Categoría: ESPAÑA

Una de las pistas más delicadas apunta a la implicación de la Mocro Maffia, una red criminal de origen marroquí-holandés con fuerte presencia en Europa
The post Vidal-Quadras señala al régimen iraní en su intento de asesinato first appeared on Hércules.  Alejo Vidal-Quadras apunta directamente al régimen iraní como responsable del atentado que casi le cuesta la vida en noviembre de 2023 en pleno centro de Madrid. El exvicepresidente del Parlamento Europeo y fundador de Vox no dudó en vincular la agresión con su respaldo activo a la oposición iraní, una causa que —según afirma— le ha colocado en el punto de mira del gobierno de Teherán desde hace años.

Durante su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, que duró aproximadamente media hora, Vidal-Quadras recordó los instantes previos al ataque: regresaba de caminar por el Retiro cuando escuchó a alguien decirle “Hola, señor” a su espalda. Al girarse, recibió un disparo en la cara. “Después de eso todo es confuso. Perdí la conciencia, la recuperaba por momentos… hasta despertar en la UCI”, relató ante los medios tras declarar.

El expolítico no solo señaló al régimen iraní, sino que advirtió de que su labor en defensa de la “resistencia iraní” le ha convertido en un objetivo prioritario, tanto a él como a dos fundaciones con las que ha estado estrechamente vinculado. Esa línea de amenaza ha sido, según explicó, confirmada por diversos indicios que ya están en manos del magistrado instructor.

Las secuelas del ataque todavía las arrastra: sufre pérdida parcial de audición, insensibilidad facial y un fuerte estrés postraumático. Actualmente sigue en tratamiento médico y psicológico. Aun así, dejó claro que no tiene intención de echarse atrás en su activismo político. Al contrario: “Me lo he replanteado, sí… para seguir con más entusiasmo, energía y dedicación que antes”, sentenció.

La investigación judicial se ha centrado en desentrañar una posible conexión directa con el régimen iraní, una hipótesis respaldada por varios elementos. Uno de los más significativos es la detención en Países Bajos de Mehrez Ayari, un ciudadano francés de origen tunecino, señalado como autor del disparo. Este individuo, según los investigadores, fue capturado cuando intentaba asesinar a un periodista disidente iraní en Holanda. “Era un sicario profesional. Verde con asas, como suele decirse”, ironizó Vidal-Quadras.

El caso ha dado pie a una compleja red de arrestos. Hasta la fecha, siete personas han sido detenidas en distintos países en relación con el atentado. Entre ellas, una mujer de nacionalidad holandesa arrestada el 30 de abril de 2024 por su papel en la financiación y logística del ataque, y un ciudadano venezolano capturado en Colombia, con una orden internacional por terrorismo emitida por España.

Además, otros tres sospechosos fueron arrestados en territorio español. Uno de ellos, un converso al islam chií, fue enviado a prisión provisional en Granada; su pareja, de nacionalidad británica, y un tercer implicado en Fuengirola, quedaron en libertad con medidas cautelares.

La Policía Nacional, a través de la Comisaría General de Información, sigue trabajando con varias líneas abiertas. Según sus informes, el atentado fue planeado con minuciosidad durante semanas, incluyendo seguimientos a la víctima, adquisición de materiales específicos y encuentros entre implicados en distintas ciudades.

Una de las pistas más delicadas apunta a la implicación de la Mocro Maffia, una red criminal de origen marroquí-holandés con fuerte presencia en Europa y conocida por su alto grado de violencia. Esta organización habría actuado por encargo, en nombre de intereses iraníes.

En una comparecencia pública previa, en febrero de 2024, Vidal-Quadras insistió en que no alberga dudas sobre la autoría intelectual del ataque: “No tengo ninguna duda de que fue Irán”, aseguró entonces en un acto en la Asociación de la Prensa de Madrid. En esa misma intervención, solicitó a la Unión Europea medidas más firmes, como el cierre de embajadas iraníes y la expulsión del personal diplomático en el continente.

A pesar de las dificultades para probar de forma directa el vínculo entre los sicarios y el régimen iraní, Vidal-Quadras se mostró confiado en el avance de las diligencias judiciales: “Confío plenamente en la Justicia española. Sé que no es fácil, pero tengo fe en que se llegue al fondo”.

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Ester Muñoz, del PP, sugiere posibles encubrimientos en torno a Ábalos por parte de Paradores y acusa al PSOE de encadenar “casualidades sospechosas” relacionadas con tramas de corrupción. También critica la actitud de Pilar Alegría ante la polémica.
The post El comunicado de Paradores del estado respecto de la juerga de Ábalos es cuestionado en sede parlamentaria first appeared on Hércules.  Imagen generada por IA/ X

La vicesecretaria de Sanidad y de Educación del PP, Ester Muñoz, ha cuestionado que no se produjeran daños en el edificio de Paradores de Teruel durante la estancia del exministro de Fomento José Luis Ábalos, como asegura la cadena hotelera pública, alegando que su actual presidenta, Raquel Sánchez, sucedió al exdirigente socialista al frente del Ministerio de Transportes.

“Quiero recordar que la presidenta actual de Paradores fue la ministra que sustituyó a Ábalos y que el secretario de Paradores actual (Ricardo Mar Ruipérez) fue jefe de gabinete de Ábalos en aquel momento. Con respecto al PSOE y a todas sus tramas de corrupción siempre hay demasiadas casualidades, la verdad”, ha sostenido en una entrevista en ‘Antena 3’, recogida por Europa Press.

Preguntada por un comunicado que Paradores hizo público este lunes desmintiendo “categóricamente” que se produjeran daños en las instalaciones de su edificio en Teruel durante la estancia de Ábalos en septiembre de 2020 –fecha en la que también se alojó la entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría–, Muñoz ha aseverado que hay empleados que trabajaron aquel día “que dicen que efectivamente allí se produjo algo muy extraño” y que “debió quedar bastante destrozada” una habitación.

La vicesecretaria ‘popular’ ha reiterado que “siempre alrededor de todas las tramas del PSOE” hay “muchas casualidades”, entre ellas que la presidenta de Paradores fuera la sustituta de Ábalos cuando salió del Ejecutivo. Y que, “cuando hay un gran número de casualidades”, muchas de esas cosas “se convierten en causalidades”, ha añadido.

“Es mucha casualidad que quien sucedió en Paradores a Óscar López, que pudo tapar lo que pasó, es la ministra que sucedió a Ábalos y que el jefe de gabinete de Ábalos en aquel momento es ahora el secretario de Paradores. Yo me limito a decir cosas que me parecen casualidades”, ha concluido.

En otro orden de cosas, Muñoz ha asegurado que a nadie del PP le importa “con quién duerma la ministra Alegría”, y que lo que sí quieren saber es si cuando era delegada del Gobierno acompañó a un ministro a un parador y sabía que “esa noche se produjeron destrozos y orgías en el que iban prostitutas”.

Asimismo, ha criticado que cuando le preguntaron por primera vez a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno si durmió aquella noche en Paradores en la que Ábalos habría destrozado una habitación, “no quiso contestar” y “no lo negó”, para poco después tenerlo que reconocer.

“No quiso contestar. Y la vimos bastante incómoda contestando. No contestó. Después lo ha tenido que reconocer y entonces ahora sale diciendo que es que tiene ataques machistas. Como tenemos todas”, ha proseguido, cuestionando si solo sufren ataques machistas “las mujeres del PP” y recordando que ella también es víctima de estos en sus redes sociales.

Muñoz ha afirmado que “por supuesto” hay que condenar las frases machistas que ha recibido Alegría, aunque ha recordado “las lindezas machistas” que recibe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “algunas” por parte de un ministro del Gobierno de España (Óscar Puente), diciendo que su novio es “un testaferro con derecho a roce”

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Los investigadores sitúan al propio Víctor de Aldama y a Claudio Rivas como los principales responsables del entramado, en el que también figura como subdirectora María Luisa Rivas
The post Carmen Pano aumenta la presión sobre el Gobierno: afirma que llevó 90.000 euros a la sede el PSOE por orden de Aldama first appeared on Hércules.  En el marco de la investigación por la trama de hidrocarburos, la empresaria Carmen Pano ha confirmado ante el juez Santiago Pedraz un episodio que ha encendido todas las alarmas: la entrega de dos bolsas con 45.000 euros cada una en la sede del PSOE, en octubre de 2020. Según su testimonio, fue el empresario Víctor de Aldama quien le pidió que se encargara del traslado del dinero, alegando que no podía hacerlo él mismo.

Pano, que ya había declarado anteriormente sobre este asunto ante la Guardia Civil y en el Tribunal Supremo en el caso Koldo, compareció ahora como investigada por su presunta implicación en la red fraudulenta centrada en el sector del combustible. Aunque insiste en que el dinero era un “anticipo” para los restaurantes que Aldama poseía en la zona de las Cuatro Torres de Madrid, no pudo especificar ni el motivo real de la entrega ni quiénes eran los destinatarios finales.

La empresaria explicó que en una ocasión se desplazó en taxi y en la otra fue acompañada por Álvaro Gallego. En ambas, el destino final fue la sede de Ferraz, y ambas veces actuó tras recibir instrucciones directas de Aldama desde su despacho en el barrio de los Jerónimos. “No estaba ni su chófer ni su asistente, así que me pidió que lo hiciera yo”, declaró Pano.

Durante su interrogatorio, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor —implicado en ambos casos, el Koldo y el de los hidrocarburos— le preguntó directamente por el contenido de las bolsas y su destino. Aunque Pano reiteró que el dinero estaba relacionado con negocios de restauración, no descartó conexiones con otras operaciones, aunque dijo no conocer si las entregas tenían relación con concesiones a empresas de la trama.

La empresaria también reveló que Aldama le habló de un encuentro con el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Según Pano, viajaron en avión privado a Tenerife para reunirse con él, en el contexto de las gestiones vinculadas al negocio de los hidrocarburos.

La investigación se enmarca dentro del conocido como caso Hidrocarburos, que destapó un gigantesco fraude fiscal en el sector del combustible. Según los informes de la UCO, se trata de una presunta organización criminal que habría operado desde al menos 2002 y que, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, habría defraudado más de 182 millones de euros en concepto de IVA.

Los investigadores sitúan al propio Víctor de Aldama y a Claudio Rivas como los principales responsables del entramado, en el que también figura como subdirectora María Luisa Rivas. Según la Guardia Civil, la red utilizaba sociedades pantalla, testaferros y mecanismos coordinados para eludir impuestos, en una estructura donde los “colaboradores” cumplían funciones clave para ejecutar el fraude, mientras los líderes marcaban la hoja de ruta.

El caso pone nuevamente en el punto de mira al PSOE, pues el traslado de dinero a su sede central durante el periodo investigado —aunque sin aclararse aún su finalidad exacta— aumenta la presión política y judicial sobre un escenario ya tenso tras las revelaciones del caso Koldo y otras tramas colaterales.

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Alegría respondía así a una investigación periodística que revela que más de 5.000 mujeres europeas cruzan cada año las fronteras de su país para abortar
The post El Gobierno afirma que las mujeres europeas deben “escoger España” como lugar para abortar first appeared on Hércules.  La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este martes que “muchas mujeres extranjeras eligen España para abortar porque es un país libre y seguro”. Lo dijo con una sonrisa, como si se tratase de un logro, cuando en realidad estamos hablando de una desgracia: que miles de mujeres se vean obligadas a interrumpir su embarazo, lejos de sus casas, en otro país.

Alegría respondía así a una investigación periodística que revela que más de 5.000 mujeres europeas cruzan cada año las fronteras de su país para abortar, y que España es el segundo destino más común, con unas 1.750 mujeres extranjeras al año, la mayoría procedentes de otros países de la Unión Europea.

“Nuestro país es un país libre, seguro y defensor de los derechos de las mujeres”, declaró la ministra. Pero presentar el aborto como un símbolo de progreso y libertad, sin reconocer el drama humano que implica, es simplemente no querer mirar de frente una realidad dolorosa. No hay libertad en una decisión que muchas veces nace de la desesperación, la falta de apoyo, el miedo o la soledad.

El aborto no debería ser motivo de orgullo, sino de preocupación. No por legal, deja de ser una tragedia. No por estar regulado, deja de tener consecuencias profundas. Que España sea un destino para abortar no es un avance, es una señal de fracaso social.

En lugar de presumir, tal vez el Gobierno debería preguntarse por qué tantas mujeres no encuentran en sus países —ni en el nuestro— otras salidas. Y por qué una sociedad moderna y justa no pone más empeño en ofrecer alternativas reales antes de que el aborto se convierta en la única salida.

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El Gobierno aprueba una normativa que transforma los menús escolares, eliminando ultraprocesados y promoviendo productos frescos, ecológicos y locales. La medida busca mejorar la salud infantil y reducir desigualdades sociales
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que implica un cambio significativo en la alimentación de los centros educativos: desde ahora, queda prohibida la venta y el consumo de bebidas azucaradas y bollería industrial en colegios.

Así lo anunció el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al explicar que esta normativa fomenta un modelo alimentario escolar basado en el consumo regular de frutas, verduras, legumbres, pescados y carnes de calidad. El objetivo es limitar de forma drástica los alimentos ultraprocesados, los precocinados y las frituras frecuentes, eliminando además los refrescos, bebidas energéticas y dulces industriales de máquinas expendedoras y cafeterías escolares.

Bustinduy subrayó que esta transformación no dependerá del nivel socioeconómico ni del lugar de residencia de los menores, garantizando una alimentación equilibrada para todos los estudiantes del país.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respaldó el anuncio afirmando que se pretende proporcionar a los menores una alimentación más variada y nutritiva. Esta nueva regulación ha sido elaborada de forma conjunta por cinco ministerios: Derechos Sociales, Educación, Agricultura, Sanidad y Juventud e Infancia.

El decreto establece que todos los colegios, sean públicos, concertados o privados, con comedor escolar y que impartan enseñanzas desde el segundo ciclo de infantil hasta ciclos medios de FP, deben ofrecer cinco comidas saludables semanales. De forma obligatoria, la fruta y verdura fresca deben formar parte del menú diario, siendo al menos un 45% de ellas de temporada, fomentando así hábitos saludables y producción sostenible.

El impulso a productos frescos y de proximidad también tiene como fin respaldar al sector agrícola y ganadero nacional, en palabras del ministro. Bustinduy defendió que este nuevo enfoque no solo protege los derechos de la infancia, sino también al medio ambiente y la economía local.

Modelos similares ya han demostrado resultados positivos en lugares como Canarias, con su programa ‘Ecocomedores’, o en la Comunidad Valenciana con ‘Horta Cuina’. De hecho, el nuevo decreto establece que al menos dos platos al mes o el 5% del presupuesto de compra se destine a productos ecológicos.

Asimismo, se fijan frecuencias concretas para alimentos clave: el pescado deberá servirse entre una y tres veces por semana, una medida que busca elevar su consumo, ya que hasta ahora hay unos 1.200 comedores escolares donde no se sirve nunca. También se ha detectado que el 14% de los colegios incumplen la recomendación mínima de ofrecer legumbres semanalmente. Por ello, estas deben incluirse al menos una vez por semana. Igualmente, se establece que se sirvan cereales integrales, como arroz o pasta, al menos una vez por semana, además de varias raciones de pan integral.

En cuanto a la eliminación de productos insanos, el decreto prohíbe las bebidas azucaradas, energéticas y bollería industrial tanto en comedores como en las máquinas expendedoras y cafeterías de los centros. Los productos que excedan 5 gramos de azúcar por porción y no se ajusten a las recomendaciones nutricionales de la OMS quedarán fuera de la oferta escolar.

El nuevo estándar marca un máximo de 200 kilocalorías por porción, en línea con la distribución calórica diaria aconsejada: 25% en el desayuno (o 15% si se complementa con almuerzo del 10%), 35% en la comida, 10% en la merienda y 30% en la cena. El almuerzo de media mañana o la merienda no podrán sobrepasar ese 10% de energía, es decir, 200 kilocalorías.

En términos de grasas, el contenido calórico procedente de ellas no debe superar el 35%, lo que implica un máximo de 7,8 gramos de grasa total por porción. Para las grasas saturadas, el límite es del 10% de la energía, es decir, 2,2 gramos por ración. En el caso de los azúcares añadidos o libres, también se marca un 10% máximo (5 gramos), y para la sal, el tope queda en 0,5 gramos por porción (equivalente a 0,2 g de sodio).

Otra restricción destacada afecta a los platos precocinados, como pizzas o empanadillas, que solo podrán servirse una vez al mes. En cuanto a las frituras preparadas en el mismo día, podrán ofrecerse como mucho una vez por semana y, preferentemente, deben cocinarse con aceite de oliva o girasol alto oleico, opciones más saludables que otros aceites industriales.

Este Real Decreto, que desarrolla el artículo 40 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2011, busca adaptar la normativa a las necesidades actuales y alinear la política alimentaria escolar con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030.

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El libro pone el foco en problemas estructurales como la despoblación creciente o la pérdida de rentabilidad en las explotaciones agrícolas
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Fuente: SOS Rural

La asociación SOS Rural ha presentado en el Congreso de los Diputados su “Libro Blanco: Forjando el futuro rural de Europa”, un documento estratégico que busca situar al sector primario y al medio rural en el centro del debate político y social.

En un acto que reunió a representantes institucionales y expertos del ámbito rural, la organización expuso los principales desafíos que afronta el mundo rural en España y Europa, así como una batería de propuestas orientadas a revertir su abandono y garantizar su sostenibilidad.

El documento pone el foco en problemas estructurales como la despoblación creciente, la pérdida de rentabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas, la competencia desleal derivada de productos importados y una normativa cada vez más compleja y burocrática que, según denuncian, asfixia al sector.

Frente a este escenario, SOS Rural plantea una serie de medidas articuladas en torno a cinco líneas de acción: el reconocimiento del sector alimentario como estratégico para la soberanía alimentaria europea, la revitalización del medio rural a través de políticas activas que garanticen servicios y oportunidades, la adopción de una transición ecológica justa y coherente, el impulso a la innovación y la transferencia de conocimiento, y la necesidad de establecer un equilibrio comercial en el contexto internacional mediante cláusulas espejo y protección frente a la competencia externa.

“El mundo rural ha sido uno de los pilares fundamentales sobre el que se ha cimentado el progreso de Europa en los últimos siglos. Sin embargo, la despoblación, políticas medioambientales erráticas, el cambio climático y un contexto geopolítico de incertidumbre están poniendo en peligro la viabilidad de muchas de nuestras zonas rurales”, señalan desde SOS Rural.

El futuro del sector primario depende de su capacidad de innovación e investigación

Natalia Corbalán, portavoz de la asociación, subrayó que el 84% del territorio nacional es considerado rural, aunque solo el 10% de la población reside en estas áreas. Esta situación, apuntó, refleja un grave desequilibrio que amenaza con vaciar de vida y actividad grandes extensiones del país.

Desde SOS Rural se reclama a las administraciones públicas una acción decidida para garantizar que el sector primario pueda desarrollarse en igualdad de condiciones y contribuir plenamente a los objetivos económicos, sociales y medioambientales del país.

El futuro del sector primario depende de su capacidad de innovación, investigación y adaptación a los cambios sociales. Desde SOS Rural proponemos la creación de una Agencia Europea para la innovación agroalimentaria y una red europea de centros de innovación agroalimentaria para convertir a Europa en el referente mundial de producción e innovación alimentaria.

Aunque más del 30% de la población europea vive todavía en zonas rurales y estas representan el 83% del territorio, el mundo rural europeo se encuentra inmerso desde hace décadas en una crisis de despoblación, donde la falta de perspectivas económicas y rentabilidad en las explotaciones primarias está conduciendo a muchos jóvenes a abandonar el medio rural en busca de más y mejores oportunidades.

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Hizbulá ha cedido gran parte de sus posiciones militares al ejército libanés tras un alto el fuego con Israel. Sin embargo, la presión de EE.UU. y Arabia Saudita para desarmar al grupo condiciona la ayuda económica que el país necesita
The post Presión internacional sobre Líbano: desarme de Hizbulá y crisis financiera marcan el pulso político first appeared on Hércules.   Una fuente cercana a Hizbulá informó este sábado que el ejército libanés tomó control de la mayoría de los emplazamientos militares que el grupo tenía en el sur del país. Este movimiento fue parte del pacto de cese al fuego con Israel alcanzado en noviembre, tras una etapa de violencia que dejó miles de fallecidos.

“De las 265 bases reconocidas al sur del río Litani, unas 190 han sido entregadas al ejército”, afirmó la fuente a la AFP, bajo anonimato. Desde octubre de 2023, tras el estallido del conflicto en Gaza, Hizbulá e Israel han sostenido enfrentamientos fronterizos.

El conflicto escaló en septiembre, cuando Israel respondió con intensos bombardeos y una incursión terrestre en el Líbano, provocando más de 4.000 muertes y destrucción masiva. Según el acuerdo, Israel debía retirar sus tropas del sur libanés para el 18 de febrero, después de incumplir un primer plazo en enero.

Pese a ello, aún mantiene presencia en cinco ubicaciones que considera vitales para su seguridad. Por su parte, Hizbulá replegó sus fuerzas más allá del río Litani, dejando el área bajo supervisión del ejército libanés. Durante una reciente visita a Beirut, la enviada adjunta de EE. UU. para Medio Oriente, Morgan Ortagus, discutió con autoridades locales el desarme de Hizbulá.

Afirmó en una entrevista que Washington sigue presionando al gobierno libanés para que cumpla con el desarme total de las milicias. “Debe suceder cuanto antes”, subrayó. El viernes, Ortagus se reunirá con el presidente Joseph Aoun para presionarlo en ese sentido. Según fuentes estadounidenses y árabes, la advertencia es clara: sin avances, no habrá ayuda financiera saudí.

Funcionarios en Washington han expresado preocupación por la aparente falta de compromiso del ejército libanés para enfrentar a Hizbulá. Tres funcionarios, actuales y anteriores, revelaron a Ojo de Oriente Medio que Ortagus también planea cuestionar por qué Beirut parece retroceder en sus esfuerzos.

Pero desde el lado libanés, la prioridad será preguntar a EE. UU. por qué el apoyo financiero saudí prometido a principios de año no ha llegado. En enero, se reveló que la oferta de fondos del reino fue parte de una maniobra estadounidense para asegurar que Aoun fuera elegido presidente.

No obstante, Arabia Saudita ha ignorado las peticiones libanesas de fondos. Aoun regresó de una visita a Riad en marzo sin logros: ni la prohibición sobre importaciones libanesas ni las restricciones de viaje para sauditas fueron levantadas.

Incluso el primer ministro, Nawaf Salam, recibido con honores en Arabia Saudita durante el Eid al-Fitr, volvió sin compromisos económicos.”Riad está adoptando una postura extremadamente cauta”, comentó Mohanad Hage Ali, analista del Carnegie Middle East Center.

“No habrá cheques en blanco. Ni siquiera en áreas donde podría dar sin costo real, está dando algo”.

Arabia Saudita ha reducido su apoyo financiero a países vecinos como parte de su estrategia económica ante la baja en precios del petróleo. En el caso del Líbano, la situación es aún más delicada.

Un funcionario estadounidense dijo que si el ejército libanés no consigue fondos para salarios, enfrentará el colapso el próximo año.

En marzo, la administración Trump aprobó 95 millones de dólares para las Fuerzas Armadas Libanesas, aunque estos fondos no se destinan a sueldos.

Tanto funcionarios actuales como anteriores creen que es poco probable que Trump otorgue más fondos en 2025.

La desconfianza de Mohammed bin Salman hacia Líbano tampoco ayuda. Durante su mandato, Riad canceló un paquete de ayuda de 3.000 millones y detuvo brevemente al entonces primer ministro Saad Hariri.

“Riad quiere ver un esfuerzo real del gobierno libanés para enfrentar directamente a Hizbulá”, afirmó Randa Slim, experta del Wilson Center. “Hasta entonces, la prioridad de Arabia Saudita estará en Gaza y Siria”.

La visita de Ortagus en febrero dejó entrever el giro del poder en Líbano, alejándose de Irán hacia Israel y Estados Unidos.

“Israel derrotó a Hizbulá, y estamos agradecidos”, dijo tras reunirse con Aoun, un comentario impensable en Beirut un año atrás.

Previamente, senadores estadounidenses presionaron al gobierno libanés por no hacer lo suficiente contra Hizbulá.

La administración Biden logró un frágil cese al fuego en diciembre que otorgó a Israel la facultad de imponer unilateralmente condiciones.

Desde entonces, Israel ha mantenido su presencia en puntos estratégicos del sur y bombardeó Dahiyeh, un bastión de Hizbulá en Beirut, en marzo.

El grupo ha optado por no responder directamente.

Desde Washington, David Schenker, exfuncionario del Departamento de Estado, elogió la actuación del ejército libanés, aunque reconoció que queda mucho por hacer.

Como parte del acuerdo, las Fuerzas Armadas han tomado el control del área entre la frontera no demarcada con Israel y el río Litani.

El Banco Mundial calcula en 11.000 millones de dólares el costo de reconstrucción del país. Pero los sueldos militares, que requieren cifras mucho menores, siguen sin financiación.

Analistas creen que hay razones políticas detrás del retraso saudí. Slim señaló que Riad espera la visita de Trump en mayo antes de tomar decisiones.

“Es probable que pidan a EE. UU. más concesiones en Gaza a cambio de ayudar al Líbano”, dijo. Trump, por su parte, desea que Arabia Saudita normalice las relaciones con Israel, aunque el príncipe heredero saudí ha acusado a Tel Aviv de genocidio en Gaza y exige un alto el fuego.

Riad también ha prohibido el uso de su espacio aéreo y bases para posibles bombardeos de EE. UU. a Irán. Aunque Arabia Saudita ha mejorado sus vínculos con Irán, aún exige que Líbano reduzca la influencia de Hizbulá antes de liberar fondos.” Ese es el enfoque israelí: presionar al máximo al gobierno libanés para forzar un enfrentamiento”, dijo Hage Ali.

Mientras tanto, muchos en el país temen que el nuevo gobierno se vea capturado por los mismos intereses financieros que llevaron al colapso en 2019. En marzo, se nombró a Karim Souaid, vinculado al sector bancario, como nuevo gobernador del Banco Central.

Según expertos, el Golfo también podría condicionar su apoyo a que Líbano delimite su frontera con Israel. Un exfuncionario estadounidense y una fuente árabe afirmaron que Emiratos Árabes Unidos exige pasos hacia la normalización como requisito para invertir.” Quien esté presionando a Líbano para normalizar con Israel ahora está empujándolo al borde del colapso”, concluyó Slim.

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España destina 1,5 millones de euros a Sudán para apoyar la respuesta humanitaria ante la grave crisis causada por la guerra
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^{Sudán I Europa Press}

El Gobierno de España ha aprobado el envío de 1,5 millones de euros a Sudán, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), como parte de su respuesta humanitaria ante el conflicto armado que asola el país africano desde hace dos años.

La AECID, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, informó este martes que esta ayuda responde al llamamiento de emergencia lanzado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Este llamamiento se centra en reforzar la labor de la Media Luna Roja Sudanesa (MLRS) con el fin de intensificar su capacidad de actuación local para salvar vidas.

Gracias a esta iniciativa se espera asistir a unos tres millones de personas afectadas por la guerra en Sudán, donde desde abril de 2023, alrededor de 13 millones han sido desplazadas dentro del país o se han visto forzadas a huir hacia países vecinos para escapar de la violencia.

Sudán vive desde entonces una devastadora guerra civil entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, que ha sumido al país en una de las mayores emergencias humanitarias a nivel global. Se calcula que más de 15 millones de personas se encuentran desplazadas o refugiadas, y que más de tres millones de niños menores de cinco años podrían padecer desnutrición aguda durante este año.

En un comunicado oficial, la AECID destacó que la FICR es un “socio clave” en las acciones humanitarias que promueve España para proteger los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables en todo el mundo.

Crisis agravada por el conflicto y el clima

La agencia recordó que el llamamiento internacional se emitió en mayo de 2023 y ha sido ampliado para poder llegar a unos tres millones de personas. Subrayó además que, tras dos años de violencia, “la situación humanitaria en Sudán es catastrófica, las necesidades se han agravado aún más y la población que necesita ayuda se ha triplicado”.

La AECID advirtió también de un posible empeoramiento de la situación debido a la persistencia del conflicto, la destrucción de infraestructuras esenciales y la aparición de emergencias climáticas, lo que podría intensificar aún más la crisis humanitaria.

En los próximos meses, la asistencia apoyada por España se centrará en ofrecer atención sanitaria de emergencia —incluida la salud mental—, así como en garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y el apoyo a personas desplazadas, comunidades de acogida y otras poblaciones vulnerables.

Cabe recordar que hace un año, el Ejecutivo español ya destinó 2 millones de euros para responder a las necesidades humanitarias en Sudán y pidió a las partes enfrentadas que cesaran inmediatamente las hostilidades.

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Los implicados han sido objeto de expedientes disciplinarios por actos considerados desleales, conforme a los estatutos de la asociación
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Fuente: JUCIL

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el seno del Instituto Armado, ha interpuesto el pasado 28 de febrero dos querellas judiciales por presuntos delitos de injurias, calumnias y revelación de secretos contra cinco antiguos integrantes de la organización, entre ellos el exsecretario de Comunicación, Agustín Leal.

Las querellas, presentadas tanto en nombre de la asociación como a título personal por su secretario general, Ernesto Vilariño, han sido motivadas por una campaña de desprestigio orquestada contra la dirección nacional de JUCIL.

Según se detalla en la documentación remitida al Juzgado de Instrucción nº 1 de León, que ya ha admitido a trámite una de las querellas, los querellados habrían vertido acusaciones falsas contra la cúpula directiva de la asociación, imputando presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y otros, con el aparente objetivo de provocar una crisis interna que favoreciera un relevo en la dirección.

En respuesta a estas acusaciones, JUCIL ha emprendido acciones legales por considerar que dichas afirmaciones, difundidas tanto por canales internos como a través de medios públicos, dañan gravemente el honor y la reputación de la asociación y de sus responsables, y constituyen un intento deliberado de socavar la unidad y estabilidad del colectivo.

Como reacción a las querellas, las cinco personas señaladas presentaron una denuncia ante los juzgados de León, la cual ha sido provisionalmente archivada mientras se solicita información complementaria al secretario de Finanzas de JUCIL.

Actualmente, no existe ninguna causa penal abierta contra la actual dirección de la asociación. El Juzgado de Instrucción nº 3 de León se ha limitado a la práctica de diligencias previas.

El comité ejecutivo nacional de JUCIL ha manifestado públicamente su respaldo a Ernesto Vilariño, quien cuenta además con el apoyo expreso de la mayoría de los secretarios provinciales, los cuales han suscrito un documento de condena a las actuaciones de Agustín Leal y los otros implicados.

Cabe destacar que Leal dimitió de su cargo en diciembre de 2024 y que, tras la realización de reuniones informativas y el inicio de una auditoría externa en enero, solo cinco de los supuestos 21 miembros iniciales de la plataforma crítica permanecen activos en la misma.

Los cinco exmiembros denunciados han sido expedientados

Adicionalmente, los implicados han sido objeto de expedientes disciplinarios por actos considerados desleales, conforme a los estatutos de la asociación, los cuales han derivado en su separación de funciones. Una segunda causa disciplinaria se encuentra actualmente en curso.

Las conductas denunciadas podrían acarrear penas de hasta dos años de prisión y sanciones económicas, de acuerdo con el Código Penal español, que prevé un agravante cuando los delitos de calumnias e injurias se cometen con publicidad. Además, los afectados podrían enfrentarse a procedimientos disciplinarios en el seno de la Guardia Civil, donde ya constan antecedentes disciplinarios abiertos, especialmente en el caso de Agustín Leal, cuya situación podría derivar en la separación definitiva del servicio.

Desde JUCIL se ha reiterado su compromiso con la legalidad, la transparencia y la unidad de la Guardia Civil. El secretario general, Ernesto Vilariño, ha asegurado que la organización seguirá defendiendo su honor institucional. “Llevamos seis años dejándonos la piel en defensa de los derechos de los guardias civiles, saliendo a la calle con movilizaciones y reclamando lo que por justicia nos pertenece, como la equiparación salarial, y lo vamos a seguir haciendo. Quien juega con el honor y la lealtad que nos precede como guardias no es bienvenido en JUCIL”, ha declarado.

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