Categoría: ESPAÑA

El presupuesto alcanzó los 3.424.850 millones, de los cuales 1.447.100 euros correspondieron a subvenciones y el resto a convocatoria anual
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^{Imagen: premio Goya I Getmusic}

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), convocó ayudas por un total de 1.977.750 euros para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante 2024.

Estas subvenciones están dirigidas a eventos de reconocido prestigio que promuevan el cine español, comunitario e iberoamericano, así como películas de animación, documentales y cortometrajes. La cuantía máxima por beneficiario es de 120.000 euros para festivales y 100.000 euros para ceremonias de entrega de premios. Además, se valoran aspectos como la sostenibilidad, la igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad.

Participación internacional de películas españolas

Asimismo, el ICAA convocó ayudas por un total de 600.000 euros para la participación de películas españolas en festivales y ceremonias de premios cinematográficos de reconocido prestigio celebrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. Estas ayudas buscan incentivar la internacionalización de la industria y la producción audiovisual española, contribuyendo a su difusión y exportación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, aprobó una convocatoria pública de subvenciones por un importe total de 3.300.000 euros para ayudas a festivales y ferias culturales durante 2024 y 2025. Esta línea de subvención tiene como objetivo potenciar la proyección y difusión del tejido cultural hacia la sociedad y consolidar la creación artística.

Festivales que se celebran en España

​En España se celebran aproximadamente 500 festivales y certámenes audiovisuales al año, muchos de ellos con proyección internacional. Entre estos, destaca el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que es el único en España con la categoría A, reconocida por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). Aunque, dependiendo de la comunidad, el número de festivales puede variar:

• Cataluña: 17 festivales
• Comunidad de Madrid: 13 festivales
• País Vasco: 8 festivales
• Galicia: 8 festivales
• Andalucía: 7 festivales
• Castilla y León: 7 festivales
• Comunidad Valenciana: 6 festivales
• Aragón: 4 festivales
• Canarias: 4 festivales
• Castilla-La Mancha: 3 festivales
• Extremadura: 3 festivales
• Navarra: 2 festivales
• Asturias: 2 festivales
• Cantabria: 2 festivales
• Baleares: 1 festival
• La Rioja: 1 festival
• Murcia: 1 festival​

Crecimiento de la industria audiovisual española

En 2023, la industria audiovisual española experimentó un notable impulso económico, con un crecimiento del 2,6% y una facturación total de 42.907 millones de euros, según Crónica Global. Este avance sitúa al sector por encima del ritmo de crecimiento de la economía global, que se situó en un 3,2% durante el mismo periodo.

Este dinamismo también se reflejó en el empleo: el número de profesionales vinculados a actividades cinematográficas, de vídeo y televisión superó los 62.000 en el último trimestre del año, lo que supone un incremento del 93% respecto a 2020, según datos del portal del Ministerio de Asuntos Económicos.

 Además, la producción cinematográfica nacional alcanzó un récord con más de 375 películas producidas, lo que representa un aumento del 37% en comparación con las 273 de 2022. El atractivo internacional del sector también se tradujo en beneficios concretos: las producciones extranjeras rodadas en territorio español generaron 10.000 contratos de trabajo, con un impacto económico de 55,5 millones de euros, de los cuales 12 millones fueron ingresos vía IRPF y cerca de 22 millones se destinaron a la Seguridad Social. Estos datos consolidan a la industria audiovisual como un pilar clave del tejido económico y cultural del país.

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El pacto, que llega después de más de tres años de discusiones y 13 rondas de negociaciones, busca prevenir futuras pandemias y garantizar una respuesta “equitativa” en caso de que se produzcan
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Imagen: Enfermeras en un hospital de Argentina durante la pandemia de la covid-19. Patricio Murphy/GETTY IMAGES

La madrugada de este miércoles en Ginebra se recordará como el día en el que más de 190 países han logrado pactar un texto definitivo que, de ser ratificado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), supondrá un acuerdo “histórico”. El tratado ayudará a una mejor coordinación entre los países y a un reparto más equitativo de los recursos disponibles para enfrentar la próxima pandemia, que los científicos han advertido que ocurrirá tarde o temprano con algún nuevo patógeno.

El pacto llega después de más de tres años de discusiones y 13 rondas de negociaciones y persigue un objetivo: prevenir futuras pandemias y garantizar que, en caso de que se produzcan, el mundo dará una respuesta más “equitativa”, “coordinada” a nivel global y basada en la solidaridad y los derechos humanos.

“Al alcanzar un consenso sobre el acuerdo antipandémico, no solo han puesto en marcha un acuerdo generacional para hacer del mundo un lugar más seguro, sino que también han demostrado que el multilateralismo sigue vivo y que, en un mundo dividido como el nuestro, las naciones pueden seguir colaborando para encontrar un terreno común y una respuesta común a las amenazas compartidas”, clamó el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

¿Cuál es el próximo paso para su aprobación definitiva?

Una vez aprobado por los países miembros de la OMS en la próxima Asamblea General, en la que participarán 192 países tras la salida de Estados Unidos y Argentina de la institución, cada Estado deberá ratificar el acuerdo a nivel nacional. Según el artículo 35, el tratado entrará en vigor 30 días después de que 60 países hayan depositado “sus instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión” ante el secretario general de la OMS.

Destacan el carácter voluntario de los compromisos asumidos

Una diferencia entre el texto definitivo y el borrador que se discutió en la última Asamblea de la OMS muestra que el consenso solo ha sido posible con una nueva versión que suaviza los compromisos y deja mayor margen de voluntad a los Estados.

Otro de los puntos en los que ha habido un retroceso es en la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, ya que el borrador contenía propuestas para garantizar que las tecnologías financiadas con dinero público se compartieran con países de ingresos bajos y medios para la transfusión de estos conocimientos. Sin embargo, el nuevo texto no impone obligaciones concretas, por lo que deja su implementación en manos del Estado y del sector privado.

Asimismo, el tratado establece un nuevo mecanismo de acceso y participación en los beneficios que se obtengan de los patógenos compartidos en un sistema existente y que gestiona la OMS.

El gran cambio que se quiere lograr con respecto a la situación que prevaleció durante la pandemia es que las farmacéuticas que accedan a esos patógenos -a partir de los cuales se puede investigar y desarrollar vacunas y tratamientos- asignen un 20% del producto que manufacturen a la OMS, la mitad como donación y el resto a un precio asequible, para que la organización lo distribuya donde las necesidades sean más urgentes.

El acuerdo alcanzado señala por primera vez que la financiación de la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, diagnósticos o vacunas con fondos públicos deben hacerse en condiciones que garanticen un beneficio para el bien común.

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Cualquier historiador que quiera mover una sola piedra del Valle de los Caídos es una vergüenza para esta disciplina de estudio
The post Sobre el Valle de los Caídos first appeared on Hércules.  Se está hablando mucho últimamente sobre el Valle de los Caídos, pero veo pocas opiniones meditadas y racionales. Voy a intentar dar mi opinión sobre esta cuestión, como historiador y como católico. Sobre el Valle observo tres corrientes de opinión predominantes, en primer lugar, la mayoritaria, la que le da completamente igual (la masa aborregada). En segundo lugar, los que lo defienden, la mayoría de ellos católicos, personas conservadoras o historiadores serios. En tercer lugar, los que quieren destruirlo y tienen sueños húmedos con la voladura de la cruz.

Yo me situaría en el segundo grupo, pero no sólo defiendo que no se destruya el Valle de los Caídos, sino que se cuide y se proteja como cualquier otro monumento histórico. No defiendo el Valle por ideología, como la mayoría del segundo grupo hacen, porque no soy ni franquista, ni falangista ni carlista. Pero si lo defiendo, en primer lugar, porque es un lugar sagrado para un católico, como basílica y como cementerio donde descansan más de 30.000 almas. La Ley de Memoria Histórica quiere interferir en la libertad de culto de manera clara y evidente. Los católicos no podemos permitir que se cierre una basílica, que se tire una cruz o se expulse a una comunidad religiosa de su hogar.

En segundo lugar, lo defiendo como historiador, el Valle de los Caídos es historia, una fuente primaria de primer orden. Y las fuentes primarias no se destruyen ni se resignifican, se estudian y se interpretan. Cualquier historiador que quiera mover una sola piedra del Valle de los Caídos es una vergüenza para esta disciplina de estudio. Un mercenario que quiere imponer su visión sesgada de la historia como memoria oficial, la antihistoria.

Bien es cierto que creo que muchos defensores actuales del Valle se están dejando llevar por un discurso que creo que no es correcto. Muchas veces hemos escuchado decir que el Valle se construyó como “un monumento a la reconciliación de los españoles”, a mi juicio, esto no es del todo cierto. En el decreto firmado por Franco del 1 de abril de 1940 (BOE) hay dos elementos clave que siempre se olvidan. Franco pide que se construya un monumento para que se ruegue por aquellos que murieron por Dios y por la Patria. Ningún soldado del ejército republicano murió por la idea de España de Franco, y mucho menos murió por Dios. Franco continúa diciendo: “campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada”, ¿acaso los republicanos, comunistas y anarquistas fueron héroes o mártires de la Cruzada?, evidentemente no. El Valle de los Caídos simboliza la victoria de España frente a la antiespaña, la victoria de la Cruz, la victoria de Cristo, y toda la construcción es un claro ejemplo de ello.

Dicho esto, la motivación por la cual se construyó me parece más o menos irrelevante para defender su mantenimiento. El Valle hay que defenderlo por el mismo motivo que el Escorial o la Basílica del Pilar, primero porque es historia de nuestro país, y la historia no se destruye a no ser que seas un tirano. Y, segundo, porque es un templo católico sagrado.

Las dos motivaciones para la destrucción del Valle por parte del gobierno son claras, la primera su odio al catolicismo, algo tradicional en la izquierda española. Y la segunda, su obsesión por la, no ya resignificación de la historia, sino su eliminación. La Ley de Memoria Democrática es una ley de damnatio memoriae obvia y evidente, seguramente la ley más distópica y terrorífica que ha decretado el gobierno, y mira que tiene para elegir.

En definitiva, al primer grupo no les diría nada, porque les va a dar igual, tampoco hace falta que todo el mundo opine de todo, pero que no voten al PSOE, gracias. Al segundo grupo les diría que continúen defendiendo el Valle, es su deber, pero si lo defienden por ideología que no sean tibios, que digan que es la Victoria de la Cruz, la victoria frente aquellos que perpetraron el ataque más sangriento de la historia contra la iglesia católica. Lo que le diría al tercer grupo no se puede reproducir aquí, sólo diré que la historia es pendular, y cuando el péndulo se mueve demasiado a la izquierda vuelve con más fuerza hacia la derecha.

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El Ejecutivo ignora las condiciones de la Conferencia Episcopal y abre la puerta a intervenir incluso en la Basílica, lo que desata el enfado de los religiosos
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Hospedería de la Santa Cruz del Valle de los Caídos // X

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente con la Conferencia Episcopal tras anunciar que el proyecto de resignificación del Valle de los Caídos —ahora denominado Valle de Cuelgamuros— podrá afectar al 100% del conjunto monumental, incluida la Basílica. Así lo establece el concurso internacional de ideas publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que rompe con el histórico blindaje religioso del recinto y desautoriza el papel de la Iglesia en su conservación.

En el documento oficial del concurso se señala que cualquier intervención podrá incluir el interior de la Basílica, hasta ahora intocable por su condición de espacio de culto. Las imágenes del proyecto difundidas por redes sociales, como las compartidas por el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, muestran cómo todo el complejo monumental queda incluido en el ámbito de actuación, lo que deja a la Iglesia sin capacidad de veto.

El anuncio ha provocado un profundo malestar en el seno de la Conferencia Episcopal Española, que se siente completamente apartada de un proceso que afecta directamente a los espacios litúrgicos bajo su responsabilidad.

Siete ministros para “resignificar” el Valle

El Gobierno ha escenificado la importancia política del proyecto al convocar este martes una cumbre ministerial en La Moncloa encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En la reunión de la Comisión Interministerial para la resignificación del Valle participaron también María Jesús Montero, Sara Aagesen, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Ernest Urtasun y Óscar Puente.

Este despliegue institucional subraya que el proyecto forma parte de la agenda estratégica del Gobierno en materia de memoria democrática, especialmente en el año en que se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco. La resignificación del Valle incluye no solo reformas arquitectónicas, sino una programación de actos conmemorativos y divulgativos con fuerte carga simbólica.

El Ejecutivo destinará 30 millones de euros a la transformación del recinto, de los cuales 4 millones financiarán el concurso de ideas y 26 millones se dedicarán a las obras futuras. El objetivo declarado es convertir Cuelgamuros en un espacio de reflexión, memoria y diálogo, alejado de su simbología original.

El proyecto toma como referente el Memorial del Holocausto de Berlín y premiará las propuestas con mirada inclusiva, contemporánea y sostenible. Se pretende además levantar un museo con tres ejes temáticos: la historia del monumento, el uso de mano de obra penal y el valor paisajístico del entorno.

Pero lo que más irrita a los obispos es que el nuevo planteamiento no recoge ninguna de las tres condiciones que venían defendiendo: mantener el culto en la Basílica, preservar la comunidad benedictina y conservar la cruz monumental.

Indignación episcopal por el “ninguneo”

La Conferencia Episcopal ha expresado su enojo a través de un comunicado oficial publicado en pleno Miércoles Santo, criticando que el concurso haya sido lanzado “sin contar con la Iglesia” y sin resolver previamente cuestiones esenciales, como el respeto a los espacios litúrgicos y la presencia monástica.

El texto, consensuado por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el cardenal José Cobo, recuerda que los acuerdos con la Santa Sede exigen preservar el uso religioso del templo, la escolanía y el acceso litúrgico independiente. También insisten en que la Iglesia nunca ha promovido esta resignificación, limitándose a salvaguardar sus derechos según los acuerdos vigentes.

El comunicado apunta, además, que un delegado de la Iglesia revisará el proyecto final para asegurar que se respetan los compromisos litúrgicos. Se trata del sacerdote Daniel Alberto Escobar Portillo, delegado de Liturgia del Arzobispado de Madrid.

La situación actual marca un punto de inflexión. Por primera vez en 70 años, la Basílica del Valle podría dejar de estar protegida como espacio sagrado. El Gobierno no solo ha obligado al prior, el Padre Cantera, a abandonar el recinto, sino que ahora contempla su transformación parcial en un espacio museístico, lo que implica una ruptura drástica con la configuración religiosa del lugar.

El Ejecutivo insiste en que todo el proceso será riguroso, plural y transparente, y que el jurado que elegirá la propuesta ganadora será de reconocido prestigio. Los diez finalistas recibirán un premio de 60.500 euros y tendrán dos meses para desarrollar sus ideas. El fallo se conocerá en septiembre y las obras podrían comenzar antes de que acabe 2026.

La reforma del Valle de Cuelgamuros se ha convertido así en un nuevo campo de batalla político y religioso, donde el Gobierno impone su agenda memorialista sin diálogo con la Iglesia, y la Conferencia Episcopal denuncia una ruptura de los pactos históricos.

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La renta de los mayores de 65 años en España es un 6,4% superior a la media europea, mientras que los trabajadores ganan un 7,3% menos que sus pares comunitarios
The post Los jubilados españoles superan en renta a los europeos, mientras los jóvenes están muy por detrás first appeared on Hércules.  Mientras la mayoría de los españoles ve cómo su poder adquisitivo se aleja de la media europea, los jubilados destacan como la excepción que confirma la regla. Según un estudio conjunto de la Fundación BBVA y el IVIE, los mayores de 65 años en España disfrutan de una renta mediana un 6,4% superior a la del conjunto de la Unión Europea, mientras que la población en edad de trabajar sufre ingresos un 7,3% por debajo de sus equivalentes en el continente.

Esta paradoja convierte a los mayores españoles en el único grupo socioeconómico del país que ha superado las dos grandes crisis recientes, la pandemia y la inflación, sin perder poder adquisitivo. Pensiones revalorizadas con el IPC y una tasa de sustitución elevada, es decir, una proporción alta entre el último sueldo y la pensión de jubilación. En la práctica, muchos jubilados cobran más en términos reales de lo que cotizaron.

Jóvenes y trabajadores, los grandes perjudicados

La desigualdad interna entre jubilados también es llamativa. Quienes cuentan con estudios superiores perciben casi el doble de ingresos que aquellos con educación básica: 30.864 euros frente a 16.807. Esta brecha no se explica sólo por la pensión pública, sino también por las rentas del ahorro y la inversión, a menudo más accesibles para los mejor formados.

El informe revela además que, en todos los niveles educativos, los jubilados ganan más que los trabajadores en activo. La diferencia es especialmente notable en personas con formación intermedia, donde los mayores de 65 años tienen un 26,3% más de renta que los trabajadores entre 20 y 64 años. Incluso en los estudios superiores, la ventaja para los jubilados alcanza el 24%.

Un dato revelador: en la Unión Europea, la renta de los mayores de 65 años es un 14% inferior a la de la población en edad laboral. En España, sucede lo contrario.

Mientras los mayores gozan de seguridad económica y patrimonio —especialmente en forma de vivienda en propiedad—, los jóvenes y trabajadores activos enfrentan salarios bajos, alquileres inasumibles y un acceso casi vetado a la vivienda. Esto no solo erosiona su calidad de vida, sino que consolida una brecha intergeneracional cada vez más profunda.

La riqueza neta también delata esta desigualdad: los hogares encabezados por personas entre 65 y 75 años acumulan una media de 226.000 euros, frente a los apenas 76.000 euros de quienes tienen entre 35 y 44 años. La vivienda, gran activo de los mayores, se ha revalorizado muy por encima del crecimiento salarial, dejando fuera del mercado a nuevas generaciones.

Una anomalía europea

España no solo concentra riqueza en los mayores, sino también una gran parte del gasto público. Pensiones, sanidad y dependencia absorben recursos crecientes, en detrimento de políticas destinadas a la infancia, la juventud o la conciliación. Diversos organismos internacionales ya han advertido del desequilibrio en la asignación del gasto público.

A esto se suma la influencia política de este grupo: actualmente, el 35% de la población española tiene 55 años o más, y se estima que en 2070 esta cifra alcanzará el 43%, rozando la mayoría absoluta demográfica. Esto puede traducirse en presiones para mantener o ampliar los privilegios del colectivo, complicando aún más la reforma del modelo económico y social.

El estudio de la Fundación BBVA e IVIE subraya que el envejecimiento será uno de los grandes desafíos del futuro inmediato. No solo desde el punto de vista financiero —por el coste del sistema de bienestar—, sino por su capacidad para moldear el debate público, influir en las prioridades del Estado y perpetuar desigualdades estructurales.

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El ministro del Interior descalifica abiertamente al juez Peinado y refuerza la campaña del Gobierno contra la independencia judicial
The post Los recurrentes ataques de Marlaska a los jueces que investigan al PSOE first appeared on Hércules.  El ministro Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a cargar duramente contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Lo acusó de situarse “fuera de la ley” al desarrollar lo que calificó como una “investigación prospectiva”, es decir, una búsqueda genérica de delitos sin hechos concretos, una práctica prohibida en España y en toda la Unión Europea.

Estas declaraciones, realizadas en varias entrevistas durante las últimas jornadas, consolidan un patrón preocupante: los ataques sistemáticos del Gobierno a los jueces que instruyen causas que afectan al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez. Marlaska, juez en excedencia y actual ministro del Interior, ha protagonizado algunos de los ataques más virulentos, erosionando con ello el principio de separación de poderes que sustenta cualquier democracia.

Una estrategia de descrédito institucional

No se trata de un hecho aislado. Desde hace meses, el Gobierno ha iniciado una campaña de deslegitimación de los jueces encargados de investigar tramas que afectan al Ejecutivo. Juan Carlos Peinado no es el único en el punto de mira. También han sido objeto de críticas públicas otros magistrados como Manuel Marchena o Pablo Llarena, responsables de decisiones que no han gustado en Moncloa.

En el caso de Peinado, Marlaska ha calificado la instrucción como “el paradigma de lo que no debe ser una investigación judicial”, insistiendo en que “no hay objeto claro de investigación” y que el procedimiento causa “indefensión” a la esposa del presidente. Incluso ha puesto en duda la citación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como testigo, sugiriendo que su declaración se produjo sin justificación ni solicitud previa.

Más allá de las valoraciones jurídicas, lo alarmante es el tono con el que se pronuncian estas críticas. Marlaska ha llegado a afirmar que criticar resoluciones judiciales es “salud democrática”, abriendo la puerta a una peligrosa normalización del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. “Todo poder del Estado puede criticar las decisiones de otro poder”, dijo sin ambages desde el Consejo de Ministros.

Lejos de contenerse, el Gobierno ha utilizado errores procesales menores o decisiones de trámite para arremeter con dureza contra el juez Peinado. Desde acusaciones de dilaciones indebidas hasta insinuaciones de prevaricación, el mensaje es claro: quien investigue al PSOE será atacado desde las más altas esferas del poder.

Nuevos ataques contra el juez

Lejos de rectificar, Fernando Grande-Marlaska ha redoblado sus ataques contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El pasado 29 de julio de 2024, Marlaska calificó la instrucción judicial como “el paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial”, descalificando abiertamente la actuación del magistrado. En una intervención pública, el titular de Interior —exjuez de la Audiencia Nacional— tachó de “proactiva” y “carente de objetivo cierto” la investigación, insinuando incluso que rozaba la prevaricación. Según él, el juez está llevando a cabo una instrucción “prospectiva” y “propia de estudio en escuelas de prácticas jurídicas”, lo que representa una injerencia sin precedentes desde el Gobierno en una causa judicial abierta. Marlaska también arremetió contra la citación a Pedro Sánchez, al que Peinado quería interrogar como ciudadano y no como presidente, una posibilidad que el ministro calificó de “improcedente” y de “retorcer la ley”.

Las críticas no cesaron ahí. El 16 de abril de 2025, el ministro volvió a atacar a Peinado, coincidiendo con la declaración como testigo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el mismo juez. En esta ocasión, Marlaska trató de desacreditar la diligencia judicial subrayando que “la declaración de Bolaños no la había solicitado ninguna de las partes”, y cuestionando que exista un “objeto claro y preciso” en la causa. Pese a afirmar que respeta al Poder Judicial, el ministro insistió en que la instrucción de Peinado representa “el paradigma de lo que no es una instrucción”, diferenciándola del 99,9% del resto de investigaciones judiciales. Llegó incluso a recordar que la Audiencia Provincial había limitado el objeto de la causa por “ausencia de indicios” y criticó que Peinado desatendiera esas indicaciones, además de que se le habían anulado diligencias por “vulneración de derechos fundamentales”.

Una ofensiva con implicaciones democráticas

La gravedad de esta deriva institucional no ha pasado desapercibida para muchos juristas. Las acusaciones del Gobierno no se sustentan en resoluciones judiciales firmes, sino en valoraciones interesadas que buscan deslegitimar la acción de los jueces ante la opinión pública. A juicio de Marlaska, la causa contra Begoña Gómez está “abocada al fracaso”, pero no por falta de pruebas, sino por tratarse —según él— de un caso “instrumentalizado políticamente por el PP”.

Este discurso se complementa con los mensajes lanzados por portavoces del Ejecutivo, como Pilar Alegría, quien recientemente tildó la investigación de “pedalear en la nada” y la relacionó con “una campaña de acoso y derribo” contra Pedro Sánchez.

El propio presidente del Gobierno no ha dudado en presentar una querella contra el juez Peinado por prevaricación, en lo que ya muchos consideran un precedente inquietante: un presidente en activo intentando judicializar la labor de un magistrado que lo investiga.

Los ataques de Marlaska y del Gobierno a los jueces revelan un giro autoritario en la estrategia de Moncloa. Lo que comenzó como una defensa política de Begoña Gómez se ha transformado en un choque frontal entre el poder político y el poder judicial. Y en ese combate, el respeto institucional y la independencia judicial parecen haber quedado en un segundo plano.

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En 2024, China desbanca a Alemania como primer proveedor de España, con un 60% más de exportaciones que Estados Unidos, lo que genera un déficit comercial creciente
The post China ya es el primer proveedor de España: incrementa sus compras un 60% más que a EEUU first appeared on Hércules.  El comercio entre España y China ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, alcanzando cifras récord en 2024. China se ha consolidado como el principal proveedor de bienes para España, superando en un 60% a Estados Unidos. Según los datos más recientes, las exportaciones chinas a España ascendieron a 45.174 millones de euros en 2024, un aumento espectacular de más del doble en solo una década. Este incremento es aún más pronunciado si se retrocede veinte años atrás, cuando las exportaciones chinas a España no superaban los 8.531 millones de euros.

En enero de 2025, las compras a China alcanzaron los 4.070 millones de euros, lo que representa un 11% del total de las importaciones españolas. Este mes desbancó a Alemania, hasta ahora el líder tradicional en exportaciones hacia España. Las exportaciones alemanas en enero cayeron un 2,9%, mientras que las chinas crecieron un 23%. Este cambio de liderazgo resalta el creciente peso económico de China en el comercio global y en particular en la economía española.

Una dependencia creciente

A pesar de este aumento en las importaciones, España aún mantiene una balanza comercial desfavorable con China. Las exportaciones españolas a China sumaron solo 7.467 millones de euros, lo que genera un desequilibrio de 37.707 millones de euros en la balanza comercial, un déficit que alcanzó niveles récord en 2024. Este déficit refleja una dependencia cada vez más marcada de las importaciones chinas, que ahora constituyen el 20% de todas las importaciones extracomunitarias de España, según el Banco de España. Esta dependencia ha triplicado su cuota desde principios de los años 2000, consolidando a China como un actor fundamental en la economía española.

El informe del Banco de España destaca que este alto grado de concentración de importaciones de China en muchas categorías de productos, como maquinaria, textiles, productos químicos y automóviles, es una preocupación para la estabilidad económica de España, especialmente si se producen interrupciones en los intercambios comerciales o aumentan las tensiones geopolíticas. El informe advierte que la creciente relación comercial con China podría acarrear riesgos si no se diversifica adecuadamente el origen de las importaciones.

El contraste con Estados Unidos

Mientras tanto, Estados Unidos, aunque sigue siendo un socio comercial importante para España, se encuentra en una situación de retraso en comparación con China. En 2024, las exportaciones de bienes estadounidenses a España fueron superadas por las chinas en un 60%, y la tendencia no parece mejorar. Además, el déficit comercial con EEUU se mantiene en niveles elevados, y la diferencia entre lo que España exporta a China y lo que importa del país asiático sigue ampliándose.

Este aumento de la dependencia de China se enmarca en un contexto de tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado Pekín para reforzar la relación comercial con China y aumentar las inversiones chinas en España. Esta iniciativa ha recibido críticas desde Washington, donde se teme que la cercanía de España con China pueda poner en riesgo las relaciones con los Estados Unidos.

En respuesta, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajó a Washington para mantener un encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien le pidió un aumento del gasto en Defensa y la eliminación de la tasa Google, medidas que fueron interpretadas como un intento de equilibrar las influencias comerciales y políticas entre las dos potencias.

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El ministro de Interior critica la instrucción del caso que afecta a Begoña Gómez y descalifica al juez que interroga a Bolaños, para defender a su compañero socialista
The post Marlaska sale en defensa de Bolaños tras su testimonio atacando al juez Peinado first appeared on Hércules.  El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha lanzado duras críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, quien está al frente de la investigación relacionada con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Este caso, que ha levantado controversia, ha llevado al juez a interrogar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez, en lo que parece ser una investigación que no termina de concretarse. Marlaska no solo ha descalificado la instrucción judicial, sino que también ha cuestionado la pertinencia del interrogatorio de Bolaños.

El objeto de la investigación, en duda

El interrogatorio de Félix Bolaños ante el juez Peinado, realizado este miércoles en el Palacio de la Moncloa, ha generado un aluvión de críticas. Marlaska ha señalado que este testimonio no fue solicitado por ninguna de las partes, ni siquiera por las acusaciones, lo que lo convierte, a su juicio, en un elemento fuera de lugar dentro de una causa que ya considera carente de un objetivo claro. El ministro de Interior ha afirmado que la investigación carece de un objeto preciso y ha lamentado que el juez no haya aportado más detalles sobre las irregularidades que estaría investigando.

En sus declaraciones, Marlaska ha asegurado que, tras un año de instrucción, aún no se ha encontrado ninguna irregularidad. Esto refuerza su postura de que la causa está mal dirigida y carece de fundamento. «No sabemos, a ciencia cierta, qué es lo que está investigando», insistió el ministro.

Lo que más ha molestado a Marlaska es que, según su juicio, el juez Peinado no ha seguido las instrucciones de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya había limitado el alcance de la investigación por considerar que no existían indicios suficientes. Además, Marlaska ha subrayado que el proceso fue desautorizado en elementos sustanciales, refiriéndose a las decisiones de la Audiencia que anulaban diligencias clave como las entradas y registros, así como las interceptaciones de dispositivos electrónicos en el marco de la investigación de Juan Carlos Barrabés, uno de los imputados.

El ministro ha subrayado que este tipo de medidas son gravemente lesivas para los derechos fundamentales y que la instrucción del caso ha sido más un “fracaso” que una verdadera investigación judicial. A su juicio, el juez Peinado ha vulnerado los derechos de los investigados, lo que contribuye aún más a la falta de credibilidad del caso.

Marlaska defiende a Bolaños

A pesar de las críticas a la instrucción, Marlaska ha respaldado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al considerar que su testimonio es un acto de cumplimiento del deber. Según el ministro del Interior, Bolaños acudió a la citación judicial con «toda la voluntad» de responder a las preguntas del juez, dejando claro que su intención era colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Marlaska también ha defendido que Bolaños actuó con la «debida transparencia» al declarar en la causa, aunque ha vuelto a recalcar que la investigación, tal como está dirigida, parece estar «abocada al fracaso». El ministro ha añadido que, en cuanto la causa llegue a su fin, espera que aquellos que han utilizado el caso políticamente, como el Partido Popular, pidan disculpas por sus actuaciones.

El caso sobre Begoña Gómez no es simplemente una cuestión judicial, sino que está envuelto en un contexto político tenso. El Partido Popular ha aprovechado la investigación para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha generado una situación en la que se mezcla el ámbito judicial con el político.

Marlaska ha subrayado que la causa ha sido utilizada políticamente, y ha criticado duramente al Partido Popular por instrumentalizarla en su lucha contra el Ejecutivo. De acuerdo con el ministro, el hecho de que se siga utilizando este caso como un arma política solo ha servido para deslegitimar una investigación que, a su parecer, no tiene futuro.

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