Categoría: ESPAÑA

La Guardia Civil apunta posibles vínculos del PSOE con financiación ilegal por mordidas de contratos. Sánchez lo niega.
The post La UCO plantea investigar al PSOE por financiación irregular first appeared on Hércules.  La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su último informe sobre el caso Koldo, plantea la posibilidad de que el PSOE, como persona jurídica, pueda ser investigado por financiación irregular. Aunque el informe ,de 490 páginas, no utiliza ese término de forma expresa, sí desliza la existencia de elementos indiciarios suficientes para abrir una nueva línea de investigación.

La hipótesis a seguir es que próximos pasos podrían ser solicitar a Hacienda y al propio partido la relación de donaciones que hayan recibido el PSOE o sus fundaciones vinculadas por parte de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretarios de Organización.

Sánchez niega financiación ilegal y defiende las cuotas voluntarias

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó de forma rotunda cualquier financiación opaca. “Si nos atenemos al informe de la UCO, no hay ningún señalamiento sobre una financiación irregular del PSOE”, afirmó.

Sánchez se refirió al término “impuesto” que aparece en el informe, matizando que se trata de cuotas voluntarias que los cargos del partido abonan con carácter interno. “No es financiación irregular. Lo contrario: contribuye a la transparencia”, sostuvo, en línea con lo manifestado anteriormente por los ministros Félix Bolaños y Óscar López.

Hipótesis de mordidas a espaldas del partido

Sin embargo, el informe sí contempla como hipótesis plausible que Ábalos y su asesor Koldo García hubieran recibido comisiones al margen del partido. La UCO señala que este posible enriquecimiento ilícito habría motivado su salida del Ministerio de Transportes en verano de 2021.

La hipótesis se apoya en mensajes interceptados entre Koldo y el constructor José Ruz, administrador de Levantina Ingeniería y Construcción, una empresa bajo investigación. En las conversaciones, Ruz menciona a “la ganadería”, presunto término en clave para referirse al PSOE, y reclama hablar con Cerdán por los “heridos inocentes” excluidos del reparto de contratos.

Cuatro indicios clave señalados por la Guardia Civil

La UCO destaca cuatro elementos relevantes que vinculan al partido con la trama:

1. Koldo García habría implicado directamente al PSOE en gestiones con Antxón, un empresario navarro que actuaba como intermediario en contratos públicos.
2. Cerdán, según grabaciones, intentó obtener un puesto en Indra con el objetivo de donar el 80% de su salario al partido.
3. La Gerencia del PSOE habría requerido una “aportación” al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, según el relato de Koldo.
4. Mientras a Koldo se le reprochaban ingresos de empresarios, a Cerdán no se le cuestionaban otros pagos presuntamente similares.

El papel de Víctor de Aldama como “nexo corruptor”

El juez instructor, Leopoldo Puente, se apoya también en las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el “nexo corruptor” de la trama. Aldama afirmó que Cerdán recibió un sobre con 15.000 euros delante de él y que Koldo le aseguraba que parte del dinero iba al partido.

Muchas de estas afirmaciones están empezando a verse corroboradas por pruebas recogidas por la Guardia Civil. En algunos casos, incluso han sido superadas por los hallazgos de los investigadores, especialmente en lo que respecta a amaños en la adjudicación de obra pública.

Las próximas declaraciones judiciales de Koldo, Ábalos y Cerdán, previstas para los próximos días, serán clave en la evolución del caso y en la posible apertura de diligencias contra el partido como persona jurídica.

Qué implica el delito de financiación ilegal de partidos

El artículo 304 bis del Código Penal castiga la financiación ilegal de partidos políticos. Incluye penas para quienes entreguen o reciban fondos al margen de los cauces legales y permite aplicar responsabilidad penal a los partidos. Las sanciones van desde la suspensión de actividades hasta la disolución forzosa.

En el caso del PSOE, los indicios detectados por la UCO apuntan a que ciertas aportaciones económicas, posiblemente derivadas de contratos públicos, podrían haber llegado al partido de forma encubierta. Por ahora, no hay ninguna causa judicial abierta por financiación ilegal, pero la Guardia Civil plantea esa posibilidad como hipótesis de trabajo.

El análisis de registros será determinante

Uno de los elementos clave para esclarecer los hechos será el análisis del material incautado en registros realizados en Navarra, Toledo, Granada y Valencia, tanto en constructoras como en los domicilios particulares de implicados como Ábalos, Joseba Antxon (propietario de Servinabar), Fernando Merino (exdirectivo de Acciona), José Ruz y los hermanos Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos).

La Guardia Civil ya trabaja en rastrear el dinero procedente de las supuestas mordidas, con el objetivo de determinar si parte de esos fondos acabó en las arcas del partido.

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Congresistas piden investigar a fundación climática con presuntos vínculos con el PCCh que afectarían la seguridad energética de EE. UU
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Un influyente grupo de vigilancia de la seguridad nacional ha solicitado al Congreso que investigue a una organización climática sin fines de lucro por sus presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh). Según un informe de State Armor, la fundación estaría actuando como vehículo de influencia extranjera, colaborando con entidades ambientales estadounidenses para promover políticas energéticas que beneficiarían estratégicamente a Pekín.

El documento sostiene que el PCCh ha logrado infiltrar el discurso climático estadounidense, utilizando a grupos progresistas como herramienta para debilitar la independencia energética del país. Las tecnologías limpias impulsadas por estas organizaciones, como los paneles solares o los vehículos eléctricos, harían a EE. UU. dependiente de las cadenas de suministro chinas, con implicaciones tanto económicas como geopolíticas.

“El avance de la transición energética bajo estas condiciones implica perder nuestra ventaja estratégica: la autosuficiencia energética”, afirmó Michael Lucci, director ejecutivo de State Armor, en declaraciones al medio Just the News. Tal es así que la influencia de la injerencia de China se está investigando en la organización de los disturbios de Los Ángeles por sus lazos con el PSL.

Riesgos de sabotaje tecnológico

Además de la preocupación por la dependencia energética, el informe advierte sobre posibles amenazas de ciberseguridad. Cita investigaciones que revelan la presencia de dispositivos de comunicación ocultos en paneles solares importados desde China, según reportes de Reuters. “No están ahí por accidente. Son herramientas de control”, declaró Lucci, insinuando una posible capacidad de Pekín para interrumpir el suministro eléctrico estadounidense.

Energy Foundations China Strategy: Michael Killen

El rol de la Energy Foundation China

El reporte se centra en la Energy Foundation China (EFC), una ONG que canaliza fondos y apoyo logístico a universidades y grupos activistas climáticos estadounidenses. Aunque se presenta como una entidad independiente, EFC mantiene estrechos lazos con el gobierno chino, según el informe. Documentos internos muestran que ha financiado eventos con presencia de líderes políticos estadounidenses, como el viaje del gobernador Gavin Newsom a China en 2023.

“El enfoque chino de influencia política se basa en la doctrina del frente unido, una estrategia derivada del leninismo”, explicó Lucci. Según él, EFC actuaría como un nodo estratégico dentro de una red de organizaciones diseñadas para legitimar los intereses chinos y desacreditar a quienes se opongan.

La fundación no respondió a las solicitudes de comentarios de Just the News.

Redes de influencia y financiamiento

Con sede en San Francisco, EFC escindió su rama estadounidense en 2019, formando la U.S. Energy Foundation. A pesar de ello, sigue financiando activamente a entidades estadounidenses. En 2023, reportó ingresos por 84 millones de dólares y destinó fondos a grupos como Rocky Mountain Institute (RMI), que recibió más de 900.000 dólares a lo largo de varios años.

Uno de los estudios más citados de RMI vincula el uso de estufas de gas con el asma infantil, argumento usado para justificar restricciones al gas natural. No obstante, críticos señalan que el estudio ignoró investigaciones globales más robustas que contradicen esa relación.

EFC también ha otorgado subvenciones millonarias al Consejo Internacional de Transporte Limpio, promotor de la transición a camiones eléctricos bajo la Ley de Reducción de la Inflación. Además, apoya investigaciones en universidades como Harvard, UCLA y Berkeley, entre otras.

Conexiones directas con el gobierno chino

Los altos cargos de la fundación tienen historiales laborales ligados al PCCh. Su director ejecutivo, Zou Ji, fue subdirector del Centro Nacional para la Estrategia de Cambio Climático en China. Otros líderes, como Xin Liu y David Wagner, han trabajado en agencias ambientales chinas o incluso dentro del Ministerio de Protección Ambiental de China.

Según State Armor, el control de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) del PCCh sobre EFC es prueba de su papel como brazo operativo de la estrategia energética china. Esta comisión supervisa áreas consideradas críticas para la seguridad nacional, y regula las inversiones extranjeras en consecuencia.

Lucci sugiere que la participación del PCCh en la política energética de EE. UU. está motivada por su vulnerabilidad geoestratégica, ya que depende del petróleo del Medio Oriente, lo que la expone a bloqueos navales estadounidenses. “Quieren eliminar cualquier capacidad de EE. UU. de interrumpir sus rutas de energía”, sentenció.

Llamado a una investigación federal

Jason Isaac, director del Instituto Estadounidense de Energía, respaldó los hallazgos, afirmando que el PCCh ha manipulado el activismo climático para favorecer tecnologías bajo su control. “Esto no es progreso, es dependencia estratégica“, declaró.

En una carta dirigida a legisladores como James Comer y Chuck Grassley, Lucci pidió al Congreso abrir una investigación formal sobre la fundación. También instó al Departamento de Justicia a evaluar si EFC debería registrarse como agente extranjero bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), lo que obligaría a la entidad a transparentar sus vínculos con China y sus operaciones financieras en EE. UU.

El informe concluye que la creciente penetración de intereses chinos en la política energética estadounidense representa una amenaza sostenida a la soberanía nacional, que requiere respuesta urgente desde los más altos niveles del gobierno.

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Ana María Fuentes asume funciones clave tras la dimisión de Cerdán pese a los indicios de su implicación en el caso Koldo
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Ana María Fuentes // Europa Press

Pedro Sánchez ha depositado la dirección provisional del PSOE en un grupo de dirigentes encabezado por Ana María Fuentes, gerente del partido, tras la abrupta dimisión de Santos Cerdán, implicado en el caso Koldo. La decisión ha causado malestar interno y preocupación entre los sectores críticos del partido, ya que Fuentes figura en el informe de la Guardia Civil que motivó la salida del hasta ahora número tres del PSOE.

Fuentes no solo es una persona de máxima confianza de Cerdán, sino que fue designada como gerente del partido por expresa petición suya durante el 40º Congreso Federal del PSOE en Valencia, en 2021. El entonces flamante secretario de Organización exigió su nombramiento como condición para aceptar el cargo.

Ahora, su nombre aparece en las páginas 370 a 372 del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), donde se transcriben mensajes de Koldo García al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. En esas conversaciones, Koldo intercede para que Herrero sea contactado por la gerencia del PSOE, presuntamente para pedirle una “aportación económica” al partido, que la UCO denomina eufemísticamente “el impuesto”. Según los investigadores, esa solicitud partió directamente de la gerencia, es decir, de Ana María Fuentes.

De la gerencia al control del partido

A pesar de estos antecedentes, Pedro Sánchez ha elegido a Fuentes para integrar el cuarteto que asumirá las competencias de la Secretaría de Organización de forma interina, junto a Cristina Narbona, Montse Mínguez y Borja Cabezón. Esta decisión ha sido interpretada por algunos sectores como una maniobra para mantener el control del partido en manos de afines al núcleo duro del presidente.

Fuentes, licenciada en Derecho y antigua diputada socialista, fue también recomendadora habitual de actos vinculados a la cátedra de Begoña Gómez, la esposa del presidente, actualmente bajo investigación judicial. En su perfil profesional, la dirigente destaca su papel en el diseño de sistemas de cumplimiento normativo y auditoría interna del PSOE, funciones ahora puestas en cuestión.

La crisis interna se agrava por el papel que desempeñó Montse Mínguez, otra de las nuevas responsables del partido, en defensa de Cerdán en el Congreso. En un tenso debate con el PP el pasado 28 de mayo, Mínguez criticó que se atacase al exnúmero tres socialista por formular preguntas parlamentarias sobre obras, precisamente el tema que lo vincula con el escándalo de las comisiones.

«El nivel es tal que ahora somos corruptos solo por preguntar», espetó Mínguez, ignorando que Cerdán nunca se interesó por ese tema desde 2019 hasta que explotó el escándalo, diez días después de sus primeras preguntas sobre infraestructuras.

La elección de Fuentes y compañía será ratificada, o no, en el próximo Comité Federal del PSOE, donde se espera una renovación de estructuras y rostros. Sin embargo, la inclusión de personas señaladas en investigaciones judiciales ha generado serias dudas sobre la voluntad real de regeneración.

Aun así, el entorno de Sánchez insiste en defender su decisión, asegurando que no hay pruebas concluyentes de irregularidades y que se trata de un equipo técnico provisional. La realidad, no obstante, es que el PSOE afronta una crisis interna de gran calado con el partido bajo sospecha de financiación irregular y el nombre de Begoña Gómez en el foco judicial.

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El presidente rechaza la cuestión de confianza y asegura que el PSOE no convocará un ‘superdomingo’ electoral pese al escándalo de Santos Cerdán
The post El PSOE promete una comisión de investigación para el caso Koldo first appeared on Hércules.  Pedro Sánchez ha salido este lunes al paso de la mayor crisis política de su Gobierno con un mensaje claro: no habrá adelanto electoral, ni cuestión de confianza, ni superdomingo en las urnas. El presidente del Ejecutivo ha comparecido en rueda de prensa tras una larga reunión de la Ejecutiva del PSOE en Ferraz para anunciar que comparecerá en el Congreso “a petición propia” en la primera fecha disponible y que impulsará una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Koldo, en el que su número tres, Santos Cerdán, ha sido señalado por la Guardia Civil como “jefe” de una trama corrupta.

“Podemos sufrir traiciones, pero el PSOE es una organización limpia”, ha subrayado Sánchez, quien ha reconocido que en los últimos días ha barajado todas las opciones, incluida la de dar un paso al lado. Finalmente ha optado por seguir, evitar el adelanto de elecciones generales y garantizar que no coincidirán con otras citas electorales: “Nunca ha sucedido desde que soy presidente, y no sucederá”, prometió.

Sin moción ni dimisiones, pero con advertencias al PP y Vox

Sánchez ha retado a los partidos de la oposición a que presenten una moción de censura si consideran que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria. En su discurso, intentó marcar distancia con el PP y Vox en materia de lucha contra la corrupción: “Nosotros no somos perfectos, pero somos intransigentes cuando nos afecta”.

El escándalo de Cerdán, quien era considerado su lugarteniente en el partido, ha causado un fuerte impacto en las bases y cuadros intermedios del PSOE, que temen que la corrupción lastrará las expectativas electorales de la formación. Con el partido “en shock”, Sánchez ha tratado de transmitir serenidad: “Estoy tranquilo”, dijo, para después asegurar que se impulsará una auditoría externa y que “no se mirará para otro lado” ante posibles irregularidades.

Yolanda Díaz presiona: “El PSOE no puede hacer como si nada hubiera pasado”

Pero la crisis no solo ha generado tensión interna en el PSOE. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido también este lunes para calificar de “insuficientes” las explicaciones de Sánchez y anunciar la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto de coalición. Díaz exigirá en ese foro medidas concretas como el fin de los aforamientos, la prohibición de contratar con la Administración a empresas condenadas por corrupción, y plazos claros para relanzar la agenda social del Ejecutivo.

“Basta de cinismo”, dijo la vicepresidenta, que defendió que los cinco ministros de Sumar son personas “limpias” y que su espacio político jamás ha tenido un caso de corrupción. La vicepresidenta pidió “garantías” a Sánchez de que no hay más casos en el partido: “La corrupción no es inevitable”, afirmó tajante, en clara alusión a las palabras que el propio presidente pronunció días atrás.

Díaz fue contundente: “El PSOE no puede hacer como si nada hubiera pasado”. A su juicio, se ha roto la confianza con la ciudadanía y es necesario gobernar con decencia. Para restaurar la credibilidad, reclamó desbloquear las políticas de vivienda, permisos retribuidos o la prestación universal por crianza.

También pidió poner el foco en los corruptores y no solo en los políticos. En un mensaje dirigido al electorado progresista, prometió que no llegarán a las próximas elecciones “con miedo e incertidumbre”, sino “con esperanza y fuerza para ganarlas”.

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Exsocialistas frustrados aprovechan la crisis de Pedro Sánchez para atacarlo, aunque muchos antes le aplaudían cuando ocupaban cargos de poder
The post Los despechados de Pedro Sánchez  first appeared on Hércules.  Hay una cosa que me llama la atención de este acorralamiento a Pedro Sánchez. Acoso justificado, un seguidismo envenenado por la misma razón que se hace con los que tienen un nudo de sospechas cargado de indicios. El Presidente del Gobierno sabía cosas, conocía a las personas que puso a su vera, y si no, es que es gafe. El caso del presidente, salvando las distancias,  me recuerda a esos casos de los políticos que tienen en su espalda diez imputaciones en los tribunales y defienden su inocencia. Menuda mala suerte. Un servidor nunca se ha visto en una así, de momento no me ha caído esa mala nueva de estar señalado hasta diez veces. Quizá es que la suerte está de mi lado, pero creo que tiene que ver más con no jugar a la ruleta rusa. Todo el que se recrea con esa fantasía de fuego termina quemándose. Consecuencias no ignífugas que también dejan tocado y hundido al damnificado. 

El caso es que en esta retahíla de personajes ilustres, aparecen diferentes perfiles cargados de inquina, se ha viralizado la figura de una ex diputada del PSOE acordándose de los ancestros de Santos Cerdán. No es más que una muestra más de ese rosario de individuos que aprovechan sus frustraciones personales para criticar a Pedro Sánchez. El problema es que si muchas de estas personas no hubiesen sido defenestradas por el presidente seguramente seguirán bailando el agua. Me refiero a Tomás Gómez, Susana Díaz, Joaquín Leguina… Todos estos míticos y legendarios socialistas que han encontrado esta ocasión para despotricar contra su antiguo líder. Habría que ver cómo hubiese sido su comportamiento de haber sido unas circunstancias distintas. 

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La empresa destituye a su director de Construcción en España y rompe lazos con Servinabar tras ser citada por la UCO como beneficiaria de adjudicaciones irregulares
The post Acciona se sacude el escándalo del caso Koldo con despidos y ruptura de contratos first appeared on Hércules.  

José Manuel Entrecanales, CEO de Acciona // Acciona

Acciona ha comenzado a tomar medidas tras verse directamente implicada en el caso Koldo, una investigación judicial que vincula a exdirigentes del PSOE con presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. La compañía de la familia Entrecanales ha anunciado este lunes el cese de Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora director de Construcción para España, por “falta de diligencia” en sus responsabilidades de supervisión sobre los contratos con la empresa Servinabar 2000 S.L., señalada por la Guardia Civil como pieza clave en la trama.

El nombre de Justo Vicente Pelegrini aparece en una conversación telefónica intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde el exasesor del ministro Ábalos, Koldo García, le comenta al propio Ábalos que Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE, “ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona”.

Aunque Acciona aclara que su despido “no prejuzga eventuales responsabilidades legales ni responde a conclusión alguna de la investigación interna”, sí reconoce que el caso Servinabar evidencia una quiebra de la diligencia debida por parte de su ya exdirectivo.

En paralelo, Acciona ha anunciado la resolución de todos los contratos y acuerdos que mantenía con Servinabar 2000, la constructora navarra vinculada presuntamente a Cerdán y al entorno de Koldo. La empresa justifica esta decisión en el “incumplimiento de los compromisos contractuales” por parte de Servinabar, especialmente en lo relativo a los estándares de “cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia”.

El contrato más relevante era el de las obras del túnel de Belate, en Navarra, adjudicado en 2024 por el Gobierno foral de María Chivite a una UTE formada por Acciona, Servinabar y Osés Construcciones por 76 millones de euros. Según fuentes de la compañía, ese era el único contrato aún en vigor con Servinabar.

Otro despido anterior: Fernando Merino

Acciona también recordó que ya en 2021 despidió a Fernando Agustín Merino Vera, exdirector del área de Navarra y La Rioja, quien según la UCO estaría directamente implicado en el entramado de sobornos que comenzó a operar, al menos, desde 2015 en la comunidad navarra.

Merino aparece en el informe judicial como parte activa de un circuito de pagos entre empresas constructoras y cargos del PSOE, en una red que ha terminado salpicando a nombres clave del partido.

Pese a estas medidas, Acciona insiste en que su investigación interna apenas está en una fase inicial. En su comunicado de este lunes, la compañía ha reiterado su “rechazo de forma contundente a cualquier práctica irregular en materia de contratación” y asegura que mantiene su “plena disposición a colaborar con las autoridades”.

La empresa cotizada en el Ibex 35 busca con estas decisiones blindarse ante las consecuencias reputacionales y legales que pueda acarrear su aparición en una de las tramas de corrupción política más relevantes de los últimos años, donde se mezclan contrataciones públicas, comisiones irregulares y maniobras de colocación en la Administración.

Aunque por ahora no se han anunciado acciones judiciales contra Acciona, la aparición repetida de sus directivos en las escuchas de la UCO y su estrecha relación con empresas y políticos señalados en la causa han empujado a la compañía a realizar una purga preventiva, en un intento por contener el daño y enviar un mensaje de distanciamiento con el caso.

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Turquía intensifica la represión contra cristianos, marcando a extranjeros como amenazas bajo informes secretos del MIT. En especial el Caso Louven
The post Turquía persigue a cristianos con el código N-82: la inteligencia de Erdogan criminaliza la fe first appeared on Hércules.  Bajo el mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan, la situación de los cristianos en Turquía se ha tornado cada vez más precaria. El gobierno, liderado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ha profundizado su tendencia autoritaria y xenófoba, valiéndose del aparato de inteligencia para ejecutar una política de exclusión contra las minorías religiosas.

Persecución y hostigamiento: Caso Louven

La agencia de inteligencia MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ha sido un actor clave en esta ofensiva, dirigiendo acciones que afectan directamente a ciudadanos extranjeros cristianos, muchos de los cuales llevaban décadas integrados en la sociedad turca. Un caso emblemático es el de Hans-Jürgen Peter Louven, profesor alemán que llegó al país en 1994 junto a su esposa austríaca y su hija recién nacida. Tras 25 años de residencia estable, las autoridades turcas decidieron, sin previo aviso, no renovar sus permisos de residencia en 2019.

La expulsión, atribuida a un informe secreto del MIT, sacudió a la familia. El documento, sin pruebas judiciales sólidas, acusaba a Louven de representar un riesgo para la seguridad nacional, supuestamente por actividades relacionadas con el trabajo misionero, algo que el gobierno considera subversivo pese a no ser delito según el Código Penal turco.

Este señalamiento provocó que la Dirección General de Migración (GIB), bajo el Ministerio del Interior, le asignara el código N-82, una etiqueta reservada para individuos considerados tan peligrosos como miembros de grupos terroristas como al-Qaeda o el ISIS. Pese a no haber cometido ningún delito ni estar bajo investigación, Louven enfrentó un proceso legal de cinco años, apelando ante tribunales locales y, eventualmente, el Tribunal Constitucional. Alegó que la medida violaba sus derechos fundamentales: vida familiar, libertad religiosa y debido proceso.

Durante su estancia, Louven fue un miembro activo de la comunidad en Muğla, provincia del suroeste turco. Fundó empresas vinculadas al turismo religioso y restauración de patrimonio, colaboró con organizaciones locales e incluso recibió elogios del gobernador. Sin embargo, sus actividades espirituales y presencia en eventos cristianos —como una conferencia protestante en Antalya— fueron interpretadas por los servicios de inteligencia como amenaza.

Una libertad religiosa cada vez más amenazada

La Constitución de Turquía garantiza la libertad religiosa, pero en la práctica, las autoridades ven con recelo a las minorías, especialmente cuando están asociadas con Occidente. A esto se suma un clima de creciente hostilidad impulsado por medios progubernamentales que etiquetan a los cristianos como infiltrados o desestabilizadores.

Louven sostuvo ante los tribunales que nunca ocultó su fe ni participó en actividades ilegales. Sin embargo, su testimonio fue ignorado. En 2020, el Tribunal Administrativo de Muğla rechazó su demanda; una decisión confirmada por el Tribunal Regional de Esmirna, que alegó motivos de seguridad nacional sin revelar evidencia concreta.

El informe secreto del MIT nunca fue compartido con la defensa ni con los jueces. Pese a las garantías procesales constitucionales y la pertenencia de Turquía al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional rechazó en 2024 la apelación de Louven, alegando que el gobierno tenía derecho a controlar el ingreso y permanencia de extranjeros por razones legítimas.

Aunque el tribunal reconoció una injerencia en su vida familiar, justificó la medida como legal y proporcional. Respecto a la libertad religiosa, concluyó que el estado podía restringir el trabajo misionero si existía riesgo para el orden público, aun sin pruebas concluyentes.

Esta lógica se alinea con el creciente uso de los informes de inteligencia del MIT, que operan sin transparencia ni control judicial efectivo. En este contexto, la designación N-82 se ha convertido en una herramienta de exclusión sistemática contra cristianos y otros colectivos no musulmanes.

El gobierno de Erdogan ha instrumentalizado el miedo a las minorías religiosas, incluidos cristianos y judíos, para movilizar a su base electoral de mayoría suní. Esta estrategia busca ocultar problemas estructurales como la inflación o el desempleo, mientras se reprime a opositores y disidentes, incluidos miembros del movimiento Gülen.

Las comunidades cristianas, aunque pequeñas, desempeñan un rol importante en el tejido social. Sin embargo, bajo el nuevo paradigma de seguridad nacional, su presencia se ha vuelto problemática a los ojos del régimen. La persecución también incluye campañas mediáticas, allanamientos arbitrarios y el uso de códigos como el N-82, que en la práctica equivalen a una prohibición de entrada permanente.

Louven, que comenzó su vida en Turquía trabajando con la organización cristiana alemana CRG Reisen, enfrentó además una campaña de difamación en la década de 2000. En aquella época, el Consejo de Seguridad Nacional (MGK) identificó el trabajo misionero como una amenaza estratégica. Siguiendo esa doctrina, se instruyó a las agencias estatales a recopilar información sobre cristianos, obstruir sus actividades y sembrar sospechas mediante filtraciones a la prensa.

Una de esas campañas afectó directamente a Louven, cuando se le acusó falsamente de distribuir folletos religiosos vinculados a los Testigos de Jehová. La policía allanó su oficina, investigó sus propiedades turísticas y, aunque no se formularon cargos, el daño ya estaba hecho. Pese a todo, la familia persistió. Continuaron con su vida hasta agosto de 2019, cuando, tras una visita rutinaria a la Dirección de Migración en Muğla, se les notificó que debían abandonar el país en 10 días. La única justificación: su fe cristiana.

En una petición publicada en Change.org, Louven denunció esta violación de derechos humanos y apeló a la comunidad internacional. “Nuestro hogar, nuestra granja, nuestra vida legal… todo desapareció en cuestión de días. Y todo por compartir nuestra creencia”, escribió. La negativa del gobierno a renovar el permiso de residencia también afectó los estudios de su hija. Su esposa, al regresar de un viaje a Austria, fue rechazada en la frontera. Louven continuó luchando legalmente, pero al ver agotadas todas las vías judiciales y ante la amenaza de arresto, huyó del país en 2020.

El MIT intensifica sus operaciones de limpieza

En 2021, publicó un libro: “Unerwünscht im Orient” (“No deseado en Oriente”), donde relata su lucha espiritual y jurídica durante su experiencia en Turquía. El caso se ha convertido en un símbolo del creciente hostigamiento a cristianos en Turquía, y ha sido reportado por medios como Nordic Monitor, que documenta otros casos similares. De acuerdo con esa fuente, cientos de cristianos ,turcos y extranjeros, han sido objeto de vigilancia, acusaciones infundadas y deportaciones por presunto proselitismo, en un patrón que revela una estrategia sistemática de exclusión religiosa.

El código N-82, aunque no equivale formalmente a una prohibición de ingreso, en la práctica impide cualquier retorno: las solicitudes de aprobación previa exigidas por ese código son rechazadas automáticamente en consulados turcos.

Este entramado jurídico, político y mediático confirma que la persecución a cristianos en Turquía responde a una política de Estado, sostenida por una red institucional que incluye al MIT, los tribunales y los medios. Las víctimas, desprovistas de recursos legales efectivos, quedan indefensas frente a un sistema que criminaliza la fe.

El caso Louven es un ejemplo doloroso de cómo el derecho a la libertad religiosa en Turquía se ve amenazado por un régimen que prioriza el control ideológico sobre el respeto a los derechos humanos.

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Vance Boelter fue detenido por el asesinato de la exlíder legislativa Melissa Hortman y el ataque al senador John Hoffman. Autoridades investigan móvil político.
The post Así es Vance Boelter, el presunto asesino de Melissa Hortman first appeared on Hércules.  El principal sospechoso del tiroteo que dejó una legisladora muerta y otro herido en Minnesota fue capturado el domingo por la noche, luego de una extensa persecución de dos días. Las autoridades identificaron al detenido como Vance Boelter, quien ya enfrenta cargos por asesinato e intento de asesinato.

El gobernador Tim Walz confirmó el arresto en una conferencia de prensa cerca de la medianoche. “Las acciones impensables de un solo hombre han conmocionado a todo el estado”, declaró, subrayando que Minnesota no puede normalizar la violencia política. “Este no puede ser el camino para resolver diferencias”, añadió, instando a la unidad y al diálogo entre los ciudadanos.

Vance boelter, un perfil radicalizado que ya había avisado

Boelter habría enviado un mensaje inquietante a uno de sus amigos más antiguos, David Carlson, con quien compartía casa: “Puede que muera pronto”. Este último lo describió ante las autoridades como un católico antiabortista, con quien evitaba hablar de política. Según CNN, Boelter también afirmó ser un cristiano evangélico. Se dice que realizó varios viajes misioneros a África, incluso a la República Democrática del Congo. Otro sitio, ahora archivado pero consultado por nuestros colegas, lo presentaba como reverendo y autor de un libro sobre “la naturaleza del hombre” y su “relación con Dios”.

Vance Boelter parecía integrado. Empleado de una funeraria, padre de cinco hijos, incluso había formado parte de la junta directiva de una organización local en Minnesota. Según los archivos desenterrados por la prensa estadounidense, se reunió con el senador John Hoffman, una de las víctimas. Habrían participado juntos en una videoconferencia en 2022 sobre el empleo tras la pandemia de Covid-19, según informó Le Figaro, citando a la prensa local.

Boelter también dirigía una empresa de seguridad residencial, Praetorian Guards Security Services, en cuyo sitio web figuraba como director de patrullas de seguridad. Una biografía halagadora describía a un hombre experimentado, que había operado en áreas sensibles como Europa del Este, África, Cisjordania, Líbano del Sur y Gaza.

Según el sitio, trabajó para la mayor empresa estadounidense de refinación de petróleo, el mayor grupo agroalimentario del mundo con sede en Suiza, así como para el mayor distribuidor japonés. Los medios locales no han podido confirmar esta información. Su perfil de LinkedIn indica que tiene una maestría en ciencias de la gestión y un doctorado en liderazgo educativo, obtenidos en una universidad de Milwaukee.

El ataque, del que Boelter es el presunto autor, tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada. Vestido como un oficial de policía, con una máscara de látex, cuya foto fue publicada por el FBI, primero fue a la casa del senador local John Hoffman, a quien hirió, junto con su esposa. Luego condujo unos 8 kilómetros hasta un suburbio del norte de Minneapolis, donde vivían Melissa Hortman, miembro de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo. La pareja, según las autoridades, “fue asesinada a tiros esta madrugada”.

Dos tiroteos en la misma mañana

Los ataques ocurrieron en la madrugada del sábado. La ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo Mark, fueron asesinados a tiros en su residencia.

Pocas horas después, el senador estatal John Hoffman (D) y su esposa Yvette resultaron heridos en otro tiroteo en una vivienda situada a solo 8 millas del primer incidente. Ambos sobrevivieron y fueron operados por heridas de bala.

Las autoridades vinculan a Boelter con ambos ataques, y lo consideran responsable directo. Aunque el motivo no ha sido confirmado oficialmente, el gobernador sugirió que los crímenes tuvieron un componente político.

Persecución masiva con 20 equipos SWAT

La búsqueda de Boelter movilizó a decenas de cuerpos de seguridad en todo el estado. El superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal, Drew Evans, describió la operación como “compleja y peligrosa”.

Según Mark Bruley, jefe de policía de Brooklyn Park, participaron al menos 20 equipos SWAT. Boelter fue detenido cerca de su domicilio sin ofrecer resistencia, aunque iba armado en el momento del arresto. Evans no reveló detalles sobre el arma incautada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ramsey publicó una imagen del sospechoso tras su detención, esposado y rodeado por agentes en un campo abierto. “El rostro del mal. El asesino ahora está bajo custodia”, señalaron en sus redes sociales.

Reacciones: “Una pesadilla que llega a su fin”

La presidenta de la Cámara de Minnesota, Lisa Demuth (R), expresó alivio tras la detención del sospechoso. “Estoy agradecida de que esta pesadilla haya terminado. Ahora puede ser procesado y castigado por el horror causado”, publicó en X (antes Twitter).

Durante la operación, las autoridades recibieron más de 400 pistas ciudadanas. Se emitieron órdenes de arresto estatales y federales, y se sospecha que Boelter utilizó “múltiples medios de transporte” para evitar su captura.

Evans recalcó que, aunque el caso ha generado alarma, no se deben buscar “respuestas fáciles para problemas complejos”. Las investigaciones continúan y podrían revelar más detalles sobre las motivaciones detrás de estos crímenes.

Investigación en curso y móvil político

Aunque Walz mencionó que los tiroteos podrían tener motivaciones políticas, hasta ahora la información disponible es limitada. Los investigadores están revisando el material incautado en los registros y no se descarta que se presenten cargos adicionales.

Este suceso ha generado una oleada de reacciones en el ámbito político estatal y nacional, en medio de un contexto creciente de polarización. El caso ha renovado el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en Estados Unidos y el uso de la violencia como instrumento político.

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