Categoría: ESPAÑA

La debilidad del Gobierno y sus socios se evidenció en las votaciones
The post El Congreso exige a Sánchez medidas concretas contra la okupación ante la inacción del Gobierno first appeared on Hércules.  El Congreso de los Diputados vivió este jueves una jornada intensa en materia de vivienda, marcada por el avance de varias propuestas del Partido Popular que buscan desmantelar parte de las políticas impulsadas por el Gobierno en esta área. Con el respaldo clave de Vox y la ausencia del PNV y Junts, el PP logró sacar adelante tres proposiciones no de ley que arremeten contra la Ley de Vivienda de 2023, el llamado “intervencionismo” del Ejecutivo en el mercado inmobiliario y el fenómeno de la ocupación ilegal y la “inquiocupación”.

Estas iniciativas, debatidas y votadas en la Comisión de Vivienda del Congreso, incluyen medidas para agilizar trámites urbanísticos, fomentar la construcción de vivienda y endurecer la legislación contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente. Desde el PP se celebró el resultado como un primer paso hacia un “modelo alternativo” que, aseguran, devuelva la seguridad jurídica a propietarios e incentive la oferta de vivienda.

La debilidad del Gobierno y sus socios se evidenció en las votaciones. La ausencia de representantes de PNV y Junts condenó las propuestas del PSOE y de Sumar, que no lograron sacar adelante ninguna de sus iniciativas. Los socialistas perdieron una proposición clave para blindar el parque público de vivienda protegida, mientras que otra medida para aplicar la declaración de zonas tensionadas, contemplada en la Ley de Vivienda, también fracasó. Sumar, por su parte, se abstuvo en esta última, y vio cómo su propuesta estrella —una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para hacer el alquiler indefinido— fue tumbada por PP y Vox, con la abstención del PSOE.

El debate político sobre la vivienda se recrudece, y la pugna entre modelos es cada vez más clara. Por un lado, el bloque conservador exige menos regulación, más libertad de mercado y más protección a los propietarios. Por otro, el Gobierno y sus aliados defienden la necesidad de intervenir en favor del acceso a la vivienda, frenar la especulación y ampliar el parque público.

La votación de hoy no implica cambios legislativos inmediatos, al tratarse de proposiciones no de ley, pero sí marca la dirección del debate en un contexto de tensión creciente entre propietarios, inquilinos, y administraciones, especialmente en zonas con precios al alza y escasez de oferta.

En definitiva, el Congreso ha escenificado este jueves la división frontal entre dos modelos de vivienda: uno que quiere desmontar la ley actual y reforzar la propiedad privada, y otro que busca profundizar en la regulación del alquiler y la protección del derecho a la vivienda.

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España costeará íntegramente el uso del catalán en centros europeos como parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts
The post Nueva concesión del Gobierno a Junts: pagará la implantación del catalán en las Escuelas Europeas first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado que el catalán sea reconocido como “Otra Lengua Nacional” (OLN) en las Escuelas Europeas, lo que permitirá su enseñanza en varios centros repartidos por las capitales comunitarias. El acuerdo fue cerrado este miércoles por la Junta de Gobernadores de estas escuelas en Chipre, aunque con una condición clara: España deberá asumir todo el coste del programa para preservar la neutralidad presupuestaria del sistema educativo europeo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que se hará cargo de los salarios de los profesores y de cualquier otro gasto derivado. Esta decisión se inscribe dentro del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, que incluyó el compromiso de impulsar el uso del catalán en las instituciones europeas. Aunque el plan aún está en fase preliminar, marca un avance en la estrategia del Ejecutivo para dar visibilidad institucional a las lenguas cooficiales.

Sin precedentes ni oficialidad europea

A pesar de su aprobación en el ámbito educativo, el reconocimiento del catalán como OLN no implica que se convierta en lengua oficial de la UE, y no sienta precedente para otras lenguas. De hecho, tanto el euskera como el gallego han quedado fuera del plan, aunque el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el programa en el futuro.

Este estatus coloca al catalán en la misma categoría que lenguas como el gaélico irlandés o el maltés, que ya se imparten en estas escuelas, orientadas principalmente a los hijos del funcionariado europeo. El objetivo es que los alumnos españoles puedan recibir clases en catalán independientemente de la sección lingüística a la que pertenezcan.

Un compromiso político con sello catalán

El impulso de esta medida responde al acuerdo político entre el PSOE y Junts, formación que exigió avances concretos en el reconocimiento del catalán como parte de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Durante la presidencia española del Consejo de la UE, el Ejecutivo ya había intentado avanzar en este frente, proponiendo una estrategia gradual: comenzar con el ámbito educativo para más adelante buscar su oficialidad plena.

Sin embargo, la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE requiere unanimidad entre los Veintisiete, algo que por ahora no ha sido posible. Varios países han mostrado reticencias y han pedido informes jurídicos y de impacto antes de dar cualquier paso.

El Ejecutivo ha insistido en que existen precedentes que avalan este tipo de acuerdos, como ocurre en el Comité de las Regiones o la Comisión Europea, donde ya se permite el uso de lenguas regionales. En esa línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita también su uso en los debates plenarios de la Eurocámara. Pero por ahora, la petición sigue pendiente de resolución y sin una fecha concreta.

Un paso más en la política lingüística del Gobierno

Esta decisión se suma a otras iniciativas recientes como la creación de un nuevo canal en catalán por parte de RTVE, dirigido por el periodista Oriol Nolis, y propuestas para que la ONU proteja el catalán y el euskera dentro de la Agenda 2030.

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Bruselas suspende temporalmente sus represalias comerciales para abrir una vía de diálogo tras la tregua parcial anunciada por Trump
The post La UE concede a Trump 90 días para negociar antes de imponer aranceles a EE.UU. first appeared on Hércules.  La Unión Europea ha decidido aplazar durante 90 días la aplicación de sus aranceles contra Estados Unidos, como gesto para “dar una oportunidad a la negociación”, según anunció este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta medida responde a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, quien un día antes anunció también una tregua parcial en su ofensiva comercial, suspendiendo temporalmente los recargos del 20% a todas las importaciones extranjeras.

La tensión comercial entre ambas potencias, reactivada por el retorno de Trump a la Casa Blanca, había alcanzado un punto crítico tras la reactivación de los aranceles sobre el acero y el aluminio europeos. Sin embargo, con este doble gesto de contención, Bruselas y Washington optan por explorar una vía de diálogo que podría evitar un nuevo enfrentamiento arancelario a gran escala.

Aranceles congelados, pero no descartados

Pese al anuncio, la Comisión Europea no ha detenido los preparativos para imponer sus propias contramedidas, que ya contaban con el respaldo de los 27 Estados miembro. El plan inicial contemplaba imponer aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de 21.000 millones de euros, en tres fases sucesivas: abril, mayo y diciembre.

Según ha explicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, la pausa también servirá para que los servicios comunitarios puedan “analizar” la nueva situación, realizar consultas con los Estados miembro y coordinarse con los sectores industriales afectados. Es decir, se da espacio a la diplomacia sin abandonar el terreno técnico y jurídico en previsión de que las negociaciones no fructifiquen.

El gesto de Trump que abrió la puerta al diálogo

El anuncio de Von der Leyen se produjo tras la tregua parcial anunciada por Donald Trump, quien postergó también por 90 días los nuevos aranceles indiscriminados del 20% a las importaciones, medida que amenazaba con desatar un conflicto comercial de grandes proporciones. Si bien el aplazamiento es solo temporal, representa un cambio de tono que Bruselas ha decidido corresponder.

La presidenta de la Comisión Europea fue clara en su mensaje: “Queremos dar una oportunidad a las negociaciones”. A través de un escueto pero firme comunicado en redes sociales, Von der Leyen marcó la postura europea de apostar por el diálogo, aunque con el respaldo jurídico y político necesario para responder si el entendimiento fracasa.

Las bolsas reaccionan positivamente a la pausa en la guerra comercial

El anuncio de la tregua arancelaria ha tenido un efecto inmediato en los mercados internacionales, especialmente en Asia, donde las bolsas repuntaron tras conocerse la suspensión temporal de los nuevos aranceles estadounidenses. La posibilidad de evitar un nuevo ciclo de represalias comerciales fue interpretada como un alivio por los inversores, preocupados por el impacto económico global de una guerra arancelaria entre dos de las mayores economías del mundo.

Bruselas mantiene su hoja de ruta y su capacidad de respuesta intacta. La presión se traslada ahora a la mesa de negociación, donde la UE buscará no solo revertir los aranceles sobre acero y aluminio, sino también resolver los que siguen en vigor sobre el sector del automóvil.

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Según su declaración, prestada el pasado 2 de abril, los pagos se realizaron en noviembre y diciembre de 2021
The post Una testigo confirma que entregó 20.000 dólares al hermano de Koldo García por orden de Aldama first appeared on Hércules.  Una nueva pieza clave se suma al entramado del llamado caso Koldo, y lo hace desde el otro lado del Atlántico. Aránzazu Granell, ex trabajadora de una red de clínicas COVID en República Dominicana, ha declarado ante el Tribunal Supremo que entregó personalmente dos pagos de 10.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo García, Joseba García, por orden directa de Javier Serrano, colaborador cercano del empresario Víctor de Aldama, señalado como uno de los cerebros de la trama.

Según su declaración, prestada el pasado 2 de abril, los pagos se realizaron en noviembre y diciembre de 2021, utilizando dinero en metálico que procedía directamente de las clínicas de pruebas COVID que gestionaba en Punta Cana. “Habíamos quedado para que yo le diera 10.000 dólares, que fue lo que me dijo Javier Serrano”, explicó ante el juez instructor, señalando que la entrega se realizaba sin registro bancario, una práctica habitual, según dijo, dentro de la organización.

Granell reveló que los clientes de las clínicas podían abonar los servicios con tarjeta o en efectivo, ya fuera en pesos dominicanos, euros o dólares, y que parte de esa recaudación se desviaba para pagos como el que ella misma ejecutó. En su testimonio, explicó que transportaba el dinero en su bolso y concertaba encuentros discretos con Joseba García, a quien en los mensajes internos apodaban “el legionario”. ¿El motivo? “En un momento dado me dijo que había estado en la Legión”, relató.

Aunque no pudo precisar el tipo exacto de billetes entregados, Granell indicó que probablemente eran “de valor alto para que no abultaran”.

La declaración de Granell supone un paso importante en la investigación de la pieza especial que instruye el Supremo, y pone el foco en la utilización de dinero en efectivo procedente de una red internacional de clínicas como parte del sistema de pagos opacos entre los implicados en la trama. Los pagos, presuntamente relacionados con actividades de influencia o compensaciones personales, se habrían producido cuando el nombre de Koldo García aún estaba vinculado al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

Este testimonio ha reforzado el trabajo de las acusaciones populares que empujan la causa, entre ellas HazteOír, Manos Limpias, Vox, el PP e Iustitia Europa, y confirma la existencia de una vía de financiación paralela y opaca, basada en efectivo, que ahora está bajo la lupa del Supremo.

En definitiva, la figura de Joseba García emerge como un nuevo nodo relevante en la red tejida alrededor del exministro Ábalos, mientras la investigación sigue trazando los caminos del dinero que, lejos de dejar rastro en cuentas bancarias, se movía de mano en mano, en sobres, y por medio de emisarios silenciosos como Aránzazu Granell.

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El Senado avanza en la eliminación del despido automático por incapacidad, apostando por la adaptación del puesto antes que la extinción del contrato
The post El Senado da luz verde a eliminar el despido automático por incapacidad permanente first appeared on Hércules.  El Senado ha aprobado en comisión la eliminación del despido automático por incapacidad permanente, dando un paso más hacia un modelo laboral más inclusivo y respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad. La Comisión de Trabajo y Economía Social ha respaldado este Proyecto de Ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, con 28 votos a favor y uno en contra, el de Vox, único grupo que se opuso.

Este dictamen, que procede del Congreso, será debatido ahora en sesión plenaria del Senado. Su aprobación definitiva supondrá una reforma profunda en la gestión de las relaciones laborales en situaciones de discapacidad sobrevenida.

Adiós a la extinción automática

Hasta ahora, cuando una persona era reconocida con una incapacidad permanente, su contrato de trabajo podía extinguirse de forma automática. Esta situación cambiará si se aprueba la ley, que establece que el despido sólo podrá ejecutarse si previamente no es posible adaptar el puesto de trabajo, o si no existe otro compatible y vacante dentro de la empresa. Y aún así, la empresa deberá justificar que realizar esas adaptaciones supondría una “carga excesiva”.

Con esta nueva redacción, la reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores desvincula la incapacidad permanente de otras causas como el fallecimiento del trabajador, estableciendo un marco legal más justo y ajustado a los principios de igualdad y no discriminación.

Una protección real para el trabajador

En el debate parlamentario también se incorporaron enmiendas relevantes, como la presentada por Podemos, que refuerza aún más la protección del trabajador: una empresa no podrá alegar que la adaptación del puesto es una carga excesiva si el coste de esa adaptación no supera la indemnización por despido o seis meses de salario. Esta cláusula impide que las compañías utilicen argumentos económicos como excusa para despedir en lugar de readaptar.

Otra de las enmiendas relevantes establece que el Gobierno deberá aprobar en el plazo de un año una ley que garantice la adaptación de los puestos de trabajo de guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad, extendiendo así el alcance de la reforma a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Reconocimiento del movimiento asociativo de la discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró con entusiasmo esta decisión. A través de un comunicado, calificaron esta reforma como la eliminación de una “discriminación histórica que aún subsistía” en el sistema jurídico-laboral español.

“El CERMI agradece al Gobierno, en especial al Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, y a los grupos políticos el impulso y respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada”, manifestó el comité tras su aprobación en la Comisión del Congreso.

Esta reforma coloca a España más cerca de los estándares europeos en materia de inclusión laboral, y reconoce que las personas con discapacidad permanente no deben ser automáticamente excluidas del mercado laboral. Se trata de una medida que no sólo responde a una demanda social sostenida, sino que también refleja un cambio de paradigma en la relación entre discapacidad y empleo.

Con el respaldo parlamentario casi unánime, esta nueva normativa apunta a consolidarse como una de las reformas sociales más relevantes de la legislatura. El foco ahora está en el Pleno del Senado, donde se espera su aprobación definitiva en las próximas semanas.

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La Guardia Civil revela que el perfil de David Sánchez en Airbnb estaba vinculado a un teléfono oficial de la Diputación antes de su contratación
The post Uno de los teléfonos de David Sánchez en Airbnb pertenece a la Diputación de Badajoz, según la UCO first appeared on Hércules.  La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado en un informe enviado al juzgado que uno de los números de teléfono asociados al perfil de Airbnb de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pertenece a la Diputación de Badajoz. Este hallazgo se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en el proceso que llevó a Sánchez a ocupar un puesto en dicho organismo.

El perfil, que utilizaba el alias ‘Hermit’, fue empleado por el músico para buscar alojamiento en Badajoz el 26 de junio de 2017, un día antes de su entrevista para el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación, cargo que obtuvo semanas después.

Siete números vinculados, entre ellos uno institucional y otro de la empresa familiar

Según detalla el informe al que ha tenido acceso The Objective, el usuario ‘Hermit’ tenía vinculados siete números telefónicos, entre ellos uno perteneciente a la Diputación de Badajoz y otro a Playbol, empresa cuyo administrador único es Pedro Sánchez Fernández, padre del músico.

La línea de la Diputación fue activada el 15 de marzo de 2023, fecha en la que David Sánchez ya trabajaba en el ente provincial, lo que plantea interrogantes sobre el uso de recursos institucionales para gestiones personales en plataformas privadas.

Otros números asociados al perfil tienen prefijos internacionales, incluidos Rusia, Kazajistán y Norteamérica, aunque no se ha podido establecer su titularidad exacta. La presencia de estos datos añade más complejidad al perfil digital de Sánchez y a sus vínculos personales y profesionales.

Una búsqueda de piso antes de ser contratado

La investigación cobra especial relevancia por los tiempos en que Sánchez realizó la búsqueda del alojamiento. El testimonio del propietario del apartamento, I.S.R., señala que el contacto se produjo antes de que concluyera el proceso de selección para el cargo público y que Sánchez le explicó que buscaba un “alojamiento estable” porque “se trasladaba a trabajar a Badajoz”.

Este dato ha sido valorado por la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso, como un posible indicio de que el proceso de selección estaba dirigido a favorecer a David Sánchez, quien fue contratado oficialmente el 10 de julio de 2017, coincidiendo con la fecha de entrada en el inmueble consultado por Airbnb.

Una donación millonaria y vínculos familiares

La situación se enmarca en un contexto más amplio de investigación por presuntas irregularidades económicas. En enero de 2023, el padre de David Sánchez donó 240.000 euros al músico para la compra de un palacete en Elvas, Portugal. La transferencia se hizo en un solo movimiento bancario y quedó sujeta a un impuesto de donaciones reducido gracias a las bonificaciones fiscales de la Comunidad de Madrid.

El uso de este dinero, junto con los vínculos empresariales y familiares, forma parte del entramado que analiza la justicia para determinar si existieron favores personales o aprovechamiento indebido de recursos públicos.

Un ascenso meteórico en la Diputación

Tras su contratación en 2017, David Sánchez fue ascendido en 2021 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. La evolución de su carrera dentro del organismo provincial también ha sido objeto de escrutinio, en un contexto en el que se cuestiona la transparencia y legalidad de las contrataciones.

El testimonio del propietario del apartamento, así como las pruebas digitales del perfil en Airbnb, fueron ratificados recientemente en sede judicial, y están siendo valorados como piezas clave en una investigación que podría tener consecuencias políticas de alcance nacional.

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Tanto en el caso del expresidente catalán como en el de los ERE en Andalucía hay un delito por malversación de dinero público
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^{Imagen: el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont I EFE}

Carles Puigdemont y los principales condenados por el caso de los ERE en Andalucía comparten una figura penal común en sus respectivas causas judiciales: el delito de malversación de caudales públicos. Aunque ambos casos implican el uso indebido de fondos públicos, las circunstancias, motivaciones y consecuencias judiciales son muy distintas. Esta figura ha sido uno de los puntos clave en los debates jurídicos y políticos en España, especialmente tras la reforma del Código Penal de diciembre de 2022 que modificó sustancialmente la malversación.

Puigdemont y la malversación del procés

En el caso de Carles Puigdemont, la malversación se refiere al uso ilegal de recursos públicos por parte del Gobierno catalán para financiar actividades relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El expresidente catalán, junto a otros exmiembros del Ejecutivo autonómico, es acusado de haber utilizado fondos de diversas partidas del presupuesto para financiar actos ilegales como la organización del referéndum, la logística para el voto exterior y la proyección internacional del proceso secesionista. El Tribunal Supremo, bajo la instrucción de Pablo Llarena, mantiene procesado a Puigdemont por malversación agravada, argumentando que se produjo un grave daño al interés general, aunque no se encontró beneficio económico personal para el expresidente.

Los ERE y el fraude en la Junta de Andalucía

Por otro lado, el caso de los ERE en Andalucía involucra el desvío de más de 680 millones de euros en ayudas públicas gestionadas de manera fraudulenta entre 2000 y 2010. A través de un sistema opaco de distribución de fondos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros altos cargos de la Junta, permitieron que dichas ayudas se destinaran a empresas afines, sin justificación legal ni control. A pesar de que los acusados no se beneficiaron directamente del dinero, el Tribunal Supremo consideró que consentir este desvío de fondos para fines no justificados constituye una malversación. Este caso resultó en condenas por malversación y prevaricación, siendo Griñán sentenciado a seis años de prisión.

Diferencias y similitudes en los casos

Ambos procesos judiciales comparten el delito de malversación, pero las circunstancias en torno a los casos son muy diferentes. Mientras que en Cataluña el objetivo de la malversación fue avanzar en un proyecto político separatista, en Andalucía el fraude se llevó a cabo bajo el pretexto de apoyar a empresas en crisis. Además, el escándalo de los ERE afectó de forma directa a la financiación pública regional, mientras que en el caso de Puigdemont la cuestión gira en torno a un acto de desobediencia institucional y el uso de recursos para actividades ilícitas que cuestionan la legalidad del referéndum.

La reforma del Código Penal y su impacto

La reforma del Código Penal de 2022, que eliminó la malversación sin ánimo de lucro personal, ha generado controversia, ya que algunos juristas sostienen que esta modificación podría beneficiar a Puigdemont si se demostrara que no hubo ánimo de lucro en su caso. No obstante, el Tribunal Supremo ha insistido en que el uso de fondos públicos para fines contrarios al interés general sigue encajando en la figura de la malversación agravada. Mientras tanto, el caso de los ERE ya está cerrado, y las sentencias firmes contra los condenados no se verán alteradas por la reforma legislativa.

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