Categoría: ESPAÑA

El almirante Samuel Paparo reveló que Corea del Norte está suministrando proyectiles de artillería y misiles balísticos a Rusia, a cambio de tecnologías de defensa avanzada. Este creciente vínculo pone en riesgo la estabilidad regional y podría intensificar las provocaciones norcoreanas
The post EEUU advierte sobre el creciente vínculo militar entre Rusia y Corea del Norte y sus implicaciones regionales first appeared on Hércules.  Samuel Paparo/ Vertigopolítico.com

Durante una sesión informativa ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EE. UU., el almirante Samuel Paparo, recientemente nombrado comandante del Comando Indo-Pacífico de EE. UU. (INDOPACOM), compartió información sobre una nueva inteligencia relacionada con el suministro de armas de Corea del Norte a Rusia. Según Paparo, Pyongyang ha enviado “probablemente cientos de miles de proyectiles de artillería” y “decenas de misiles balísticos de corto alcance” como parte de un acuerdo para respaldar las operaciones militares rusas en Ucrania.

A cambio, Corea del Norte estaría recibiendo equipamiento avanzado para la defensa aérea, que incluiría sistemas de misiles tierra-aire (SAM) y otras tecnologías militares sofisticadas. Aunque no se ha confirmado el tipo exacto de los sistemas que Rusia ha ofrecido, el almirante señaló que incluso los equipos rusos de menor nivel representarían una mejora significativa para las capacidades de defensa aérea de Corea del Norte.

Paparo subrayó que las consecuencias de esta creciente colaboración no solo afectan a Ucrania, sino que tienen un impacto más amplio, poniendo en peligro la estabilidad de la región, incluida la seguridad de EE. UU., Japón y Corea del Sur. Según sus palabras, una Corea del Norte más fuerte militarmente podría intensificar las provocaciones, lo que incrementaría el riesgo de un conflicto con los aliados estadounidenses en la región.

El almirante describió la relación entre Moscú y Pyongyang como un “matrimonio de conveniencia”, una “simbiosis transaccional” donde cada uno de los estados busca cubrir las debilidades del otro en beneficio mutuo. Este tipo de alianza, centrada en el intercambio de armas por tecnología, ha levantado serias preocupaciones, especialmente con los planes de Pyongyang de desplegar tropas junto al ejército ruso a finales de 2024 en apoyo a las operaciones en Ucrania.

La inteligencia de fuentes abiertas ha documentado repetidamente el movimiento de sistemas de armas norcoreanos por ferrocarril en territorio ruso, incluidas variantes de misiles balísticos como el KN-15 y KN-23, obuses autopropulsados Koksan M-178/1989 de 170 mm, y grandes cantidades de munición de artillería, todo ello mientras Rusia experimenta un agotamiento de sus reservas.

Un funcionario de defensa de EE. UU., no identificado, comentó sobre estas transferencias de armamento: “Esto va más allá de un simple acuerdo de armas. Es un alineamiento estratégico entre dos regímenes autoritarios que desafían un orden mundial liderado por Occidente. Estamos siendo testigos de una peligrosa convergencia de intereses”.

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De los 47,6 millones de personas que viven en el país alrededor de 26,5 millones de personas se consideran católicas
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^{Imagen: nazarenos en Semana Santa I Plus Ultra}

Aunque el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria en España, su influencia en la sociedad ha ido disminuyendo de manera constante en las últimas décadas. Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicados en marzo de 2024, un 55,4% de los españoles se declara católico.

Esta cifra supone una caída sostenida respecto a épocas anteriores: en el año 2000 el porcentaje de católicos era del 80%, mientras que en los años 80 superaba el 90%. La tendencia al descenso se ha intensificado especialmente entre los jóvenes y en las zonas urbanas, donde el número de personas que se identifican como no creyentes, ateas o agnósticas ha crecido de forma significativa.

Entre la fe cultural y la práctica religiosa activa

Pese a que una mayoría todavía se identifica como católica, lo cierto es que una parte considerable de esas personas no mantiene una práctica religiosa activa. Según el mismo estudio del CIS, solo un 17% de los católicos asiste a misa u otros actos religiosos al menos una vez al mes. Esto implica que una buena parte de los creyentes se consideran “católicos no practicantes”, es decir, personas que mantienen un vínculo con la religión desde una perspectiva cultural, tradicional o familiar, pero que no participan regularmente en los ritos ni en la vida parroquial. Este fenómeno es especialmente visible en eventos como bautizos, comuniones y funerales, donde persiste el componente simbólico y social de la religión más que la convicción doctrinal.

Avance del laicismo y del pluralismo religioso

El proceso de secularización ha transformado notablemente la sociedad española en los últimos 40 años. En la actualidad, alrededor del 38% de la población se define como no creyente, cifra que ha crecido de forma constante desde la transición democrática. Entre los jóvenes menores de 35 años, este porcentaje supera el 60%, lo que indica una ruptura generacional clara en la relación con la religión. Este cambio ha venido acompañado por el aumento de confesiones minoritarias. Aunque siguen siendo residuales en comparación con el catolicismo, crecen de manera sostenida comunidades como la musulmana, la evangélica, la ortodoxa y, en menor medida, la judía y el budismo. En su conjunto, las religiones no católicas representan aproximadamente el 4% de la población española, siendo el islam la minoría más numerosa, con más de dos millones de fieles, en su mayoría de origen inmigrante.

Un Estado aconfesional, pero no laico

España es oficialmente un Estado aconfesional, pero no estrictamente laico. Esta distinción es importante y se recoge en el artículo 16.3 de la Constitución Española de 1978, que establece lo siguiente:

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”

Este artículo marca una diferencia con el concepto de Estado laico en sentido estricto, que implicaría una separación total entre Estado y religión sin ningún tipo de relación institucional con confesiones religiosas. En cambio, España adopta un modelo aconfesional, donde el Estado no asume una religión oficial, pero sí reconoce el hecho religioso y mantiene relaciones de cooperación con distintas confesiones, especialmente con la Iglesia Católica.

Semana Santa en España

Se estima que España cuenta con más de 14.400 hermandades y cofradías, consolidándose como uno de los países con una de las mayores tradiciones cofrades del mundo.

• Andalucía: más de 1.000 hermandades y cofradías.
• Castilla y León: más de 200 hermandades y cofradías.
• Castilla-La Mancha: más de 100 hermandades y cofradías.
• Comunidad Valenciana: más de 200 hermandades y cofradías.
• Galicia: más de 100 hermandades y cofradías.
• Madrid: más de 30 hermandades y cofradías.
• Aragón: más de 50 hermandades y cofradías.
• Cataluña: más de 50 hermandades y cofradías.
• País Vasco: más de 30 hermandades y cofradías.
• Murcia: más de 50 hermandades y cofradías.
• Islas Baleares: más de 20 hermandades y cofradías.
• Islas Canarias: más de 30 hermandades y cofradías.
• Ceuta y Melilla: menos de 10 hermandades y cofradías en cada ciudad.
• Extremadura: más de 100 hermandades y cofradías.
• Navarra: más de 30 hermandades y cofradías.
• La Rioja: más de 20 hermandades y cofradías.
• Cantabria: más de 20 hermandades y cofradías.
• Asturias: más de 40 hermandades y cofradías.

Acuerdo entre España y la Iglesia Católica

La Iglesia Católica es la única confesión religiosa en España que cuenta con un acuerdo bilateral con rango internacional, firmado entre el Estado español y la Santa Sede en 1979, poco después de la aprobación de la Constitución. Este conjunto de acuerdos está compuesto por cuatro documentos sectoriales: asuntos jurídicos, enseñanza y asuntos culturales, asistencia religiosa, y asuntos económicos.

• La asignatura de Religión Católica forma parte del currículo oficial en las escuelas públicas. Aunque no es obligatoria, debe ofrecerse en todos los centros y su profesorado es designado por la Iglesia.
• Además, los centros educativos católicos (concertados) reciben financiación pública en igualdad de condiciones que otros centros concertados.
• Los contribuyentes pueden destinar el 0,7% de su IRPF a la Iglesia Católica marcando la casilla correspondiente en la declaración de la renta, sin que ello suponga un coste adicional para el ciudadano.
• La Iglesia está exenta del pago de ciertos impuestos, como el IBI en lugares de culto y otros inmuebles vinculados a su actividad religiosa.
• Gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria de 1998, la Iglesia pudo registrar a su nombre miles de inmuebles sin necesidad de acreditar titularidad mediante escritura pública, solo con un certificado del obispo. Este proceso ha generado controversia pública, especialmente en el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• En 2021, el Gobierno publicó un listado con más de 34.000 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, abriendo la vía a posibles reclamaciones.
• La Iglesia Católica cuenta con capellanes en hospitales, prisiones y el Ejército, pagados en parte por el Estado. También tiene presencia activa en actos oficiales de Estado (funerales de Estado, celebraciones institucionales).

Iglesias Evangélicas: acuerdo de cooperación de 1992

Las iglesias evangélicas están representadas institucionalmente por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). El acuerdo firmado en 1992 les otorga reconocimiento y ciertos derechos, aunque de menor alcance que los de la Iglesia Católica.

• El Estado permite la enseñanza de Religión Evangélica en los centros públicos si existe demanda suficiente. No obstante, en la práctica, su presencia es limitada y depende de acuerdos con las comunidades autónomas.
• Existen programas de formación teológica evangélica y seminarios con reconocimiento legal.
• No existe una casilla específica para las iglesias evangélicas en la declaración de la renta. Su financiación depende de las aportaciones de sus fieles o convenios puntuales con administraciones públicas.
• Están exentas de algunos impuestos, aunque no de forma tan generalizada como la Iglesia Católica.
• El acuerdo prevé asistencia religiosa en hospitales, prisiones y Fuerzas Armadas, pero su implantación es mucho más limitada que en el caso católico.

Comunidades Judías: acuerdo de cooperación de 1992

Representadas por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), estas comunidades también firmaron en 1992 un acuerdo que regula su estatus legal.

• Se garantiza el derecho a recibir enseñanza religiosa judía en los centros públicos, pero su aplicación es muy escasa, dado el número reducido de población judía en España (alrededor de 45.000 personas).
• Se reconoce el derecho a celebrar sus festividades y ritos conforme a su tradición, como el descanso en el Sabbat y festividades religiosas.
• Tampoco disponen de financiación directa a través del IRPF. La mayoría de sus fondos proviene de aportaciones comunitarias y donaciones.
• Pueden acceder a exenciones fiscales específicas reconocidas por el acuerdo.
• El acuerdo contempla asistencia religiosa en hospitales y centros penitenciarios. Sin embargo, en la práctica, esta asistencia suele organizarse de manera privada o a demanda.

Comunidades Islámicas: acuerdo con la Comisión Islámica de España (1992)

La Comisión Islámica de España (CIE) representa a las comunidades musulmanas en el país y firmó un acuerdo de cooperación con el Estado que reconoce derechos similares a los de judíos y evangélicos.

• Se permite impartir Religión Islámica en centros públicos si hay una demanda mínima. Aunque está reconocida legalmente, solo se imparte en algunas comunidades autónomas, y el número de profesores acreditados sigue siendo bajo.
• La población musulmana en España se acerca a los 2 millones de personas, por lo que la demanda educativa va en aumento.
• No existe mecanismo de financiación estatal directa, más allá de convenios puntuales con administraciones autonómicas o locales.
• Se benefician de algunas exenciones fiscales como entidad religiosa reconocida.
• El acuerdo reconoce el derecho a asistencia religiosa en hospitales, cárceles y el Ejército, pero su desarrollo práctico ha sido desigual.
• Se permite el uso de ritos islámicos en el ámbito funerario, en el matrimonio y en la alimentación (como el consumo halal).

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El Ministerio de Justicia turco implementa un sistema de inteligencia artificial que vincula casos judiciales con organizaciones terroristas, generando serias preocupaciones sobre la imparcialidad, la privacidad y la legalidad del proceso. Expertos advierten sobre riesgos para el juicio justo, la presunción de inocencia y la protección de datos personales
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Un proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia de Turquía y denominado “Sistema de Predicción Organizacional CBS” ha levantado fuertes críticas por parte de juristas y defensores de derechos humanos, al considerar que puede socavar principios fundamentales del derecho, como la presunción de inocencia. Esta iniciativa, basada en inteligencia artificial, busca detectar automáticamente conexiones entre nuevos casos judiciales y entidades previamente catalogadas como terroristas dentro del sistema legal nacional.

La herramienta ha sido incorporada al Sistema de Informática Judicial (UYAP) y su justificación oficial apunta a una mejora estadística y a la reducción de errores humanos en el tratamiento de datos. El 8 de abril, el Ministerio de Justicia presentó formalmente el proyecto en una comisión parlamentaria centrada en los riesgos del uso de IA en la administración pública y la posibilidad de regular su aplicación. Según se detalló, el sistema cruza información de nuevos expedientes con registros previos de grupos terroristas, señalando posibles coincidencias y sugiriendo categorizaciones. Sin embargo, esta automatización puede conducir a etiquetar anticipadamente a personas sin proceso judicial, lo que podría vulnerar el derecho a un juicio imparcial.

El uso de esta inteligencia artificial plantea dilemas éticos y legales profundos. La asociación automatizada de individuos con organizaciones extremistas puede afectar su imagen y condicionar desde el inicio la visión de jueces y fiscales. Desde el ministerio se argumenta que el objetivo es optimizar procesos administrativos y cumplir con exigencias de organismos internacionales como el GAFI. Pero los detractores alertan sobre el sesgo que puede generar, afectando especialmente a minorías y sectores ya vulnerables.

Este no es el único sistema que preocupa. El Ministerio ha desarrollado otros ocho proyectos de IA que podrían entrar en conflicto con estándares internacionales de justicia y derechos humanos. Aunque se reconoce que los algoritmos reflejan los datos con los que se entrenan, la ausencia de transparencia sobre el origen y tratamiento de estos datos genera inquietud. Los sesgos existentes en las bases de datos pueden replicarse y amplificarse, provocando decisiones discriminatorias si no existen mecanismos de corrección efectivos.

Aunque se insiste en que las herramientas no emiten sentencias, sino que sólo apoyan la toma de decisiones, la influencia que ejercen sobre los jueces puede ser significativa. Si se da por válido un análisis automatizado sin entender su lógica o sin posibilidad de cuestionarlo, el principio del juicio motivado se diluye. La falta de explicaciones comprensibles contradice los llamados internacionales a una inteligencia artificial clara y trazable.

La base de datos utilizada por estas herramientas incluye millones de documentos judiciales que contienen datos personales muy sensibles. El Ministerio asegura que la información está anonimizada y protegida, pero expertos advierten que en bases tan extensas es posible reidentificar personas, lo que violaría tanto la legislación nacional como estándares europeos como el GDPR.

Otro aspecto crítico es la responsabilidad en caso de error. Si una IA contribuye a una decisión judicial equivocada, aún no está claro si debe rendir cuentas el desarrollador, el Estado o el funcionario que usó la herramienta. Esta falta de definición legal deja desprotegidas a las víctimas, contraviniendo el derecho al recurso efectivo contemplado en el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Otros programas, como “Ez Cümle”, que resume automáticamente documentos legales, o los que proponen estandarizar el razonamiento en los fallos judiciales, también generan polémica. Si bien pueden facilitar la carga de trabajo, corren el riesgo de deshumanizar la justicia, restando profundidad al análisis individual de los casos.

Algunos sistemas tienen como objetivo prever delitos o asociaciones organizativas mediante el análisis de patrones históricos, algo que ya ha sido duramente criticado en otros países por fomentar el perfilado racial o social. Sin regulaciones estrictas, estas iniciativas pueden chocar con el artículo 8 del mismo tratado europeo, que protege la vida privada y familiar.

El problema se agrava si las decisiones iniciales de clasificación tienen una fuerte base algorítmica sin documentación clara. Esto puede dificultar las apelaciones, ya que los acusados tendrían obstáculos para refutar decisiones cuya lógica permanece opaca o indescifrable.

El ministerio sostiene que cuenta con un comité de ética que vigila el uso de la IA, pero este grupo opera dentro del propio Ministerio de Justicia, lo que pone en duda su independencia. Sin una supervisión autónoma y externa, la transparencia y el control democrático se ven comprometidos, aumentando la posibilidad de abusos.

En su intervención ante la comisión parlamentaria, Servet Gül, director general de tecnologías de la información del ministerio, reconoció que el equipo técnico encargado del desarrollo de IA es limitado. Solo once personas conforman actualmente el Departamento de Inteligencia Artificial y Big Data, aunque se prevé ampliarlo. Gül subrayó que la IA, en manos responsables, puede ser útil, pero admitió que también representa un arma peligrosa si se usa con malas intenciones.

El académico Osman Gazi Güçlütürk, de la Universidad de Galatasaray, también intervino. Criticó la definición legal de IA publicada en julio de 2024 en el Boletín Oficial, señalando que es demasiado limitada. A su juicio, centrarse en una única concepción rígida del concepto podría llevar a regulaciones inadecuadas y contraproducentes. Señaló que incluso expertos en ingeniería discrepan sobre su alcance.

Uno de los peligros más serios para Turquía es la seguridad digital en sus instituciones. Las violaciones de datos en organismos públicos son frecuentes, y su contenido suele terminar en foros ilegales de internet. El 12 de septiembre de 2024, el ministro de Transporte e Infraestructura, Abdulkadir Uraloğlu, reconoció el robo de datos personales de 85 millones de ciudadanos durante la pandemia. Inicialmente se apuntó al sistema sanitario, aunque tras las críticas públicas se intentó matizar que no hubo tal filtración.

El historial no es alentador: en 2015, el Consejo Supremo Electoral sufrió un ciberataque que expuso los datos de los votantes. En 2021, los sistemas del Ministerio de Agricultura también fueron comprometidos, con la pérdida total de archivos digitales. La oposición denunció que se recuperaron sólo después de pagar un rescate.

En el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, Turquía ocupó el puesto 117 de 142, descendiendo un escalón respecto al año anterior. Este indicador mide aspectos como la ausencia de corrupción, la protección de derechos básicos y la calidad del sistema judicial

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Pocas veces nos paramos a pensar en lo que significa la identidad en más términos que los de un país
The post El papel de la identidad en cada uno de nosotros first appeared on Hércules.  Hace unos días iba corriendo cerca de casa. Llegué a una calle estrecha, y a lo lejos se aproximaba una chica. A mi izquierda (su derecha), pasaban coches, y llegado el momento, uno tendría que apartarse.

Así fue. A escasos metros, nos empezamos a cruzar la mirada. Ella levantó las cejas y sonrió, al mismo tiempo que se apartaba. Yo asentí con un gesto simpático y le di las gracias.

En apenas unos segundos, sin conocernos, nos reconocimos. Ambos vivíamos cerca, de eso no cabe duda. Ella venía de la oficina por todo lo que llevaba encima, y yo ya había salido de la mía para hacer el deporte diario. Por la forma en la que se produjo, ambos fuimos cómplices de muchas cosas. Supimos el lenguaje que hablaba la otra persona, el tipo de colegio al que habíamos ido, el tipo de familia que uno y otro podíamos tener, si trabajábamos o no, o incluso el tipo de humor. Todo eso se puede saber por la forma en la que uno camina, es respetuoso con el de al lado e intercambia un par de miradas.

Pocas veces nos paramos a pensar en lo que significa la identidad en más términos que los de un país. La identidad también pasa por sentirte cómplice de alguien. Por tener el mismo humor, por saber lo que la otra persona piensa e incluso por saber aquello que va a molestarle. Todo ello forma parte del conglomerado que llamamos cultura, y es la base, primero de la tradición, y después de nuestras vidas.

Saber qué hablar con alguien cuando coincides en el ascensor es igual de importante que vivir la navidad en familia. De hecho, todo a lo que me refiero es a una familia, pero mucho mayor. Sentirte parte de algo no solo sirve para los números de una empresa, sino para dar valor y significado a muchos de los sentimientos que tenemos a diario.

El sentimiento de pertenencia va más allá que un simple nacionalismo. Se mueve desde la maravillosa cotidianidad hasta lo increíble de lo extraordinario. Desde entender lo más perfecto, hasta ser partícipe de la inmensidad de lo imperfecto que nos rodea.

Saber el tipo de humor que tiene el carnicero o tu vecino es tan importante como elegir tu lugar de residencia. Puede que tu sitio sea Madrid, o puede que sea Galicia. Pero de lo que no se habla es de que todos nosotros queremos miradas cómplices con los desconocidos para encajarlos en nuestras estructuras internas y sentirnos acompañados y entendidos.

¿Vivir en EE. UU. se te tercia un éxito rotundo? No digo que no, y por supuesto depende de la edad. No soy ningún fanático. Lo que tengo por seguro es que a ninguno de nosotros se nos ocurriría imaginar un domingo ideal sin una barra de pan debajo del brazo y comiendo acompañado de esas personas con las que compartes sangre, idioma, gustos, aficiones, humor y, en definitiva, cultura.

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Una investigación del British Times revela el rol estratégico del ejército británico en la fallida ofensiva ucraniana de 2023. Desde la planificación hasta el entrenamiento sobre el terreno, Londres tuvo un papel clave que superó incluso al de Washington.
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Mientras las revelaciones del New York Times ponían en evidencia el papel clave de Estados Unidos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ahora es The Times de Londres quien destapa la participación, hasta ahora poco conocida, del Reino Unido en la guerra. Según este medio británico, las fuerzas armadas del Reino Unido tuvieron un rol fundamental en la ofensiva ucraniana de primavera de 2023, desplegando personal en territorio ucraniano, colaborando en la elaboración de planes militares, y proporcionando misiles Storm Shadow junto con entrenamiento técnico para su uso. El artículo, titulado “La historia no contada del papel crucial de los jefes militares británicos en Ucrania”, detalla cómo Londres lideró parte de la estrategia bélica de Kiev.

Aunque era sabido que Reino Unido respaldaba a Ucrania, el nivel real de su implicación —desde operaciones en Kiev hasta apoyo en inteligencia y coordinación con EE. UU.— no se había hecho público hasta ahora. El Times señala que mientras Washington enviaba las armas más avanzadas y datos clave de inteligencia, fueron los mandos militares británicos quienes mantuvieron la difícil relación entre Estados Unidos y Ucrania operativa.

El suministro británico de misiles de largo alcance trajo consigo el envío de asesores militares para adaptar los aviones ucranianos y entrenar a sus tripulaciones. Si bien había instructores británicos en Ucrania desde 2015, estos se retiraron en febrero de 2022 por el riesgo de un ataque ruso inminente. Sin embargo, a finales de ese año, los contactos de alto nivel se intensificaron. En diciembre, el almirante Anthony Radakin, jefe del Estado Mayor británico, conversó con el general estadounidense Mark Milley sobre una futura contraofensiva ucraniana. Milley confirmó que Estados Unidos apoyaría plenamente esa operación.

Poco antes de iniciarse la ofensiva en mayo de 2023, el general británico Sir Jim Hockenhull se reunió con el jefe de inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, para afinar estrategias conjuntas. Hockenhull tenía acceso a activos relevantes y compartía información sobre movimientos rusos. La planificación recayó principalmente en el teniente general Sir Roly Walker y el general Sir Charles Stickland, mientras Hockenhull operaba discretamente como asesor clave.

Mientras los norteamericanos mantenían su distancia para evitar una implicación directa, los británicos intensificaban su presencia física. En junio, Radakin visitó Kiev para reunirse con el general Zaluzhnyi, y en agosto, ambos se encontraron con Christopher Cavoli, jefe de la OTAN en Europa, en la frontera con Polonia. Durante cinco horas, delinearon estrategias para los meses venideros, incluyendo planes para el invierno y el siguiente año.

A diferencia del mando estadounidense que operaba desde Wiesbaden, Alemania, los altos oficiales británicos trabajaban directamente desde Kiev. A pesar de este esfuerzo coordinado, la ofensiva fracasó. Ahora, Londres y París consideran desplegar tropas para asegurar un posible alto el fuego, una idea que Donald Trump y su equipo rechazan. Sin la implicación estadounidense, muchos dudan del éxito de una misión militar occidental en Ucrania.

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Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, el porcentaje de trabajadores con sueldos mínimos ha pasado del 3,5% al 7,4%
The post El aumento del salario mínimo duplica el número de empleados en la base salarial más baja first appeared on Hércules.  La evolución del salario mínimo interprofesional (SMI) en España desde 2018 ha traído consigo una transformación profunda del mercado laboral. Según los últimos informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), los efectos de las sucesivas subidas del SMI decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez han provocado un fenómeno alarmante: el número de empleados que cotizan por las bases mínimas se ha duplicado en apenas cinco años.

En cifras, el porcentaje de trabajadores que cobra el salario mínimo ha pasado del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023. Y si ampliamos el foco a quienes tienen una base de cotización de hasta el 125% del SMI, el incremento es aún más llamativo: del 7,9% al 22,8%. Esto indica una clara concentración de los salarios en la parte más baja de la tabla, lo que se traduce en una precarización progresiva del empleo.

Más sueldo mínimo, menos empleo

Aunque las subidas del SMI han ofrecido cierto alivio a los trabajadores con retribuciones más bajas, el efecto sobre el conjunto del empleo es discutible. Las estimaciones de la AIRef muestran que la subida de 2019 redujo la afiliación a la Seguridad Social en hasta 65.000 personas, mientras que la de 2023 pudo provocar la pérdida de hasta 85.000 cotizantes.

Este fenómeno responde a una lógica empresarial comprensible. El encarecimiento de los costes laborales, especialmente en sectores de baja productividad, obliga a muchas empresas —en particular a las pequeñas y medianas— a reducir plantilla o congelar contrataciones. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) denuncia que el salario mínimo ha subido un 80% desde 2016, lo que ya supera la remuneración media de una jornada completa en 42 provincias.

El SMI supera al mercado

El problema no es solo cuantitativo, sino estructural. El SMI se sitúa cada vez más cerca del salario más frecuente en la economía española, achatando la pirámide salarial. Esto implica que las diferencias retributivas se reducen, no porque aumenten los salarios altos, sino porque una masa creciente de trabajadores se concentra en la base.

Este achatamiento no responde a una mejora general del mercado laboral, sino a un efecto de arrastre que penaliza la productividad y el empleo. Según Cepyme, el salario mínimo está creciendo más del doble que las ventas del comercio minorista y más del triple que las de bares y pequeños comercios, sectores que son los principales empleadores de trabajadores con sueldos bajos.

Las pensiones en el aire

El incremento de los sueldos más bajos no ha sido suficiente para equilibrar el sistema de pensiones, cuya sostenibilidad futura está cada vez más en entredicho. La llegada masiva de los baby boomers a la jubilación, junto al crecimiento de las pensiones por encima del PIB, ha obligado al Gobierno a aprobar reformas que han aumentado el gasto en 2,7 puntos del PIB según la AIRef, y en 3,3 puntos según la Comisión Europea.

El problema es doble: por un lado, hay menos cotizantes de los necesarios para sostener el sistema. Por otro, los que hay cotizan por bases cada vez más bajas. La eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad, sin contrapartidas eficaces, ha agravado el desequilibrio estructural. La AIRef advierte que, si no se toman nuevas medidas, serán necesarios ajustes fiscales o más deuda pública para mantener el modelo.

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El concurso de ideas para la resignificación del monumento incluye la posible intervención en el 100% de la Basílica, pese a la oposición eclesiástica
The post El Gobierno planea alterar por completo la Basílica del Valle de los Caídos en contra del criterio de la Conferencia Episcopal first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha desmentido oficialmente a la Conferencia Episcopal al anunciar que el proyecto de resignificación del Valle de los Caídos podrá afectar incluso al 100% de la Basílica, que hasta ahora había sido preservada como lugar de culto. Así consta en la convocatoria del concurso internacional de ideas publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde se abre la puerta a intervenir también en el interior del recinto religioso.

La imagen del nuevo planteamiento, compartida en redes por Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, evidencia que todo el conjunto monumental queda incluido en el ámbito del proyecto. La Basílica, por tanto, dejará de estar blindada, y será susceptible de transformaciones arquitectónicas y funcionales en función de las propuestas seleccionadas.

Cumbre ministerial en la Moncloa para rediseñar el Valle

Este martes, el Ejecutivo ha escenificado su compromiso con la operación al convocar una cumbre de siete ministros en La Moncloa. Bajo la dirección del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió la llamada Comisión Interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros.

Participaron también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Este despliegue revela la enorme relevancia política que el Gobierno otorga a su agenda de “memoria democrática”, especialmente en este año marcado por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. El Ejecutivo ha diseñado una programación de actos conmemorativos —como conferencias, exposiciones o actividades para estudiantes— que incluye incluso jornadas sobre temas tan dispares como el “placer sexual” de la mujer durante la dictadura.

30 millones para la resignificación del monumento

La remodelación del Valle tendrá un coste estimado de 30 millones de euros, de los cuales 4 millones se destinarán al concurso internacional de ideas y 26 millones a las futuras reformas arquitectónicas. Según el Ministerio de Vivienda, se busca una redefinición del uso y la percepción del Valle, que lo transforme en un espacio de encuentro, reflexión y diálogo.

Las bases del concurso señalan como referente internacional el Memorial al Holocausto de Berlín, y destacan que se valorarán las intervenciones que tengan una mirada plural, inclusiva y contemporánea, y que conviertan el lugar en un referente internacional, mediante una transformación “respetuosa y sostenible”.

Además, el Ejecutivo pretende construir un museo que aborde tres grandes narrativas: la historia política e ideológica del monumento, el uso de mano de obra penada en su construcción y la singularidad paisajística del entorno.

La publicación oficial del proyecto desautoriza los argumentos de la Conferencia Episcopal, que había defendido tres condiciones: mantener la Basílica como espacio de culto, conservar una comunidad monástica y preservar la cruz monumental. Ninguna de esas garantías figura ya en el nuevo enfoque del Gobierno.

De hecho, el Padre Cantera, prior de la Abadía, ya ha tenido que abandonar el recinto. Ahora, la posible transformación del templo en un espacio parcialmente museístico supone un golpe definitivo al control eclesiástico sobre el Valle.

El Gobierno insiste en que todo el proceso se basará en el conocimiento histórico riguroso y que la propuesta ganadora será elegida por un jurado de prestigio. Los diez finalistas recibirán un premio de 60.500 euros y tendrán dos meses para desarrollar sus ideas. El fallo del jurado se conocerá en septiembre y la licitación de obras está prevista antes de finalizar 2026.

Así, el Ejecutivo avanza en su objetivo de desmantelar la simbología franquista del Valle de los Caídos y convertirlo en un lugar de memoria controlado por el Estado. La Basílica, hasta ahora protegida como espacio sagrado, se enfrenta a su mayor amenaza en 70 años.

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El titular de Justicia comparece como testigo por su posible implicación en una trama de tráfico de influencias que salpica a la esposa de Sánchez
The post La contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez pone a Bolaños en la mira del juez first appeared on Hércules.  El juez Peinado tomará declaración a Félix Bolaños este miércoles en la Moncloa como parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. La comparecencia, prevista para las 10:30 horas, se desarrollará en el complejo presidencial por razones de seguridad, a petición del propio ministro.

La citación de Bolaños se produce tras el testimonio de Alfredo González, exvicesecretario general de la Presidencia, quien apuntó al actual ministro como su superior directo en 2018, cuando se gestionó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. González afirmó que su papel se limitó a remitir propuestas de personal eventual, sin intervenir en la evaluación de los candidatos ni conocer personalmente a Álvarez.

El juez Peinado se mostró sorprendido por la falta de control en estos procesos de contratación, y ha centrado su interés en el posible rol determinante de Bolaños durante su etapa como secretario general de Presidencia, un cargo que ostentó entre 2018 y 2021. Su testimonio puede ser clave para dilucidar si existió malversación de fondos públicos en la incorporación de Álvarez.

La contratación de Álvarez, en el punto de mira

La asesora percibe 37.000 euros netos anuales y fue contratada poco después de que Pedro Sánchez asumiera el poder. Su relación directa con Begoña Gómez, quien la contactó personalmente, ha generado sospechas sobre la transparencia del proceso.

Uno de los aspectos más comprometedores del caso son los correos electrónicos que Álvarez envió a patrocinadores de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. En ellos, solicitaba el mantenimiento de la financiación del proyecto, afirmando actuar por indicación expresa de Gómez. Esto contrasta con su testimonio ante el juez en febrero, cuando negó haber realizado gestiones privadas en nombre de la esposa del presidente.

Peinado indaga si la contratación de Álvarez respondía a funciones institucionales o, en realidad, a intereses particulares de Gómez, lo que podría implicar un uso indebido de recursos públicos y una eventual comisión de delitos por parte de los implicados.

Rechazo a una declaración por escrito

Bolaños intentó inicialmente acogerse al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar por escrito, pero el juez denegó la solicitud. Argumentó que la citación no responde a su cargo actual, sino a los hechos ocurridos durante su anterior responsabilidad en la Secretaría General de Presidencia, cuando no gozaba de esa prerrogativa.

Asimismo, el Ministerio de la Presidencia intentó que la comparecencia se realizara en la sede ministerial de San Bernardo por supuestas razones de seguridad. Sin embargo, el juez rechazó el informe de la Secretaría General, al considerar que no estaba firmado y, por tanto, carecía de validez oficial.

Finalmente, el interrogatorio tendrá lugar en La Moncloa, tras aceptar el juez la solicitud por motivos de protección. El ministro pondrá a disposición de la comisión judicial un vehículo oficial, mientras que el equipo del juzgado se desplazará con material técnico para registrar la declaración, como portátiles, micrófonos y altavoces.

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Además de UNRWA, España canalizará 25 millones al Fondo para Pandemias
The post El Gobierno aprueba enviar 13.5 millones a la UNRWA pese a su posible vinculación con Hamás first appeared on Hércules.  El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, la asignación de 84,53 millones de euros destinados a aportaciones voluntarias plurianuales a diversas organizaciones, fondos y programas internacionales, reafirmando el compromiso de España con la cooperación multilateral.

Dentro de este paquete, destaca la aportación de 13,5 millones de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), una institución que se encuentra actualmente bajo el foco internacional tras ser acusada por Israel de mantener vínculos con la organización terrorista Hamás. Estas acusaciones llevaron a la administración de Donald Trump a suspender su financiación durante su mandato, aunque muchos países han mantenido o retomado su apoyo por el papel humanitario que desempeña la agencia en la región.

Además de UNRWA, España canalizará 25 millones al Fondo para Pandemias, 14,65 millones a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y 3,6 millones al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Otras contribuciones incluyen 6,9 millones al Comité Internacional de la Cruz Roja, 2,6 millones al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 2,5 millones a UNICEF.También se repartirán 1,42 millones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1,25 millones al Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y 1,23 millones a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).En cuanto a la región iberoamericana, se destinan 3,12 millones a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 2 millones a la Organización de Estados Americanos (OEA), 1,18 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 1 millón al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 600.000 euros a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y 400.000 euros a la Comunidad del Caribe (CARICOM).

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p data-start=»1063″ data-end=»1478″ class=»»>Para el entorno euromediterráneo, se destinará un millón de euros a la Unión por el Mediterráneo (UpM) y otro millón al Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM).Finalmente, se incluyen aportaciones a otros organismos como la OCDE (600.000 euros), la Oficina del Coordinador para el Desarrollo en el Sahel (300.000 euros), el Banco Mundial (275.000 euros), así como 200.000 euros para la OMS y el PNUD, respectivamente.

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Este miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerá como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. El interrogatorio tendrá
The post Bolaños declara mañana ante el juez Peinado por el posible tráfico de influencias de Begoña Gómez first appeared on Hércules.  Este miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerá como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. El interrogatorio tendrá lugar en La Moncloa, donde el magistrado se trasladará expresamente para tomarle declaración a las 10:30 de la mañana.

La citación de Bolaños se produce tras las declaraciones de Alfredo González, quien en 2018, como vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, gestionó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. González apuntó al actual ministro como su superior directo en aquella etapa, indicando que era quien coordinaba múltiples asuntos diarios dentro del Ejecutivo.

Durante su testimonio, González aseguró que su papel se limitaba a enviar al órgano correspondiente las propuestas de personal eventual sin implicarse directamente en la elección de candidatos ni en la revisión de sus méritos. Señaló, además, que no conocía personalmente a Álvarez ni a la mayoría de los nombres que pasaron por sus manos en aquella época, marcada por un cambio de Gobierno que motivó la renovación masiva del personal eventual.

El juez, sorprendido por la aparente falta de escrutinio en los procesos de nombramiento, subrayó que, aunque el personal eventual no está sometido a los mismos filtros que el personal funcionario, resulta llamativo que se formalicen contrataciones sin conocer a los candidatos ni revisar sus credenciales.

En su declaración, González reiteró que esos procedimientos son habituales para los puestos de naturaleza eventual, que no requieren procesos selectivos estrictos. Asimismo, identificó a Bolaños como el responsable superior de su área en ese momento, con quien mantenía contacto diario.

Inicialmente, el juez Peinado había previsto interrogar a Bolaños en la sede del Ministerio en la calle San Bernardo. Sin embargo, tras una petición formal del propio ministro alegando razones de seguridad, se aceptó trasladar el encuentro a La Moncloa. El argumento se basó en la localización céntrica y de fácil acceso público de la sede ministerial, lo que, según el jefe de escoltas, podría comprometer la seguridad y el desarrollo adecuado de la diligencia, sobre todo en una jornada laboral con afluencia turística.

Además, Bolaños invocó su derecho legal a declarar por escrito al estar llamado como miembro del Ejecutivo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, el juez denegó esa vía, al considerar que Bolaños está citado por su rol anterior como secretario general de la Presidencia, función que no le otorga esa prerrogativa.

Este no es el primer desplazamiento judicial a La Moncloa en el marco de esta investigación. En julio del año pasado, Pedro Sánchez también fue interrogado allí, aunque se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de la investigada.

Para facilitar el acceso, Bolaños ha puesto a disposición del juez y su equipo un vehículo oficial. El magistrado, por su parte, ya ha comunicado que acudirá acompañado de una comisión judicial equipada con material técnico necesario para registrar la declaración, como ordenadores portátiles, micrófonos y altavoces.

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