Categoría: ESPAÑA

España es un Estado de Derecho, por lo que la presunción de inocencia es un pilar fundamental de la democracia en nuestro país
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Fuente: Europa Press

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE en Andalucía, ha pisoteado la presunción de inocencia tras alegar en un mitin que es “una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes”.  

La socialista hacía alusión así a la sentencia que absuelve al exjugador del Barcelona, Dani Alves, por una presunta agresión sexual a una joven en el baño de una discoteca. La ministra de Hacienda aprovechó para mandarle un mensaje a la mujer que puso la denuncia: “Por eso desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo, estamos con ella, estamos con todas aquellas que se enfrentan a gigantes para poder reclamar la dignidad que, en su palabra, en su boca, es la dignidad de todas nosotras. No está sola, aquí estamos contigo”.

“Qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el PSOE en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, en las pensiones, en todo aquello que refleja que a lo largo de nuestra vida hemos sido discriminadas o no hemos jugado el papel que teníamos que jugar”, expresó.

La respuesta del Partido Popular a las palabras de Montero llegó de la mano del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, quien llamó “analfabeta” a la vicepresidenta primera del Gobierno por sus declaraciones. En un mensaje en X, Albiol ha respondido a las palabras de Montero: “Estas declaraciones son propias de una analfabeta. El problema para todos nosotros es que esta señora es vicepresidenta del Gobierno”.

“Su comunicación no verbal, hablando con el mentón levantado y la mirada desafiante, evidencia que estamos en manos de una persona profundamente soberbia. La mezcla de ignorancia, poder y soberbia es explosiva”, ha abundado el alcalde de Badalona del Partido Popular.

Políticos de izquierdas tratan de eliminar la presunción de inocencia

España es un Estado de Derecho, por lo que la presunción de inocencia es un pilar fundamental de la democracia en nuestro país. Fuentes jurídicas señalan a este periódico que la presunción de inocencia no es un “lujo” sino un “derecho fundamental”. Ya que, cualquier persona que haya sido acusada de un delito siempre debe ser “considerada inocente” hasta que “se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable”.

Fuente jurídicas aclaran que en la presunción de inocencia la carga de la prueba cae realmente en la acusación y no el propio acusado. Así mismo, la culpabilidad únicamente se podrá declarar tras la finalización de un juicio. Este debe estar basado siempre en pruebas legales y regido por los principios de igualdad, contradicción e inmediación, entre otros.

La tradición jurídica defiende firmemente el principio de presunción de inocencia, ya que su vulneración puede tener consecuencias devastadoras, como la condena de personas inocentes, linchamientos públicos y la erosión del Estado de derecho.

Sin embargo, algunos sectores de la izquierda han intentado debilitar este principio, promoviendo la posibilidad de juzgar casos basándose únicamente en los testimonios de presuntas víctimas, sin necesidad de pruebas o hechos comprobados en un juicio. Figuras como María Jesús Montero y la exministra de Igualdad, Irene Montero, han adoptado un enfoque populista que busca socavar la presunción de inocencia, reemplazando el rigor jurídico por relatos subjetivos.

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La vicepresidenta ha escandalizado con sus declaraciones a las principales asociaciones de jueces y fiscales
The post Montero ataca a la presunción de inocencia: no se debe cuestionar nunca a las supuestas víctimas first appeared on Hércules.  La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha tratado de justificar sus declaraciones recientes, argumentando que la presunción de inocencia no debería impedir el rechazo a la revictimización sistemática de las mujeres que han sufrido agresiones.

Montero se vio envuelta en la polémica después de que el sábado calificara de “vergüenza” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual, anulando la condena previa. Sus palabras provocaron una reacción inmediata de todas las asociaciones de jueces y fiscales, que emitieron un comunicado conjunto exigiendo respeto por la independencia judicial y la presunción de inocencia.

A pesar de este revés, la dirigente socialista ha insistido en su postura, rechazando las críticas del Partido Popular y acusándolo de hipocresía. A través de un mensaje en X, Montero recordó que el PP ha cuestionado en el pasado el Tribunal Constitucional y se ha jactado de influir en la Sala Segunda del Supremo, además de haber tratado la trama Gürtel como una conspiración contra su partido.

Desde Ferraz, fuentes socialistas han intentado rebajar la polémica, asegurando que las palabras de Montero fueron fruto de la impotencia ante la sentencia y admitiendo que su mensaje podría haberse expresado con mayor claridad. Sin embargo, sus declaraciones constituyen un ataque directo al Estado de Derecho, ya que deslegitiman la labor judicial y ponen en entredicho uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia.

La justicia debe impartirse con base en pruebas y no en juicios mediáticos ni presiones políticas. Al cuestionar una decisión judicial con términos tan contundentes, Montero no solo socava la confianza en los tribunales, sino que también pone en peligro la imparcialidad que debe regir cualquier proceso judicial. En una democracia sólida, es inaceptable que una alta representante del Gobierno desacredite el trabajo de los jueces por no ajustarse a sus propias convicciones ideológicas.

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El Partido Popular ha mostrado su desagrado ante el ataque constante del ejecutivo a la educación privada
The post El PP critica a Montero por sus ataques a la universidades privadas” una vergüenza” first appeared on Hércules.  El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha arremetido contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por sus declaraciones sobre la sentencia que absuelve a Dani Alves y su crítica a la universidad privada. Según Sémper, Montero debería haber “dimitido hace mucho tiempo”.

Críticas del PP a Montero

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha expresado su “estupor” ante las palabras de Montero en un acto del PSOE en Jaén.

En dicho acto, Montero calificó de “vergüenza” la sentencia que absuelve a Alves de un delito de agresión sexual y afirmó que la universidad privada es la “principal amenaza de la clase trabajadora”, sugiriendo que sus alumnos “compran” sus títulos.

Sémper ha rechazado lo que considera una “ofensiva del Gobierno contra los jueces, la universidad privada y los medios de comunicación”.

“Un Gobierno a la desesperada”

El portavoz del PP ha acusado al Ejecutivo de estar “a la desesperada, insultando a jueces, empresarios, periodistas y españoles en general”. Además, ha criticado que Montero “deslegitime” sentencias judiciales mientras el Gobierno “pacta con condenados y fugitivos”.

“Claro que debería haber dimitido, pero debería haber dimitido hace mucho tiempo”, ha remarcado Sémper, exigiendo además que rectifique y pida perdón por unas declaraciones “incompatibles con la democracia y el Estado de derecho”.

También ha lanzado una crítica directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que cursó estudios en tres centros universitarios privados. “¿Está acusando Montero a Sánchez de haber comprado su título o su máster?”, ha ironizado Sémper.

Feijóo también carga contra Montero

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Montero “no está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo”, criticando que haya cuestionado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre Dani Alves.

“Vergüenza es que las asociaciones de jueces le tengan que recordar esto a una vicepresidenta”, ha señalado Feijóo, en referencia a las asociaciones de jueces y fiscales que han exigido respeto tras los comentarios de Montero.

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El texto recoge medidas para facilitar la conciliación
laboral de sus trabajadores, con una reducción de jornada y un incremento salarial medio del 5%
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La Comunidad de Madrid ha suscrito el día de hoy un nuevo convenio colectivo de Metro para el período 2025/2027, que mejora las condiciones laborales de los más de 7.200 trabajadores de la compañía metropolitana y facilita el refuerzo de trenes en fines de semana, festivos y grandes eventos. 

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha asistido a la firma del acuerdo alcanzado entre la dirección de la empresa y la totalidad de las organizaciones sindicales (Sindicato de Maquinistas de Metro, CCOO, UGT, Sindicato Libre, Solidaridad obrera y Sindicato de Técnicos), en un acto celebrado en al sede del suburbano. “El compromiso del Ejecutivo autonómico con el transporte público y con los profesionales que hacen posible que la región disfrute de uno de los mejores servicios del mundo”, ha señalado el consejero.

El texto estará en vigor hasta el 31 de diciembre del 2027

De esta forma, Metro de Madrid cuenta con un nuevo texto, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027 y sustituye al suscrito hace cinco años, con medidas destinadas a facilitar la conciliación laboral de sus empleados, con una reducción de jornada a partir de 2026, el refuerzo de los períodos de descanso en determinadas actividades y un incremento salarial medio de 5%. En este sentido, el Consejo de Gobierno, en su reunión del pasado 12 de marzo, autorizó una inversión de 17,8 millones de euros en las retribuciones del presente ejercicio. 

Así, Rodrigo ha recordado que “el acuerdo representa un compromiso de paz social en una etapa con importantes hitos para el futuro de la compañía metropolitana y un contexto propicio para lograr el objetivo de incrementar la demanda global en un 15% antes de 2030”.

Las obras inician el próximo mes de junio 

El suburbano madrileño inicia el próximo mes de junio las obras de la automatización de la Circular, que se completará en 2027 con la llegada de los nuevos trenes y permitirá mejorar la capacidad y la calidad del servicio prestado en la Línea 6, la más utilizada de toda la red. Además, Metro continuará explorando la implantación del proyecto pionero Última Milla de transporte de mercancías, con el que el Gobierno regional pretende contribuir a la reducción de la contaminación, evitando el movimiento en superficie de miles de paquetes al día. 

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Tras meses de discrepancias entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano las obras comenzarán durante el día de mañana en una fase inicial
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Durante la jornada de mañana, martes 1 de abril, comenzarán las obras de renovación del Estadio de fútbol de Vallecas, que se prolongarán a lo largo de seis meses, sin interferir en el desarrollo de los encuentros del Rayo Vallecano en la presente temporada ni afectar al aforo del recinto ubicado en el distrito de Puente de Vallecas.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con el club vallecano ha diseñado un plan de obra el cual prevé actuaciones de implantación, saneamiento, cerramientos y particiones, entre otras hasta que termine el campeonato de Liga de este año el próximo 25 de mayo, para a partir del día siguiente empezar con los trabajos de mayor envergadura como la sustitución de las dos cubiertas.

Reforma integral

El Ejecutivo autonómico invertirá 2 millones de euros en este proyecto con el objetivo de reforzar la seguridad dentro del estadio. En los últimos meses la situación respecto a grietas y humedades venía siendo mejorable. También se sustituirán los falsos techos, arreglando deterioros de la fachada en la zona de federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar), además de pintar las escaleras de gradas y graderíos, y arreglos en los aseos, entre otras intervenciones.

La Comunidad tiene como objetivo remodelar íntegramente el Estadio en su extensión completa, convirtiéndolo en un Estadio a la “altura de la historia del club”. Actualmente Vallecas alberga 14.700 espectadores.

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Los populares también solicitan ampliar la red de científicos y miembros del sector pesquero, implicando a universidades y centros de investigación
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Europa Press

La Comisión de Pesca del Senado abordará el próximo miércoles una iniciativa del PP que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a “defender” el sector pesquero del Mediterráneo y critican las medidas establecidas por la Unión Europea al “provocar la asfixia de la actividad y su inminente riesgo de desaparición”.

Esta moción de los populares, iniciativa no vinculante, reclama al Ejecutivo Sanchez la realización de un plan de gestión para el sector pesquero que evalúe los recursos para así “buscar la sostenibilidad del sector”, destacando los casos de la pesca de arrastre y la captura de la gamba roja del Mediterráneo.

La iniciativa también solicita ampliar la red de científicos y miembros del sector pesquero, implicando a universidades y centros de investigación, para estudiar la situación de la industria en el Mediterráneo. 

Además, se insta al Gobierno a aportar en las negociaciones con la UE los informes “que demuestren la alta importancia social y económica del sector pesquero en el Mediterráneo”, destacando que la pesca es una actividad no solo económica, sino “parte fundamental de la cultura y tradiciones de los pueblos mediterráneos”.

Estrangulamiento del sector

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace hincapié en el “estrangulamiento” del sector, que ya ha denunciado que los informes de la UE “carecen de transparencia y no coinciden con la realidad”. También señala la propuesta de la Comisión Europea de reducir “un 66%” los días de pesca para el año 2025.

Se le exigió a la Comisión Europea que explicara su propuesta de recorte de pesca en el Mediterráneo 

El Partido Popular en el Parlamento Europeo solicitó el 4 de diciembre la comparecencia urgente de la Comisión Europea para explicar la propuesta de recorte de Pesca en el Mediterráneo que plantea una reducción del 79% de los días de pesca de arrastre, pasando de los 130 de media actuales a 27. 

El coordinador de Pesca del Grupo PPE en la Eurocámara, el eurodiputado del PP Gabriel Mato, ha calificado la propuesta de recorte de “extremadamente grave” y el debate con la Comisión Europea de “extremadamente urgente”, ha afirmado que “sabemos que hay una propuesta de reducir los días de pesca a torno a 27-28 días, y es pedir un esfuerzo que es absolutamente inasumible por parte de los pescadores que ya han hecho un tremendo esfuerzo, una reducción del 40%”.

Gracias a la solicitud del PP, la comisión de Pesca del Parlamento solicitó que la Comisión Europea explicara sus recortes en la pesca del Mediterráneo los días 9 y 10 de diciembre en Bruselas. Finalmente, se aceptó un recorte del 66%, frente a la reducción del 79% de los días de pesca que planteaba la Comisión. 

Así, el 11 de diciembre, en la reunión entre la Comisión y los ministros de pesca, los países de la UE acordaron un mecanismo para amortiguar, en parte, el recorte del arrastre, que permite recuperar días de actividad al cumplirse ciertas medidas medioambientales de carácter acumulativo. 

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La condena de Marine Le Pen a la inelegibilidad por un tribunal de París sacude la política francesa, provocando una posible transición de liderazgo en la RN hacia Jordan Bardella. La decisión podría generar conflictos internos y radicalizar aún más a sus seguidores, al ser vista como un ataque del «sistema».
The post Marine Le Pen condenada por malversación first appeared on Hércules.  Una sacudida política. De un extremo a otro del espectro ideológico. Marine Le Pen, hasta el último momento, se negó a creerlo, aunque erróneamente. La decisión del tribunal de París, emitida el lunes 31 de marzo, ha supuesto un golpe devastador para la líder de la Agrupación Nacional (RN). Condenada a una pena de inelegibilidad, la dirigente que aspiraba a postularse por cuarta vez a la presidencia se encuentra ahora incapacitada para hacerlo debido a la “ejecución provisional” de su condena.

Los jueces justificaron esta decisión para que tenga efecto inmediato, incluso antes de que se agoten las posibles apelaciones. “¿Cómo nos preparaste para esta posibilidad: que nuestro líder fuera impedido?”, comentó asombrado un miembro cercano a Le Pen, reflejando el desconcierto dentro de su partido.

Ahora, la líder ultraderechista solo tiene la opción de recurrir al Consejo Constitucional en un intento de anular la sentencia y recuperar su derecho a competir en futuras elecciones.

Transición apresurada hacia Bardella

Desde las primeras declaraciones, se anticipan enormes consecuencias políticas tanto dentro como fuera de la Agrupación Nacional (RN). Altos funcionarios del partido nacionalista admiten que el escenario de un impedimento judicial no se había contemplado. Aunque se espera que Marine Le Pen mantenga su cargo y responsabilidades dentro de la Asamblea Nacional, su autoridad y prestigio político podrían verse gravemente afectados.

En el sistema cuasi-presidencial de la Quinta República, el candidato presidencial ejerce una dirección natural sobre su campo político, algo que en un partido como la RN, de inclinaciones bonapartistas, convierte la figura del líder en un pilar fundamental. En este contexto, Le Pen debería ceder el liderazgo de su partido a su protegido y sucesor aparente, Jordan Bardella, a quien ha impulsado y elevado rápidamente dentro de la política francesa.

Le Pen declaró en una entrevista con Le Point en octubre pasado que la primera responsabilidad de un líder es garantizar la supervivencia de su estructura política más allá de su mandato. Sin embargo, aunque Bardella esté bien preparado, la transición de liderazgo podría no ser sencilla ni exenta de tensiones.

Una identidad más derechista para Bardella

Desde que asumió el liderazgo del movimiento, Jordan Bardella ha estado desarrollando una identidad política propia, aunque compatible con la que Marine Le Pen ha representado durante años. Mientras que Le Pen ha evitado alinearse con la división tradicional izquierda-derecha, Bardella ha comenzado a mostrar signos más claros de su inclinación hacia la derecha. Ya sea mediante su “programa de gobierno” durante las elecciones legislativas anticipadas o a través de su libro autobiográfico, Ce que je cherche, Bardella se ha alineado con valores de la derecha, como el trabajo, la meritocracia, la autoridad y la libertad económica. Esta nueva postura más derechista podría desentonar con la orientación populista de la RN, especialmente ahora que Marine Le Pen ya no tiene la opción de ser candidata presidencial.

Este cambio ideológico podría ser el detonante de conflictos dentro de la RN, ya que algunos de los miembros más leales a Marine Le Pen podrían no aceptar fácilmente el liderazgo de Bardella. Un alto cargo del partido afirmó recientemente que, si Marine Le Pen se ve impedida de postularse, se desataría una guerra interna dentro del partido, con algunos de los ejecutivos rechazando la figura de Bardella.

La reacción en el espectro político más amplio

El impacto de la decisión del tribunal no solo afecta a la RN, sino que podría desencadenar una serie de ambiciones dentro del nacionalismo, desde figuras como Marion Maréchal y Éric Zemmour hasta otros líderes de la derecha como Bruno Retailleau y Laurent Wauquiez, que podrían buscar atraer a los votantes de la RN.

Sin embargo, la consecuencia más peligrosa políticamente es la interpretación de esta condena como un ataque final del “sistema” contra Le Pen, lo que podría radicalizar aún más a sus seguidores. Muchos podrían ver este fallo como una prueba de que el “sistema” siempre prevalecerá, alimentando el descontento y fortaleciendo la narrativa populista. Según el politólogo Jean-Yves Dormagen, esta situación podría incluso deslegitimar el sistema judicial y acelerar una desconfianza generalizada hacia las instituciones democráticas. En última instancia, la decisión podría llevar a un endurecimiento de las posturas ultraconservadoras y a un autoritarismo creciente, configurando una nueva y peligrosa fase política en Francia.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la investigación a Luis ‘Alvise’ Pérez por financiación ilegal y delito electoral relacionado con una donación de 100.000 euros de Álvaro Romillo. Se solicita investigar las transacciones mediante criptomonedas y la documentación financiera de su formación política.
The post La Fiscalía del TS se pronuncia a favor de investigar a Alvise por el presunto fraude de las criptomonedas first appeared on Hércules.  La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha apoyado la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama en la que interesaba que el alto tribunal investigue a Luis ‘Alvise’ Pérez por un presunto delito de financiación ilegal y por un delito electoral por los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, para su formación política Se Acabó La Fiesta (SALF).

En su exposición razonada, Calama explicó que, dada la condición de eurodiputado de ‘Alvise’, el Supremo era el tribunal competente para investigarlo. Interesó igualmente que el TS asumiera las pesquisas contra Romillo, ante la “íntima conexión” que apreciaba en la presunta dinámica entre ambos, llegando a indicar que sus conductas eran “la cara y cruz de una misma moneda”, algo que la Fiscalía también apoya.

La Fiscalía recuerda que Calama aprecia indicios racionales de que ‘Alvise’ Pérez se habría puesto en contacto con Romillo “con el fin de que le ayudara en la creación de unos ‘wallets’ –monederos virtuales para criptomonedas– en los que poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas al margen de todo control financiero de las autoridades”.

“Romillo no solo le habría creado tres wallets sino que también le habría proporcionado 100.000 euros en efectivo con objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, recuerda el Ministerio Público.

Por ello, comparte con el instructor que los hechos que se le achacan a ‘Alvise’ Pérez deben ser calificados provisionalmente como constitutivos de los delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral, y que Romillo debe ser investigado por el Supremo como cooperador necesario dado que su participación es “inescindible” de la del eurodiputado.

Las Wallets en el ojo de la investigación

Tras esto, pide a la Sala de lo Penal del Supremo que asuma la competencia de esta investigación y que cite como investigado para tomarle declaración a ‘Alvise’ Pérez. Interesa también ya de entrada que se dicten las oportunas órdenes para investigar el tráfico de las ‘wallets’ creadas por los encausados en las que se recibieron las aportaciones anónimas para la campaña electoral.

También cree necesario que se soliciten al eurodiputado los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y toda la documentación e información económica de SALF: libros de tesorería , inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, operaciones de capital y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

A esto suma que se han de examinar las cuentas corrientes tanto de ‘Alvise’ Pérez como de su agrupación electoral durante el año 2024, y que se una a la causa todo lo incluido en la pieza separada que conformó Calama sobre esa supuesta financiación ilegal. Cabe recordar que esta pieza separada surge en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Romillo por la presunta estafa piramidal cometida por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones de la que fue máximo dirigente.

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El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado que Félix Bolaños declare por escrito, pero le permite hacerlo en Moncloa por razones de seguridad. La investigación incluye posibles delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con la contratación de la asesora Cristina Álvarez.
The post Bolaños no podrá testificar por escrito first appeared on Hércules.  El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición efectuada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en la causa donde se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, si bien le ha permitido que, en vez de en su despacho en el Ministerio de Justicia, esta diligencia, señalada para las 10.30 horas del 16 de abril, se lleve a cabo en Moncloa.

Según una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bolaños solicitó por “correo ordinario” declarar por escrito invocando el artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite declarar de esta forma al presidente y los demás miembros del Gobierno “sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo”.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que la invocación de este artículo es “errónea” por cuanto precisa que no citó a Bolaños por su cargo actual, como miembro del Gobierno, sino por su puesto anterior, el de secretario general de la Presidencia, “no siendo este el que permite la aplicación del precepto” citado.

Peinado indica que en este caso debe aplicarse el artículo 412.3, según el cual, “si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial”.

Con todo, concluye que Bolaños deberá testificar “de forma oral en la fecha señalada”. No obstante, el ministro alegó, acompañando informe “supuestamente” del jefe de su servicio de escoltas, que efectuar la declaración en su despacho oficial del Ministerio de Justicia, ubicado en el centro de Madrid, “supondría problemas de seguridad y eventuales inconvenientes a los ciudadanos”, por lo que pidió que, en todo caso, se realizara en su despacho de Moncloa.

Peinado afea a Bolaños que “el titular del Ministerio de Justicia, como Notario Mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna”, y “que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja”. “Parece algo, cuando menos, extraño”, dice el instructor.

Pese a ello, accede a esta segunda petición, manifestando que por su parte “no existe inconveniente alguno” en que “la comisión judicial se desplace a cualquiera de los despachos con los que cuenta actualmente el testigo por su desempeño de tres carteras ministeriales”. En ese sentido, recuerda que ya fue a Moncloa para la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado julio.

No obstante, apunta que, si bien “el complejo presidencial cuenta con múltiples medidas de seguridad”, eso “no impidió que a la comisión judicial (…) se le retuviera un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso, existiendo un nutrido número de personas, expectantes en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo, mientras el vehículo ocupado por el letrado de la persona investigada accedía sin espera de ningún tipo”.

En consecuencia, incide en que por su parte “no existe inconveniente” en que Bolaños declare en su despacho en Moncloa, “siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial o por parte del testigo, y en condición de ministro de la Presidencia, se facilite a este juzgado un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado”. Así, da cinco días a Bolaños para que responda.

El delito de malversación

En el auto por el que citó a Bolaños como testigo, Peinado apuntó que podría existir un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por parte de Moncloa. De esta forma, y en caso de que finalmente investigue ese nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya indaga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.

Peinado dio este paso después de imputar a Álvarez. La asesora acudió a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, exponiendo que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.

El instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. Entonces, negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020. Álvarez, por su parte, ha recurrido su imputación reprochando al magistrado que le tendiese “una trampa” al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.

Indicios respecto los correos electrónicos

Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM– se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.

“Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación”, apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.

Dicho correo fue enviado también a la propia Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ’email’, además, consta un mensaje previo –de 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

Aunque en este caso Álvarez está en copia con un ’email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa, aparece con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. En otro correo recogido en las pesquisas judiciales, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

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