El pasado 5 de marzo un grupo de personas que forman parte de “El Colectivo Guerreros Buscadores”, colectivo que busca a sus desaparecidos (hay decenas en México), encontró restos óseos humanos, así como indicios de que se hubieran realizado incineraciones en ese lugar (hornos crematorios y fosas)
The post El crematorio clandestino de Teuchitlán aflora los 196.216 homicidios y 126.000 desaparecidos sin esclarecer en México first appeared on Hércules. El recién iniciado mandato de Claudia Sheinbaum Pardo que sucede al de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ambos del pertenecientes al partido político “Movimiento Regeneración Nacional” (MORENA), parte de unas cifras rotundas, 196.216 víctimas de homicidio doloso de acuerdo con los datos aportados por el Gobierno y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y más de 116.000 desaparecidos por todo el país, desde 1962. Son cifras conocidas pero que han golpeado a la opinión pública, tras el hallazgo de un crematorio clandestino en el rancho conocido como “La Estanzuela” o “Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco. El pasado 5 de marzo un grupo de personas que forman parte de “El Colectivo Guerreros Buscadores”, colectivo que busca a sus desaparecidos (hay decenas en México), encontró restos óseos humanos, así como indicios de que se hubieran realizado incineraciones en ese lugar (hornos crematorios y fosas).
Decenas de zapatos encontrados en el Rancho
El rancho ha albergado un centro de adiestramiento del crimen organizado y el lugar en el que hacer desaparecer a un número personas, sin cuantificar pero que se atisba al ver la pila de zapatos, de prendas de ropa, objetos de aseo e incluso juguetes que se han hallado. Es una muestra más de la impunidad con la que operan los grupos criminales en ese país y que se traduce a victimas encuadradas en dos categorías: desaparecidos y/o muertos. El grupo de buscadores de desaparecidos que actúa en las instalaciones utilizadas por los “narco” ha informado que el Rancho Izaguirre era empleado como sitio de reclutamiento del crimen organizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que encandila a los jóvenes con supuestas ofertas de empleo, con sueldos elevados, pero que no son mas que una forma de atraerlos para terminar en lugares con el de Teuchitlán.
“Desaparecer a los desaparecidos”
En junio del año pasado, antes de abandonar la presidencia de México, AMLO anunció la elaboración de un nuevo censo de desaparecidos y el pasado mes de diciembre, el gobierno declaró que solo 12,377 de las 110,964 personas registradas estaban definitivamente desaparecidas. Algo que provocó las críticas de los colectivos de familiares “Están desapareciendo a los desaparecidos”, denunciaron. La realidad es que en el sexenio al frente del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se registraron 16.903 desapariciones, con Enrique Peña Nieto (2012-2018) hubo 32.532. En los seis años de gobierno de AMLO, la cifra de desapariciones asciende a 53.261. Desde 2018, se han encontrado al menos 2710 fosas clandestinas en México, casi todas descubiertas por los familiares de los desaparecidos.
La tragedia que supone la desaparición o el homicidio de un familiar sacude México desde hace décadas, pero se acentúa cuando se comprueba que las autoridades no buscan el esclarecimiento de esos delitos. Uno de los que ha trascendido las fronteras es la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de Escuela Normal Rural ubicada en esa localidad del Estado de Guerrero (México). Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder en 2018, y parte de su campaña electoral se apoyaba en reclamar una investigación profunda de lo sucedido con los estudiantes. De hecho, cuando era aún presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con padres y familiares de las víctimas de la tragedia de Ayotzinapa, y se comprometió a esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición, a través de la creación de una Comisión de la Verdad.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos
Los 43 estudiantes formaban parte de un grupo más grande de una escuela de formación docente “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos”, conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una institución educativa de nivel superior para varones que se encuentra en la población de Ayotzinapa, una aldea de 84 habitantes en el estado de Guerrero, y viajaban a la ciudad cercana de Iguala, en el trayecto fueron confrontados por la policía municipal, que abrió fuego contra los autobuses en los que viajaban. A partir de ese momento las autoridades dieron varias versiones contradictorias sobre la investigación del delito, sin que se llevara a cabo el esclarecimiento de lo sucedido. Los seis años de mandato de López Obrador no sirvieron para que se supiera lo que había sucedido con los normalistas de Ayotzinapa cuyas familias mostraron su frustración por la falta de respuesta del presidente a quien denunciaron en manifestaciones y concentraciones en diferentes lugares. Han pasado 10 años desde que los hicieron desaparecer y se siguen celebrando manifestaciones masivas en las que se corea un lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Forenses, investigadores y expertos de ámbito internacional han tratado de avanzar en las investigaciones sobre la autoría del crimen, sin que las autoridades facilitaran una colaboración plena. La Organización de las Naciones Unidas elaboró en 2018, un informe sobre el caso Ayotzinapa que pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. “Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación“, declaró el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein. Asimismo, el informe, según la ONU, rinde tributo a los familiares que han buscado a sus desaparecidos en los últimos tres años y busca “contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones“.
La ultima columna antes de su asesinato
Fredid Román, periodista y columnista mexicano, fue asesinado el lunes 22 de agosto de 2022, en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. El periodista se encontraba dentro de su coche cuando fue atacado a balazos. La UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) condenó el homicidio de Fredid Román a quien dispararon tras publicar una información sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Su directora general, Audrey Azoulay realizó un llamamiento a las autoridades “para que investiguen este asesinato y garanticen que sus autores comparezcan ante la Justicia“. Román, que editaba y dirigía el periódico La Realidad, tenía un programa de noticias que transmitía en las redes sociales.
En su última columna, publicada dos horas antes de ser asesinado, el periodista ironizaba sobre el manejo del Gobierno de la República al Caso Iguala-Ayotzinapa. “Crimen de Estado sin culpar al jefe”, era el título de la columna,
La falta de implicación y coordinación de las autoridades en la investigación sobre el caso Ayotzinapa fue aparentemente disimulada por informes que se daban a conocer pero que nunca se consideraron veraces. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tiene una especial implantación en México, por lo que tenia grabadas las conversaciones entre los grupos criminales y sus interlocutores.
The New York Times tenía las pruebas
El día 2 de septiembre de 2023 The New York Times reveló miles de mensajes de texto que esclarecían el “caso Ayotzinapa“, el trágico final de 43 estudiantes de Escuela Normal Rural ubicada en esa localidad del Estado de Guerrero (México). De los mensajes se deduce que policías, militares y otros funcionarios se coludieron con un cartel para acabar con los 43 estudiantes que desaparecieron en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014. Las conversaciones fueron interceptadas por la DEA y demuestran que las autoridades ayudaron al grupo criminal en la desaparición masiva de los normalistas.
The New York Times obtuvo 23.000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación obtenidos, que permiten comprobar que todas las ramas del gobierno de esa zona del sur de México trabajaban para el cártel, lo que permitió que este hiciera uso de la maquinaria del Estado y neutralizar cualquier contingencia que pudiera producirse. Se documenta que los comandantes de la policía obedecían órdenes directas de los narcotraficantes, según muestran los mensajes de texto. Uno de los comandantes dio armas a los integrantes del cártel, mientras que otro acató la orden de perseguir a sus rivales. Por otra parte, un forense también prestaba servicios al grupo criminal enviando fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes. Tras el asesinato de algunos de los estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia del forense y un integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para “desaparecer gente sin dejar rastro”.
Las comunicaciones del cártel fueron interceptadas en 2014 por la DEA, como parte de una investigación de las actividades de tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Durante años, México trató de acceder a los mensajes de texto, pero las autoridades estadounidenses solo entregaron los 23.000 mensajes el año pasado. El ejército estaba enterado de todas las comunicaciones gracias a una herramienta espía fabricada en Israel, conocida como Pegasus, para vigilar a los miembros del grupo.
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