Desarticulada una red de narcotráfico en la Sierra Norte de Sevilla con un laboratorio de ‘cocaína rosa’

La investigación comenzó en el verano de 2024 tras la detección de un punto activo de venta de drogas en la localidad sevillana de Guadalcanal
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La investigación comenzó en el verano de 2024 tras la detección de un punto activo de venta de drogas en la localidad sevillana de Guadalcanal. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes descubrieron otro foco de distribución, también en Guadalcanal, con lazos familiares con el primero y una estructura bien organizada para la comercialización de diversas sustancias.

Se encontró cocaína, MDMA, LSD, anfetaminas, marihuana, hachís y cocaína rosa

Entre los estupefacientes que distribuía la red se encontraban cocaína, MDMA, LSD, anfetaminas, marihuana, hachís y la denominada cocaína rosa o Tussi, una sustancia sintética que combina varios componentes psicoactivos y cuya elaboración fue rastreada hasta Sevilla capital y Dos Hermanas. Según ha informado la Guardia Civil, algunos de los miembros de la organización fabricaban artesanalmente esta peligrosa droga en un laboratorio casero sin ningún tipo de medida de seguridad higiénico-sanitaria.

El grupo aprovechaba eventos, discotecas y otros espacios de ocio para vender sus productos directamente al consumidor final, extendiendo su actividad desde Sevilla capital y Dos Hermanas hasta distintas localidades de la Sierra Norte. Para estas operaciones utilizaban a individuos que pasaban desapercibidos entre el público, dificultando así la labor policial.

Durante los registros domiciliarios realizados en el operativo se han incautado 124 gramos de cocaína, 182 gramos de hachís, 35 gramos de MDMA, 22 dosis de LSD, 3 gramos de Tussi, 12 gramos de anfetamina, 12 gramos de marihuana y casi 2.000 euros en efectivo. También fueron halladas básculas de precisión, cámaras de videovigilancia, teléfonos móviles, armas blancas y un arma de aire comprimido.

Receta detallada para la fabricación de Tussi

Uno de los hallazgos más relevantes fue un pequeño laboratorio clandestino donde, además de utensilios y sustancias, se encontró una “receta” detallada para la fabricación del Tussi. Esta guía incluía fórmulas químicas, pasos a seguir y proporciones exactas de cada componente, lo que indica un proceso deliberado y sistemático de producción.

En el operativo participaron diversas unidades de la Guardia Civil, entre ellas los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), el Servicio Cinológico con perros detectores, la Policía Judicial, patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de la 4ª Compañía con sede en Cazalla de la Sierra.

Los arrestados e investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra, que instruye las diligencias por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil destaca la importancia de esta operación, que ha permitido desarticular un entramado con ramificaciones urbanas y rurales, así como interrumpir la producción artesanal de una sustancia de alto riesgo como el Tussi.

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El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del Gobierno del contrato con Israel

El PP acusa al Gobierno de actuar por motivos ideológicos y presentará una denuncia por el coste de rescindir un contrato ya adjudicado
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El Partido Popular ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas como respuesta a la cancelación del contrato para la compra de munición a una empresa israelí, al considerar que se trata de una decisión “caprichosa” y motivada exclusivamente por razones políticas. La formación critica que se haya anulado una adjudicación ya formalizada y publicada incluso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Los contratos que se firman deben cumplirse, porque es lo que garantiza el interés general. No se puede permitir que los intereses personales del presidente primen sobre los compromisos firmados, y mucho menos cuando se trata de dinero público”, han señalado estas fuentes.

Critica al cambio de postura

También han cuestionado el cambio de postura del Ejecutivo en apenas un día, pasando de afirmar que era inviable cancelar el contrato ya suscrito, a ordenar su rescisión sin importar las consecuencias económicas. En este sentido, el PP advierte que, aunque se anule la compra, el Estado deberá abonar igualmente el importe a la empresa proveedora, lo que supondría un gasto sin contraprestación.

Desde la sede del partido en Génova sostienen que esta decisión podría constituir una “responsabilidad contable” por el posible perjuicio al erario público, infringiendo las normas presupuestarias que requieren que todo pago tenga una justificación en bienes o servicios recibidos.

Por último, el PP ha exigido al Gobierno que aclare quién asumirá el coste de lo que califican como una decisión tomada por “capricho personal”, y advierten que impulsarán el seguimiento de cada paso en esta resolución que consideran arbitraria, además de exigir responsabilidades en todas las instancias pertinentes.

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Detienen en Alicante a un fugitivo ruso acusado de estafa

El hombre, buscado por Rusia, fue detenido en Alicante tras ser acusado de estafa con terrenos valorados en millones de rublos
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Europa Press

Agentes de la Comisaría Provincial de Alicante, tras recibir información de la Oficina Central Nacional de Interpol, lograron ubicar al prófugo en la ciudad. El detenido, sobre quien pesaba una orden internacional de búsqueda, estaría vinculado a varios delitos, entre ellos estafa.

Estafa de terrenos

De acuerdo con las autoridades rusas, el implicado habría actuado con fines lucrativos dentro de una red organizada que planeó la adquisición fraudulenta de terrenos situados en el distrito de Vsevolozhskiy, en la región de Leningrado. El grupo utilizó documentos falsificados para engañar a las autoridades locales y así lograr inscribir las propiedades a su nombre, según detalla el comunicado de la Policía.

Los terrenos pertenecían al gobierno local de Vsevolozhskiy y su valor estimado asciende a más de 28 millones de rublos. El hombre, de 52 años, fue finalmente localizado y detenido por los agentes tras una exhaustiva labor de investigación. Está acusado de tres delitos distintos, que podrían suponerle hasta una década de prisión.

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El Gobierno vuelve a retrasar la ley contra la prostitución

El Ejecutivo no consigue elaborar un plan que pueda convencer a todos los socios, a pesar de que es uno de los temas clave de la legislatura
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz I Levante

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reafirmó su compromiso con la abolición de la prostitución en su 41º Congreso Federal, proponiendo una ley integral que prohibiera el proxenetismo en todas sus formas, tal como informó ABC. Sin embargo, en mayo de 2023, la proposición de ley fue rechazada en el Congreso con 184 votos en contra, 122 a favor y 36 abstenciones. Este revés evidenció la falta de consenso incluso dentro del propio Gobierno de coalición.​

Divisiones internas en la izquierda

Podemos, por su parte, se abstuvo en la votación de la proposición de ley, argumentando que la iniciativa tenía un carácter electoralista. El partido ha manifestado su apoyo a un horizonte abolicionista, pero insiste en la necesidad de garantizar medidas de apoyo social y programas de reinserción para las mujeres que abandonen la prostitución.​

El PP y la posibilidad de acuerdos

El Partido Popular (PP) presentó en 2024 una propuesta alternativa para combatir el proxenetismo, que fue rechazada por el PSOE. A pesar de las diferencias, ambos partidos han mostrado interés en encontrar puntos de consenso para abordar el problema. El PSOE espera retomar las negociaciones con el PP para impulsar una legislación que persiga el proxenetismo, aunque las posturas sobre la abolición de la prostitución siguen siendo divergentes.​

Actualmente, el Ministerio de Igualdad aspira a incluir en esta ley medidas como la penalización de la tercería locativa y sanciones a los proxenetas, aunque reconoce que no hay consenso parlamentario suficiente para ello.​

Un problema estructural y de género

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2023 se identificaron 543 víctimas de trata con fines de explotación sexual, un incremento del 135% respecto al año anterior. El 95,7% de las víctimas eran mujeres migrantes, principalmente de nacionalidad colombiana. Estos datos reflejan la dimensión estructural y de género del problema, y la necesidad de políticas públicas que aborden las causas profundas de la prostitución y la trata de personas.​

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InmigrantOS, el programa de rastreo de migrantes para las deportaciones masivas de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha adjudicado por la vía de urgencia un contrato para que Palantir desarrolle un nuevo sistema de vigilancia masiva y a tiempo real
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Imagen: Getty Images

Con “ciclo de vida de la inmigración”, el ICE se refiere a tener acceso a toda información registrada desde que esas personas pusieron un pie en el país, como las bases de datos de la Seguridad Social, Sanidad, Vivienda o las policiales. También, a los datos disponibles online (como los extraídos de perfiles de redes sociales) así como a cualquier referencia sobre el físico o apariencia de los migrantes, desde su raza o etnia al color de ojos, cicatrices o vestimenta. En suma, un sistema que permita “una mayor eficiencia en la logística de deportación, minimizando el tiempo y el gasto de recursos”, resume el ICE en el informe oficial de contratación.

El prototipo del programa encargado a Palantir se espera que sea entregado el próximo 25 de septiembre, tendrá una vigencia de dos años y responde a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que considera a la inmigración irregular como una amenaza significativa para la seguridad nacional. Palantir ha colaborado anteriormente con las Fuerzas Armadas, con los servicios de recaudación de impuestos, el FBI y con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) encargado inicialmente a Elon Musk.

Acceso a todos los registros públicos

InmigrationsOS se nutrirá de una amplia base de datos para cubrir ese “ciclo de vida de la inmigración” que debe terminar con la deportación o la “autodeportación”. Además, la Casa Blanca está trabajando para que el ICE tenga acceso a todos los registros públicos relacionados con la persona que perfila. Se trata de información proveniente del Departamento de Trabajo, de Salud o de Vivienda y Desarrollo Urbano, según 404 Media.

Por su parte, The Washington Post ha informado de que DOGE e ICE están colaborando para acceder a los datos de Medicare, el protosistema de sanidad pública de EE.UU,; mientras que Wired ha revelado que el equipo de Musk está trabajando en la creación de una base de datos integrada que incluiría también registros de votación en elecciones y datos biométricos con los que rastrear inmigrantes.

El ejecutivo de Palantir, que tiene unos 4.000 empleados y tiene su oficina central en Denver (Colorado), anima a los desarrolladores e ingenieros interesados en trabajar con ellos a ir a las entrevistas con propuestas concretas: bocetos de cómo su tecnología puede ayudar a cumplir las misiones que tiene encomendadas. Además de las deportaciones masivas y la lista que enumera Mabrey, esas misiones también incluyen la colaboración con el ejército israelí para seleccionar objetivos a abatir en Gaza.  

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La OTAN insta a que los países gasten más del 3% del PIB en defensa

El secretario general, Mark Rutte considera insuficiente los esfuerzos de los miembros por elevar las inversiones al 2%
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Imagen: el secretario general de OTAN, Mark Rutte I AP

El neerlandés Mark Rutte lanzó este jueves un mensaje contundente a los países aliados: el tradicional objetivo del 2% del PIB en defensa ha quedado desfasado ante los desafíos estratégicos actuales.  Rutte abogó por un incremento sustancial del esfuerzo financiero colectivo, proponiendo incluso un nuevo umbral que supere “con creces” el 3%, respaldado en una planificación detallada de capacidades aún por desarrollar. Esta propuesta busca anticiparse a los crecientes riesgos geopolíticos, particularmente desde el este europeo, y preparar a la Alianza para un entorno de seguridad más volátil.

España y otros países aceleran sus compromisos

Esta aparición del dirigente se enmarca en la cuenta atrás hacia la cumbre de líderes de la OTAN prevista para junio en La Haya. En ese contexto, celebró el compromiso asumido por varios Estados miembros que han prometido alcanzar el umbral del 2% antes de la cita.

Rusia como amenaza estructural

La persistencia de la guerra en Ucrania, tras más de dos años desde la invasión a gran escala lanzada por Rusia en 2022, continúa siendo un eje central en la agenda de seguridad transatlántica.

El secretario general conoce de primera mano a Vladímir Putin, con quien trató durante sus años como primer ministro de Países Bajos (2010-2024). Esa experiencia le permite ahora adoptar una visión realista sobre las intenciones del Kremlin, en línea con las advertencias emitidas en los últimos meses por expertos y gobiernos europeos. De hecho, varios servicios de inteligencia, como el Bundesnachrichtendienst (BND) alemán o el MI6 británico, han alertado sobre una posible escalada híbrida en el flanco oriental de la Alianza durante los próximos cinco años.

Hacia una OTAN más cohesionada

Con una visión ambiciosa de cara a la próxima cumbre, Rutte reivindicó una OTAN “más fuerte, más justa y también más letal”. Su liderazgo, que ha comenzado con una firme voluntad de transformación, apunta a reforzar tanto la disuasión militar como la cohesión interna entre los 32 miembros de la Alianza. El debate sobre el gasto ya no se reduce a porcentajes, sino a la capacidad real de respuesta frente a amenazas concretas y sostenidas.

En este sentido, analistas del International Institute for Strategic Studies (IISS) coinciden en que la Alianza necesita adaptar sus estructuras y capacidades a un contexto marcado por la competencia entre grandes potencias, las guerras híbridas y la creciente vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. El discurso de Rutte, lejos de ser simbólico, busca galvanizar el consenso necesario para afrontar una nueva etapa en la seguridad euroatlántica.

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Díaz anuncia que el próximo Consejo de Ministros aprobará la ley de reducción de jornada laboral

La norma, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios, del que se descolgó la patronal, será aprobada dos días antes del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo
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Imagen: La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz. Juanma Jiménez / Europa Press

La ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales. Esta es, según ha asegurado, “la política más difícil” que ahora “va a tocar defender”, y se trata de “la medida que más desea el conjunto de los españoles, voten a quien voten”.

En la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra en Toledo, la titular de Trabajo ha sostenido que el anteproyecto ya cuenta con “todos los informes” preceptivos previos, por lo que “el próximo martes se aprueba definitivamente en el Consejo de Ministros y seguiremos trabajando en la negociación con todas las fuerzas políticas”, ha añadido Yolanda Díaz.

La norma, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, del que se descolgó la patronal, será aprobada así dos días antes del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, cuando las centrales trabajadoras habían anunciado que insistirían al Gobierno a que mandara la ley al Parlamento.

Díaz necesita apoyos parlamentarios

La productividad que, según los datos de Díaz, ha crecido un 53% desde 1995, no se ha repartido entre la “gente trabajadora”. Ahora, la norma regula cambios importantes para reforzar el control horario, que busca dificultar los abusos como las horas extraordinarias no pagadas, y concreta también algunas cuestiones del derecho a la desconexión digital. Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de la norma.

Con todo, el proyecto de ley tendrá que contar con los apoyos parlamentarios necesarios para llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE). Todas las miradas apuntan a Junts, el único socio de investidura que ha expresado que, de momento, el Gobierno no cuenta con su apoyo para esta regulación y, además, tiene mucha relación con el mundo empresarial.

Estas dificultades han retrasado hasta la fecha que el Gobierno de coalición llevara al Parlamento la regulación, una demora que se ha acrecentado también debido a la irrupción de la guerra arancelaria de Donald Trump, que ha centrado la actuación del Gobierno en las últimas semanas.

El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está “insuficientemente fundamentado e incompleto”.

La patronal CEOE ha manifestado su “profundo rechazo” ante el anuncio de Díaz, pues consideran que ha llegado con “evidente oportunismo político” al producirse en la “antesala” de la celebración del Día del Trabajador.

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Xi Jinping endurece su puño de hierro: purgas en el ejército chino bajo el pretexto de la anticorrupción

Xi Jinping continúa usando la lucha anticorrupción como instrumento de poder, removiendo incluso al segundo del ejército. El trasfondo político de las purgas refleja una estrategia de control interno frente a desafíos externos
The post Xi Jinping endurece su puño de hierro: purgas en el ejército chino bajo el pretexto de la anticorrupción first appeared on Hércules.  China vive una etapa marcada por convulsiones externas e inestabilidad interna. Mientras el régimen de Xi Jinping responde a la ofensiva económica lanzada por Donald Trump, al interior del país se intensifican las maniobras para consolidar el poder dentro del sistema autocrático. En este contexto, Xi mantiene intacta su estrategia de purgas bajo la bandera de la lucha anticorrupción. Tras haber apartado del poder a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, ahora la limpieza alcanza al segundo al mando del Ejército Popular de Liberación. Su caída parece fruto de un operativo cuidadosamente ejecutado desde las cúpulas del Estado. La señal más clara de su destitución ha sido, como tantas veces en el autoritarismo chino o ruso, una serie de ausencias significativas.

He Weidong, quien también era vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), no participó en el simbólico evento de siembra de árboles liderado por Xi Jinping a inicios de abril. Su falta resultó reveladora: según el periódico singapurense Lianhe Zaobao, la ceremonia ha contado sin excepción con todos los altos mandos militares durante más de cuatro décadas. A ello se sumó su ausencia en una relevante cumbre del Partido Comunista, donde se dieron cita las figuras clave del aparato político y militar. Desde comienzos de marzo no se le ha visto en público, lo que confirma la pérdida de su cargo como segundo general del ejército.

Según el Financial Times, que cita a cinco fuentes cercanas al caso, He Weidong habría sido apartado por causas vinculadas a la corrupción, y estaría siendo interrogado por las autoridades. El investigador Neil Thomas, del Asia Society Policy Institute, considera que el caso demuestra la determinación de Xi en su cruzada por limpiar al ejército. Además, resalta que se trataría del militar de más alto rango depurado desde 1967, lo que acentúa la dimensión histórica del hecho. Según Thomas, el objetivo no es solo modernizar las capacidades militares de China para operar más allá de sus fronteras, sino también garantizar que el ejército siga alineado con la estrategia interna del presidente.

La lucha contra la corrupción, sin embargo, también actúa como herramienta para reafirmar el control político de Xi sobre las élites. En su discurso del XX Congreso del PCCh en 2022, advirtió que la batalla contra la corrupción debe ser constante: “No podemos permitirnos ni un solo instante de relajación”, dijo. Desde entonces, las cifras se han disparado. El South China Morning Post, periódico afín al poder, reportó que en 2024 ya se han disciplinado 889.000 miembros del partido, un aumento abismal frente a los 182.000 de 2013, según datos del Comité Central de Inspección Disciplinaria (CCID). Solo en el último año, 92 funcionarios de nivel viceministerial fueron investigados, 25.000 se entregaron voluntariamente y 91.000 admitieron su culpabilidad, detalló el medio.

Pese a que la corrupción es un problema estructural en China, la campaña contra ella se encuentra fuertemente politizada. En un sistema donde las fronteras entre el poder político y los negocios estatales son borrosas, el CCID actúa muchas veces como ejecutor de la voluntad presidencial. Jingyuan Qian, politólogo de la Universidad de Chicago, explicó al SCMP que esta oficina responde directamente al liderazgo del partido. Su jefe actual, Li Xi, es un estrecho colaborador de Xi Jinping, lo que refuerza la visión de que la cruzada anticorrupción también es una purga selectiva.

No se puede desligar este contexto interno del escenario internacional. Las tensiones económicas y los altos aranceles impuestos desde Washington impactan el tejido social chino, generando incertidumbre. Ante este panorama, Xi podría estar optando por cerrar filas, fomentar una narrativa nacionalista y reafirmar su autoridad mediante la disciplina interna. Según Neil Thomas, el Ejército Popular de Liberación no solo es una fuerza defensiva: es el principal respaldo del Partido Comunista frente a turbulencias internas como las provocadas por la guerra comercial. Por eso, en tiempos de crisis, los militares se convierten en el núcleo del poder en China.

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¿Cuánta contaminación generan los viajes espaciales de los multimillonarios?

La participación de celebridades como Katy Perry y Jesús Calleja en misiones espaciales ha puesto el foco en este fenómeno, que combina avances tecnológicos con debates éticos
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Imagen: Vista del lanzamiento del cohete New Sphepard desde el centro operaciones de Blue Origin, este 25 de febrero, en Van Horn, Texas (EE.UU.). EFE/Justin Hamel

Uno de esos debates se centra en el precio ambiental que pagamos entre todos por estos 10 minutos de gloria, y al que las empresas no ofrecen respuesta. La compañía del millonario Jeff Bezos asegura que sus vuelos de turismo espacial no emiten dióxido de carbono (CO2) y los publicita bajo el lema: “para el beneficio de la Tierra”. “Durante el vuelo, el único producto derivado de los motores de combustión de New Shepard es vapor de agua y cero emisiones de carbono”, aseguró la compañía en relación con el vuelo suborbital de Katy Perry y otras cinco mujeres.

Sin embargo, los especialistas no dicen lo mismo, y advierten de que los vuelos de turismo espacial no solo están lejos de ser limpios, sino que constituyen uno de los frentes más preocupantes respecto al futuro de nuestra atmósfera, pues inyectan gases de efecto invernadero a la estratosfera, donde sus efectos son más intensos y duraderos, y producen moléculas secundarias que erosionan a la capa de ozono. Según algunos cálculos, en cada vuelo suborbital un turista espacial deja una huella climática equivalente a la que deja un ciudadano de los países pobres durante toda una vida.

En 2021, el Informe Mundial sobre Desigualdad estableció que un vuelo espacial de 11 minutos como el que había protagonizado el propio Bezos generaría emisiones de al menos 75 toneladas de carbono por pasajero.

En su defensa, Blue Origin y la industria espacial argumentan que la cantidad de CO2 emitido por las misiones espaciales es mucho menor que la emitida por todos los aviones convencionales, cuyo tráfico diario es masivo. Estos números no tienen en cuenta las posibles consecuencias de los NOx o el vapor de agua en la estratosfera.

Los vuelos comerciales no conllevan ningún beneficio científico ni social

De la misma manera que son muchos los que alaban con entusiasmo este tipo de proyectos, también son muchas las voces que critican la filosofía detrás de estos vuelos espaciales y, sobre todo, su impacto social y ambiental. También son muchas las críticas sobre cómo la exclusividad de estas experiencias refuerza las desigualdades sociales. 

El listado oficial de precios de estos vuelos no es público pero, según algunas estimaciones, Blue Origin estaría ofreciendo los viajes en su cohete New Shepard por entre 300.000 y 500.000 dólares por pasajero. También se dice que Virgin Galactic, de Richard Branson, vendería sus vuelos por unos 450.000 dólares por persona. Actualmente se estima que el mercado global del turismo espacial se estimó en 0,93 mil millones de dólares en 2024, aunque se proyecta que este sector podría alcanzar los 4,42 mil millones para 2033.

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El entramado financiero y delincuencial de Hunter Biden al descubierto

Las órdenes de registro del FBI y el IRS revelan una compleja red financiera internacional de Hunter Biden que involucró pagos millonarios desde empresas extranjeras mientras su padre era vicepresidente. La investigación, obstaculizada según denunciantes internos, culminó con cargos criminales, un indulto presidencial y fuertes acusaciones de tráfico de influencias
The post El entramado financiero y delincuencial de Hunter Biden al descubierto first appeared on Hércules.  Nuevos documentos judiciales sin editar revelan detalles cruciales sobre la información que poseían el FBI y el IRS acerca de las operaciones financieras internacionales de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Las órdenes de registro, divulgadas con redacciones mínimas tras un acuerdo legal entre la defensa de Biden y el Departamento de Justicia, ilustran pagos multimillonarios recibidos desde empresas de Ucrania, China, Rumania y otros países, algunos de los cuales ocurrieron durante la vicepresidencia de su padre.

Estas órdenes destacan cómo el gigante energético ucraniano Burisma y la empresa china CEFC transfirieron grandes sumas a cuentas vinculadas a Hunter. Los fiscales federales, tras consulta con expertos y abogados defensores, aceptaron hacer públicas las solicitudes y declaraciones juradas con censuras limitadas para proteger la privacidad y la confidencialidad del gran jurado, según explicó la fiscal interina de Delaware, Shannon Hanson.

Los agentes del IRS que revelaron irregularidades en la investigación, Gary Shapley y Joseph Ziegler, fueron ascendidos durante la administración Trump y luego desempeñaron cargos clave en el Departamento del Tesoro. Ambos denunciaron retrasos en la causa bajo el fiscal especial David Weiss, señalando que Weiss expresó en reuniones limitaciones en su capacidad de presentar cargos penales.

Documentos judiciales muestran que Ziegler gestionó en 2019 la solicitud de acceso a las cuentas Apple de Hunter, donde se identificaron transacciones mensuales de más de $83,000 desde Burisma a Rosemont Seneca Bohai (RSB), una sociedad controlada por Devon Archer, con parte de esos fondos transferidos a cuentas personales de Biden.

Los registros detallan pagos anuales que superan el millón de dólares, tanto desde Burisma como desde empresas chinas y rumanas, entre 2014 y 2018. Los pagos, justificados como servicios de consultoría, incluyen más de $2.7 millones en transferencias de Hudson West III —entidad originalmente controlada por el empresario chino Gongwen Dong— hacia la empresa de Biden, Owasco.

Ziegler señaló que Hunter recibió también $100,000 de CEFC Infrastructure y más de $660,000 desde Skaneateles, una empresa de la que poseía el 75%. Las transferencias desde entidades como Robinson Walker LLC y cuentas ligadas a empresarios chinos y rumanos completan un esquema internacional que, según el IRS, sumó más de $10 millones en ingresos para la red Biden.

Mensajes recuperados muestran comunicaciones entre Hunter y figuras clave como Vadym Pozharskyi de Burisma, y el empresario chino Dong, además de evidencia de negociaciones con CEFC, donde Hunter recibió un préstamo de $5 millones y un adelanto de $1 millón por parte del ejecutivo chino Patrick Ho, a quien describió como “el maldito jefe de espionaje de China”.

Ho fue condenado en 2019 por corrupción internacional. La investigación también incluyó revisiones de la computadora portátil de Hunter, entregada al FBI por el técnico informático John Paul Mac Isaac, y cuya autenticidad fue confirmada en 2019, pese a que exfuncionarios de inteligencia intentaron desacreditarla en vísperas de las elecciones de 2020.

El congresista James Comer presentó registros financieros que demuestran que, entre 2015 y 2017, familiares de Biden, incluidos su tío James y Hallie Biden, recibieron más de $1.3 millones desde cuentas asociadas a Rob Walker, quien había gestionado una transferencia de $3 millones desde una firma china conectada a CEFC.

Comer también denunció que la transferencia de participación de Hunter en el fondo chino Bohai Harvest RST (BHR) fue sospechosa. BHR había invertido en empresas chinas sancionadas por EE.UU., algunas con nexos con el ejército ruso, lo cual cuestiona los intereses económicos de la familia Biden con actores geopolíticos estratégicos.

El informe republicano de 2023 subrayó intentos de tráfico de influencias en Rumania mientras Joe Biden era vicepresidente y dirigía la política estadounidense en ese país. Hunter, mediante Walker, recibió más de $1 millón de una empresa controlada por Gabriel Popoviciu, acusado de corrupción.

En junio de 2023, Hunter Biden intentó llegar a un acuerdo de culpabilidad por delitos fiscales y la compra ilegal de un arma, pero fue anulado por un juez tras revelaciones de los denunciantes del IRS. En 2024, fue hallado culpable de declarar falsamente en un formulario de armas y de no pagar más de $1.4 millones en impuestos entre 2016 y 2019.

En paralelo, se realizaron registros a sus cuentas de iCloud y a su MacBook, que revelaron miles de mensajes de texto, incluidos de WhatsApp, donde Hunter hacía alusión a estar junto a su padre durante tratos con CEFC. Sin embargo, los fiscales negaron a los investigadores la posibilidad de profundizar en esa línea.

En diciembre de 2024, el presidente Joe Biden indultó a su hijo. Poco antes, se descubrió que un exagente del FBI que defendió la legitimidad de la investigación sobre Hunter, Jonathan Buma, era representado por una firma legal vinculada a la defensa de Biden, cerrando un círculo político-judicial cargado de tensiones institucionales y conflictos de interés.

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