En los últimos años, se han cedido áreas clave como Tráfico en Navarra y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en Cataluña
The post Salarios congelados y derechos ignorados: el grito de Jucil first appeared on Hércules. La Asociación Profesional Jucil ha reiterado su descontento con la actual relación entre las asociaciones de la Guardia Civil y la Dirección General. Según señala Jucil, el diálogo con la Administración resulta en muchas ocasiones infructuoso, ya que “tiende a ignorar o desestimar gran parte de las propuestas de mejora” que se presentan para el avance en derechos y condiciones laborales. De este modo, se proyecta la apariencia de una relación abierta y dialogante cuando, en la práctica, “es solo un mero trámite para cubrir el expediente y dar una sensación de diálogo”
Uno de los principales escollos que enfrentan las asociaciones profesionales es la falta de una verdadera negociación dentro de los grupos de trabajo. Según señala Mila Cívico, portavoz de Jucil, “los grupos de trabajo se han convertido en una mera formalidad donde la Dirección General impone su criterio sin dar cabida real al diálogo ni a la negociación”. Esto supone un problema estructural, ya que impide el avance en cuestiones fundamentales para los agentes.
Para mejorar esta situación, Jucil propone que las aportaciones de las asociaciones sean tomadas en cuenta de manera efectiva y que la Administración tenga la obligación de “negociar colectivamente aquellas normas que afecten directamente a los derechos sociolaborales de los guardias civiles”, señala Mila Cívico a este medio. Sin embargo, hasta la fecha, la Dirección no ha presentado ninguna propuesta de reforma en respuesta a estas peticiones.
Uno de los cambios que la asociación considera esenciales es la implantación del modelo de turnos 6×6, que ya se aplica en la Policía Nacional. Este sistema, que consiste en dos turnos de mañana, dos de tarde y dos de noche, seguidos de cinco días de descanso, supondría una mejora significativa en la conciliación familiar y la salud de los agentes. “Favorece la conciliación familiar al ofrecer más tiempo libre y una verdadera desconexión laboral”, aclara Cívico.
Además de contribuir a la reducción del estrés y la mejora del descanso, lo que redundaría en un menor absentismo y un mayor bienestar general.
Por el contrario, la práctica de los “dobletes” (jornadas sin descanso adecuado entre turnos) es una de las principales preocupaciones de los agentes, ya que “la falta de un descanso adecuado no solo pone en riesgo la salud física y mental de los guardias civiles, sino que también repercute negativamente en su desempeño profesional”, señalan fuentes de Jucil.
Según Jucil, esta dinámica incrementa el riesgo de errores, eleva los niveles de estrés y fomenta el agotamiento crónico, con graves consecuencias tanto para los propios agentes como para la seguridad pública.
Otro de los aspectos que más preocupa a los guardias civiles es la falta de recuperación del 5% de su salario que se les redujo en el pasado y que nunca fue restituido. “Tiene un impacto negativo en el poder adquisitivo de los agentes que, sumado a la brecha salarial existente entre los distintos cuerpos policiales y al aumento de la carestía de vida, hace que la Guardia Civil sea el cuerpo policial con menor salario del país”.
La cesión de competencias y el temor al desmantelamiento
Para revertir esta situación, Jucil ha impulsado una estrategia de presión institucional, manteniendo reuniones con diferentes formaciones políticas con el objetivo de conseguir la equiparación salarial total. A su vez, han establecido una colaboración con las plataformas Jusapol y el sindicato policial Jupol, desarrollando estrategias conjuntas y acciones judiciales para fortalecer su reivindicación.
Otra cuestión clave para la Guardia Civil es la pérdida progresiva de competencias en favor de cuerpos policiales autonómicos. En los últimos años, se han cedido áreas clave como Tráfico en Navarra y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en Cataluña. Además, el reciente acuerdo entre PSOE y Junts para compartir la competencia de Fiscal y Fronteras con la policía autonómica de Cataluña ha generado gran preocupación dentro del cuerpo. “Según la normativa vigente, no es legalmente viable y supone una grave amenaza para la estructura competencial de la Guardia Civil”, advierten desde Jucil.
Las asociaciones temen que esta tendencia continúe, lo que podría desembocar en “el desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña” y en la pérdida de otras competencias históricas como el Servicio Cinológico, Gedex, Servicio Marítimo o Geas. Esto no solo supondría un deterioro de las funciones tradicionales del cuerpo, sino que podría debilitar su presencia y operatividad en diversas regiones.
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