Categoría: ESPAÑA

Zelenski defiende la soberanía plena de Ucrania y rechaza cualquier sugerencia de ceder territorios a Moscú
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha respondido a las declaraciones recientes de Donald Trump, dejando claro que su país no reconocerá la autoridad rusa sobre ninguna región actualmente ocupada. En un encuentro con medios de comunicación , Zelenski insistió en que solo el pueblo ucraniano puede decidir qué territorios forman parte de su nación.

El líder ucraniano subrayó que, tanto desde el marco legal de su Constitución como desde la perspectiva del derecho internacional, todas las zonas controladas por fuerzas rusas incluida Crimea siguen siendo parte de Ucrania. Rechazó cualquier interpretación que pretenda legitimar cambios territoriales forzados y recordó que su postura cuenta con el respaldo de numerosos países en el ámbito internacional, incluso de aquellos que mantienen una relación equilibrada entre Kiev y Moscú.

En respuesta a otras afirmaciones de Trump, que también cuestionaban las aspiraciones ucranianas de integración en la OTAN, Zelenski apostó por un enfoque práctico. Reclamó garantías de seguridad firmes, comparables a las que posee Israel, y propuso reforzar la protección de su país mediante la colaboración de aliados europeos en el terreno.

El presidente ucraniano evitó entrar en una confrontación directa con Washington, pero dejó claro que Ucrania seguirá trabajando para fortalecer su defensa nacional y su soberanía, adaptándose a los retos actuales sin renunciar a sus principios fundamentales. Para Zelenski, mantener la integridad territorial es una condición innegociable para cualquier acuerdo futuro.

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Un joven declara ante la Guardia Civil que le ofrecieron un empleo a cambio de ceder su voto postal en las municipales de 2019
The post Un testigo revela un presunto fraude del PSOE con el voto por correo en Sevilla first appeared on Hércules.  Un joven de Albaida del Aljarafe (Sevilla) ha destapado ante la Guardia Civil un presunto caso de compra de votos por correo a favor del PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. Su testimonio, recogido en un atestado exclusivo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, señala directamente a un cargo municipal del Ayuntamiento como la persona que le ofreció un trabajo temporal a cambio de su sufragio.

“El PSOE me ofreció un puesto de trabajo a cambio de firmar el impreso de voto por correo”, declaró con rotundidad el testigo, que asegura que ni siquiera acudió a una oficina de Correos. El joven entregó su DNI y firmó unos documentos que fueron gestionados por un tercero, quien supuestamente votó por él. Esta declaración es parte de una investigación más amplia que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, adscrita a la Audiencia Provincial de Sevilla, está desarrollando sobre el uso fraudulento del voto postal en la localidad.

Según el testimonio recogido por los agentes, el ofrecimiento vino de parte de B.D.A., entonces encargado general del Ayuntamiento y esposo de la teniente de alcalde. El joven afirma que B.D.A. le prometió un empleo municipal de un mes si accedía a firmar el impreso de voto por correo en favor del PSOE. Aunque la promesa laboral nunca se cumplió, el joven entregó su documentación personal para que otro realizara el proceso electoral en su nombre.

En su declaración, el testigo afirma que no tramitó la solicitud del voto postal ni acudió a Correos, tal y como exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Toda la gestión fue realizada por B.D.A., que le devolvió el DNI dos días después.

El propio B.D.A., imputado en la causa pero no obligado a decir la verdad, niega rotundamente los hechos, asegurando que no ofreció empleos ni gestionó documentación electoral, y que su cargo como oficial de jardinería no le confería autoridad para ello.

Una presunta red de captación de votos

No obstante, su nombre aparece de forma reiterada en la denuncia presentada por Izquierda Unida, origen de la investigación. La denuncia describe una red supuestamente organizada dentro del PSOE local para captar votos a cambio de contratos públicos. En esa estructura, militantes y cargos del partido cumplirían funciones específicas, desde la captación de votantes hasta la manipulación del voto y su envío.

Según ese relato, la concejal socialista A.C.L. seleccionaba a personas susceptibles de ceder su voto; su marido, B.D.A., realizaba las llamadas para exigir el sufragio a cambio de trabajo; y un trabajador de Correos, A.G.D., facilitaba el transporte de solicitudes y papeletas, eliminando así la intervención directa del votante.

Irregularidades sistemáticas en el voto por correo

El informe de la Guardia Civil detecta numerosas irregularidades en el proceso de voto por correo en Albaida del Aljarafe: desde votos tramitados por terceros sin presencia del titular, hasta presuntas falsificaciones de firmas y entregas de documentación en mano a intermediarios sin autorización legal.

Los agentes subrayan que la normativa electoral exige la tramitación presencial del voto postal, con verificación de identidad ante empleados de Correos. En este caso, ese procedimiento fue claramente vulnerado, lo que podría invalidar legalmente los votos implicados.

Fuentes de la investigación consultadas por THE OBJECTIVE señalan que el caso de Albaida del Aljarafe no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de fraude electoral. Localidades como Melilla, Almería, Murcia, Ciudad Real o Tenerife también están siendo objeto de investigaciones similares por presunta compra de votos y suplantación de identidad.

Según estas fuentes, se trataría de un modus operandi organizado y reproducido en varios enclaves del PSOE, con el objetivo de adulterar los resultados del voto por correo, aprovechando la vulnerabilidad de determinados colectivos y la infiltración de personal afín en Correos.

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El presidente del TC no ha informado al resto de magistrados de la suspensión del contrato ni lo ha reflejado en el portal de Transparencia
The post Conde-Pumpido oculta al Constitucional la impugnación de un contrato de 722.000 euros adjudicado sin concurso first appeared on Hércules.  El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha adjudicado un contrato por valor de más de 721.000 euros sin que exista concurso público y sin informar al resto de magistrados de que ha sido impugnado y se encuentra actualmente suspendido. La contratación fue realizada en el marco de la organización del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, previsto para octubre de 2025 en Madrid, y fue concedida mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

La adjudicataria del contrato ha sido la empresa Escuela Internacional de Protocolo S.L., seleccionada por Conde-Pumpido sin que mediara concurso abierto. Aunque la ley permite esta fórmula en ciertos casos, varios expertos han cuestionado la opacidad del proceso, considerando que lo “deseable” habría sido un procedimiento abierto y competitivo.

Ni rastro en el portal de Transparencia

La adjudicación del contrato fue realizada por el propio presidente del TC y, hasta la fecha, no figura mención alguna a su impugnación en el portal de Transparencia del Tribunal Constitucional. De hecho, el sitio web solo recoge otro contrato negociado, relativo al mantenimiento de licencias de software, sin alusión al millonario acuerdo ahora paralizado.

Tampoco se ha trasladado información a la Junta de Gobierno del Tribunal, integrada por Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, los magistrados Concepción Espejel y Ramón Sáez, y el secretario general del órgano. La mayoría de ellos desconocía que la licitación está suspendida como consecuencia de un recurso especial en materia de contratación interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

El contrato se encuentra paralizado en aplicación del artículo 53 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, lo que implica que la impugnación ha sido admitida y que, por tanto, se ha suspendido su ejecución. Las razones de la queja no son públicas, pero todo apunta a que alguno de los licitadores no seleccionados —o un tercero ajeno— ha considerado que debió convocarse un concurso abierto con un pliego de condiciones claro y accesible.

Aunque los expertos consultados coinciden en que la fórmula utilizada no es ilegal, alertan de que la falta de publicidad y competencia daña la imagen de imparcialidad del Constitucional, especialmente en un momento político especialmente polarizado, donde la neutralidad institucional está bajo escrutinio.

Opacidad y ausencia de controles internos

La situación es particularmente delicada porque la mayoría de los magistrados del Constitucional desconocía la impugnación del contrato, una omisión que puede interpretarse como una vulneración de los principios de transparencia y control interno. Además, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado obligó al TC a solicitar una habilitación específica de gasto para el Congreso, lo que habría requerido una gestión especialmente escrupulosa.

A este problema se suma el hecho de que el órgano competente para resolver la impugnación, el TACRC, está saturado, lo que podría retrasar la resolución del conflicto durante meses. En este escenario, cualquier intento de recurrir a una adjudicación de urgencia para sortear la suspensión sería “todavía más discutible”, según los expertos.

Este nuevo episodio supone una grieta más en el seno del Tribunal Constitucional, aunque en este caso no responde a discrepancias jurídicas sobre sentencias ni a pugnas ideológicas entre magistrados, sino a decisiones administrativas tomadas con escasa transparencia. El episodio recuerda que, más allá de las cuestiones doctrinales que dividen al alto tribunal, la gestión interna también puede ser foco de conflicto y desgaste institucional.

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La magistrada Hannah Dugan es la primera jueza detenida por interferir en la política migratoria de la Casa Blanca, según fuentes federales
The post Una jueza de Milwaukee, arrestada por obstruir la detención de un migrante irregular first appeared on Hércules.  En un hecho sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos, una jueza del estado de Wisconsin ha sido arrestada por obstrucción a la justicia en un caso relacionado con inmigración irregular. Se trata de Hannah Dugan, magistrada del condado de Milwaukee, quien fue detenida por agentes federales del FBI tras ser acusada de interferir activamente en la detención de un inmigrante en situación irregular.

La información fue inicialmente revelada por el director del FBI, Kash Patel, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, aunque el contenido fue eliminado poco después. A pesar de la desaparición del mensaje, fuentes del FBI y del Servicio de Alguaciles en Washington D.C. han confirmado los hechos al diario local Milwaukee Journal Sentinel.

Un operativo migratorio frustrado por la jueza

Según los detalles ofrecidos por Patel y corroborados por las fuentes federales, la jueza intervino durante un operativo de arresto en el que se intentaba detener a Eduardo Flores Ruiz, un migrante sin papeles. Durante la operación, la magistrada “desvió intencionadamente” a los agentes, lo que impidió su captura en un primer intento.

Finalmente, Flores Ruiz fue arrestado tras una persecución a pie, un desenlace que, según el FBI, puso en riesgo la seguridad pública. “La obstrucción de la jueza aumentó el peligro para el público”, escribió Patel en su mensaje eliminado, en el que también calificó la actuación de Dugan como una violación directa del deber judicial de colaborar con el cumplimiento de la ley.

La jueza fue arrestada a las 08:00 de la mañana en su propio juzgado, en el condado de Milwaukee, y se encuentra bajo custodia federal, tal como confirmó el portavoz del Servicio de Alguaciles, Brady McCarron. El arresto ha provocado un gran revuelo en los medios locales y ha puesto el foco sobre el papel de algunos sectores del poder judicial en la aplicación de la política migratoria nacional.

Se trata, además, de la primera vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos detiene a un miembro de la judicatura bajo la acusación de obstaculizar una operación migratoria, marcando un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo federal y el sistema judicial.

El arresto de la jueza Dugan se produce en un momento en que la Casa Blanca ha endurecido notablemente su enfoque sobre la inmigración, con nuevas directrices que priorizan la detención y expulsión de inmigrantes sin documentos, incluso si no han cometido delitos adicionales. La nueva doctrina ha generado una creciente tensión entre autoridades federales y actores locales o estatales, algunos de los cuales han mostrado reticencias a colaborar con los operativos.

Fuentes cercanas al caso han señalado que, aunque la interferencia de Dugan podría haber estado motivada por razones humanitarias o ideológicas, el Departamento de Justicia no tolerará ningún tipo de obstrucción institucional a sus acciones migratorias.

El futuro inmediato de la jueza Dugan es incierto. Su arresto abre una vía judicial delicada en la que se cruzan las competencias de la judicatura con la autoridad del Ejecutivo federal en materia migratoria. El caso también podría derivar en consecuencias políticas, dada la creciente polarización que rodea la cuestión migratoria en Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han mostrado preocupación por la criminalización de quienes ayudan o defienden a personas en situación irregular, mientras que sectores conservadores han aplaudido el arresto como una medida ejemplarizante contra quienes, desde posiciones de poder, desafían la ley federal.

El Departamento de Justicia aún no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se presenten los cargos formales contra la magistrada, que podría enfrentarse a penas de prisión por obstrucción a la justicia.

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La jueza anula el expediente urbanístico porque el Consistorio ignoró una declaración responsable presentada en tiempo y forma
The post Un juzgado tumba al Ayuntamiento de Madrid y da la razón al novio de Ayuso por las obras en su ático first appeared on Hércules.  Un juzgado contencioso-administrativo de Madrid ha anulado el expediente urbanístico abierto por el Ayuntamiento de Madrid contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por las obras realizadas en su ático. La magistrada Leticia Francisco Blanco ha considerado que el Consistorio actuó de forma improcedente, al iniciar un procedimiento para que González Amador legalizara unas obras que ya estaban amparadas por una declaración responsable, presentada el 14 de octubre de 2022.

La jueza ha dictaminado que el Ayuntamiento no declaró en ningún momento la ineficacia de dicha declaración, lo que impide que se le pudiera exigir la solicitud de una licencia adicional o la restauración de la legalidad urbanística. “La Administración demandada no podía iniciar proceso de restauración de legalidad”, señala la resolución.

Una declaración ignorada y una legalización improcedente

El conflicto tiene su origen en dos declaraciones responsables que González Amador presentó para acometer las reformas en su ático: la primera, para derribar parte de la construcción; la segunda, para su acondicionamiento. La segunda solicitud, además de incluir nuevas actuaciones, subsanaba los defectos detectados en la primera.

Sin embargo, el Ayuntamiento consideró inválida la primera declaración y guardó silencio sobre la segunda, lo que a juicio de la jueza implica un grave defecto de procedimiento. “Nada menciona la resolución referida de las obras de acondicionamiento de la segunda solicitud”, indica el fallo, publicado por El Confidencial.

Este silencio administrativo advierte la magistrada, no puede perjudicar al ciudadano. González Amador, asegura, podría tener “una legítima duda” sobre la necesidad de legalizar nuevamente las obras, dado que la declaración responsable estaba presentada y no fue rechazada formalmente por la administración.

El Ayuntamiento argumentó durante el procedimiento que una declaración responsable no puede ser modificada ni ampliada, y que por tanto la segunda presentación era inválida. Pero la jueza rechaza de plano ese razonamiento: “En contra de lo que sostiene el Ayuntamiento de Madrid, sí se permite la modificación de una declaración responsable”, y recuerda que la ley ampara dicha posibilidad.

Además, añade que la administración “ha hecho caso omiso” a la segunda presentación de González Amador, que fue objeto de comprobación por parte del Consistorio, pero sin que mediara pronunciamiento alguno. Esa falta de respuesta, indica la jueza, deslegitima cualquier posterior requerimiento de legalización.

El expediente queda anulado, pero podría reabrirse

La resolución judicial no impide que el Ayuntamiento pueda, en el futuro, rechazar también la segunda declaración responsable presentada por González Amador. Sin embargo, mientras no lo haga formalmente, no podrá emprender ninguna actuación administrativa contra él.

Por tanto, el expediente de legalización abierto queda anulado, pero el caso sigue técnicamente abierto a nuevas decisiones administrativas.

Aunque el fallo tiene un contenido estrictamente técnico, su carga política es evidente. El caso afectaba directamente al entorno personal de la presidenta madrileña, y había sido utilizado por la oposición para criticar posibles irregularidades urbanísticas.

Con esta resolución, la justicia desactiva por ahora esa vía de ataque, al declarar que González Amador actuó conforme a derecho y que el Ayuntamiento falló en su procedimiento.

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Nacho Cano carga contra el Gobierno tras el archivo de su causa por las presuntas irregularidades en la entrada de becarios mexicanos: “Querían hundirme”
The post La Audiencia de Madrid archiva la denuncia contra Nacho Cano por el caso Malinche first appeared on Hércules.  La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado provisionalmente la causa contra el músico Nacho Cano, investigado por presuntas irregularidades en la entrada de becarios mexicanos que participaron en su proyecto musical Malinche. Según el auto, “no han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería”.

El archivo supone un giro decisivo en un caso que había cobrado gran visibilidad mediática y política. El artista, desde Ciudad de México, reaccionó al fallo judicial con un vídeo difundido en redes sociales, en el que agradeció a sus abogados, a “las buenas personas que quedan en España” y a la Audiencia Provincial “por poner las cosas en su sitio”.

Ataque directo al Gobierno: “Querían destruirme”

Cano no se ha limitado a celebrar la resolución. En un tono desafiante, ha acusado a sectores del poder de intentar “desprestigiarle” y “hundirle” con una causa que, según él, tiene un claro trasfondo político. “No me he hundido como querían estos desgraciados que mandan en España”, dijo el artista, visiblemente molesto, aludiendo a lo que califica como una estrategia orquestada para destruir su reputación.

Cano fue más allá y aseguró que la jueza instructora del caso será objeto de una querella, mientras que criticó duramente a la policía, afirmando que en las once horas de detención “presionaron a aquellos chicos en la comisaría”. “Suben los que les interesan, no los que tienen mérito”, añadió.

Apoyo a la Guardia Civil y reproche a “los sinvergüenzas del poder”

A pesar de sus duras palabras contra algunos cuerpos policiales, Cano expresó su respaldo a la Guardia Civil, y se apoyó en su círculo cercano y en el público como pilares que le ayudaron a resistir. “Gracias a ellos me he mantenido en pie”, declaró.

Pero su intervención más contundente vino al final, cuando denunció directamente a los actuales responsables políticos: “Nos tienen asfixiados con sus corruptelas. Son unos sinvergüenzas y tendrían que ir a la cárcel uno detrás de otro porque nos están robando todos los días”.

Paralelamente, una de las becarias mexicanas que formó parte del proyecto denunció haber sido víctima de un delito de odio. Según su testimonio, fue insultada con expresiones como “fea, indígena y discapacitada”. Esta declaración aporta un nuevo ángulo al caso, que si bien ha quedado judicialmente archivado en lo penal, deja pendientes aspectos relacionados con el trato a los jóvenes participantes en el programa.

El caso Malinche se convirtió en uno de los temas más comentados en medios y redes sociales, y figura entre los asuntos más leídos en portales de información. La implicación de Cano, un artista de trayectoria reconocida, y su enfrentamiento directo con el Gobierno, han avivado el debate sobre el uso político de la justicia y el trato mediático a figuras públicas críticas con el poder.

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Su abogado, Emilio Cortés, ha defendido que no existe “ni un solo indicio” contra él
The post El hermano de Sánchez se niega a declarar ante la jueza pese las pruebas crecientes en su contra first appeared on Hércules.  David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado este viernes por no responder a ninguna de las preguntas planteadas por la jueza que lo investiga por presuntas irregularidades en su contratación como funcionario en la Diputación de Badajoz. Lo ha hecho acogido a su derecho constitucional a no declarar, pero esa decisión ha generado aún más dudas en torno a un caso que ya acumula meses de polémica.

Su abogado, Emilio Cortés, ha defendido que no existe “ni un solo indicio” contra él. Sin embargo, la negativa del hermano del presidente a colaborar con la justicia choca de frente con el discurso de transparencia que defiende públicamente el Gobierno. Más aún cuando las acusaciones que pesan sobre él —relacionadas con un posible caso de enchufe y adjudicación a dedo de una plaza pública— afectan directamente a la credibilidad de las instituciones.

Según Cortés, la declaración de este viernes “ha ido muy bien”, aunque Sánchez no contestó ni a la jueza ni a las partes. Una actitud que no ayuda precisamente a disipar las sospechas sobre un proceso selectivo que, según otras aspirantes, ya estaba decidido de antemano. Una de ellas ha asegurado que le dijeron que “la plaza ya estaba dada”.

En paralelo, también ha declarado como investigado Luis Carrero, exasesor de Moncloa y actual trabajador de la Diputación. El abogado ha negado que David Sánchez interviniera en su contratación: “El señor Carrero no es músico, con lo cual es imposible que hiciera música”, ironizó Cortés, recalcando que ambos tenían funciones distintas.

Sobre un correo en el que ambos hablaban de la plaza, Cortés lo ha achacado a una “disfunción” o malentendido por las fechas. Y sobre el trato cercano entre ambos —Carrero se refería a Sánchez como “querido hermanito”—, el abogado ha minimizado el asunto, asegurando que se trataba de una broma entre amigos.

Otra de las cuestiones bajo sospecha es la ubicación real de la Oficina de Artes Escénicas. Según Cortés, “no existía un edificio como tal” y Sánchez trabajaba en las dependencias habituales asignadas por la Diputación.

Pese a que se han revisado cientos de miles de correos electrónicos de David Sánchez, su abogado insiste en que no se ha hallado nada incriminatorio. Sin embargo, la negativa a declarar, lejos de ayudar, alimenta la sensación de que algo se quiere ocultar. En un caso que toca de cerca al presidente del Gobierno, la falta de explicaciones no es, ni mucho menos, la mejor salida.

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