Categoría: ESPAÑA

Las FDI atacaron objetivos de Hizbulá en Beirut y el sur del Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel, advirtiendo sobre violaciones del alto el fuego. El gobierno libanés y Francia condenaron el ataque, mientras Israel reafirmó su determinación de proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad en la región.
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El portavoz de las FDI informó que hoy (viernes) las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una infraestructura de almacenamiento de aviones no tripulados de Hizbulá en el barrio de Dahiya, en Beirut, y también atacaron objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano. El Líbano también confirmó el ataque, que ocurrió después de que las FDI emitieran una orden de evacuación urgente para el mismo edificio en la ciudad.

Este anuncio llegó tras dos lanzamientos de cohetes esta mañana en Kiryat Shmona. Uno de los cohetes fue interceptado y el otro cayó en territorio libanés. Las FDI informaron que atacaron el cuartel general de Hizbulá, sus infraestructuras militares, lanzadores y terroristas en el sur del Líbano. “Los disparos en la Alta Galilea esta mañana son una violación flagrante de los acuerdos entre Israel y Líbano y una amenaza directa para el frente interno israelí. El Estado libanés tiene la responsabilidad de mantener el acuerdo.

Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza para los ciudadanos de Israel”, dijeron. El ejército libanés indicó que había identificado el área de lanzamiento en la aldea de Qaqa’iyat al-Jisr, en la provincia de Nabatiya, y abrió una investigación para esclarecer la identidad de los lanzadores.

El presidente libanés, Joseph Aoun, le dijo al presidente francés Macron que el ataque en Beirut fue una nueva violación israelí del alto el fuego. El presidente Macron calificó los ataques en el Líbano como inaceptables: “Son una traición y juegan a favor de Hezbollah. Apoyamos la soberanía del Líbano. Trabajaremos con Estados Unidos y las Naciones Unidas para asegurar el cumplimiento del alto el fuego”.

Además, Macron declaró que hablaría con el primer ministro Netanyahu en las próximas 48 horas: “Israel es amigo de Francia”. Netanyahu respondió: “Los que no han comprendido la nueva situación en el Líbano recibieron hoy una muestra de nuestra determinación. La ecuación ha cambiado: lo que ocurrió antes del 7 de octubre no se repetirá. No permitiremos que se dispare contra nuestras comunidades, ni siquiera una chispa. Continuaremos con el alto el fuego y actuaremos en todo el Líbano contra cualquier amenaza a Israel, garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos en el norte”.

El objetivo del ataque en Beirut era un complejo de Hizbulá, perteneciente a su unidad aérea, responsable de los vehículos aéreos no tripulados, su desarrollo y operación. Esta unidad fue severamente golpeada en la guerra, pero están tratando de rehabilitarla. Israel está impidiendo su avance.

Las FDI afirmaron: “Las FDI atacaron en Dahiya, Beirut, una infraestructura para almacenar UAVs utilizados por la unidad aérea de Hezbollah (Unidad 127). Hezbollah ha ubicado esta infraestructura terrorista en el centro de la población civil. Es otro ejemplo del uso cínico de civiles libaneses como escudos humanos por parte de Hezbollah. Las FDI emitieron una advertencia de evacuación a la población antes del ataque”. “Los disparos en la Alta Galilea constituyen una violación flagrante de los acuerdos entre Israel y Líbano y representan una amenaza directa a los ciudadanos israelíes. El Estado libanés es responsable de mantener el acuerdo. Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza a Israel”. Las imágenes de Beirut mostraban humo saliendo de Dahiya tras el ataque. Las imágenes que surgieron tras el aviso de evacuación mostraban el caos y pánico en Beirut, en el área que las FDI querían evacuar. Los residentes huían del lugar, y según informes, las escuelas cerraron antes de lo habitual y los niños fueron evacuados. “Urgente advertencia a los residentes de Dahiya”, dijo el portavoz de las FDI, Avichai Edrei, en un comunicado en árabe. “Cualquiera que esté en el edificio marcado en rojo, como aparece en el mapa, y en los edificios cercanos a la zona de Al-Hadath, debe evacuar inmediatamente y mantenerse a 300 metros de distancia”. Las FDI también anunciaron que comenzaron a atacar objetivos de Hezbollah en el Líbano. El ministro de Defensa, Yisrael Katz, afirmó: “La ley de Kiryat Shmona es la misma que la ley de Beirut. Si no hay paz en Kiryat Shmona y Galilea, no habrá paz en Beirut. El gobierno libanés es responsable de cualquier disparo contra Galilea. No volveremos a la situación del 7 de octubre. Garantizaremos la seguridad de los residentes de Galilea y actuaremos firmemente contra cualquier amenaza”. El pasado sábado se activaron alertas en Metulla, tres meses después del último cohete disparado desde el Líbano hacia territorio israelí. Se lanzaron seis cohetes hacia Israel, tres de los cuales cayeron en Líbano. Los otros tres fueron interceptados.

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La resolución, fechada el pasado 21 de marzo, justifica esta decisión en el “poder transformador hacia sociedades más justas e igualitarias” y por su “carácter democrático y pacífico”
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Imagen: Manifestación del 8M en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer. Javier Lizón (EFE)

El Gobierno ha iniciado los trámites para declarar como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática las manifestaciones feministas del 8M por su “contribución a las libertades”, por su “poder transformador hacia sociedades más justas e igualitarias” y por su “carácter democrático y pacífico”. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado en la mañana de este viernes, que detalla que la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha iniciado los trámites para iniciar el procedimiento de declaración de lugar de memoria “las manifestaciones feministas del 8 de marzo”.

Según se explica en la exposición de motivos de esta medida, las manifestaciones del 8M se han convertido “en mareas democráticas y de homenaje” a las mujeres que han liderado “la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres”, con especial incidencia a partir del 8 de marzo de 1978, cuando el movimiento feminista “fue conquistando derechos” como el divorcio, la despenalización del aborto, la legalización de anticonceptivos o la libertas y la educación sexual.

El texto del BOE también recuerda las primeras reivindicaciones feministas en España en las primeras décadas del siglo XX, cuando colectivos de mujeres reclamaron la abolición de la prostitución legalizada, el derecho de las mujeres a desempeñar profesiones liberales, el acceso a cargos oficiales, el derecho al voto, la igualdad salarial o el acceso a los distintos niveles educativos.

La declaración de un Lugar de Memoria Democrática implica “la adecuada difusión, e interpretación de lo acaecido en el mismo”, y permitirá impulsar “la adecuada promoción” con una finalidad “conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora” con el impulso de recursos audiovisuales y digitales, la instalación de placas, paneles o distintivos materiales, según recoge el BOE.

Las manifestaciones del 8M marchan divididas

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, solicitará informes para recabar informaciones sobre las manifestaciones del 8M a varias instituciones, como son el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad, a la Real Academia de la Historia, así como a los institutos de Género de las universidades Carlos III de Madrid y la Universidad de Oviedo.

Desde el año 2000 hasta el 2016, las protestas del 8 de marzo en Madrid contaron con una participación que osciló entre las 800 personas en el año menos concurrido y las 9.000 en el que más, según fuentes oficiales. Sin embargo, este panorama experimentó un cambio significativo en 2017, cuando la cifra se disparó a 40.000 manifestantes (ocho veces más que el año anterior).

En el año 2018, la participación se disparó, coincidiendo con la cobertura mediática del caso de La Manada. Fue durante este periodo cuando surgió la consigna “Hermana, yo sí te creo”. Un año después, en 2019, la asistencia alcanzó niveles aún más masivos, con 375.000 personas participando en las manifestaciones de Madrid, según los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno.

Tras la pandemia, en 2023, se conmemoraron cinco años de esa huelga pionera, un hito en la historia del feminismo español. Ese año, las diferencias en torno a la ley trans, la prostitución y la ley del ‘solo sí es sí’ dividieron al movimiento feminista en Madrid y otras ciudades.

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El órgano fiscalizador denuncia la falta de respuesta del banco MBH, lo que impide confirmar si se incumplió la prohibición de recibir financiación pública extranjera.
The post El Tribunal de Cuentas no puede verificar la legalidad del crédito húngaro concedido a Vox first appeared on Hércules.  El Tribunal de Cuentas ha manifestado serias dificultades para esclarecer el origen y legalidad del préstamo solicitado por Vox para sufragar su campaña electoral de julio de 2023. En su informe de fiscalización de los gastos electorales , difundido por Europa Press el órgano fiscalizador advierte que no ha podido comprobar si el crédito solicitado a un banco húngaro cumple con la normativa que impide a los partidos recibir fondos procedentes de organismos públicos extranjeros.

El partido liderado por Santiago Abascal recurrió a un préstamo de 6,5 millones de euros, del cual empleó seis millones para la campaña. La financiación provino del banco MBH, una entidad financiera con sede en Hungría y vinculaciones políticas con el primer ministro Viktor Orbán, aliado europeo de Vox.

Sin embargo, MBH no ha remitido la documentación exigida por ley al Tribunal de Cuentas. El artículo 133.3 de la Ley Electoral establece que cualquier entidad que conceda financiación a un partido debe remitir una notificación detallada en un plazo máximo de 125 días tras la cita electoral. Al no recibir esa información, el tribunal afirma que no puede confirmar si detrás del préstamo hay participación estatal o institucional extranjera.

La Ley de Financiación de Partidos Políticos establece de forma clara la prohibición de aceptar aportaciones económicas de gobiernos o entidades públicas foráneas, así como de compañías ligadas a ellos. La falta de colaboración por parte de MBH impide, por tanto, verificar si la operación respetó ese marco legal.

Este asunto ya había encendido las alarmas del PSOE, que denunció en diciembre a Vox ante la Fiscalía General del Estado por una posible infracción en materia de financiación. La denuncia fue trasladada a la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente investiga el caso.

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La UE recoge 24 lenguas oficiales establecidas por los Estados Miembros en base al reconocimiento de sus propios países
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Imagen: el eurodiputado de Junts, Toni Comín I EP

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado la oficialidad del catalán en la UE como parte de los acuerdos alcanzados con los partidos independentistas catalanes, especialmente con Junts per Catalunya, para garantizar su investidura. Esta medida busca ampliar el reconocimiento del catalán en el ámbito europeo y responde a una demanda histórica de los sectores nacionalistas.

Sin embargo, esta iniciativa ha chocado con la negativa de varios países europeos, que han mostrado reticencias por el impacto económico y legal que supondría la oficialización de nuevas lenguas regionales. El reconocimiento del catalán, junto con el euskera y el gallego, implicaría la traducción de documentos oficiales y la dotación de intérpretes en las instituciones comunitarias, lo que conllevaría un importante coste presupuestario.

Resistencia de varios Estados miembros

Diversos países de la UE han expresado su preocupación por el precedente que podría sentar la oficialización del catalán, abriendo la puerta a que otras lenguas regionales reclamen el mismo estatus. Naciones como Francia, Italia y Alemania han mostrado reservas, temiendo que esto genere demandas similares en sus propios territorios, donde existen lenguas minoritarias como el corso, el sardo o el frisón.

Además, otros gobiernos han cuestionado la viabilidad legal de la propuesta, argumentando que modificar el estatus lingüístico en la UE requiere unanimidad y que España debería asumir los costes adicionales. La Comisión Europea ha señalado que este cambio podría generar complicaciones administrativas y presupuestarias que deben ser analizadas con detenimiento.

Legislación de la UE

Las leyes de la Unión Europea establecen un régimen lingüístico basado en la oficialidad de las lenguas reconocidas por los Estados miembros a nivel nacional. Actualmente, la UE cuenta con 24 lenguas oficiales, todas ellas declaradas como idiomas nacionales por sus respectivos países. En este contexto, el catalán, el euskera y el gallego no son lenguas oficiales de España, sino lenguas cooficiales en determinadas comunidades autónomas, lo que ha generado debate sobre su estatus en las instituciones comunitarias.

El Artículo 55 del Tratado de la Unión Europea establece que los textos jurídicos de la UE deben estar redactados en las lenguas oficiales reconocidas. Además, el Reglamento 1/1958 del Consejo de la CEE, que regula el uso de las lenguas en las instituciones europeas, determina que solo pueden ser lenguas oficiales aquellas que los Estados miembros hayan reconocido como tales a nivel nacional.

España, al ingresar en la CEE en 1986, declaró el español como única lengua oficial, aunque posteriormente ha promovido iniciativas para que el catalán, el euskera y el gallego sean utilizados en determinadas instancias de la UE.

Reconocimiento parcial del catalán en la UE

A pesar de no ser lengua oficial, el catalán ha conseguido cierto reconocimiento dentro de la UE a través de acuerdos específicos:

Acuerdo de 2005: España logró un pacto con la UE para que los ciudadanos pudieran dirigirse a las instituciones europeas en catalán, euskera y gallego y recibir respuesta en el mismo idioma. Este acuerdo, sin embargo, no otorga el estatus de lengua oficial ni obliga a las instituciones a utilizar estos idiomas en documentos oficiales.

Parlamento Europeo: en ocasiones, se ha permitido el uso del catalán en intervenciones puntuales, aunque no de forma sistemática.

Comité de las Regiones y Consejo de Europa: algunas instituciones europeas han aceptado el uso del catalán en determinados foros, pero sin concederle reconocimiento oficial.

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Díaz ha confirmado en La Sexta que el presidente del Gobierno no intervino en la negociación
The post Sumar y sus aliados celebran el “triunfo” ante el PSOE del pacto logrado por Díaz para que el SMI no tribute en 2025 first appeared on Hércules.  Sumar y sus aliados políticos han celebrado el acuerdo alcanzado entre los ministerios de Trabajo y Hacienda para que, a partir de 2025, los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen en el IRPF. Desde la formación, califican esta medida como un “triunfo y victoria” de su espacio político y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El diputado de los Comunes, Gerardo Pisarello, ha destacado que, aunque Hacienda en un inicio defendía la tributación, la exención fiscal supone un “paso adelante” y un “avance social”. En su opinión, esta medida es irreversible y demuestra que las clases trabajadoras pueden lograr cambios cuando se movilizan.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que el Gobierno “se mueve en la dirección correcta” cuando sigue las propuestas de su formación. Aina Vidal, portavoz adjunta, ha añadido que el SMI solo debería tributar cuando supere el 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea y pactaron con el PSOE en el acuerdo de coalición.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha calificado el acuerdo como una medida de “justicia social y sentido común”, argumentando que no deben pagar más los de abajo cuando hay margen para gravar a quienes tienen mayores ingresos.

La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado que su formación “hace lo que dice”, reafirmando su compromiso con la clase trabajadora. Según Hernández, la justicia fiscal debe empezar por los de arriba, y no por las personas más vulnerables.

Desde Izquierda Unida, su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha considerado que el acuerdo es una “buena noticia”, mientras que la formación ha calificado de “obsceno e indecente” que los perceptores del SMI hubieran tenido que tributar.

En esta línea, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha felicitado a Yolanda Díaz por el acuerdo y ha reclamado que los rentistas contribuyan más que los trabajadores.

Negociaciones y tensiones internas en el Gobierno

El acuerdo pone fin a semanas de fuertes discrepancias entre Hacienda y Trabajo. Las tensiones llegaron al punto de que Sumar estuvo a punto de votar junto al PP para levantar el veto del Gobierno a las proposiciones de ley que proponían la exención fiscal del SMI.

Las negociaciones se intensificaron en los últimos días. Aunque el miércoles parecía haber un principio de acuerdo, las conversaciones se estancaron hasta el viernes, con Díaz acusando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber roto el diálogo la noche anterior.

Finalmente, el Gobierno ha vetado las propuestas de PP y Podemos para eximir de IRPF al SMI, pero no ha bloqueado la de Sumar, que ha optado por retirar su iniciativa tras el acuerdo.

Díaz ha confirmado en La Sexta que el presidente del Gobierno no intervino en la negociación, la cual llevó directamente junto con Montero y sus equipos. También ha reconocido que las conversaciones fueron duras y difíciles, pero ha celebrado haber conseguido la exención fiscal del SMI.

Fuentes conocedoras del acuerdo han señalado que, desde hace días, ambas partes tenían la voluntad de evitar que el conflicto llegara al Congreso, lo que finalmente se ha logrado con este pacto.

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El informe ha rechazado la financiación de casi medio millón de euros (492.851 euros) en gastos que no han sido correctamente justificados o no cumplen con los requisitos establecidos en la LOREG
The post El Tribunal de cuentas pide al Gobierno recortar las subvenciones electorales a los partidos, sobre todo a Junts first appeared on Hércules.  El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio del Interior aplicar un recorte en las subvenciones electorales de 2023 a seis partidos políticos debido a irregularidades en la justificación de gastos. Entre ellos, destaca Junts, que afrontaría una reducción de casi 180.000 euros.

En total, el ajuste propuesto asciende a 208.299,26 euros, afectando a formaciones como el PSOE (7.139,98 euros), el PSC (54,85 euros), Sumar (7.418,86 euros), UPN (11.261,46 euros), Vox (3.915,70 euros) y, en mayor medida, Junts, con 178.508,41 euros.

El partido liderado por Carles Puigdemont ha sido penalizado por incumplir el plazo de 90 días para pagar a sus proveedores, retrasando el pago de 1,78 millones de euros. Este incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) ha derivado en una reducción del 10% de la cantidad abonada fuera de plazo, lo que lo convierte en la formación más afectada por los recortes.

Financiación y gastos de la campaña electoral

Los partidos políticos declararon ingresos de 57 millones de euros para la campaña, provenientes en su mayoría de endeudamiento bancario (63%), seguidos de adelantos de subvenciones electorales (24%), aportaciones internas (12%) y solo un 1% de donaciones privadas.

En cuanto a los gastos electorales, el Tribunal ha considerado justificados 58 millones de euros, de los cuales 33 millones corresponden a actividades electorales generales y 25 millones al envío de propaganda electoral (mailing). Entre los gastos ordinarios se incluyen 6,4 millones en publicidad exterior y 5,6 millones en publicidad en prensa y radio.

Sin embargo, el informe ha rechazado la financiación de casi medio millón de euros (492.851 euros) en gastos que no han sido correctamente justificados o no cumplen con los requisitos establecidos en la LOREG.

Subvenciones y cumplimiento de límites

El Tribunal ha determinado que 11 de los 16 partidos con representación parlamentaria han cumplido los requisitos para recibir subvenciones por mailing, en una campaña que generó 137 millones de envíos electorales.

En el lado positivo, ningún partido superó los límites de gasto electoral, ni en publicidad exterior ni en publicidad en prensa y radio. Además, todas las formaciones entregaron su contabilidad dentro del plazo establecido, utilizando la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas.

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