Categoría: ESPAÑA

La Agencia Tributaria fijó su interés en Villafuel después de que comenzase a operar, debido a que esta no cumplía con las condiciones fijadas por Hacienda
The post La UCO pidió información a Teresa Ribera sobre la trama de los hidrocarburos  first appeared on Hércules.  Menos de una semana antes de que se celebraran las elecciones europeas el pasado 9 de junio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, pidió al Ministerio de Transición Ecológica, liderado en aquel entonces por Teresa Ribera, que aportara el expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel.

El requirimiento de la Guardia Civil al ministerio de Teresa Ribera tuvo lugar pocos días antes que se celebrasen las elecciones europeas y la ministra socialista abandonase su cargo para comenzar una nueva etapa en el Parlamento Europeo, donde se encuentra actualmente.

 La solicitud de la UCO partió inicialmente de una decisión de Fiscalía Anticorrupción, la cual llevaba varios meses investigando la trama de los hidrocarburos. Esta investigación comenzó por una alerta en los informes de la Agencia Tributaria. El Ministerio de Transición Ecológica respondió el día 4 de junio, un día después de la petición. El encargado de presentar el expediente completo fue subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, que aportó a los agentes un pendrive con 132 MB de información sobre la mercantil dividida en 11 carpetas.

La investigación a Villafuel comenzó por una alerta de la Agencia Tributaria

Según señalan informes de la UCO, en enero de 2021 la empresa controlada por uno de los socios de Aldama, Claudio Rivas, y su hermana, María Luisa Rivas, tuvo que presentar alegaciones en varias ocasiones ante la Agencia Tributaria para poder corregir errores que le impedían obtener una licencia que le permitía convertirse en operador mayorista de productos petrolíferos.

Rivas nunca obtuvo la licencia a pesar de presentar correcciones en varias ocasiones. Los agentes de la UCO sospechan que, para poder obtenerla, de Aldama se puso en contacto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La Agencia Tributaria fijó su interés en Villafuel después de que comenzase a operar, debido a que esta no cumplía con las condiciones fijadas por Hacienda. Superaba en un 29% las ventas en el grupo de las gasolinas aprobadas por el departamento de Ribera y en un 882% en el grupo de los destilados medios.

Según The Objective, la UCO revela en sus informes graves irregularidades en la concesión, ya que se habría otorgado “sin requisitos financieros” suficientes. Villafuel recibió la habilitación cuando contaba con un capital social inferior a los 600.000 euros, muy lejos de los tres millones necesarios. Los agentes investigan si la trama contó con el favor de “órganos administrativos o de inspección”.

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La caída del decreto ley contenía la subida de las pensiones, las rebajas en el precio del transporte público y la prohibición de cortar los suministros de agua y luz a los consumidores más vulnerables
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Imagen: Manifestación de UGT y CCOO el pasado 1 de mayo en Zaragoza. | EP

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han acusado a PP, Junts y Vox de “una agresión sin precedente” al votar ‘no’ al decreto ómnibus que, entre otras medidas, contenía la revalorización de las pensiones, las rebajas en el precio del transporte público y la prohibición de cortar el agua y el gas a los consumidores más vulnerables. Por ello, han convocado movilizaciones el domingo 2 de febrero en toda España para pedir un nuevo paquete de medidas que reactiven las caída en el decreto ómnibus.

Además, aprovecharán para denunciar la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social. En un comunicado, ambos sindicatos han manifestado su rechazo absoluto a este ejercicio de “oportunismo político” que, en su opinión, “tendrá elevadísimos costes” para la ciudadanía.

Y prosiguen: «Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos. Hablamos de una agresión sin precedente a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general».

Una “agresión” para las personas más vulnerables

Denuncian que la no aprobación de estas medidas es una agresión a la mayoría social y, en especial, a las personas vulnerables, de clase trabajadores y clases populares en general. Por ello, saldrán a la calle para pedir la aprobación al Gobierno, a través de la figura del Real Decreto Ley, de un nuevo paquete de medidas y su convalidación posterior por parte del Congreso.

Según los sindicatos, esto evitará tomar a la población con mayores necesidades como «rehén de este juego de oportunismo», donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas ya acordadas previamente, «incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación». 

De igual manera, desde CC.OO. y UGT han pedido a la ciudadanía participar masivamente en estas movilizaciones e invitan a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que compartan estas reivindicaciones a sumarse al proceso de movilizaciones. «Sí a la revalorización de pensiones públicas, contributivas y no contributivas. Sí al escudo social. Sí a las ayudas para el uso del transporte público. Sí a los recursos para las personas afectadas por la DANA», concluyen.

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El Instituto Nacional de Ciberseguriadad apunta que “los datos comprometidos incluyen nombres, correos electrónicos y teléfonos móviles»
The post La seguridad de 160.000 guardias civiles y militares en peligro tras la venta masiva de sus datos personales en la ‘dark web’ first appeared on Hércules.   Uno de los mayores foros de cibercrimen ha publicado un anuncio ofertando la venta de tres bases de datos con información de hasta 160.000 militares y agentes de la guardia civil.

La filtración de datos se produjo el pasado 14 de enero de 2025 en el foro BreachForums, donde habitualmente se ponen a la venta bases de datos de todo el mundo que las organizaciones criminales compran para utilizarlas con fines delictivos como la comisión de ciberestafas.

La particularidad de este caso es que los datos que se han robado comprometen directamente a la seguridad de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Según se ha conocido, de las tres bases de datos que se han puesto a la venta a través de un foro de cibercrimen, dos de ellas cuentan con información de 109.000 miembros de la Guardia Civil. La tercera base de datos corresponde a datos sobre 84.000 militares y funcionarios del Ministerio de Defensa.

Infobae ha publicado que la muestra de datos que acompañaba al anuncio incluía los nombres completos, cuentas de email corporativas y números de identificación de numerosos guardias civiles y militares, aunque los ciberdelincuentes tendrían en su poder más información. Infobae España ha podido comprobar que dichos datos se corresponden con las identidades reales de los agentes del instituto armado.

El Ministerio del Interior no tiene constancia de que hayan sido víctimas de un robo de datos

En relación al avance de la investigación, desde el Ministerio de Defensa han aclarado que por el momento “no hay novedades”. Mientras, que desde el Ministerio del Interior han asegurado que no tienen “constancia” de que la filtración de datos haya podido afectar a la seguridad de 109.000 agentes de la Guardia Civil.

La empresa pública Incibe, Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha publicado un comunicado tras conocer el robo de datos. Este señala que la filtración podría pertenecer a miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa de España.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad apunta en el comunicado oficial que “los datos comprometidos incluyen nombres, correos electrónicos, identificadores profesionales, fechas de nacimiento y resultados médicos” y, según advierten los expertos, “la divulgación de esta información podría ser utilizada para realizar ataques dirigidos de phishing, suplantación de identidad u otras amenazas contra la integridad de los afectados, lo que eleva el nivel de alerta en las instituciones relacionadas”.

Los datos robados al Ministerio de Defensa, serían nombres, correos electrónicos, números de teléfono, fechas de nacimiento, el sexo y puestos de trabajo de los funcionarios.

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El presidente estadounidense quiere “revelar” todo lo que hay detrás de uno de los sucesos más polémicos de la década de los 60
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Imagen: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump I AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que podría arrojar luz sobre tres de los asesinatos más controvertidos del siglo XX: los de John F. Kennedy, su hermano Robert F. Kennedy y el activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr. La medida establece un plazo máximo de 45 días para que las agencias de inteligencia y el Departamento de Justicia presenten un plan para la divulgación total de los documentos relacionados con estos casos.

Antecedentes y restricciones previas

Aunque el Congreso había aprobado en 1992 la Ley de Recopilación de Registros del Asesinato de JFK, que exigía la desclasificación completa de los documentos para 2017, sucesivos presidentes aplazaron su publicación total, citando preocupaciones de seguridad nacional. Trump, en su primer mandato, autorizó la liberación parcial de unos 30.000 documentos, pero con numerosas redacciones. Su sucesor, Joe Biden, continuó el proceso, permitiendo la publicación de otros 13.000 archivos bajo restricciones similares.

Hasta la fecha, se estima que el 99% de los registros ya han sido divulgados, lo que equivale a unos cinco millones de páginas con pruebas, fotografías y reconstrucciones. Sin embargo, el acceso a una pequeña parte del material sigue siendo limitado, alimentando especulaciones sobre una posible conspiración o encubrimiento gubernamental.

Kennedy, el magnicidio que marcó a una generación

El asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 conmocionó a Estados Unidos y al mundo. Según la versión oficial, Lee Harvey Oswald disparó tres veces desde una ventana del sexto piso de un depósito de libros en Dallas, hiriendo fatalmente al presidente y al gobernador de Texas, John Connally. Oswald fue arrestado poco después, pero negó su participación en el crimen. Dos días después, fue asesinado por Jack Ruby, un empresario nocturno, mientras era trasladado por la policía, lo que sembró aún más dudas sobre el caso.

Según una encuesta de Gallup de finales de 2023, solo el 29% de los estadounidenses cree en la teoría del “lobo solitario”, mientras que un 65% piensa que hubo una conspiración más amplia, posiblemente orquestada por la CIA u otras entidades.

Impacto de la desclasificación

La publicación completa de los documentos podría ofrecer nuevas perspectivas sobre los eventos que rodearon estos asesinatos, particularmente en un contexto donde las teorías de conspiración han ganado terreno. Historiadores, analistas y ciudadanos esperan respuestas a preguntas que han permanecido abiertas durante más de medio siglo.

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El Partido Popular ha explicado que uno de los motivos por los que no apoyaron el decreto ómnibus es que el texto incluía la protección de los okupas
The post Propietarios temen que Sánchez busque nuevas formas de blindar a los okupas tras la derogación del decreto ómnibus first appeared on Hércules.  Los propietarios temen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se posicione a favor de los okupas, a quienes quería beneficiar mediante el intento de aprobación del decreto ómnibus el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

El texto legislativo fue derogado por el Partido Popular, Vox, UPN y Junts votaron en contra del decreto ómnibus. Debido a la derogación de este decreto, los propietarios de inmuebles temen que Sánchez busque otra manera de blindar o beneficiar a los okupas.

Pedro Sánchez había legislado en beneficio de los okupas, ya que definió como “vulnerables” a las personas que ingresan hasta 1.800 euros al mes. Esta cifra aumenta en función del número de hijos que tenga la familia o si tienen personas dependientes a su cargo, lo cual incrementa la cifra a 3.000 euros.

Esta situación explica el motivo por el que los propietarios exigen a sus inquilinos que tengan nóminas de hasta 2.000 euros, y piden fianzas de hasta 4.000 euros. Hay que destacar que, según el arreglo a la ley y como se menciona anteriormente, las personas que cobran hasta 1.800 euros se pueden declarar como vulnerables.

Según OKdiario, la derogación del decreto ómnibus con el que Sánchez pretendía prorrogar hasta finales de 2025 el citado RD 11/2020 que suspendía los procedimientos de desahucio de inquiokupas -y de okupas, pues también preveía la suspensión, aunque el inquilino no tuviera título habilitante- posibilita ahora que los propietarios afectados puedan ir al juzgado y reclamar que se alce la suspensión de sus procesos. También la caída del polémico decreto permitirá que bien se celebre el juicio correspondiente, o bien se ejecute el correspondiente lanzamiento.

El Gobierno de Sánchez ha apoyado más a los okupas que a los propietarios

Pero la preocupación de los afectados por la okupación no respira tranquilos todavía. Según las asociaciones de damnificados por la inquiokupación, sospechan que el Gobierno de Sánchez trate de prolongar el sufrimiento de los propietarios y que recurra a “algún tipo de argucia legal”.

El Partido Popular ha explicado que uno de los motivos por los que no apoyaron el decreto ómnibus es que el texto incluía la protección de los okupas. El PP señaló que este decreto pro-okupas lo que pretendía era “obligar a los propietarios a seguir pagando de su bolsillo los gastos de su vivienda ocupada con la imposibilidad de recuperarla”.

El líder del PP nacional ha reaccionado a las críticas de los socialistas que le etiquetan de “irresponsable”, después de no apoyar el decreto ómnibus. Unas críticas que no le preocupan y ha dejado clara la posición de su partido: “Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA; y sí a las ayudas a los valencianos y no a la okupación ilegal”.

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Con su candidatura a mejor actriz por el narcomusical dirigido por el francés Jacques Audiard, Gascón se ha convertido en la cuarta intérprete española en competir por la estatuilla de Hollywood
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Imagen: Karla Sofía Gascón durante la presentación de la película ‘Emilia Pérez’ en Madrid. (EFE)

Este jueves, la Academia de Hollywood ha anunciado la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2025, que tendrán lugar el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. De entrada, la gran protagonista de la mañana no fue otra que Emilia Pérez, de Jacques Audiard y su actriz principal, la española Karla Sofía Gascón, que ya ha hecho historia logrando la nominación a Mejor Actriz Protagonista, convirtiéndose en la primera intérprete trans en conseguirlo.

El filme de Jacques Audiard parte como favorito gracias a sus trece nominaciones, por encima de Wicked y The Brutalist, que acumulan diez cada una. Además, se convierte en la película de habla no inglesa más nominadas de la historia, con un total de trece superando a Tigre y dragón de Ang Lee y Roma de Alfonso Cuarón. El cineasta francés también opta al Oscar a Mejor Dirección.

Karla Sofía Gascón, por su parte, comparte nominación con Cynthia Erivo por Wicked, Mikey Madison por Anora, Fernanda Torres por I’m still here (la gran sorpresa de las nominaciones, con también opciones en Mejor película y Mejor película de habla no inglesa), y la gran favorita tras alzarse con el Globo de Oro, Demi Moore, por su trabajo en La sustancia.

Adrien Brody (The Brutalist), Timhothée Chalamet (A complete unknown), Colman Domingo (Sing sing), Ralph Fiennes (Cónclave) y Sebastian Stan pujarán por la estatuilla a Mejor actor protagonista.  Otro de los títulos más llamativos que estarán en los Oscar es No other land, el documental sobre la ocupación israelí en Cisjordania, que por el momento no ha encontrado distribución en Estados Unidos. En animación, Flow –que ganó el Globo de Oro–, Del Revés 2, Memorias de un Caracol, Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas y Robot Salvaje serán las cintas que se disputen la estatuilla.

Se rendirá homenaje a las víctimas de los incendios

Los Ángeles trata de recuperar algo de normalidad tras la devastación de los incendios de las últimas semanas, con el anuncio pospuesto más de una semana por la gravedad de la situación (y la imposibilidad de que muchos académicos pudieran verlas las películas ya que alrededor de los 60% de los votantes residen en la ciudad). 

Durante la gala, se rendirá homenaje a las víctimas de los incendios, que ya suman cinco muertos y más de 100.000 evacuados en esta ciudad. La organización también avanzó que se dejarán a un lado las interpretaciones musicales para centrarse en las composiciones. Aun así, prometieron que habrá “poderosos momentos musicales que conectan la rica historia del cine con su futuro audaz e inspirador”.

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El movimiento sucede 24 horas después de que el PP, Junts y Vox votaran en contra del decreto ley ómnibus, que incluía revalorizaciones de pensiones y bonificaciones al transporte público
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Imagen: El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; la secretaria generla del PP, Cuca Gamarra y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Fernando Sánchez – Europa Press – Archivo

Tan solo 24 horas después de que el PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso el decreto ley ómnibus, que incluía la bonificación al transporte público y la subida de las pensiones, los populares han presentado una proposición de ley en el Congreso calcada a la que ellos mismos rechazaron. Amparándose en que en el Ejecutivo central de Pedro Sánchez “incumple por segundo año consecutivo la obligación” de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, los populares han adoptado esta decisión vía parlamentaria.

Los populares reprochan que el Gobierno haya utilizado un real decreto ómnibus para adoptar medidas urgentes en relación con las pensiones. De esta manera, el PP ha presentado esta proposición de ley que “establece la subida del 2,8% para todas las pensiones en general, que llega al 9% en caso de las no contributivas y de otras prestaciones económicas”.

Así lo ha adelantado el vicesecretario de Economía del PP Juan Bravo quien ha avanzado el registro de esta proposición de ley en aras de “actualizar las pensiones y el ingreso mínimo vital (IMV)”. Con esta propuesta, el PP pretende “proteger a los jubilados y guardar la subida de las pensiones” tras la derrota del Gobierno y, con ella, esperan que “se pueda garantizar dicha subida y que los pensionistas no paguen los problemas de Sánchez en el Congreso”.

Entre otras medidas que se recogen en el texto, destaca la partida anual de 7.905,80 euros de pensiones no contributivas, cuantías anuales por prestaciones familiares y por grados de discapacidades entorno a los 5.800 euros a 8.700 dependiendo de la modalidad. También plantean los populares medidas en torno a los subsidios de movilidad o las prestaciones por orfandad a causa de violencia de género.

Ayudas al transporte

También los populares han registrado una proposición de ley calcada a la del Gobierno en materia de transportes, un movimiento que pretende que se apruebe esta medida -junto con las pensiones- por separado de las otras incluidas en el decreto ley ómnibus.

El calendario de una proposición de ley es mucho más lento que un decreto ley urgente de inmediata aplicación. El Gobierno debe dar su conformidad en un plazo de 30 días, y tras ello, se debate su toma en consideración. En caso afirmativo, se tramita en ponencia, comisión y Pleno, lo que exige varios meses para su aprobación, eso si finalmente sortea todos los niveles y no se queda a medio camino.

Lo que contiene el texto legal presentado por los de Feijóo es la prórroga las bonificaciones del transporte público, el nuevo sistema de bonificaciones al transporte para el segundo semestre de 2025, o las relativas a las ayudas y subvenciones a administraciones públicas, ciudadanos y empresas.

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Francia y Reino Unido han propuesto intervenir en el país en caso de que se establezca el alto el fuego con Rusia
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Imagen: el presidente de Francia, Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski I AFP

La posibilidad de una tregua en Ucrania ha comenzado a ganar protagonismo en los debates internacionales, especialmente con el foro de Davos como escenario clave. Aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, insiste en que cualquier acuerdo debe incluir garantías de paz sólidas, la idea de un alto el fuego promovido por Donald Trump genera escepticismo en gran parte de Ucrania.

Desde hace meses, líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Keir Starmer, primer ministro británico, han considerado el envío de tropas internacionales para supervisar la paz y disuadir futuras agresiones rusas. Sin embargo, estos planes aún carecen de detalles concretos, y otros países, como Polonia, han rechazado tajantemente la posibilidad de enviar soldados debido a su proximidad geográfica con Rusia y Bielorrusia.

Posturas divididas en Europa

Mientras que los países bálticos han expresado su apoyo a la idea de tropas de paz, Alemania muestra una posición más ambigua. El canciller Olaf Scholz ha descartado el envío de tropas germanas, aunque Annalena Baerbock, ministra de Exteriores, declaró que Alemania estaría dispuesta a contribuir en caso de un acuerdo de alto el fuego. Incluso España, en palabras de su presidente Pedro Sánchez, ha señalado que la opción de enviar tropas «está sobre la mesa».

Sin embargo, la desconfianza hacia Vladimir Putin predomina. Tanto Zelenski como sus aliados consideran que cualquier compromiso ruso carece de credibilidad, lo que refuerza la necesidad de garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos y Europa.

Tropas necesarias para la paz

Según Zelenski, asegurar la línea del frente requeriría alrededor de 200.000 soldados de naciones aliadas, una cifra que analistas consideran irrealizable. Además, el mandatario ucraniano afirmó que su país ha demostrado ser capaz de formar un ejército sólido de 800.000 soldados, pero subrayó la importancia del apoyo europeo para mantener la defensa y contrarrestar cualquier ofensiva rusa.

El enfoque de Trump y la presión sobre Moscú

Por otro lado, Donald Trump, con sus recientes declaraciones, ha dejado claro que su postura no respaldará las narrativas rusas sobre una «guerra existencial». Para el presidente, este conflicto es «estúpido» y solo conducirá a Rusia al colapso económico. Aunque sus palabras pueden influir en las dinámicas diplomáticas, las exigencias de Moscú para un alto el fuego sigue siendo inviables debido a su débil posición estratégica.

En este contexto, las conversaciones internacionales buscan definir el equilibrio entre disuadir futuras agresiones rusas y garantizar una paz duradera, aunque el escepticismo hacia Putin y las divisiones dentro de Europa complican cualquier solución inmediata.

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Orbán ha lanzado críticas sobre la posición de la UE en la guerra tras la llegada de nuevos paquetes contra Putin
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Imagen: el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán I Reuters

Mientras se acerca la fecha límite del 31 de enero para renovar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, Hungría intensifica sus críticas al régimen de restricciones. Estas medidas, adoptadas tras la invasión de Ucrania, incluyen prohibiciones que afectan a sectores clave, tanto dentro como fuera de las fronteras de Putin, como energía, tecnología, finanzas, artículos de lujo, transporte y medios de comunicación, además de congelar 210.000 millones de euros en activos del banco central ruso dentro del bloque. Sin embargo, su continuidad requiere unanimidad entre los Estados miembros, algo que Budapest podría poner en riesgo.

Trump y un nuevo contexto político

Hungría ha aprovechado este momento para poner en duda la eficacia de las sanciones y señalar un cambio en el panorama político ante la posibilidad del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Gergely Gulyás, miembro del gabinete húngaro, expresó que las sanciones han perjudicado más a Europa que a Rusia. “Siempre hemos defendido que la política de sanciones termine lo antes posible”, afirmó.

Gulyás también sugirió que las intenciones de Trump de negociar directamente con Vladimir Putin deberían llevar a una revisión de las políticas del bloque europeo. «Es momento de debatir esta cuestión con nuestros aliados de la UE, en función de la nueva situación«, añadió.

Orbán y su postura crítica

Las dudas de Hungría no se limitan al gabinete. El primer ministro Viktor Orbán cuestionó públicamente las sanciones, calificándolas de «urdidas por burócratas de Bruselas» y afirmando que «ha llegado la hora del cambio». Sin embargo, ni Orbán ni Gulyás han confirmado cómo votará Hungría en la próxima reunión sobre la renovación de las medidas, prevista para ser discutida en reuniones diplomáticas este viernes y lunes.

Consecuencias de un posible veto

El riesgo de que Hungría ejerza su veto podría desestabilizar el régimen de sanciones más severo que la UE ha impuesto al Kremlin desde el inicio del conflicto. Esto no solo afectaría la presión sobre Moscú, sino que también podría poner en peligro un préstamo multimillonario que la UE y EE.UU. destinaron a Ucrania, respaldado con activos congelados del banco central ruso.

Desde Bruselas, la Comisión Europea se limitó a señalar que las sanciones buscan garantizar que Rusia asuma responsabilidades por sus acciones, subrayando que “la narrativa de que Rusia es fuerte no se sostiene”.

Alianzas polémicas y dudas en otros países

Además de Hungría, Eslovaquia también genera preocupación en Bruselas. Su primer ministro, Robert Fico, se ha enfrentado al liderazgo ucraniano y amenazó con utilizar su veto en represalia por las tensiones energéticas con Ucrania. Esta semana, Fico y Orbán reafirmaron en Bratislava su negativa a aceptar a Ucrania como miembro de la OTAN, reforzando su postura alineada con Moscú.

Ambos líderes mantienen contactos abiertos con el Kremlin y han viajado a Moscú para reunirse personalmente con Vladimir Putin, un gesto que ha despertado críticas entre los aliados occidentales.

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Varios países pidieron el año pasado la expulsión de Israel del concurso por la guerra en Gaza y por la causa abierta que existe en la CPI por posibles violaciones del Derecho Internacional
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Imagen: Yuval Raphael, en el concurso de la cadena israelí KAN del que resultó ganadora el 22 de enero. Vía REUTERS

Israel llevará este año al Festival de Eurovisión los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que se cobraron la vida de más de 1.200 personas y que sirvieron como precedente al país hebrero para continuar con su ofensiva militar en la Franja de Gaza, donde han matado ya a al menos 47.000 palestinos. La elegida para representar al país el próximo mayo en Suiza ha sido la cantante Yuval Raphael, de 24 años.

La joven se proclamó este miércoles ganadora del programa HaKokhav HaBa (La próxima estrella) de la cadena pública Kan, un equivalente israelí al Benidorm Fest y, por tanto, la preselección oficial del país para buscar su representante en Eurovisión. “No puedo explicar lo emocionada y preparada que estoy. Gracias por darme este gran honor y confiar en mí para representar a mi país en el gran escenario de Eurovisión en Suiza”, dijo Raphael a través de la cadena pública Kan, en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La cantante recordó que, durante el ataque de Hamás, logró ser rescatada tras esconderse varias horas en un refugio, donde solo sobrevivieron 11 de las 40 personas presentes. “La música es uno de los grandes recursos para mi proceso de curación”, explicó la cantante este miércoles una vez proclamada vencedora del certamen. “Quiero mostrarme firme ante lo ocurrido y frente a los abucheos que estoy segura al cien por cien que vendrán de la multitud [en Eurovisión]”, recoge el medio estadounidense Politico.

La UER defiende que el festival no es un evento político

A pesar de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) insista en el carácter apolítico del festival, lo cierto es que su propia historia y decisiones la contradicen: los factores geopolíticos y extramusicales inciden siempre en las votaciones tanto de jurados como de espectadores, como demostró la victoria de Ucrania en Turín en 2022, y sus diferentes criterios a la hora de expulsar a sus participantes o aprobar sus canciones.

El año pasado, la UER denegó hasta dos propuestas al estado hebrero por sus connotaciones políticas pero acabó aceptando ‘in extremis’ una tercera canción, Hurricane, igualmente cuestionada. También el año pasado, miles de personas salieron a las calles de Malmö (Suecia) mientras se celebraba Eurovisión 2024, para protestar por la presencia de Israel y para pedir el cese del conflicto armado.

El hecho de que la UER sí hubiese prohibido años antes la presencia de Rusia en el festival, tras sus ataques contra Ucrania, fue considerado por muchos eurofans, políticos y activistas como un agravio comparativo y una muestra de cobardía por parte de un festival cuyo principal patrocinador en 2024 fue una compañía israelí, Moroccan Oil.

Por segundo año consecutivo, la participación de Israel en Eurovisión está relacionada con los sucesos del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, hasta el mes de marzo se desconoce la canción, y por tanto su letra, que interpretará Yuval Raphael para representar a Israel en Eurovisión 2025.

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