no recuperaron completamente sus sistemas o información.

La falta de preparación y de planes de contingencia en muchas organizaciones, especialmente en pequeñas y medianas empresas, ha sido un factor determinante. Aunque la ley no prohíbe el pago de rescates, las autoridades como el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) desaconsejan rotundamente esta práctica, ya que financia el cibercrimen y no garantiza resultados.

El ransomware como negocio global

El auge del modelo de “Ransomware-as-a-Service” (RaaS) ha facilitado la expansión de este delito. Se trata de kits ofrecidos en la dark web por grupos especializados, que permiten a delincuentes sin conocimientos técnicos lanzar campañas a cambio de una parte del rescate. Esto ha democratizado el delito y multiplicado los ataques, especialmente contra países con infraestructuras digitales críticas como España.

Además, 2024 marcó un aumento de las llamadas dobles y triples extorsiones: no solo se exige dinero por recuperar los datos, sino también por no divulgar la información robada, e incluso se chantajea a los clientes o usuarios finales de las empresas afectadas.

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El alcalde de Madrid ha señalado a Corredor, «nombrada a dedo con el notabilísimo éxito que se ha visto», para insistir en que espera «que nadie tenga el cuajo de decir que esto no va a volver a pasar»
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Imagen: La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en la última presentación de resultados del grupo, el pasado febrero. Europa Press

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha exigido el cese de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y ha apuntado a las “obsesiones ideológicas” del Gobierno de España como “las que han determinado en gran medida lo que pasó” con el apagón de lunes, según declaraciones recogidas por Europa Press.

Desde el Palacio de Cibeles, Almeida ha señalado a Corredor, “nombrada a dedo con el notabilísimo éxito que se ha visto”, para insistir en que espera “que nadie tenga el cuajo de decir que esto no va a volver a pasar”.

“Pero hoy la presidenta, que cobra más de medio millón de euros, ha dicho que esto no va a volver a pasar. La misma que hace apenas unas semanas dijo que no iba a pasar. Beatriz Corredor no puede continuar en el cargo porque si te ha pasado esto lo razonable es que te vayas y porque si después de esto dices que esto no va a volver a pasar es más razonable aún que te tengas que ir”, ha argumentado.

Preguntado sobre la desescalada del nivel 3 de emergencia, el alcalde ha recordado que lo declara el Gobierno de España a petición de las comunidades autónomas. “Por tanto, quien declara el nivel 3 es quien tiene que declarar que ya no estamos en esa situación. Esto es lo típico que hace el gobierno de España, que es desentenderse, como si no tuviera nada que ver”, ha acusado.

“Pedro Sánchez se desentiende de los problemas y se atribuye la solución. O sea, Pedro Sánchez no tiene nada que ver con lo que sucedió en el apagón, es culpa de los operadores privados, a pesar de que la presidenta de Redeia fue nombrada por él, a pesar de que es un sector hiper regulado que depende en todo del gobierno de España”, ha contestado.

“‘Yo os devolví la luz’, básicamente es el mensaje que transmitió el otro día Pedro Sánchez. Pero a partir de ahí ni una sola explicación porque no vaya a ser que los españoles nos enteremos de que la política energética del Gobierno de España ha sido determinante para que se produjera este apagón, no vaya a ser que los españoles nos enteremos de que las obsesiones ideológicas del Gobierno de España han sido las que han determinado en gran medida lo que pasó”, ha culpado.

La “posverdad de Sánchez”

Para Almeida es “difícil echarle la culpa a las centrales nucleares como hizo Pedro Sánchez” y ha señalado que “la causa de la causa del mal causado son las políticas del gobierno de Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno con todo el tema de las energías renovables”, ha afirmado, después de mostrarse partidario a estas últimas, echando mano a la terminología jurídica propia de su profesión como Abogado del Estado.

Almeida ha acusado a Sánchez de “desplegar todo su relato de posverdad pero los españoles empiezan a sospechar que detrás de lo que pasó, que la causa de la causa del mal causado, dicho en términos jurídicos, son las políticas energéticas implementadas por este Gobierno y que han determinado que se pretenda encerrar las centrales nucleares, que se estigmatiza la energía nuclear”.

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El Gobierno exige explicaciones urgentes a Redeia y operadores tras un apagón inédito; se descarta que las renovables sean culpables
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La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha comunicado que el Ejecutivo ha establecido como plazo límite la tarde de este miércoles para que tanto Redeia como los centros de control y compañías eléctricas privadas remitan toda la información relativa al fallo que provocó un apagón histórico en la Península Ibérica.

Durante una entrevista concedida a RTVE, y recogida por Europa Press, Corredor ha señalado que el Gobierno contará con los datos necesarios este mismo miércoles para iniciar el análisis correspondiente.

En esa misma conversación, la responsable de Redeia ha defendido que las energías renovables no están detrás del incidente. También ha subrayado que los operadores del sistema eléctrico, en manos privadas, son los que gestionan en cada momento la combinación de fuentes de energía que se utiliza.

Respecto a las críticas dirigidas a Redeia por una supuesta falta de transparencia y por una investigación considerada demasiado lenta, Corredor ha afirmado que la “caja negra” de la empresa funciona a la perfección y ofrece plena fiabilidad.

Admite que no se puede garantizar que no vuelva a ocurrir

Por otro lado, Corredor ha reconocido que no se puede garantizar completamente que un apagón de similares características no vuelva a producirse, aunque ha destacado que el sistema eléctrico español es uno de los más sólidos del planeta, respaldado por un equipo técnico de primer nivel que ha sabido responder adecuadamente a la situación.

Asimismo, ha indicado que uno de los retos pendientes es fortalecer la red de interconexiones con el resto de Europa, un proyecto que, según ha detallado, ya está en marcha y se espera que esté operativo en 2028.

Para concluir, Corredor ha querido poner en valor el trabajo realizado por Redeia en todas las fases del apagón —antes, durante y después— y ha descartado la posibilidad de dimitir.

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El juez ha tomado esta decisión después de que la Guardia Civil le informe de que en el material remitido por las dos compañías no hay información que sirva para la investigación abierta
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Imagen: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo a su llegada al Tribunal Supremo | EFE/ Daniel González

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que no hay información “inédita de interés” en los datos aportados al Tribunal Supremo por Whatsapp y Google sobre el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Así consta en una resolución en la que el magistrado instructor, Ángel Hurtado, alza el secreto de las piezas separadas que había abierto para analizar la información recibida sobre los chats y correos del jefe del Ministerio Público, según informa Europa Press.

Pese a que el instructor de la causa adelantaba el pasado 23 y 24 de abril que al parecer había recibido de forma “exitosa” la petición de información que había efectuado a ambas compañías, este miércoles ha reconocido que la UCO no ha encontrado datos de “interés” para la causa en la que se investiga al fiscal general por la presunta revelación de secretos que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

“Respecto de la información aportada por las autoridades de Irlanda, en relación con los datos de Google, no se aporta ningún correo nuevo de interés para la presente causa”, señala la Guardia Civil en el oficio remitido este miércoles al magistrado. Lo mismo apuntan los agentes sobre los datos entregados por las autoridades de Estados Unidos relativos a los chats de Whatsapp: “No existe ninguna información inédita de interés para la investigación“.

Un correo que ya tenía la UCO

La Benemérita presenta su informe al instructor después de haber analizado las carpetas electrónicas recogidas en las comisiones rogatorias contestadas por Irlanda y Estados Unidos.

El magistrado pidió auxilio judicial a ambos países después de que la Guardia Civil avisara de que había hallado “cero mensajes” en los teléfonos que se incautaron a García Ortiz en el registro de su despacho el pasado 30 de octubre. El instructor pretendía que Whatsapp y Google le ayudaran a recuperar chats y correos electrónicos.

En el caso concreto de Google, la UCO explica que recibió un archivo pdf que contiene una “certificación de autenticidad de los datos, así como diferentes códigos alfanuméricos denominados HASH”; una carpeta “con información que no se considera de relevancia en este procedimiento”; y otra carpeta que alberga 46 elementos sobre distintas aplicaciones que pertenecen a la cuenta de gmail del fiscal general con “159 correos electrónicos, de los cuales solamente uno de ellos tiene relación con la causa”.

Según precisan los agentes, se trata de un ’email’ que ya tenía la Guardia Civil, el de la denuncia de la Fiscalía contra González Amador por presuntos delitos fiscales.

El móvil personal no tenía WhatAapp

En lo relativo al análisis de la información aportada por Whatsapp, la UCO asegura que “no se han podido recuperar los mensajes vinculados” a uno de los teléfonos del fiscal general “que pudiesen ser de interés para la investigación”.

Respecto al otro teléfono móvil, la Guardia Civil apunta que no consta que tuviera asociado a dicho número una cuenta de Whatsapp.

Asimismo, la UCO señala que de los datos aportados por Estados Unidos se confirmaría lo ya reconocido por el propio García Ortiz: que cambió de terminal.

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La agencia desplegó aproximadamente 2.900 oficiales y personal en operaciones conjuntas a lo largo de las fronteras exteriores de la UE
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^{Imagen: una persona de Frontex I EP}

Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, es una de las agencias de la Unión Europea encargadas de coordinar la gestión de las fronteras exteriores de sus Estados miembros. Su misión principal es asistir en la protección de las fronteras exteriores de la UE, garantizar la seguridad en las zonas de tránsito, el control migratorio y la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas y otros delitos transnacionales.​

Personal y estructura operativa

Hasta marzo de 2023, contaba con más de 2.100 empleados directos. Sin embargo, en los últimos años, la agencia ha experimentado un aumento significativo en su personal operativo. Actualmente, dispone de aproximadamente 8.000 oficiales, de los cuales 1.500 son empleados directamente por la agencia, mientras que el resto son personal de los Estados miembros de la UE asignado a corto y largo plazo.

Además, la agencia está en proceso de expansión con la creación del Cuerpo Permanente de la Guardia de Fronteras y Costas, que se espera alcance los 10.000 efectivos para 2027. De estos, 3.000 serán oficiales directamente empleados por Frontex, mientras que los 7.000 restantes serán enviados por los Estados miembros de la UE.

Operaciones y despliegues

En 2024, Frontex desplegó aproximadamente 2.900 oficiales y personal en operaciones conjuntas a lo largo de las fronteras exteriores de la UE. Estas operaciones incluyen patrullas terrestres, marítimas y aéreas, así como actividades de rescate y asistencia en la gestión de flujos migratorios.

La agencia también ha estado involucrada en operaciones fuera de las fronteras de la UE, con casi 600 miembros de su personal desplegados en diez operaciones conjuntas en ocho países terceros hasta octubre de 2023.

Presupuesto y recursos

El presupuesto ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2023, la agencia operó con un presupuesto de 845,4 millones de euros. Este aumento en los recursos financieros ha permitido ampliar sus operaciones, mejorar su infraestructura tecnológica y aumentar su personal para hacer frente a los desafíos en la gestión de las fronteras exteriores de la UE.​

Desafíos y críticas

A pesar de su expansión y recursos, la organización ha enfrentado críticas y desafíos en relación con sus operaciones. Organizaciones de derechos humanos han señalado preocupaciones sobre la transparencia de las operaciones de la agencia y su responsabilidad en situaciones de violaciones de derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE. Estas críticas han llevado a la Comisión Europea a evaluar y proponer reformas en la regulación de la agencia para mejorar su eficacia y responsabilidad.

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