Denuncian sobrecarga laboral, desigualdad salarial y falta de reconocimiento
The post Miles de médicos protestan en Madrid para exigir un Estatuto propio que reconozca su especificidad laboral first appeared on Hércules. Unas 5.000 personas, según datos oficiales, se han concentrado en Madrid para reclamar un marco legal diferenciado que contemple las particularidades del ejercicio médico en el Sistema Nacional de Salud. La manifestación ha sido organizada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en respuesta al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.
La protesta, que había sido aplazada por mal tiempo en marzo, arrancó frente al Congreso de los Diputados y finalizó frente a la sede del Ministerio de Sanidad. Los asistentes corearon consignas como “somos médicos, no esclavos” y reclamaron el inicio de una negociación específica que conduzca a un texto legislativo propio para el colectivo médico.
Desde la tribuna de oradores, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, denunció que el proyecto del Ministerio “ignora las condiciones reales” en las que trabajan los médicos y los equipara con otras categorías profesionales sin tener en cuenta la exigencia formativa ni la carga asistencial. Por su parte, Rafael Ojeda, presidente del SMA, pidió unidad en el colectivo para continuar presionando hasta conseguir un reconocimiento legislativo acorde con su labor.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, mantiene su postura contraria a crear un Estatuto diferenciado para los médicos. “El nuevo Estatuto será común para todos los profesionales. Nadie es más que nadie”, ha afirmado la ministra en declaraciones recientes.
La manifestación de este viernes se suma a otras acciones de protesta que ya se habían producido en meses anteriores, lo que refleja un creciente malestar en el sector médico por lo que consideran un retroceso en sus derechos laborales y un desconocimiento de sus particularidades dentro del sistema sanitario público.
Los beneficios fiscales por tener hijos son hasta un 50% más bajos que la media de la OCDE, según el Instituto Juan de Mariana
The post España penaliza fiscalmente a las familias: un 50% menos de beneficios fiscales que el resto de la OCDE first appeared on Hércules. España vive una crisis demográfica profunda. Con una tasa de 1,12 hijos por mujer en 2023, el país se sitúa como el segundo con menor natalidad en toda la Unión Europea. Aunque los factores culturales y sociales son clave para entender esta caída, el sistema fiscal también juega un papel determinante, y en el caso español, los incentivos económicos para tener hijos brillan por su ausencia.
Según el informe “Impuestómetro 2025” del Instituto Juan de Mariana, el sistema tributario español no solo no premia la decisión de formar una familia, sino que en muchos casos la penaliza activamente, generando un entorno económico que desalienta la natalidad.
Cuña fiscal: un castigo para las familias
El concepto central que revela esta situación es la “cuña fiscal”, que mide la diferencia entre lo que paga una empresa por un trabajador y lo que este realmente recibe tras impuestos y cotizaciones. En teoría, tener hijos debería reducir esa carga, como ocurre en muchos países de la OCDE, donde se reconocen los costes asociados a la crianza.
Pero en España, la rebaja fiscal asociada a la paternidad o maternidad es de apenas 4,7 puntos porcentuales, frente al promedio de 9,1 puntos en la OCDE. Esto implica que el descuento fiscal por tener hijos en España es un 50% más bajo que en el resto de países desarrollados.
Además, la cuña fiscal total para una familia con un solo ingreso y dos hijos es del 35,5% del coste laboral total, muy por encima del 25,7% de media en la OCDE. Es decir, los hogares españoles pagan casi un 30% más en impuestos y cotizaciones que sus equivalentes en otras economías avanzadas.
Ínfimo gasto público dedicado a las familias
Algunos podrían argumentar que esta falta de incentivos fiscales se compensa con un mayor gasto público en políticas familiares, pero los datos desmienten esa idea. Mientras que el promedio de la UE-27 destina un 2,3% del PIB a este tipo de políticas, en España el gasto apenas alcanza el 1,38% del PIB.
Esto convierte a España en uno de los países desarrollados que menos protege económicamente a la infancia y la familia, según el informe del Instituto Juan de Mariana. Lejos de compensar la alta carga tributaria con más ayudas, el Estado recorta por ambos lados, dejando a las familias con menos recursos y menos apoyo institucional.
El análisis del Instituto concluye que el marco económico e institucional español es claramente hostil para quienes deciden tener hijos. La falta de incentivos fiscales, combinada con un insuficiente apoyo social, empuja a muchas parejas a retrasar o renunciar a la maternidad y paternidad.
A las puertas de una nueva Campaña de la Renta, este informe reabre el debate sobre el papel del Estado en la promoción de la natalidad. Mientras otros países adaptan sus sistemas fiscales para apoyar a las familias, España se mantiene como el séptimo país con mayor carga tributaria sobre los hogares con hijos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha respondido públicamente al informe, aunque la publicación coincide con un contexto político delicado, marcado por la creciente presión sobre el Ejecutivo por su política fiscal.
Hemos llegado a un nivel de degradación en el que cada escándalo, como si se tratase de un nuevo estrato geológico, cubre al anterior, de manera que logra caer en el olvido de una ciudadanía que se ha acostumbrado demasiado
The post Corruptio Optimi Pessima first appeared on Hércules. Estar inserto en una tradición tan rica como la grecorromana tiene la indudable ventaja de poder acceder a todo un acervo de reflexiones sobre los más diversos ámbitos de la vida que resultan, a pesar del tiempo transcurrido, plenamente actuales. Como el vino añejo, que se degusta con especial deleite, la sabiduría de griegos y romanos, aquilatada por el paso de los siglos, ofrece a nuestro espíritu auténticos manjares que ayudan a alimentar nuestra capacidad crítica, de modo que podamos crecer en una auténtica independencia de criterio frente al mundo que nos rodea y afianzar nuestra libertad ante tantas amenazas como sufre en estos agitados años veinte del nuevo milenio.
Dicha sabiduría se fue concretando en una serie de máximas, que con la concisión y fuerza del latín, nos ofrecen, condensadas, verdaderas reglas de actuación en la vida pública, a la que como ciudadanos estamos llamados. Uno de los grandes peligros para nuestra sociedad democrática actual es la indolencia de mucha gente ante los abusos crecientes del poder, cuando sería urgente reaccionar frente a las graves amenazas para nuestra convivencia democrática. Una de ellas, y no la menor, es la instalación en el ámbito público de personajes mediocres, de categoría intelectual ínfima, que en lugar de la búsqueda del bien común para todos los que formamos parte de la res publica, se afanan en lograr su propio medro personal, el de su grupo ideológico o el de su partido.
Esta perversión de los auténticos fines de la política es una verdadera corrupción. Y los romanos ya advirtieron de su particular gravedad. Corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor (otras veces se traduce por los mejores) es la peor. No está claro su origen, unos la atribuyen a san Jerónimo, otros a Gregorio Magno –así lo hace el papa Francisco- e incluso a santo Tomás. En cualquier caso, sintetiza muy bien no sólo la gravedad de una conducta inmoral realizada por quien debería ser ejemplo de vida virtuosa, sino también el daño que inflige a cualquier sociedad la degeneración de quienes ejercen las más altas tareas de servicio público. Un adagio que podría complementarse, y sería totalmente pertinente en nuestro contexto político español, con aquello de que “la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”, pues lo que impera es la más descarada desfachatez, con políticos que ni siquiera se molestan en disimular o excusarse cuando mienten –otro vicio político cada vez más frecuente y sin apenas consecuencias-, recurriendo, a lo sumo, a alambicados sofismas que, en el fondo, sólo sirven de argumentario para unos afiliados o simpatizantes dispuestos a comulgar con ruedas de molino mientras no gobiernen “los otros”.
Hemos llegado a un nivel de degradación en el que cada escándalo, como si se tratase de un nuevo estrato geológico, cubre al anterior, de manera que logra caer en el olvido de una ciudadanía que se ha acostumbrado demasiado, y esto es asimismo una nueva forma de degradación, a la fetidez de unas actuaciones que deberían haber conducido a una total reprobación social y electoral para sus protagonistas. Pero unos nombres nos hacen olvidar a los anteriores, pues ¿quién recuerda a Tito Berni? –uno de los casos más vergonzosos vividos por el Congreso de los Diputados-, por señalar una figura que merecería ser protagonista de la saga de Torrente, compartiendo papel con Ábalos. Vemos como personajes que han sido tremendamente dañinos para nuestra vida democrática son rehabilitados en un descarado ejercicio de manipulación de nuestra historia más inmediata. Podríamos hacer una verdadera galería de personajes de toda ralea –y ninguna buena- dignos herederos de los pícaros del Siglo de Oro, miembros natos y de pleno derecho de nuestro contemporáneo patio de Monipodio, con la diferencia de que no se trata de ladronzuelos de bajos fondos sino de figuras que han ocupado u ocupan los primeros puestos de la política española. Un mal que afecta en mayor o menor medida a todos los ámbitos ideológicos, pero que tiene una especial gravedad en el entorno de un presidente que se presentó como el gran regenerador de la vida pública española, y en cuyo alrededor se multiplican los casos, comenzando por los de la propia familia. Ministros que han colocado a “amigas”, una Fiscalía General del Estado totalmente desprestigiada, un Tribunal Constitucional cuyos fallos son plenamente previsibles, ministras que cuestionan la independencia judicial, ineficiencia de organismos públicos presididos por amigos…y así un largo rosario que está conduciendo al total desprestigio de las instituciones. Aunque la corrupción no lo es sólo cuando se trata de beneficios económicos; la amnistía a los golpistas independentistas catalanes, redactada por ellos mismos, ha sido uno de los mayores actos de degeneración democrática y de corrupción política vividos en los últimos años en nuestro país, de una gravedad de la que la ciudadanía parece no ser consciente.
La corrupción no es un fenómeno exclusivo ni de nuestro país ni una anomalía de nuestra historia, como a veces se trata de defender. La vemos instalada en cualquier sociedad, incluidos países de nuestro entorno geopolítico, y mirando al pasado la encontramos en numerosas ocasiones en los más diversos marcos históricos. Lo que quizá sea peculiar entre nosotros es esa pasividad que lleva a los corruptos a considerarse intocables, esa dejadez de una ciudadanía que tendría que actuar más y lamentarse menos, que debería exigir a sus representantes una mayor altura moral. Hemos de ser intransigentes ante cualquier atisbo de corrupción o falta de ética y ejemplaridad de nuestros políticos, castigándolos no sólo en las urnas, sino con el desprecio social y las exigencias penales. Pero mientras justifiquemos en “los nuestros” lo que condenamos en “los otros” no habrá posibilidad de regeneración. España se merece unos políticos que no nos mientan, que no se aprovechen de los cargos, que no utilicen lo que debería ser una vocación de servicio en una oportunidad de enriquecimiento. Que sean los mejores, no sólo desde el punto de vista de su idoneidad profesional sino sobre todo desde el ámbito ético. Es urgente lograr este cambio de rumbo. Pero sólo unos ciudadanos firmemente comprometidos con lo que supone y exige serlo, podrán transformar la charca fangosa en la que unos políticos sin escrúpulos han convertido a nuestro país.
Más de 5.000 médicos protestan en Madrid contra la reforma laboral del SNS y exigen un estatuto propio que reconozca su realidad profesional
The post “No todo vale por nuestra vocación”: miles de médicos exigen un estatuto laboral propio first appeared on Hércules. Madrid fue este sábado escenario de una masiva movilización de más de 5.000 médicos, convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), con el apoyo del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y otras entidades profesionales. Bajo el lema “Por un estatuto propio de la profesión médica y facultativa”, los manifestantes exigieron al Ministerio de Sanidad la retirada del borrador que reforma el marco laboral del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y reclamaron la creación de un estatuto específico para el colectivo médico.
La marcha, que recorrió el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Sanidad, fue respaldada por el conjunto de la profesión: sindicatos, sociedades científicas, colegios de médicos, decanos de facultades de Medicina y estudiantes. Un grito unánime contra lo que consideran un “ataque directo” a su profesión.
“Lo llaman vocación, pero es explotación”
Entre pancartas y consignas como “No somos esclavos, somos médicos” o “Lo llaman vocación, pero es explotación”, los profesionales denunciaron que la reforma iguala sus condiciones laborales a las de otras categorías profesionales sin tener en cuenta la formación, responsabilidad y carga de trabajo específica del personal médico.
¿Qué exigen los médicos?
Durante la movilización, los representantes del colectivo médico hicieron públicas sus principales reivindicaciones, recogidas en un manifiesto:
Un estatuto laboral propio para el personal médico, independiente del general del SNS.
Una jornada laboral igualitaria: máxima de 37,5 horas semanales, sin obligación de guardias, y con regulación de las guardias localizadas.
Reconocimiento de las guardias como tiempo trabajado, incluyendo su cómputo para la jubilación.
Sistema de jubilación voluntaria y flexible entre los 60 y los 70 años, y posibilidad de jubilación parcial para estatutarios.
Eliminación del régimen de incompatibilidades, tanto para jefaturas como para especialistas recién salidos del MIR.
Reclasificación profesional que reconozca su formación con vinculación retributiva.
Reconocimiento de la Medicina como profesión de riesgo.
Medidas de salud laboral y conciliación, que garanticen el bienestar físico y emocional de los profesionales.
Cumplimiento de la legislación europea en materia de jornada laboral y salud en el trabajo.
“Un borrador que expulsa médicos del sistema”
Los sindicatos denuncian que el borrador del Gobierno no solo no mejora la situación, sino que la agrava. Aunque reduce las guardias de 24 a 17 horas, mantiene su obligatoriedad y no las contabiliza como tiempo efectivo de trabajo. Además, impone una jornada máxima de 48 horas semanales, muy por encima de lo que el propio Gobierno propone para otros sectores.
“En lugar de retener talento, nos están echando”, advirtieron desde CESM. Para ellos, el Ministerio ha ignorado la realidad de una profesión que lleva años al límite.
La respuesta de Sanidad: disposición al diálogo
Desde su cuenta en X (antes Twitter), la ministra de Sanidad, Mónica García, garantizó su “máximo respeto” a las movilizaciones y aseguró estar trabajando “en permanente diálogo” con los profesionales para lograr un texto consensuado. Recordó que el actual borrador está aún en fase preliminar y que su intención es modernizar un marco vigente desde 2003.
Sin embargo, entre los manifestantes, las palabras no calmaron el descontento. “Mónica, vete ya” o “parece mentira que seas compañera” fueron algunos de los gritos dirigidos a la ministra, también médica de profesión.
El mensaje de los médicos ha sido claro: sí a una reforma, pero no a costa de su dignidad. Reivindican un marco que reconozca su formación, responsabilidad y sacrificio. Si no se atienden sus demandas, temen que la precarización empuje a más facultativos a abandonar la sanidad pública.
El país vive una crisis por la desaparición de más de 120 mil personas desde el sexenio de Felipe Calderón. El número de desaparecidos en México no para de aumentar
The post Crisis de los desaparecidos en México: entre el narcotráfico y las omisiones del Estado first appeared on Hércules. De acuerdo a Amnistía Internacional, pese a la creación de leyes, instituciones, protocolos, y las promesas de un presidente, el número de personas que desaparecen en México no hace más que aumentar. Se trata de una grave crisis de desapariciones vinculada al contexto de violencia e inseguridad que ha enfrentado el país en las últimas décadas. Según el registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 8 de agosto de 2024 (desde 1950), hay 116.386 personas “desaparecidas y no localizadas”, de las cuales 89.121 son hombres; 26.749 mujeres y 516 no tienen sexo definido.
El número de personas “desaparecidas y no localizadas” ha aumentado radicalmente en los últimos años, en particular, desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón implementó la militarización de la seguridad pública como estrategia de combate al crimen organizado. De hecho, el 88% del total de los reportes de desaparición se han realizado entre 2006 y la actualidad (8 de agosto de 2024).
Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades en este contexto, han emergido múltiples colectivos de personas que realizan la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. En México se registran más de 200, de los cuales más de 60 están agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Los colectivos están conformados mayoritariamente por familias, y la gran mayoría de sus integrantes son mujeres. Estos colectivos han tenido un papel fundamental en los avances legislativos y de políticas para abordar la crisis de desapariciones.
Colectivos de búsqueda de personas
Cada día en México se encuentran más entierros ilegales, gracias al esfuerzo de los familiares de los desaparecidos y colectivos de buscadores. Dichos colectivos de personas se encargan de buscar en campo los cuerpos y restos humanos, identificar a las personas enterradas en las fosas comunes, ampliar su trabajo con personas en situación de calle e investigar sitios como los hospitales o las prisiones.
Con el primer colectivo de búsqueda fundado en el 2006, principalmente en Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, algunos de los más grandes son: Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Corazones sin Justicia, Sinaloa, Madres Buscadoras de Sonora, Madres Unidas y Fuertes de Baja California, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y Sabuesos Guerreros AC.
Madres buscadoras de Sonora
En el 2015 se conoció que 35 colectivos se agruparon para dar lugar a la primera Ley General en materia de desapariciones en México, misma que fue aprobada el 12 de octubre de 2017. Esta establece que las autoridades deben utilizar los medios necesarios para buscar a las personas desaparecidas, además de garantizar el derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a las víctimas.
El 2 de abril de este año, varias organizaciones mexicanas encargadas de buscar personas desaparecidas recibieron el Premio Suiza de Derechos Humanos y Desarrollo sostenible, en medio de la crisis de desapariciones que afronta el país. En la categoría Fortalecimiento de tejido social fueron reconocidas las ONG Servicios y asesoría para la Paz (Serapaz) y Asociación Arnoeldo Nava de Ideas Científicos y Estratégicos en Derechos Humanos (IDHEAS), por su labor de acompañamiento a las familias que buscan la paz.
Poco después, organizaciones de derechos humanos en México hicieron un llamado colectivo a apoyar los familiares de personas desaparecidas y a los grupos de madres buscadoras, a pocas semanas de que se reportó el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En un comunicado conjunto, las 19 organizaciones firmantes reconocieron el trabajo de las familias y colectivos que se dedican a buscar personas desaparecidas, afirmando que no solo intentan encontrar a sus seres queridos, sino que atienden miles casos reportados a nivel nacional.
“No solo buscan a personas amadas desaparecidas, buscan a todas y todos. En México hay cientos de miles de personas desaparecidas”, se lee en el documento. Consideran que durante más de una década, los colectivos de búsqueda han hecho “con amor y esperanza” lo que las autoridades no, a pesar de que no les corresponde esta labor e implican el arriesgar constantemente su vida.
El cementerio clandestino en el Rancho Izaguirre
El hallazgo del cementerio clandestino en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, estado de Jalisco, ha conmocionado a todo México. El país vive una crisis por la desaparición de más de 120 mil personas desde el sexenio de Felipe Calderón, y que en 18 años solo han aumentado frente a una pasmosa impunidad.
El estado de Jalisco es el epicentro de la zona de influencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuye el uso de esta finca. La organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera “El Mencho”, que trafica drogas a Estados Unidos, Europa y otras regiones del orbe, ha sido designada por la administración de Donald Trump como “organización terrorista extranjera”.
Rancho Izaguirre
El 5 de marzo, el colectivo de buscadores acudió a la finca, después de recibir la llamada de una sobreviviente, que les aseguro que el lugar era un campo de entrenamiento de sicarios y que encontraran indicios de desaparecidos. La sobreviviente relató que estuvo cautiva tres años, y que la mayoría de los reclutados eran engañados porque acudían por falsos anuncios de trabajo de empresas de seguridad o albañilería.
Así, la vocera del colectivo, Indira Navarro, relató que “dimos (con el rancho) porque teníamos varias llamadas anónimas… nos encontramos fosas con restos humanos calcinados”.
Sobreviviente del Rancho Izaguirre
La sobreviviente del rancho habló con la televisora de Milenio, en la que detalló que permaneció en el lugar contra su voluntad, entre junio y septiembre de 2024, para pasar un “muy duro” entrenamiento, que supuestamente les fue impartido “por ex militares estadounidenses y colombianos”, lo supo no solo porque se los dijeron los encargados, sino porque “era evidente por el idioma y el color de piel”.
Relató que llegó “por una oferta de trabajo para guardia de seguridad, que vi en Facebook”. Pero tras llegar a la terminal de autobuses de Tlaquepaque, fue llevado con otros seis hombres a una casa de seguridad, donde les dijeron que iban a trabajar como sicarios del cartel. Sobre las montañas de calzado y ropa explicó que no toda es de gente asesinada en el lugar, “porque para el adiestramiento necesitábamos usar botas, que ellos mismos nos vendían”. En el campo había mucho maltrato y asesinatos. “Mataban a algunas personas o porque no obedecían o porque eran débiles y no pasaban el adiestramiento”.
“Por una oferta de trabajo para guardia de seguridad, que vi en Facebook”.
A los muertos, según su descripción, los llevaban a un cuarto que denominaban “la carnicería”, que tenía una “cama de cemento” donde troceaban los cuerpos, “los ´fileteaban´ para que se quemaran más rápido”.
Una escena dura que describió, fue que antes de salir a las plazas del cartel, los encargados del rancho les confesaron que parte de la carne que consumieron durante su estancia era de los cuerpos mutilados. “Cuando `fileteábamos´ la pierna, toda esa carne la cocinaban para dárnosla de comer, eso nos dijeron al finalizar”.
¿Qué han logrado los colectivos de búsqueda?
En el 2017 los colectivos lograron la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual da las anses para la protección de familiares durante labores de búsqueda y rastreo. Con esta ley se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se han redactado igualmente varias leyes en materia de desaparición a nivel local y se han creado Comisiones de búsqueda.
Caso llevado a las autoridades
El hallazgo del rancho puso en evidencia la negligencia de las autoridades, porque el lugar no era desconocido para ellas. La Guardia Nacional allanó la finca en septiembre de 2024, cuando acudió por una denuncia telefónica.
Al llegar fueron recibidos por disparos de armas de alto poder, pero lograron someter y detener a diez agresores, liberaron a dos secuestrados que permanecían cautivos y encontraron el cadáver de un hombre.
El caso se puso en manos de la Fiscalía de Justicia de Jalisco, sin que ésta pusiera en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) el caso, pese a las evidencias de que se trataba de delitos de delincuencia organizada, que competen a ésta. Nada más se supo hasta que ingresaron los buscadores.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció el día 19, que estaba en proceso de atraer el caso al ámbito federal. En una rueda de prensa, confirmó que sí encontraron restos humanos en la finca, pero hasta ese momento no tenía “elementos suficientes” para asegurar que era un “campo de exterminio”. Sin embargo, sí se centró en señalar las múltiples omisiones de la fiscalía de Jalisco, porque no rastreó debidamente los indicios y huellas dactilares; no hubo el debido registro e identificación de lo hallado en el interior del predio, como prendas y calzado.
Gertz Manero, Fiscal General de México
Demoras institucionales y falta de voluntad política
La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades tras el hallazgo del Rancho Izaguirre ha vuelto a poner en evidencia la incapacidad institucional para atender la crisis de las desapariciones. Organizaciones de derechos humanos, así como colectivos de búsqueda, han denunciado que, a pesar del descubrimiento de múltiples restos humanos calcinados y evidencia directa de actividades criminales sistemáticas, la reacción oficial fue lenta, fragmentada y sin coordinación entre los niveles estatal y federal.
El hecho de que la Fiscalía General de la República no haya sido notificada de inmediato, a pesar de tratarse de posibles crímenes de lesa humanidad, generó fuertes críticas por parte de expertos en justicia transicional y derecho internacional. “Este tipo de delitos no deben investigarse de forma aislada ni local. Estamos ante posibles crímenes contra la humanidad y eso requiere un enfoque federal e incluso internacional”, señaló el abogado e investigador de derechos humanos, Santiago Aguirre.
Búsqueda sin justicia
Para los colectivos de familiares, la falta de acción institucional es una herida constante. La mayoría de las veces, las búsquedas comienzan con una pala y un pico, sin acompañamiento oficial, con miedo a represalias y en medio de una impunidad casi absoluta. A pesar de las leyes, comisiones y promesas gubernamentales, en México menos del 1% de los casos de desaparición llegan a juicio y sentencia.
La Comisión Nacional de Búsqueda, creada por la Ley de 2017, ha tenido avances importantes en normativas y protocolos, pero enfrenta serias limitaciones presupuestarias, falta de personal capacitado y resistencias de las fiscalías locales. En muchos estados, los registros de personas desaparecidas no se actualizan, las bases de datos son fragmentarias y no se cumple con el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Violencia estructural y redes criminales
Expertos en seguridad han advertido que el fenómeno de las desapariciones forzadas no puede entenderse sin considerar la colusión entre actores del Estado y el crimen organizado. En muchos casos, hay evidencia de que policías municipales, estatales o incluso elementos del Ejército han participado directamente o han permitido las desapariciones. La falta de sanciones perpetúa un ciclo de violencia estructural donde las víctimas, sus familias y los buscadores quedan en total vulnerabilidad.
Una deuda pendiente
Mientras las autoridades discuten competencias y presupuestos, miles de madres, hermanas y esposas recorren el país buscando a sus seres queridos. Para ellas, no se trata de estadísticas, sino de vidas interrumpidas y de una lucha que se libra todos los días frente al abandono institucional.
El caso del Rancho Izaguirre no es un hecho aislado, sino el reflejo de una tragedia nacional que sigue creciendo. Más allá de un campo clandestino, es símbolo de la descomposición de un sistema incapaz de proteger a su población ni de responder con verdad y justicia. La crisis de desapariciones en México no es solo un problema de seguridad: es una herida abierta en el tejido social del país.
La crisis de vivienda en Madrid se agudiza: precios al alza, falta de oferta y protestas ciudadanas que exigen soluciones urgentes
The post La crisis de vivienda: precios disparados, oferta limitada y protestas ciudadanas first appeared on Hércules. Comprar o alquilar una casa en la capital española se ha convertido en una misión casi imposible para buena parte de la población. En el primer trimestre de 2024, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 4.473 €, con subidas interanuales del 5,6%. En distritos como Salamanca o Chamberí, los precios ya superan los 6.000 €/m², mientras que en barrios periféricos como Usera o Villaverde apenas bajan de los 2.500 €/m², cifras también inasumibles para muchos.
El problema no se limita a la compra. El alquiler también vive máximos históricos: 16,1 €/m² al mes, lo que equivale a unos 1.127 € mensuales por un piso de 70 m². Y aunque el salario medio apenas ha crecido, el coste de la vivienda sigue disparado.
Una oferta insuficiente para una demanda creciente
Detrás de este encarecimiento se encuentra una falta crónica de oferta. En 2023 se construyeron solo 6.000 viviendas en Madrid, frente a una demanda estimada en 15.000 unidades anuales. A nivel nacional, la situación no es mejor: desde 2021, el número de nuevos hogares ha superado ampliamente al de viviendas iniciadas. El ratio actual es inferior a 0,5, similar al de la crisis de 2011.
A esto se suma la escasez de suelo urbanizable, la lentitud burocrática en la concesión de licencias y un encarecimiento notable de los materiales de construcción desde 2019. Tampoco ayuda la falta de mano de obra cualificada ni la escasa inversión pública en vivienda social, que apenas representa el 2% del total en España, muy por debajo de la media europea.
Las protestas: “Es el momento de la vivienda”
Ante esta situación, la ciudadanía ha empezado a movilizarse. El domingo pasado, miles de personas tomaron las calles de Madrid para exigir soluciones. “Al igual que hubo un 15M o un 8M, este es el momento de la vivienda”, declaraban los convocantes.
Los manifestantes reclaman un mayor parque público de vivienda en alquiler, control efectivo de precios y medidas que frenen la especulación inmobiliaria. La respuesta del Ministerio de Vivienda no se hizo esperar y aprobó en Consejo de Ministros una dotación de 200 millones de euros para el bono joven al alquiler. Sin embargo, la medida ha sido criticada por parte del Ejecutivo y expertos, que temen que sirva más como “subvención a caseros y bancos” que como solución efectiva.
¿Más intervención o más construcción?
Expertos coinciden en que se necesita una combinación de medidas estructurales. Algunos, como el catedrático Julio Vinuesa, insisten en la colaboración público-privada para aumentar el parque de alquiler asequible, mientras que otros critican que las ayudas directas aumentan los precios sin generar nueva oferta.
Proyectos como la Operación Campamento —que prevé 10.700 viviendas, el 65% con algún tipo de protección— se presentan como ejemplos a seguir, aunque también reciben críticas por su baja densidad y escasa permanencia en manos públicas.
Asimismo, se plantea reformar la ley del suelo, desbloquear proyectos urbanísticos, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios que alquilen a precios moderados y facilitar los trámites administrativos. Todo esto, sin olvidar la necesidad de formar a nuevos trabajadores en el sector y hacer frente al alza de los costes de construcción.
La vivienda es ya un problema estructural que afecta a toda España, pero especialmente a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. La solución, advierten los expertos, no llegará solo desde el Gobierno central, sino que requiere la implicación activa de comunidades autónomas y ayuntamientos.
El conjunto de Corberán dio el golpe ante un Madrid que tuvo una tarde para el olvido. Hugo Duro anotó el tanto de la victoria en el último minuto de juego.
The post Valencia y un triunfazo agónico en el Bernabéu first appeared on Hércules. El Real Madrid volvió a regalar medio partido y esta vez lo pagó demasiado caro. Frente a un Valencia ordenado y efectivo, el equipo de Ancelotti sufrió una derrota que lo dejó tocado en la carrera por el título. El gol agónico de Hugo Duro sentenció el 1-2 con el que el conjunto che puso fin a una racha de 17 años sin ganar en el Bernabéu. Premio para los de Corberán, que supieron sufrir y golpear en los momentos justos. Y un duro castigo para los blancos, que ven al Barcelona estirar su ventaja.
El arranque fue soporífero. Mientras el Valencia se abroquelaba con su línea de cinco y esperaba alguna oportunidad aislada, el Madrid no mostraba ideas ni energía. Hasta que una jugada rompió la monotonía inicial: un pase largo a Mbappé derivó en una caída en el área ante el contacto de Tárrega. El árbitro cobró penalti tras revisión en el VAR, pero el disparo de Vinicius fue flojo y Mamardashvili lo detuvo con autoridad.
Y de lo que pudo ser el 1-0 se pasó de inmediato al 0-1. Apenas dos minutos después, Valencia le sacó máximo provecho a su primera excursión al área del debutante FranGonzález. Un córner de Almeida encontró a Diakhaby completamente libre para que el central cabeceara con comodidad y abriera el marcador. El gol encendió las alarmas en el Bernabéu, que empezó a impacientarse. El mismo Diakhaby, con un increíble autogol, le daba el empate al local seis minutos más tarde, pero para fortuna del guineano, su tanto fue anulado por un ajustado fuera de juego de Mbappé al inicio de la jugada. Ni esa le salía al Madrid.
Con el marcador en contra, el conjunto merengue buscó el empate con más voluntad que fútbol. Mbappé era el único que ofrecía soluciones, aunque sin efectividad. Cada intento se estrellaba contra el orden defensivo del Valencia o encontraba las manos salvadoras de Mamardashvili. Mientras tanto, el público empezaba a mostrar su fastidio, especialmente con Vinicius, cuestionado tanto por su bajo rendimiento como por haberse arrogado la ejecución del penalti.
El que ríe último ríe mejor
Como ha ocurrido en tantísimas ocasiones en esta Liga, el Madrid mostró otra actitud tras el descanso. Sin margen para la especulación, salió decidido a igualar y lo consiguió rápido: en el minuto 50, un córner ejecutado por Modric fue desviado por Bellingham en el primer palo y Vinicius, con oportunismo, empujó en el segundo para el 1-1. El gol reactivó a la grada y a un equipo que, al fin, comenzó a jugar en campo contrario con intensidad.
Ancelotti movió el banco para renovar energías: ingresaron Rodrygo, Endrick y Fran García, entre otros, buscando abrir a una visitacada vez más replegada. Hubo chances claras: una volea de Valverde detenida de forma espectacular por Mamardashvili, un disparo cruzado de Mbappé apenas desviado y un intento de Endrick bloqueado a tiempo por Diakhaby. El empate parecía poco para lo que proponía el Madrid, pero también reflejaba su escasa eficacia.
Valencia, lejos de descomponerse, mantuvo la compostura. Se cerró bien, administró los tiempos y esperó su momento. Y cuando el punto comenzaba a saber a premio, se llevó dos más. En tiempo añadido, una rápida transición terminó con Rafa Mir poniéndole un pase a la cabeza de Hugo Duro, que solo tuvo que acertarle a la portería. El delantero formado en la cantera madridista hizo cumplir la inexorable “ley del ex” para darle forma a un triunfo histórico en un terreno más que hostil para los chés.
Resignación absoluta en el Bernabéu y una caída que no fue más grave gracias al empate que Betis le arrebató al Barcelona en Montjuic horas más tarde. Ahora la diferencia es de cuatro, aunque la cabeza vuelve a estar puesta en Champions con el duelo del próximo martes en Londres ante Arsenal.
La juez del ‘caso David Sánchez’ tuvo que recurrir a la Guardia Civil por la negativa de la Brigada de Policía Judicial de Extremadura
The post La Policía se negó a investigar al hermano de Sánchez alegando falta de personal first appeared on Hércules. La Policía Nacional se negó a investigar al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegando que no contaba con los efectivos suficientes para llevar a cabo la instrucción. Así lo comunicó la Jefatura Superior de Extremadura al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que había abierto una causa contra David Sánchez el 30 de mayo de 2024 por presuntos delitos contra la Administración pública, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude fiscal.
La decisión ha generado sorpresa y malestar en sectores policiales y judiciales, ya que la Brigada de Policía Judicial de Extremadura dispone de 73 agentes, de los cuales 53 están asignados específicamente a tareas de investigación.
Una negativa que “vino de arriba”
La comunicación del juzgado se realizó a través de una llamada telefónica a la comisaria principal María Elisa Fariñas, quien transmitió que la unidad no podía asumir el caso por “falta de personal”. Sin embargo, diversas fuentes dentro del cuerpo apuntan a que la negativa no partió de Fariñas, sino que fue una instrucción recibida “desde arriba”, es decir, de niveles superiores de la estructura policial.
Fariñas, según estas fuentes, no mantiene una relación cercana con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En 2023, tras la jubilación del jefe de la División de Formación, muchos esperaban que ella fuese designada para sucederle por su trayectoria. Sin embargo, Marlaska optó por nombrar a Javier Nogueroles, una decisión que generó polémica dentro del cuerpo.
Irrelevancia de la UDEF
La negativa de la Policía se produce en un contexto de debilitamiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tradicionalmente encargada de investigar casos de corrupción. Desde que Fernando Alonso asumió su dirección en 2022 —nombrado por Marlaska—, la unidad ha dejado de liderar grandes investigaciones, como el caso Koldo, el de Begoña Gómez o la trama de los hidrocarburos.
Fuentes policiales señalan que la llegada de Alonso tenía como objetivo “frenar las investigaciones que pudieran afectar al PSOE”. Desde entonces, la UCO de la Guardia Civil ha asumido la mayoría de estos casos, desplazando a la Policía Nacional del foco de las causas más sensibles políticamente.
La juez se ve obligada a recurrir a la Guardia Civil
Ante la inacción de la Policía, la magistrada Beatriz Biedma decidió en junio de 2024 encargar la investigación del caso David Sánchez a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta unidad, considerada una de las más eficaces en delitos de corrupción, asumió las primeras diligencias y ha continuado con la instrucción desde entonces.
La intervención de la UCO subraya las dificultades estructurales que enfrenta la Policía para asumir causas que afectan a figuras cercanas al poder político. La falta de colaboración institucional no solo retrasa las investigaciones, sino que también lanza un mensaje preocupante sobre la independencia de los cuerpos encargados de perseguir el delito.
Cuatro meses después de la dana, Hacienda solo ha transferido 1.470 millones de los 14.000 prometidos; las ayudas a familias son mínimas
The post Hacienda solo ha desembolsado el 10% de las ayudas prometidas por la Dana first appeared on Hércules. El Ministerio de Hacienda ha transferido solo 1.470 millones de euros en ayudas directas para paliar los efectos de la dana que golpeó la Comunidad Valenciana hace ya cuatro meses. Esta cifra representa apenas el 10% del total de 14.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió en deducciones fiscales, subvenciones, créditos y compensaciones para la reconstrucción y asistencia a los afectados.
Pese a los anuncios oficiales, la realidad es que la reconstrucción avanza lentamente en las 90 localidades afectadas, donde muchos vecinos todavía no han recibido ni un euro en ayudas. La Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, ha exigido al Ejecutivo central que desbloquee urgentemente los fondos comprometidos y acelere los pagos.
Transferencias sin impacto real en los afectados
Según los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado, se registraron dos grandes transferencias: una de 724,7 millones en diciembre, destinada a la Seguridad Social para actuaciones urgentes —como limpieza, carreteras, tendidos eléctricos y abastecimiento de agua—, y otra de 1.470 millones en febrero a entidades locales bajo el paraguas del Real Decreto 6/2024.
Sin embargo, solo esta última se considera ayuda directa, y además, dirigida a ayuntamientos, no directamente a los ciudadanos. El resto del dinero no ha tenido impacto tangible para los damnificados, ya que no se ha distribuido ni en forma de subvenciones ni en créditos personales.
El Ministerio de Economía reconoció recientemente que las ayudas directas efectivamente pagadas se sitúan en torno a los 2.000 millones, si se suman los 1.470 millones y otras posibles partidas aún no aclaradas. A esto hay que restar los 2.300 millones que fueron gestionados por el Consorcio de Compensación de Seguros, cuyos fondos proceden de las aseguradoras y no del Estado.
Solo 60 millones han llegado a las familias
Las cifras de la Generalitat revelan que solo 60 millones de euros han llegado directamente a las familias afectadas, con apenas 3.400 solicitudes resueltas hasta la fecha. Esta cifra contrasta con los más de 1.850 millones movilizados por la administración autonómica valenciana en ayudas directas, lo que ha desatado una creciente tensión entre ambos gobiernos.
Además, de los 5.000 millones en créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la rehabilitación de zonas afectadas, solo se han solicitado 1.594 millones. Esto refleja el escaso impacto de una línea que, en lugar de ayudas a fondo perdido, ofrece financiación con aval público, asumiendo los bancos el 20% del riesgo.
La gestión de la dana también ha llegado al Parlamento Europeo, donde se ha solicitado una investigación sobre el reparto y ejecución de las ayudas por parte del Gobierno español. A su vez, sorprende que el Ejecutivo solicitara a Bruselas 4.404 millones del Fondo de Solidaridad de la UE, cuando el propio Tesoro apenas ha desembolsado la mitad de esa cifra en ayudas reales.
El Gobierno ha intentado justificar parte del déficit fiscal de 2024 —que cerró en el 2,8% del PIB— incluyendo el impacto de la dana, lo que elevaría la cifra hasta el 3,15%. No obstante, Bruselas permite excluir estos gastos extraordinarios al calcular el déficit, como ya ocurrió con el terremoto de Lorca.
Pese a que el Gobierno anunció a bombo y platillo un paquete de 14.000 millones de euros para enfrentar la emergencia, gran parte de esos fondos son deducciones fiscales, préstamos avalados y ayudas indirectas que no tienen un impacto inmediato sobre quienes lo han perdido todo. De hecho, las ayudas públicas netas directas se sitúan ligeramente por encima de los 2.100 millones, menos de lo que el propio Gobierno invirtió recientemente en comprar acciones de Telefónica.
Revilla insulta al Rey llamándolo corrupto mientras su jefe de Carreteras está imputado por cobrar 2,9 millones en comisiones ilegales
The post Mientra Revilla ataca al Rey emeérito es investigado por corrupción en el Gobierno cántabro first appeared on Hércules. Don Juan Carlos demanda al expresidente por vulnerar su honor; su ex alto cargo enfrenta una investigación por 2,9 millones en mordidas.
Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial. Mientras arremete públicamente contra el Rey emérito Don Juan Carlos I, al que ha calificado de “delincuente” y “corrupto”, se ha destapado una grave trama de corrupción que implica directamente a su antiguo jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez.
La polémica ha alcanzado nuevas dimensiones esta semana, cuando el monarca anunció una demanda por derecho al honor contra Revilla por sus reiteradas descalificaciones. El expresidente, lejos de retractarse, ha reafirmado sus palabras en varios medios, presentándose como un político “honrado” frente a lo que él califica como “privilegios y abusos de la monarquía”.
2,9 millones en comisiones y sobres con billetes
Sin embargo, mientras lanza acusaciones contra Don Juan Carlos —quien, cabe recordar, no ha sido condenado por ningún delito—, la Justicia investiga un escándalo de corrupción dentro de su propio Ejecutivo. El foco está sobre Miguel Ángel Díez, exdirector de Carreteras del Gobierno cántabro, imputado por recibir supuestamente 2,9 millones de euros en comisiones ilegales.
Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, Díez recibía sobres repletos de billetes de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos públicos millonarios. Un sistema de intercambio que, presuntamente, funcionó durante años bajo la mirada de altos cargos del Ejecutivo regional.
Vínculos con el PRC y blanqueo internacional
La trama no solo afecta a Díez. La UDEF ha detectado vínculos entre esta red de comisiones ilegales y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), liderado por Revilla. Concretamente, los investigadores señalan al tesorero del partido, quien mantiene relaciones empresariales con la mujer del imputado.
El papel de la familia de Díez ha resultado clave en el esquema de blanqueo: tanto su esposa como sus hijas ayudaban a canalizar el dinero a través de una empresa de fotocopias. Parte de esos fondos terminaron ocultos en una sociedad en Suiza y en al menos 13 cuentas bancarias en Luxemburgo.
Estos hallazgos llevaron a la dimisión del consejero de Obras Públicas, una figura de máxima confianza de Revilla. El caso se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción en Cantabria en la última década.
Revilla se niega a rectificar
A pesar de los indicios que salpican a su entorno más cercano, Miguel Ángel Revilla ha optado por mantener su discurso contra la Corona. Tras conocerse la demanda del Rey Don Juan Carlos, el exmandatario cántabro declaró públicamente que no tiene “nada de lo que arrepentirse” y que no piensa rectificar.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción de Santander, junto con la UDEF, continúa recopilando pruebas sobre una red que podría haber malversado millones de euros de dinero público. Las conexiones con el PRC añaden una dimensión política al caso que podría tener consecuencias tanto judiciales como electorales para el partido.
La contradicción entre el discurso ético de Revilla y las investigaciones que cercan a su gestión ha despertado críticas incluso entre sus antiguos aliados. La imagen de un político popular que se presenta como defensor de la transparencia queda en entredicho cuando se conocen los detalles de una estructura de corrupción en la que sobres con dinero, cuentas ocultas y empresas pantalla eran parte del día a día de su Gobierno.
