as acusaciones contra los cinco miembros disidentes incluyen injurias y calumnias con publicidad, delitos que el Código Penal español castiga con hasta dos años de prisión y sanciones económicas agravadas si se hacen a través de medios públicos o afectan a representantes institucionales
The post JUCIL se querella contra su antiguo secretario de comunicación por difamación y revelación de secretos first appeared on Hércules. La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), la mayoritaria dentro del cuerpo, atraviesa una profunda crisis interna marcada por denuncias cruzadas, querellas judiciales y un visible intento de desestabilización de su cúpula directiva. El epicentro del conflicto gira en torno a Ernesto Vilariño, secretario general de la organización, y un grupo de cinco exdirigentes que han sido acusados de difamación, calumnias y revelación de secretos.
Según ha confirmado la propia asociación, el pasado 28 de febrero se presentaron dos querellas —una a título personal y otra en nombre de JUCIL— contra Agustín Leal, exsecretario de Comunicación, y otros cuatro integrantes de la organización, a quienes se les acusa de haber orquestado una campaña pública de desprestigio contra la dirección. Una de estas querellas ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 1 de León.
Los querellados habrían difundido de forma interna y externa acusaciones falsas que imputaban a la dirección de JUCIL presuntos delitos como estafa y apropiación indebida, con el presunto objetivo de provocar una crisis interna y forzar un relevo en el liderazgo.
La respuesta judicial no se ha hecho esperar. Paralelamente, los cinco acusados presentaron una denuncia en los juzgados de León, que ha sido archivada provisionalmente a la espera de una aclaración del secretario de Finanzas de JUCIL. En este momento, no existe ninguna causa abierta contra la actual dirección.
Apoyo interno y medidas disciplinarias
La cúpula de JUCIL, liderada por Vilariño, asegura contar con el respaldo mayoritario de los secretarios provinciales, que han firmado un documento en el que denuncian las acciones emprendidas por los disidentes. Cabe destacar que Leal formó parte de la dirección hasta su dimisión en diciembre de 2024, y que su intento de movilización interna ha ido perdiendo apoyos: de los supuestos 21 miembros iniciales de su plataforma, hoy solo quedarían cinco, según fuentes internas.
Además del frente judicial, los querellados enfrentan expedientes disciplinarios por actos de deslealtad conforme a los estatutos de la asociación. En algunos casos, estos procedimientos podrían derivar en la separación del servicio en la Guardia Civil, una de las sanciones más graves previstas por la ley disciplinaria del Cuerpo.
Uno de los protagonistas, Agustín Leal, ha sido objeto previamente de varios expedientes internos por parte de la Guardia Civil, algunos de los cuales aún están en curso. Si prosperan, podrían culminar en su expulsión definitiva del instituto armado.
Injurias, calumnias y revelación de secretos
Las acusaciones contra los cinco miembros disidentes incluyen injurias y calumnias con publicidad, delitos que el Código Penal español castiga con hasta dos años de prisión y sanciones económicas agravadas si se hacen a través de medios públicos o afectan a representantes institucionales. La querella también recoge el posible delito de revelación de secretos, lo que podría añadir más peso legal al caso.
Desde la dirección de JUCIL se insiste en que estas acciones buscan restaurar la buena imagen de la asociación y garantizar la unidad de un colectivo que ha ganado peso en los últimos años por su defensa de la equiparación salarial y otras demandas históricas de la Guardia Civil.
“No vamos a parar”
El secretario general, Ernesto Vilariño, ha defendido públicamente la actuación de la dirección y ha subrayado que no tolerarán acciones que atenten contra la integridad del proyecto. “Llevamos seis años dejándonos la piel en defensa de los derechos de los guardias civiles (…). Quien juega con el honor y la lealtad que nos precede como guardias no es bienvenido en JUCIL”, sentenció.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso. La causa abierta en el Juzgado nº 1 de León marca el inicio de un litigio que podría redefinir el liderazgo dentro de la asociación y, con ello, el rumbo de una de las voces más influyentes dentro del Instituto Armado.
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