Categoría: ESPAÑA

Programa financiado por Bloomberg coloca becarios en agencias estatales de energía, generando polémica por posible conflicto de intereses
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Una red de becas financiada por el multimillonario Michael Bloomberg ha comenzado a operar dentro de agencias estatales que regulan el sector energético, una expansión discreta de un programa originalmente diseñado para litigar contra la industria de los combustibles fósiles desde oficinas de fiscales generales. Una situación que roza el conflicto de intereses y que supone la intromisión de narrativas del lobbie climático en la energía estatal.

Documentos y correos internos obtenidos por The Washington Free Beacon revelan que el Centro de Energía e Impacto Ambiental del Estado de la Universidad de Nueva York (NYU) ha extendido su presencia más allá de las fiscalías estatales, llegando ahora a comisiones de servicios públicos que autorizan la construcción de infraestructura energética y dictan políticas clave sobre energías renovables.

De litigios climáticos a regulación energética

Desde su creación en 2017, este centro ha recibido al menos 5,6 millones de dólares de Bloomberg Philanthropies para colocar becarios legales en fiscalías estatales, quienes han liderado demandas climáticas contra gigantes petroleros por su presunta responsabilidad en el calentamiento global.

Pero la expansión hacia agencias reguladoras despierta nuevas alarmas. Estas comisiones estatales suelen ser menos visibles pero altamente influyentes, ya que regulan tarifas, autorizan proyectos de energía y ejecutan mandatos obligatorios de energías renovables. En estados como Delaware, estas medidas han sido asociadas con fuertes aumentos en la factura eléctrica de los consumidores.

Caso Luisiana: infiltración silenciosa

Uno de los casos más documentados es el de Luisiana, donde al menos dos becarios financiados por Bloomberg han trabajado directamente en la Comisión de Servicios Públicos, bajo la dirección del comisionado Davante Lewis (D.). Lewis fue elegido en 2022 con el apoyo de un PAC climático, prometiendo una transición energética “100% verde”.

Su primera becaria, Annie Matthews, llegó en septiembre de 2023 tras haber trabajado en el Departamento de Agricultura del gobierno de Biden. Fue contratada como asesora de políticas climáticas y medioambientales. A ella la sucedió Rula Thabata, activista y abogada recién graduada, con experiencia en justicia energética.

Ambos contratos fueron financiados directamente por el centro de la NYU, especificando tareas en torno a energía limpia, cambio climático y medio ambiente.

Críticas desde el gobierno estatal

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill (R.), no tardó en expresar su preocupación: “Las leyes de ética prohíben que empleados estatales reciban compensaciones externas por sus funciones oficiales. Este acuerdo, si se está llevando a cabo, ciertamente es preocupante”, afirmó en un comunicado.

Murrill advirtió que permitir acceso privilegiado a agentes financiados por Bloomberg podría vulnerar la independencia institucional y poner en entredicho la imparcialidad regulatoria.

Una estrategia más amplia

La expansión del programa parece responder a una estrategia mayor. En 2022, Bloomberg lanzó Beyond Petrochemicals, una campaña para cerrar plantas petroquímicas en EE.UU., especialmente en el sur, donde operan muchas de estas instalaciones. Coincidentemente, la región que representa Lewis en Luisiana alberga varios de estos complejos industriales.

Además, desde 2023 el centro de impacto de NYU y la coalición Advanced Energy United —cofundada por el también multimillonario activista Tom Steyer— comenzaron a sondear comisiones estatales en Nueva York, Massachusetts y Michigan, buscando colocar más becarios.

En un correo de septiembre de 2023, el presidente del Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts, James Van Nostrand, compartía el interés por participar: “Quiero asegurarme de que esto esté en el radar de alguien, para aprovechar la oportunidad de obtener recursos gratuitos”, escribió a sus colegas.

“Una puerta trasera hacia la regulación”

Organizaciones de vigilancia como Government Accountability & Oversight (GAO) advierten que esta fórmula permite a intereses privados infiltrarse en el diseño de políticas públicas. “Bloomberg está usando personal financiado externamente para influir en decisiones regulatorias clave que afectan la confiabilidad energética del país”, denunció el abogado Chris Horner, de GAO.

Incluso expertos en derecho como Sherman Joyce, presidente de la Asociación Estadounidense para la Reforma de Agravios, calificaron el modelo como una amenaza a los principios democráticos: “Buscar financiamiento privado para operar funciones gubernamentales es éticamente cuestionable. Este tipo de acuerdos ofenden las nociones básicas de la independencia estatal”.

NYU y sus defensores responden

Desde el Centro de Impacto de NYU, su subdirectora Jessica Bell defendió la neutralidad del programa: “Los becarios son seleccionados por las comisiones como cualquier otro empleado. Su única lealtad es hacia la agencia en la que trabajan, no hacia Bloomberg ni hacia la universidad”.

Por su parte, el portavoz de Advanced Energy United, Adam Winer, minimizó su participación, indicando que solo “ayudan a promocionar vacantes laborales”, sin intervenir en contrataciones ni políticas.

Conclusión

Lo que empezó como una iniciativa para litigar contra las petroleras, hoy se ha convertido en una red de influencia sobre agencias estatales que controlan el rumbo energético de Estados Unidos. La pregunta que queda en el aire: ¿puede un gobierno realmente tomar decisiones independientes cuando su personal proviene —y depende— de una agenda financiada por intereses privados?

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La incertidumbre sobre el financiamiento de Francia a Gavi podría poner en riesgo varias vacunaciones en países africanos
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El apoyo de Francia a la Alianza para las Vacunas (Gavi), clave para inmunizar a más de 47 millones de niños y evitar 800.000 muertes hacia 2030, está hoy bajo escrutinio. Aunque el presidente Emmanuel Macron prometió hace un año mantener un respaldo financiero de 760 millones de euros en cinco años, el monto aún no ha sido confirmado oficialmente. Esta indefinición preocupa profundamente a las ONG internacionales involucradas en el programa. Una cuestión muy discutida tras las últimas polémicas con la FDA y las vacunas Covid-19.

La conferencia de reposición de Gavi, que se celebrará este miércoles 25 de junio en Bruselas, reunirá a figuras como Bill Gates, cofundador de la Fundación Gates, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Pero a solo horas del evento, Francia no ha anunciado si honrará su promesa de financiación. Un silencio incómodo que genera dudas en un contexto geopolítico y económico cada vez más complejo.

Crisis en Oriente Medio y recortes presupuestarios complican el escenario

Varias razones explican esta ambigüedad. Por un lado, el conflicto entre Israel e Irán ha alterado la agenda diplomática francesa, afectando la disponibilidad del canciller Jean-Noël Barrot. A esto se suma la reciente inestabilidad en Estados Unidos tras los comentarios contradictorios de Donald Trump, que han desatado incertidumbre global. Por otro lado, las finanzas públicas francesas están bajo presión, y el país intenta evitar un déficit del 5,8% por segundo año consecutivo.

En medio de esta tensión, la ayuda oficial al desarrollo francesa ha sufrido un drástico retroceso: cuatro recortes en un año que totalizan una caída del 39%, es decir, 2.300 millones de euros menos. Francia no está sola. Otros países como Alemania y Reino Unido han seguido el mismo camino. En el caso británico, se priorizó el aumento del gasto en defensa, reduciendo fondos humanitarios.

Estados Unidos se retira, Musk lo celebra, Gates lo denuncia

La situación se agrava con el abandono casi total de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. Bajo la administración Trump, su presupuesto se ha reducido drásticamente. Elon Musk, exlíder de una comisión federal de eficiencia, calificó la agencia como una “organización criminal”, generando polémica. Bill Gates reaccionó duramente: “El hombre más rico del mundo va a estar involucrado en la muerte de algunos de los niños más pobres del mundo”.

La reducción del financiamiento global afecta directamente a Gavi, responsable de vacunar a uno de cada dos niños en el planeta. Esto amenaza con el resurgimiento de enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, el SIDA o la malaria, según advirtió Fabrice Ferrier, director de Focus 2030. “Estamos al borde de una distopía”, señaló. En contraste, la ayuda francesa solo representa un 0,5% de la renta nacional bruta, lo que hace los recortes aún más incomprensibles.

Los ciudadanos apoyan la cooperación internacional

Según un estudio de Focus 2030, el 56% de los franceses están a favor de mantener o aumentar la ayuda al desarrollo. A nivel internacional, esta cooperación también fortalece la imagen de Francia, especialmente en África. Encuestas en Senegal, Camerún y Costa de Marfil muestran que la mayoría de sus ciudadanos perciben positivamente la relación con París.

El retiro occidental abre paso a nuevas potencias. Según Ferrier, si Europa no actúa, “Pekín y Moscú podrían beneficiarse” del vacío dejado por Washington. Esto profundizaría la brecha entre los países del Norte y del Sur, debilitando la credibilidad de Occidente en el escenario global.

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Los cuerpos superiores del Estado piden equipararse a jueces y notarios, que ya disfrutan de esa posibilidad, para evitar una «discriminación» interna
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Oficina de la AEAT // Europa Press

Los funcionarios más cualificados de la Administración General del Estado han comenzado a presionar al Gobierno para que eleve la edad de jubilación forzosa de los 70 a los 72 años, en línea con lo que ya ocurre con otros cuerpos de élite como jueces, fiscales o notarios. La propuesta, que ha generado divisiones entre los sindicatos, se enmarca en el debate sobre la reforma de la función pública y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Una jubilación desigual dentro del sector público

Actualmente, los funcionarios deben jubilarse forzosamente a los 65 años, aunque pueden solicitar prórrogas hasta los 70. Sin embargo, algunos cuerpos excepcionales pueden extender su carrera profesional dos años más, hasta los 72, lo que ha sido calificado como un trato discriminatorio por parte de colectivos como administradores civiles del Estado, inspectores de Hacienda, interventores o diplomáticos.

Estos profesionales argumentan que la normativa actual vulnera el principio de igualdad, ya que impone un techo de edad que no afecta por igual a todos los empleados públicos. Además, sostienen que la jubilación forzosa podría incluso rozar la inconstitucionalidad, al entrar en conflicto con principios de no discriminación por edad recogidos tanto en la jurisprudencia nacional como europea.

Uno de los principales argumentos de quienes abogan por extender la edad de retiro es la mejora en las condiciones físicas y cognitivas de los trabajadores veteranos, un fenómeno asociado al aumento generalizado de la esperanza de vida. “Tenemos más años de buena salud y capacidad productiva, y eso debería reflejarse también en la duración de nuestras carreras”, sostienen fuentes del cuerpo de técnicos comerciales del Estado.

Además, remarcan que permitir a quienes deseen seguir trabajando hacerlo de forma voluntaria es una vía para retener talento cualificado, especialmente en puestos de responsabilidad donde la experiencia acumulada puede marcar la diferencia en la gestión de políticas públicas.

Más allá de los motivos jurídicos y profesionales, los defensores de ampliar el tope de jubilación plantean también un argumento económico: aliviar la presión sobre el sistema público de pensiones. Según estimaciones preliminares, retrasar la jubilación forzosa podría suponer un ahorro de entre 30 y 48 millones de euros anuales a partir del segundo año de aplicación. Una cifra modesta en términos absolutos, pero significativa en un contexto de creciente envejecimiento demográfico.

Choque sindical: división entre CCOO, UGT y CSIF

La propuesta, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos los sindicatos. CCOO y UGT rechazan de plano la posibilidad de ampliar la edad de jubilación forzosa, al considerar que entra en contradicción con el objetivo de rejuvenecer las plantillas del sector público, cada vez más envejecidas. Además, aseguran que la medida no estaba incluida en los pactos firmados con el Gobierno a finales de 2024, por lo que ven en ella un posible intento de modificación unilateral.

Frente a ellos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende que la prolongación del servicio activo debe ser una opción voluntaria, y considera que dependerá de cada comunidad autónoma decidir si la aplica o no, lo que abre la puerta a una posible aplicación desigual del cambio.

Por el momento, el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, presentado en el Congreso a comienzos de 2025, mantiene en 70 años la edad máxima de jubilación forzosa para funcionarios, aunque varias enmiendas ya han planteado su ampliación. El texto legal se encuentra en tramitación parlamentaria y todavía le queda un largo recorrido, pero la presión de los cuerpos superiores y el debate sobre la eficiencia del sector público prometen convertir esta medida en uno de los puntos calientes del debate legislativo.

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El régimen iraní dispara diez misiles contra instalaciones militares en Oriente Medio y eleva al máximo la tensión regional
The post Irán lanza un ataque con misiles contra bases de EE.UU. en Qatar e Irak first appeared on Hércules.  Teherán ha disparado este lunes diez misiles contra instalaciones estadounidenses en Qatar e Irak, en una operación que el régimen iraní ha bautizado como “Anuncio de victoria”, en respuesta a los bombardeos recientes ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque las autoridades de Qatar han confirmado que todos los misiles fueron interceptados con éxito, la región vive un momento de máxima tensión.

El ataque se dirigió principalmente contra la Base Aérea Al Udeid, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Medio, que alberga a unos 10.000 soldados y sirve como cuartel general del Mando Central estadounidense. También se reportaron lanzamientos contra bases en Irak, según confirmó la agencia oficial iraní Tasnim.

Qatar cierra su espacio aéreo y lanza advertencias

En respuesta al ataque, el Gobierno qatarí ha decretado el cierre temporal de su espacio aéreo, una medida tomada “para garantizar la seguridad de los ciudadanos, residentes y visitantes”, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque Doha no ha vinculado directamente la suspensión de vuelos a la ofensiva iraní, la decisión forma parte de un paquete de “medidas de precaución” por la creciente inestabilidad.

Poco después del cierre, la Embajada de Estados Unidos en Qatar emitió una alerta urgente a los ciudadanos norteamericanos para que permanezcan en refugios hasta nuevo aviso. El Reino Unido replicó la medida y también alertó a sus nacionales. En paralelo, medios como la BBC y Fox News informaron de explosiones en Doha, aunque no se han confirmado víctimas.

Bases en el punto de mira: Irán amenaza con una guerra regional

El ataque ocurre en medio de una serie de amenazas explícitas del régimen iraní y de milicias aliadas como Kataib Hezbollah, que han calificado las bases estadounidenses como “objetivos legítimos”. Esta red de instalaciones incluye no solo las bases de Irak, Siria y Qatar, sino también las situadas en Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y más allá.

Entre las más relevantes se encuentran Al-Asad, en el oeste de Irak, frecuentemente atacada desde la muerte de Qasem Soleimani en 2020, y la base de Tanf en Siria. Además, la presencia de la Quinta Flota en Baréin y la doble agrupación de portaaviones USS Nimitz y USS Carl Vinson refuerzan la capacidad ofensiva y disuasoria de Estados Unidos en la zona.

Trump advierte con represalias mientras se celebra la cumbre de la OTAN

El presidente Trump, que ayer mismo había advertido que cualquier agresión iraní sería respondida con fuerza, negó que se hubieran producido ataques más allá de Qatar. No obstante, Washington mantiene el nivel de alerta máxima y ha instado a sus ciudadanos en la región a extremar las precauciones.

La ofensiva se produce en la víspera de la cumbre de la OTAN, en la que se espera que el conflicto en Oriente Medio domine la agenda. Países como Países Bajos ya han expresado su respaldo a una posible acción estadounidense, y la reunión de urgencia en la “Situation Room” sugiere que una respuesta militar está en evaluación.

Fuera del Golfo Pérsico, el Pentágono también contempla alternativas de respuesta desde bases más alejadas, como Diego García, en el Índico, o Whiteman, en Misuri, donde operan los bombarderos B-2 capaces de lanzar bombas antibúnker de alta penetración. Según registros aéreos, más de 30 aviones cisterna han sido movilizados desde Estados Unidos hacia Europa, lo que apunta a preparativos para operaciones prolongadas.

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Los expedientes por “abuso de atribuciones” pasaron de 20 en 2021 a 78 en 2024, con sanciones que alcanzan la suspensión o incluso la expulsión
The post Se disparan los castigos en la Guardia Civil por uso indebido de bases de datos internas first appeared on Hércules.  Una investigación interna tras otra. Así describen desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lo que consideran una “cacería” contra los agentes que acceden a bases de datos internas como SIGO para hacer consultas no justificadas. Lejos de tratarse de casos aislados, los expedientes disciplinarios por este motivo se han multiplicado por cuatro en apenas tres años: de 20 en 2021 a 78 en 2024, una cifra sin precedentes en el cuerpo.

La tendencia, lejos de remitir, ha continuado en 2025, con 36 expedientes sólo en el primer trimestre. En total, más de 160 investigaciones abiertas en poco más de dos años, muchas de ellas por acciones que, según AUGC, responden a “actuaciones ordinarias y rutinarias” de los agentes.

El caso la matrícula de Puigdemont

La alarma saltó tras un expediente a un guardia civil de Badajoz, secretario provincial de AUGC, que fue sancionado con 15 días sin empleo ni sueldo por consultar en SIGO la matrícula del coche que utilizó Carles Puigdemont para evitar su detención en Barcelona en agosto de 2024. El agente lo hizo con sus propias claves, y la sanción llegó pese a no derivarse de la consulta ninguna acción policial.

Desde ese momento, la cascada de expedientes se ha acelerado. El último trimestre de 2024 acumuló 48 investigaciones, más que la suma de los tres anteriores, coincidiendo con la reaparición pública del expresidente catalán.

En paralelo, ha habido también reproches judiciales a cómo se inician estos procedimientos. Una juez ha acusado a un comandante de la Guardia Civil de expedientar a un teniente sin indicios sólidos, lo que podria señalar el uso arbitrario del régimen disciplinario en algunos casos.

Un marco legal desfasado y sanciones desproporcionadas

El régimen sancionador se ampara en la Ley Orgánica 12/2007, concretamente en su artículo 7.7, que castiga como “falta muy grave” el “abuso de atribuciones”. Aunque la ley no menciona expresamente las consultas indebidas en bases de datos, se recurre a esta figura para imponer sanciones durísimas: desde la suspensión de empleo hasta la expulsión definitiva del cuerpo.

La AUGC denuncia que esta interpretación genera un “efecto intimidante” entre los agentes. “Nos parece un despropósito calificar esos hechos como falta muy grave”, aseguran. De hecho, el 19% de los expedientes iniciados como falta muy grave entre 2021 y 2025 acabaron rebajados a falta grave, y otro 14% a leve, lo que evidencia, según la asociación, un uso abusivo del régimen disciplinario como herramienta de presión.

El resultado, advierten desde la AUGC, es un efecto perverso sobre el servicio público. Muchos guardias civiles evitan hacer consultas que podrían ser útiles para la investigación de delitos, por temor a acabar expedientados.

“Se está generando un clima en el que los compañeros prefieren no arriesgar, aunque eso signifique dejar pasar información que podría ser clave para localizar a un requisitoriado o prevenir un delito”, alertan.

Además, muchas de las consultas ahora sancionadas derivaban de avisos internos sobre coches sospechosos o hechos delictivos, en los que agentes de otras provincias colaboraban proactivamente. Esas actuaciones, lejos de ser premiadas, acaban en algunos casos con sanciones disciplinarias.

El informe elaborado por AUGC con datos de la propia Dirección General y resoluciones judiciales muestra que el 24% de las sanciones impuestas entre 2020 y 2023 fueron anuladas por los tribunales, y un 5% más fueron estimadas parcialmente. Sin consecuencias para quienes impusieron sanciones que después se tumbaron.

Para AUGC, este modelo revela una “política del miedo” estructural, que degrada la confianza interna, castiga la iniciativa y contribuye a la desmotivación de los agentes.

“No se trata de proteger la legalidad, sino de intimidar y controlar el cuerpo desde dentro”, concluye la asociación, que exige revisar el uso del artículo 7.7, adaptar el marco legal a la operativa real de los agentes y garantizar garantías básicas para los expedientados. De lo contrario, advierten, la Guardia Civil seguirá caminando por la peligrosa senda del descrédito interno y la inseguridad jurídica.

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El conflicto en Oriente Medio y los ataques a Irán elevan el precio del petróleo. El estrecho de Ormuz vuelve a ser foco clave para la energía global
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Las próximas semanas se perfilan como un periodo de fuerte incertidumbre energética y geopolítica. Tras los recientes ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, crecen las alertas sobre las repercusiones económicas, particularmente en el mercado del petróleo. Medios como NBC ya advierten sobre un escenario de volatilidad.

El foco de atención se sitúa en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica en el Golfo Pérsico, entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Por esta franja transita aproximadamente un 20% del comercio mundial de crudo, lo que convierte cualquier alteración en su operatividad en una amenaza para la estabilidad del mercado energético global. Máxime teniendo en cuenta que el parlamento iraní ha decretado el cierre del Estrecho de Ormuz.

Primeras reacciones del mercado

El temor a una posible obstrucción por parte de Irán ha sacudido los precios. La noche del domingo 22 de junio, el precio del petróleo registró un aumento del 4% en los mercados internacionales, aunque moderó su alza horas más tarde. La semana anterior ya había subido un 3% tras los primeros ataques israelíes.

Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, advirtió a sus clientes que, en caso de bloqueo del estrecho, el precio podría alcanzar los 100 dólares por barril. En este momento, el precio del barril ronda los 70 dólares, pero los analistas prevén un repunte inminente si continúa la escalada.

Impacto directo en el consumidor

El economista Philippe Chalmin declaró a franceinfo que es muy probable que el barril supere los 80 dólares el lunes, lo que se traduciría en un aumento de entre 15 y 20 céntimos por litro en las estaciones de servicio. La tensión se percibe también en el consumo minorista.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que cerrar Ormuz sería un “suicidio económico” para Irán. Además, pidió a China, principal socio comercial de Teherán, que frene cualquier intento de desestabilización regional. Chalmin también señaló que atacar infraestructuras petroleras saudíes o emiratíes sería más factible para Irán que bloquear la vía marítima.

Reservas flotantes amortiguan el riesgo de escasez

A pesar de la tensión, los expertos descartan una crisis de suministro. Chalmin destacó que existen unos 30 millones de barriles de crudo iraní almacenados en buques cerca de China y Singapur. Según él, “el mercado se regula por el precio, no por la escasez”.

Paralelismos con la guerra en Ucrania

La situación recuerda el escenario de inicios de 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania hizo que el barril superara los 100 dólares. Ahora, todos los ojos están puestos nuevamente en Oriente Medio y en cómo podría evolucionar la tensión en el mercado energético.

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Investigadores revelan corrupción en la agencia NSPA de la OTAN por contratos de defensa, con arrestos en Europa y una investigación en expansión
The post Escándalo en la OTAN por contratos de armamento: red de corrupción compromete sistema de adquisiciones first appeared on Hércules.  La Agencia de Adquisiciones y Apoyo de la OTAN (NSPA) se encuentra en el centro de un escándalo internacional de corrupción que pone en entredicho la integridad del sistema de compras de defensa de la alianza militar. En mayo, autoridades de Bélgica y los Países Bajos arrestaron a cinco sospechosos, incluidos empleados y exempleados de la agencia, por su presunta implicación en una red de filtración de información confidencial y blanqueo de dinero relacionado con contratos de armamento.

La Fiscalía belga confirmó la detención de dos personas en Flandes, mientras que las autoridades holandesas informaron de tres arrestos adicionales, entre ellos un exfuncionario del Ministerio de Defensa de 58 años que gestionaba contratos de adquisiciones internacionales. Las investigaciones, que ahora también involucran a Luxemburgo, España, Italia y Estados Unidos, están siendo coordinadas por Eurojust, la autoridad judicial de la Unión Europea.

Un escándalo que puede marcar la Cumbre de la OTAN, una cumbre que además tiene en el foco la negativa de España de aumentar el gasto militar al 5%.

Sistema bajo sospecha

Según los investigadores, los implicados habrían favorecido a empresas armamentísticas mediante el acceso a información sensible sobre licitaciones de contratos para drones y municiones, desviando fondos públicos a través de empresas fachada. Aunque aún no se ha revelado el monto de los sobornos ni qué compañías específicas se beneficiaron, el caso amenaza con minar la credibilidad de la NSPA, que tiene su sede en Luxemburgo y gestiona contratos multimillonarios para los países aliados.

Uno de los ejemplos más relevantes es un acuerdo de 700 millones de dólares para misiles Stinger, previsto para ejecutarse a partir de 2024.

Corrupción estructural en defensa

La gravedad del caso ha sido reconocida por el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien afirmó que la NSPA fue la primera en detectar irregularidades y que están colaborando activamente con las fuerzas del orden. “Queremos una aclaración completa de lo ocurrido”, subrayó Rutte.

Sin embargo, expertos alertan que este caso refleja un problema estructural. Francesca Grandi, de la organización Transparencia Internacional, advirtió en declaraciones a Deutsche Welle que el sector de defensa es particularmente vulnerable a la corrupción debido al secretismo, el manejo de grandes sumas de dinero y la falta de controles parlamentarios efectivos.

“El riesgo es terminar con una arquitectura de defensa ineficiente, costosa y vulnerable al abuso de poder y a la influencia indebida”, afirmó Grandi. También criticó la opacidad en la ayuda militar de la UE a Ucrania como otro ejemplo de la falta de supervisión.

Escándalo en plena carrera armamentista

El caso estalla en un momento especialmente delicado para la OTAN, que atraviesa una fase de rearme masivo. En la cumbre de La Haya, los líderes de la alianza han acordado elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, una cifra sin precedentes. De ese total, el 3,5% se destinará a gastos militares directos y el 1,5% restante a infraestructura relacionada con la defensa.

La declaración final de la cumbre será adoptada este miércoles por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros.

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Nebraska demanda a Temu por presunto robo de datos personales. La app china estaría accediendo a móviles sin permiso, según el fiscal general Mike Hilgers
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El fiscal general del estado de Nebraska, Mike Hilgers, ha presentado una demanda contra la plataforma de comercio electrónico Temu, propiedad del conglomerado chino PDD Holdings, por supuestamente acceder de forma ilegal a datos personales de ciudadanos estadounidenses. Según la acusación, la aplicación estaría diseñada para recolectar información confidencial de los teléfonos móviles sin el conocimiento ni consentimiento de los usuarios.

Hilgers anunció la iniciativa legal en una entrevista en el pódcast John Solomon Reports, en la que aseguró que Temu representa “una amenaza real para la seguridad nacional”, y que su modelo de negocio implica una intromisión masiva en la privacidad de millones de personas. “Temu es una especie de Amazon barato con productos baratos, pero como sabemos, lo barato muchas veces tiene un alto precio”, afirmó el fiscal.

Acceso oculto a datos personales

La demanda sostiene que la aplicación de Temu evade los sistemas de permisos que imponen tiendas como la App Store de Apple o Google Play, accediendo directamente a funciones del teléfono como el micrófono, los mensajes de texto, las aplicaciones instaladas y el almacenamiento interno, todo ello sin notificar al usuario.

“Podrían acceder a sus mensajes de texto, su micrófono, todas sus aplicaciones y datos sensibles, sin solicitar autorización expresa”, explicó Hilgers. “Es una plataforma estructurada para maximizar la extracción de datos personales”.

La acusación también menciona que Temu está vinculada a otras prácticas ilícitas, como la venta de productos falsificados, el lavado de imagen ecológica (“greenwashing”) y la posible implicación en cadenas de producción que utilizan trabajo forzado.

Riesgo para la seguridad nacional

Uno de los elementos más graves de la denuncia es la posibilidad de que estos datos estén siendo utilizados por el gobierno chino. “Debido a la legislación en China, cualquier empresa con sede allí puede ser obligada a entregar información al Partido Comunista Chino (PCCh)”, advirtió el fiscal. “Estamos hablando de millones de perfiles ciudadanos construidos sin consentimiento, y con posibles fines estratégicos”.

En este sentido, Hilgers subraya que mientras otras aplicaciones occidentales deben cumplir estrictas normas de privacidad, Temu operaría con mayor libertad y sin estar sujeta a los mismos controles, lo que, a su juicio, representa una ventaja injusta y un riesgo sistémico. Una situación donde la injerencia de China en EE.UU comienza a ser fiscalizada.

Un contexto de creciente tensión

La acción judicial contra Temu se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China, especialmente en materia de ciberseguridad, propiedad intelectual y control tecnológico. En los últimos meses, varias autoridades estatales y federales han impulsado medidas para limitar la presencia de aplicaciones y compañías chinas en sectores estratégicos.

En Virginia Occidental, el gobernador republicano Patrick Morrisey ha pedido la retirada de inversiones estatales en empresas vinculadas a China. Paralelamente, el congresista republicano Darin LaHood ha presentado en la Cámara de Representantes una propuesta legislativa para evitar el desvío de chips fabricados en EE.UU. hacia compañías chinas, tras revelaciones sobre el uso de firmas ficticias para eludir las sanciones.

Además, varios científicos chinos han sido investigados por intentar introducir ilegalmente materiales biológicos en Estados Unidos, entre ellos un hongo potencialmente peligroso que fue transportado oculto en un par de botas.

Temu rechaza las acusaciones

Aunque Temu no ha ofrecido una respuesta oficial a esta última demanda, un portavoz de la compañía ya declaró en anteriores ocasiones que “nos oponemos firmemente a las acusaciones contenidas en ellas”, en referencia a otros procesos legales en curso.

Desde 2023, la plataforma enfrenta múltiples demandas en diferentes estados por presuntas prácticas similares. Diversos informes también han alertado sobre la posible vulneración de derechos de autor y la comercialización de productos fabricados bajo condiciones laborales abusivas.

Impacto en los consumidores

Temu, que ha ganado una fuerte presencia en Estados Unidos por su modelo de ventas a bajo coste, se presenta como una alternativa económica a gigantes como Amazon. Sin embargo, la denuncia de Nebraska podría tener un impacto significativo en su reputación y operativa, especialmente si otros estados siguen el ejemplo y se suman a la ofensiva legal.

“Esto no va solo de una aplicación invasiva. Esto va de un modelo que pone en peligro la soberanía digital de Estados Unidos”, sentenció Hilgers.

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José Luis Ábalos comparece ante el Supremo por su presunta implicación en el caso Koldo, investigado por cohecho, tráfico de influencias y corrupción
The post ¿Tirarán Ábalos y Koldo de la manta en el Supremo? first appeared on Hércules.  La jornada judicial de este lunes ha comenzado con expectación máxima en torno al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien ha llegado al Tribunal Supremo pasadas las 9:30 de la mañana, media hora antes de su cita con el magistrado instructor Leopoldo Puente. Rodeado de cámaras y con semblante serio, Ábalos ha escuchado gritos de “corrupto” “putero” y “sinvergüenza” lanzados por varios ciudadanos congregados en las inmediaciones del alto tribunal.

Su comparecencia se enmarca en la causa abierta el pasado mes de noviembre por el caso Koldo, una trama de presunta corrupción vinculada a contratos adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante su mandato. La causa ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras nuevas pruebas que apuntan directamente al exministro y a otros altos cargos del PSOE.

Las acusaciones: cohecho, tráfico de influencias y organización criminal

Grabaciones de la UCO apuntan a mordidas por obras públicas

Según la investigación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tanto Ábalos como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habrían recibido comisiones ilegales por facilitar adjudicaciones de obra pública a constructoras. Las sospechas se basan en grabaciones realizadas por Koldo García, exasesor de Ábalos, que habrían sido clave para que el Supremo formalizara la imputación del exministro.

Los delitos imputados son cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, lo que podría acarrear penas de prisión relevantes si se acreditan los hechos.

Giro inesperado en la estrategia de Ábalos

Durante las últimas semanas, Ábalos había dado señales de querer colaborar con la Justicia. Su defensa estableció contactos con la Fiscalía Anticorrupción para ofrecer una declaración voluntaria, e incluso él mismo lo confirmó públicamente en una entrevista en la Cadena SER, donde expresó su disposición a contar “todo lo que sabía” sobre la trama.

Sin embargo, la estrategia cambió en las últimas horas. La noche del domingo, el exministro se reunió durante varias horas en el despacho de su abogado con Koldo García, lo que —según fuentes cercanas— motivó un giro radical. El actual diputado del Grupo Mixto habría decidido acogerse a su derecho a guardar silencio.

Koldo García pide aplazar su declaración

En paralelo a la comparecencia de Ábalos, Koldo García debía declarar también este lunes ante el Tribunal Supremo, pero su nuevo equipo legal ha solicitado un aplazamiento de la cita judicial apenas tres horas antes de la hora fijada. La abogada Leticia de la Hoz, que asumió su defensa el pasado jueves tras “discrepancias” con su anterior letrado Ismael Oliver, argumentó no haber tenido acceso completo al sumario.

“No se ha facilitado a esta defensa copia íntegra de las actuaciones, lo que impide ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva”, alegó en el escrito enviado al juez. Además, ha solicitado que se le entregue “con carácter urgente” toda la documentación del caso, incluyendo los dispositivos electrónicos incautados por la UCO.

Segunda vez que Koldo intenta aplazar su testimonio

Esta es la segunda vez que Koldo García acude al Supremo sin declarar. Ya en semanas anteriores había solicitado hasta tres aplazamientos, alegando problemas de agenda de su anterior abogado. Esta vez, su nueva letrada insiste en que no está en condiciones de preparar adecuadamente una defensa sin toda la documentación.

Fuentes cercanas al exasesor aseguran que su intención sigue siendo no declarar de momento, a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos y de recuperar sus dispositivos electrónicos.

Un caso que compromete a la cúpula socialista

El llamado caso Koldo ha generado una profunda inquietud en el panorama político español, al implicar directamente a exresponsables del Gobierno de Pedro Sánchez y figuras relevantes del Partido Socialista. Tanto la Fiscalía como la Guardia Civil continúan indagando en la posible existencia de una red organizada para beneficiarse económicamente de adjudicaciones públicas mediante sobornos.

A la espera de nuevas comparecencias y resoluciones judiciales, el caso amenaza con tener implicaciones políticas de largo alcance, justo en un momento de máxima sensibilidad institucional y con el foco puesto en la transparencia en la gestión pública.

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