Categoría: ESPAÑA

El gobierno israelí ha invitado los días 26 y 27 de marzo a Jordan Bardella (RN) a un congreso de antisemitismo. Algo que ha desatado una oleada de indignación por el pasado antisemita de RN
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El presidente de la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, junto a Marion Maréchal, viajarán a Jerusalén los días 26 y 27 de marzo por invitación oficial del gobierno israelí para participar en una conferencia sobre la lucha contra el antisemitismo. Será la primera vez que un miembro de RN o de la familia Le Pen asista a un evento de este tipo en Israel, una invitación que ha generado duras críticas tanto a nivel israelí como internacional debido al pasado antisemita del partido fundado por Jean-Marie Le Pen.

Según la carta enviada por el gobierno israelí, la conferencia reunirá a líderes políticos, organizaciones internacionales y figuras de la sociedad civil para debatir estrategias contra el antisemitismo. Se centrará en los “desafíos cruciales desde el 7 de octubre”, que han impactado tanto a Israel como a las comunidades judías a nivel global. El evento es organizado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, dirigido por Amichai Chikli, miembro del partido Likud y aliado del primer ministro Benjamin Netanyahu. Chikli ha expresado su apoyo a Marine Le Pen como futura presidenta de Francia, lo que generó tensiones en el Elíseo durante las elecciones legislativas de julio. Además de Bardella y Maréchal, se ha invitado a otros políticos de extrema derecha como Hermann Tertsch (Vox, España), Charlie Weimers (Demócratas de Suecia) y Kinga Gál (Fidesz, Hungría).

La decisión de incluir a estas figuras ha sido duramente cuestionada por expertos en antisemitismo y comunidades judías fuera de Israel. Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (CRIF), advirtió que esta invitación “es un acto de Israel” y que no compromete a las instituciones judías francesas, las cuales consideran que la lucha contra el antisemitismo se está politizando. En señal de rechazo, el escritor Bernard-Henri Lévy canceló su participación en la conferencia, y en el Reino Unido, el rabino jefe Ephraim Mirvis y el asesor sobre antisemitismo, Lord John Mann, se retiraron del evento. David Hirsch, profesor de la Universidad de Londres, instó a Israel a no otorgar un “sello oficial de aprobación judía” a la derecha populista europea, recordando su historial en relación con el antisemitismo.

En Alemania, figuras como Felix Klein, comisionado del gobierno para la vida judía, y Volker Beck, exmiembro del Bundestag, también decidieron no asistir. Ante la creciente ola de rechazos, el presidente israelí Isaac Herzog organizó una reunión privada con líderes de comunidades judías internacionales, excluyendo a los políticos más polémicos del evento principal.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la estrategia política del RN, que desde 2011 ha intentado distanciarse de los comentarios antisemitas de su fundador, Jean-Marie Le Pen. Con un acercamiento progresivo a Israel, incluyendo su apoyo a la política de asentamientos, el RN ha logrado atraer el respaldo de sectores de la población judía en Francia, especialmente al enfocarse en el islamismo como su principal enemigo. Erwan Lecoeur, sociólogo especializado en extrema derecha, sostiene que esta estrategia es “una instrumentalización política” con fines electorales. En este contexto, Chikli ha defendido la invitación a los partidos de extrema derecha, argumentando que comparten la visión de que el antisemitismo en Europa está vinculado a la inmigración musulmana.

Con la creciente polarización global, Israel también busca nuevos aliados en Europa. A principios de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, levantó la prohibición a los diplomáticos israelíes de mantener contacto con estos partidos, marcando un cambio en la política exterior del país. Este giro responde a un enfoque pragmático: en un escenario internacional complejo, Israel prioriza sus propios intereses estratégicos. Según el analista Jean-Yves Camus, este acercamiento a la derecha radical europea busca consolidar el apoyo de movimientos políticos que, aunque polémicos, podrían convertirse en aliados clave.

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El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, impulsa una ampliación de capital exprés para reforzar su liderazgo y debilitar la influencia de los accionistas afines al Gobierno de Pedro Sánchez
The post La estrategia de Oughourlian para mantener al Gobierno a raya en Prisa first appeared on Hércules.  Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, ha puesto en marcha una ampliación de capital exprés de 40 millones de euros con un doble objetivo: fortalecer la refinanciación de la deuda y debilitar la oposición interna. Con esta jugada, el número de acciones crecerá un 10%, reduciendo el peso de los accionistas críticos y asegurando mejores condiciones financieras con Pimco.

Una ampliación de capital clave para el control de Prisa

La operación, coordinada por JB Capital y Banco Sabadell, se ejecutará sin derecho de suscripción preferente y estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales y profesionales de la UE. Esto complica la participación de accionistas como Global Alconaba, el grupo que controla un 7% de Prisa y que ha intentado sumar aliados como Vivendi o los Polanco, con el respaldo del ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque esta ampliación también afecta a Amber Capital, el fondo de Oughourlian, el presidente cuenta con un as bajo la manga: un paquete de bonos convertibles que le permitiría recuperar posiciones en mayo. Esto, además, podría diluir la participación de Global Alconaba y reforzar su control antes de la junta de junio.

Estos bonos convertibles, emitidos en 2023 y 2024 por un total de 230 millones de euros, podrían sumar 621,5 millones de nuevas acciones al mercado, debilitando la influencia del Gobierno y sus aliados. A pesar de que no puede convertirlos sin lanzar una OPA por el 100% del grupo, si su participación baja, podría aprovechar la próxima ventana de conversión para volver a equilibrar la balanza a su favor.

El precio de la nueva emisión de acciones será de 0,37 euros, ligeramente por debajo de su cotización actual de 0,40 euros. El mercado ha estado especialmente volátil por la batalla accionarial previa a la Junta de Accionistas, pero al ser una colocación acelerada, el proceso se cerrará antes de la apertura del mercado del miércoles.

Adiós a la influencia gubernamental en Prisa

Oughourlian no solo ha blindado su control financiero, sino que también ha tomado las riendas editoriales. Su llegada a la presidencia de El País marca un punto de inflexión, con la salida de Carlos Núñez, exlíder de Prisa Media, y José Miguel Contreras, conocido por su cercanía a Moncloa. La intención del inversor francés parece clara: reducir la injerencia del Gobierno en la línea editorial del grupo.

Su mano derecha, Pilar Gil, ha sido designada como nueva consejera delegada de El País, y aunque ha prometido respetar los valores fundacionales del diario, los cambios en la dirección parecen inminentes, incluida la posible salida de la directora, Pepa Bueno.

La batalla clave en junio

El próximo gran asalto será en la Junta de Accionistas de junio, donde el bloque pro-gubernamental intentará alcanzar el 51% de los votos para desbancar a Oughourlian. Para lograrlo, necesitan que Vivendi (12%) le retire su apoyo, y el Gobierno ya ha intentado mover fichas con reuniones entre Óscar López y directivos de Vivendi y Telefónica. Por su parte, el presidente de Prisa cuenta con un blindaje financiero: la cláusula Pimco, que supedita la refinanciación de la deuda a su permanencia en el cargo.

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España lidera el camino en la reducción de la dependencia de la UE con proyectos claves para sectores como la tecnología y la energía
The post Bruselas elige a España para asegurar siete proyectos mineros de materias primas clave para la autonomía europea first appeared on Hércules.  La Comisión Europea ha seleccionado siete proyectos en España como parte de su plan para asegurar el acceso de la UE a materias primas esenciales. Estos proyectos incluyen tanto minas como una planta de reciclaje de metales, con el objetivo de reducir la dependencia de recursos estratégicos, como el litio, cobre, wolframio y cobalto, fundamentales para la tecnología y la energía.

Las minas que destacan en España

Seis de estos proyectos son explotaciones mineras ubicadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia. Los yacimientos seleccionados son Aguablanca (Badajoz), Las Navas (Cáceres), P6 Metals (Badajoz), El Moto (Ciudad Real), Cobre Las Cruces (Sevilla) y Mina Doade (Galicia). En estos lugares se extraerán minerales esenciales para sectores estratégicos como la tecnología y las energías renovables.

Un ejemplo destacado es El Moto, en Ciudad Real, que alberga una gran cantidad de wolframio, un mineral clave en la fabricación de tecnología avanzada y defensa. Este yacimiento tiene el potencial de cubrir hasta el 20% de la demanda europea de wolframio para 2030. Además, se espera que genere 300 empleos directos y aporte 150 millones de euros en inversión inicial.

Junto a estos proyectos mineros, Bruselas ha identificado un proyecto de reciclaje de metales en Huelva, que será operado por Atlantic Copper, una filial de Freeport McMoRan. Esta planta se especializa en el reciclaje de metales como el cobre, el platino y el níquel a partir de residuos electrónicos. Este tipo de iniciativas son cruciales para complementar la extracción de recursos naturales con procesos sostenibles de reutilización, cerrando el ciclo de las materias primas.

La UE invierte en autonomía estratégica

Con una inversión total de 22.500 millones de euros para todos los proyectos en la UE, Bruselas está tomando medidas para reducir la dependencia de recursos de países como China, que actualmente controla gran parte de la producción de estos materiales críticos. Ser seleccionados para este plan europeo no solo proporciona una ventaja competitiva a nivel internacional, sino que facilita el acceso a fondos europeos y la obtención de licencias necesarias para abrir o reabrir minas.

España está llamada a ser un actor clave en el abastecimiento de materias primas en Europa, especialmente con recursos como el litio y el cobalto, esenciales para la transición energética y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. En la región de Extremadura, por ejemplo, Las Navas es una mina que permitirá a Europa reducir su dependencia de litio proveniente de otras partes del mundo.

Problemas medioambientales

Aunque estos proyectos suponen un avance importante en la independencia energética de Europa, no están exentos de polémica. Algunos de los yacimientos seleccionados, como los de Ciudad Real, ha contado con la fuerte oposición de movimientos ecologistas debido a sus posibles impactos en el medio ambiente. Sin embargo, la nueva legislación europea tiene como objetivo simplificar los permisos mineros y ofrecer garantías financieras para que las empresas mineras puedan llevar a cabo estos proyectos de manera más eficiente y sostenible.

El objetivo de Bruselas es que, para 2030, ningún país de la UE dependa en más del 65% de una sola nación para abastecerse de materias primas críticas. Este tipo de proyectos estratégicos supondrá que Europa reduzca su dependencia de terceros países, como China, y consolide su posición en industrias clave, como la tecnología, las energías renovables y la defensa.

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El PP saca adelante una moción para ampliar el presupuesto militar aprovechando el margen fiscal europeo, con el rechazo del bloque de izquierdas
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El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción del Partido Popular que insta al Gobierno a elevar de forma significativa el gasto en defensa, aprovechando la nueva cláusula de escape fiscal propuesta por la Comisión Europea. La iniciativa salió adelante con el respaldo de Vox y UPN, y la abstención del PNV y Junts, mientras que el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG votaron en contra.

La propuesta, compuesta por cuatro puntos votados por separado, exige al Ejecutivo la elaboración de un plan plurianual de inversiones militares, que deberá someterse al voto del Parlamento, así como un informe de viabilidad fiscal elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Europa Press, que tuvo acceso al texto completo, detalla que también se pide al Gobierno no comprometer nuevos acuerdos en materia de defensa con las instituciones europeas sin el consentimiento previo del Congreso.

Uno de los ejes centrales de la moción es la activación de la “cláusula nacional de escape”, que permitirá a los Estados miembro excluir del déficit público los gastos relacionados con defensa, abriendo así la puerta a un incremento del gasto hasta un 1,5% del PIB. Según las estimaciones de la Comisión Europea recogidas por Europa Press, esta medida podría disparar la inversión militar en la UE hasta los 650.000 millones de euros en los próximos cuatro años, una cifra que incluye 150.000 millones en préstamos comunitarios.

España, actualmente a la cola de los países de la OTAN con un gasto del 1,28% del PIB en defensa, es uno de los Estados que más margen tendría para aumentar su inversión sin romper las reglas fiscales.

Durante el debate, Vox reclamó no conformarse con el objetivo del 2% del PIB, sino considerarlo el punto de partida. Desde Junts, el diputado Isidre Gavín criticó al PP por presentar propuestas casi idénticas a las debatidas en semanas anteriores y pidió que la inversión se oriente a reforzar la industria militar, no simplemente a engordar el gasto.

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La fragmentación del Congreso y el desgaste del Gobierno de coalición provocan una sucesión de derrotas . La oposición logra marcar la agenda con votaciones punto por punto , mientras las leyes claves quedan congeladas
The post El PSOE supera el centenar de derrotas parlamentarias desde inicios de la legislatura first appeared on Hércules.  El Gobierno de coalición encabezado por el PSOE ha encadenado más de cien derrotas parlamentarias desde que comenzó la legislatura. La última tanda de tropiezos se produjo esta misma semana, cuando el Pleno del Congreso rechazó los cuatro puntos de una moción presentada por el Partido Popular sobre política de defensa. A pesar del respaldo de Sumar y otras fuerzas de izquierda, el grupo socialista volvió a quedar en minoría por la abstención del PNV y de Junts, un patrón que se ha repetido en muchas de las votaciones clave de los últimos meses.

La táctica de la oposición de dividir las mociones en votaciones por separado ha contribuido a este desgaste. Esta estrategia, asumida no solo por el PP sino también por aliados eventuales como ERC y el propio PNV, ha permitido al bloque conservador multiplicar el impacto político de cada sesión. Desde enero, el Ejecutivo ha visto caer decretos, leyes propias y reformas pactadas, lo que evidencia la inestabilidad de su apoyo parlamentario.

Una cascada de leyes frustradas y mociones que avanzan sin el PSOE

Desde que se inauguró la legislatura, el PSOE ha perdido batallas en casi todos los frentes legislativos: tres decretos ley tumbados, una ley rechazada (la de la Agencia Estatal de Salud Pública), la senda de estabilidad fiscal descartada, y varias proposiciones de ley archivadas, entre ellas sobre prostitución, extranjería, testamento vital o vivienda. Algunas iniciativas han sido incluso retiradas antes de llegar al debate por falta de respaldo, como ocurrió con la reforma de la Ley del Suelo en 2024.

A estas derrotas se suman las que llegaron desde dentro del propio bloque progresista. La ley de Sumar para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española fue aceptada a trámite a pesar del rechazo del PSOE. También han prosperado enmiendas de otros grupos a leyes del Ejecutivo, en áreas tan sensibles como fiscalidad, justicia o igualdad, que han salido adelante gracias a la desmovilización de antiguos socios o la abstención de aliados parlamentarios. Además, dos ministros han sido reprobados: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, Óscar Puente.

Leyes del PP que se aprueban pero quedan paralizadas

Aunque el PP ha logrado sacar adelante algunas de sus propuestas, como la deflactación del IRPF, la flexibilización de la protección del lobo ibérico o la exigencia de control parlamentario sobre el envío de armamento al extranjero, estas leyes han sido ralentizadas por la mayoría que PSOE y Sumar mantienen en la Mesa del Congreso. Desde allí, se han ampliado sin límite los plazos para la presentación de enmiendas, lo que ha dejado esas iniciativas en punto muerto.

También en política exterior, el Gobierno ha sufrido reveses al no poder evitar la aprobación de iniciativas críticas con su posición sobre el Sáhara Occidental, Marruecos o Venezuela, incluyendo votaciones sobre sanciones al régimen de Nicolás Maduro .

El récord de derrotas en una sola jornada lo marcó el 19 de diciembre de 2024, con un total de 23. La mayoría estuvieron relacionadas con enmiendas a la ley contra el desperdicio alimentario y con la aprobación de medidas fiscales impulsadas por PP y Junts, entre ellas la derogación del gravamen a las energéticas y una rebaja del IVA a los productos lácteos. Ese día también se aprobaron iniciativas del PNV sobre industria verde y se frustró una propuesta de Bildu sobre despidos, todo con los socialistas votando en contra.

Otro golpe importante llegó el 22 de enero de este año, cuando el Congreso tumbó dos decretos claves: uno que regulaba un nuevo impuesto al sector energético y otro que agrupaba medidas sociales como la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte y protección contra cortes de suministros. Ambas iniciativas cayeron por la combinación de votos de PP, Vox, Junts y PNV.

En febrero y marzo, la dinámica no cambió. Se aprobaron propuestas del PP para alargar la vida útil de las centrales nucleares, mociones sobre vivienda como la habilitación de suelo público o la expulsión rápida de ‘okupas’, así como un fondo económico exclusivo para Aragón promovido por la Chunta Aragonesista. También vio la luz una nueva ley de Sumar sobre nacionalidad, mientras que otra propuesta del PNV pactada con el PSOE fue rechazada.

El primer Pleno de marzo confirmó que la tendencia sigue: el PSOE solo logró frenar uno de los cinco puntos de una moción fiscal del PP. En el apartado que planteaba eliminar la tributación del salario mínimo, incluso Sumar votó distinto. A esto se añadió una iniciativa de Podemos que exige aprobar en un mes el pago retroactivo del permiso parental completo por cuidado de hijos hasta los 8 años.

Como recoge Europa Press, la situación refleja una combinación de factores: el desgaste del Ejecutivo, la estrategia milimetrada de la oposición y una fragmentación parlamentaria que convierte cada votación en una batalla de geometría variable. Lejos de estabilizarse, el equilibrio de fuerzas en el Congreso sigue tensionado, con un Gobierno obligado a negociar cada medida bajo la amenaza constante de un nuevo revés.

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El enfrentamiento legal de la administración Trump con los tribunales sobre medidas cautelares nacionales podría llegar a la Corte Suprema, presionando por un pronunciamiento sobre la autoridad de los tribunales inferiores. Las medidas cautelares, especialmente en temas de seguridad y migración, están siendo cada vez más comunes, aumentando la carga sobre la Corte Suprema.
The post La Administración Trump colapsa la Corte Suprema de EEUU con apelaciones first appeared on Hércules.  Corte Suprema de EEUU/Servindi.org

El último enfrentamiento legal entre la administración Trump y James Boasberg, juez principal del tribunal federal del Distrito de Columbia, por la deportación de pandilleros venezolanos, podría derivar en una nueva orden judicial que llegue hasta la Corte Suprema. Este caso aumenta la presión sobre los jueces, quienes deberán definir los límites de la autoridad de los tribunales inferiores y su relación con el Poder Ejecutivo. En los últimos años, el uso de medidas cautelares a nivel nacional ha crecido significativamente.

Un estudio de la Harvard Law Review, publicado en abril de 2024, revela que desde la presidencia de George W. Bush se han emitido 96 medidas cautelares, de las cuales el 86,5% provinieron de jueces designados por el partido contrario al que ocupaba la Casa Blanca. Durante el primer mandato de Trump se emitieron 64 medidas cautelares, mientras que Biden solo enfrentó 14. En los primeros dos meses de la administración Trump, los jueces ya habían emitido al menos 15 de estas medidas, una cifra que contrasta con administraciones anteriores.

Hasta ahora, la administración Trump ha enfrentado decenas de demandas, en su mayoría relacionadas con órdenes ejecutivas del expresidente y actividades del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). La mayoría de las medidas cautelares provienen de tribunales en Maryland y el Distrito de Columbia, pero su alcance es nacional. Es probable que muchas de estas medidas lleguen a la Corte Suprema, ya que Trump sigue impulsando iniciativas como el congelamiento de fondos federales, la deportación de pandilleros extranjeros, el despido masivo de empleados federales, la reinterpretación de la ciudadanía por nacimiento y otras políticas.

El caso ante Boasberg gira en torno al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Trump para deportar a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Este proceso ha desatado intensos debates en la corte sobre cómo debe responder el gobierno a las órdenes del juez. Como estrategia, la administración invocó el privilegio de secretos de Estado para evitar proporcionar más información sobre las deportaciones solicitadas por Boasberg.

“Este caso trata sobre la autoridad plena del presidente, derivada del Artículo II y el mandato popular, para expulsar a los terroristas designados que participan en una invasión patrocinada por el Estado en los EE.UU.”, argumentó el gobierno ante la corte. “La Corte ya tiene toda la información que necesita para abordar los problemas de cumplimiento. Nuevas intrusiones en el Poder Ejecutivo causarían daños irreparables en términos de separación de poderes y preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional para las cuales la Corte carece de competencia”. El proceso de apelación sigue en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que aún no ha emitido un fallo. Sin embargo, una decisión desfavorable probablemente llevará al gobierno a apelar ante la Corte Suprema.

La administración Trump ha advertido que la proliferación de medidas cautelares nacionales podría generar una avalancha de apelaciones de emergencia que saturarían la Corte Suprema. Tradicionalmente, la Corte escucha entre 100 y 150 casos al año, seleccionados entre más de 7,000 peticiones.

Los tribunales de distrito han emitido más mandatos judiciales universales y órdenes de restricción temporal (TRO) en febrero de 2025 que en los tres primeros años de la administración Biden. La procuradora general interina, Sarah Harris, alertó que este crecimiento en el uso de medidas cautelares universales está obstaculizando la labor del Ejecutivo. “Este aumento de medidas cautelares universales está bloqueando al Ejecutivo antes de que los tribunales examinen completamente las acciones, y amenaza con sobrecargar el expediente de emergencias de la Corte”, advirtió Harris.

El juez Samuel Alito, en una disidencia reciente, criticó a la mayoría de la Corte por no definir con claridad la autoridad de los jueces de distrito, cuestionando si un solo juez puede obligar al gobierno a pagar 2 mil millones de dólares. “¿Debería un solo juez de distrito, probablemente sin jurisdicción, tener el poder ilimitado de obligar al Gobierno a pagar esta cantidad?”, expresó Alito, evidenciando su frustración con la proliferación de estas medidas cautelares.

El debate sobre la legalidad de estas medidas no es nuevo. En 2018, el juez Clarence Thomas ya había advertido sobre sus posibles excesos. La cuestión podría llegar pronto a la Corte Suprema, ya que el Departamento de Justicia ha presentado apelaciones urgentes solicitando que se restrinja su alcance.

En teoría, las medidas cautelares temporales deberían ser justamente eso: provisionales. Si una orden judicial es suspendida, el gobierno puede recurrir a un tribunal de apelaciones para revocarla o restringirla mientras el caso se resuelve. Recientemente, la administración Trump logró que el Noveno Circuito levantara parcialmente una orden que bloqueaba una de sus órdenes ejecutivas sobre la suspensión de admisiones de refugiados bajo el programa USRAP, argumentando que el presidente tiene un “amplio poder para imponer restricciones de entrada”.

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La trama desarrollada en Andalucía tuvo un “coste” de 680 millones de euros, robados por parte del gobierno regional
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Imagen: el juez Cándido Conde-Pumpido I 65ymás

Cándido Conde-Pumpido, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) y exfiscal general del Estado, ha jugado un papel clave en la revisión de las condenas del caso de los ERE fraudulentos, que implicó a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A pesar de haberse apartado en el pasado de la causa cuando era magistrado del Tribunal Supremo para garantizar su imparcialidad, al asumir la presidencia del TC cambió su postura.

Desde esa posición, impulsó la revisión de las sentencias, argumentando que el TC había actuado correctamente al aplicar su doctrina para suavizar las penas de inhabilitación y prisión impuestas a los ex altos cargos. Su enfoque ha generado controversia, pues se alinea con la defensa del PSOE, que sostiene que no hubo fraude en la distribución de los fondos, lo que ha desatado tensiones políticas, especialmente con los sectores más conservadores.

Implicación de la Justicia Europea

El Tribunal de Sevilla ha planteado la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la aplicación de una norma en el caso de los ERE podría estar vulnerando el derecho comunitario. La cuestión prejudicial es un mecanismo procesal que permite a un juez nacional consultar al TJUE cuando existen dudas sobre la compatibilidad de una norma con el derecho de la UE. En este caso, lo que se busca es evaluar si el Tribunal Constitucional (TC) se ha extralimitado en sus funciones al revisar las condenas de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Esta posible extralimitación podría derivarse de varios supuestos, como la falta de una argumentación jurídica sólida o la asunción de competencias que no le corresponden al TC, según fuentes jurídicas consultadas. En términos técnicos, se plantean escenarios de incongruencia ultrapetita, citrapetita, o extrapetita. Es decir, que el tribunal no se pronuncie sobre una cuestión esencial, que otorgue una solución distinta a la solicitada por las partes o que exceda los límites de su propia decisión.

Por su parte, Cándido Conde-Pumpido sostiene que, si bien cualquier órgano judicial puede elevar una cuestión prejudicial al TJUE, esta no puede utilizarse para cuestionar una resolución del Tribunal Constitucional, ya que, a efectos jurídicos, el TC no es un órgano jurisdiccional en el sentido estricto del derecho de la UE.

Resolución del caso ERE

El caso de los ERE concluyó con la condena de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía por un fraude en la concesión de ayudas públicas entre 2000 y 2009, que ascendió a casi 680 millones de euros. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo consideraron probado que estas subvenciones se otorgaron sin control ni transparencia, beneficiando a empresas y personas sin justificación legal. Entre los condenados destacaron los expresidentes Manuel Chaves (inhabilitación) y José Antonio Griñán (prisión por malversación), aunque posteriormente el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las condenas, lo que ha generado controversia y un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego en el Mar Negro tras negociaciones con Estados Unidos, comprometiéndose a evitar ataques a infraestructuras energéticas. Aunque el acuerdo aún no resuelve todas las diferencias, ambos países confían en Washington para su implementación.
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Después de tres días de conversaciones en Arabia Saudita con representantes de la administración Trump, Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego en el Mar Negro, según anunció la Casa Blanca el martes. En su comunicado, el gobierno estadounidense destacó que todas las partes trabajarán por una “paz duradera y sostenible”, aunque las discrepancias ya eran evidentes antes del anuncio. El martes por la mañana, un negociador ruso había anticipado una declaración conjunta con EE. UU. más tarde en el día. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, precisó que, debido a la “naturaleza técnica” de las negociaciones, no se divulgarían detalles.

El acuerdo, aunque no representa el alto el fuego total de 30 días propuesto por la Casa Blanca, supone un avance, ya que se comprometieron a “desarrollar medidas” para cesar los ataques a la infraestructura energética, como se había anunciado el 18 de marzo. En el marco del pacto, Estados Unidos también se comprometió a trabajar para levantar las restricciones comerciales a los productos agrícolas rusos, una de las principales exigencias de Moscú, especialmente en lo que respecta a sanciones a bancos y empresas del sector alimentario y de fertilizantes.

A su vez, el Kremlin insistió en que el acuerdo solo se materializaría tras el levantamiento de estas sanciones. Según Estados Unidos, los negociadores ucranianos y rusos acordaron evitar ataques en el Mar Negro mientras continúan las conversaciones de paz. Ambos países se comprometieron a “garantizar una navegación segura y prevenir el uso de la fuerza, así como el uso de buques mercantes con fines militares”, según lo indicado por la Casa Blanca. Además, Rusia exigió el restablecimiento del acceso de sus bancos al sistema SWIFT y el levantamiento de sanciones que afectan a sus exportadores de alimentos, fertilizantes y compañías de seguros.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó la decisión de Estados Unidos de levantar restricciones comerciales a los productos agrícolas rusos, considerándola un debilitamiento de las sanciones. A pesar de las críticas, Ucrania aún no conoce todos los detalles sobre la implementación del alto el fuego. En su discurso vespertino, Zelensky acusó a Moscú de intentar manipular los acuerdos, aunque confirmó que sí se había pactado el cese de ataques a la infraestructura energética. Ucrania, además, presentó una lista de instalaciones energéticas que espera que sean incluidas en el acuerdo.

Aunque los detalles sobre la aplicación del alto el fuego en el Mar Negro aún no están claros, este pacto representa el primer compromiso formal entre Ucrania y Rusia desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero, luego de prometer que pondría fin a la guerra rápidamente. Se esperan nuevos anuncios que podrían arrojar más luz sobre las discrepancias y avances en las negociaciones de Riad.

A pesar de la desconfianza mutua, tanto Kiev como Moscú han expresado su confianza en Washington para supervisar la implementación del acuerdo. “No confiamos en los rusos, pero seremos constructivos”, afirmó Zelensky. Sin embargo, en las horas posteriores al anuncio, ambas partes se acusaron mutuamente de realizar ataques con aviones no tripulados, aunque no se reportaron agresiones contra objetivos en el Mar Negro ni contra infraestructuras energéticas.

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Los contribuyentes podrán pagar sus declaraciones de la Renta a través de Bizum, junto a la tradicional domiciliación bancaria, el cargo de cuenta o con Número de Referencia Completo
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Imagen: Una persona hace la declaración de la renta en un ordenador. | Eduardo Parra / Europa Press

La próxima declaración de la Renta se encuentra a la vuelta de la esquina. El plazo empieza el 2 de abril y finaliza el 30 de junio, según el calendario publicado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Hasta entonces, los contribuyentes podrán revisar las novedades y ultimar los detalles de su borrador.

Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 205, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono (la solicitud de cita estará disponible desde el 29 de abril hasta el 27 de junio). Será entre el 2 y el 30 de junio de 2025 cuando la Agencia Tributaria podrá confeccionar a los contribuyentes las declaraciones presencialmente en sus oficinas, con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio. No obstante, hay que tener en cuenta que el plazo de presentación para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación finaliza el 25 de junio.

Estas son algunas de las novedades que incluirá este año la declaración de la Renta:

Pago por Bizum

Se podrá pagar mediante Bizum y tarjeta bancaria este año, sumándose así a los métodos tradicionales como la domiciliación bancaria, el cargo en cuenta, el Número de Referencia Completo (NRC) y el pago en oficinas bancarias. El cambio fue anunciado en octubre por la directora de la Agencia Tributaria Soledad Fernández Doctor.

Actualización de los umbrales de ingresos

Para quienes hayan tenido más de un pagador, el límite de 15.000 euros a 15.876 euros, en línea con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado en el ejercicio anterior (el aumento de 2025 impactará en la declaración de 2026). Para quienes solo han tenido un pagador, el umbral se mantiene en 22.000 euros.

Para los parados y los que hayan recibido alguna prestación por desempleo, no será obligatorio presentar la declaración. Este mismo mes de marzo, el Ministerio de Trabajo ha aclarado que los desempleados seguirán recibiendo la prestación aunque no presenten la declaración del IRPF en esta campaña. 

Ayudas por la DANA

El gobierno ha aprobado exenciones para evitar la tributación de las ayudas recibidas por los afectados de la dana, salvo cuando las indemnizaciones y las ayudas superen el valor de adquisición del bien afectado, en cuyo caso se considerará ganancia patrimonial.

Donaciones

El contribuyente podrá deducirse el 80% de los primeros 250 euros donados —antes eran 150—. De esta cifra para arriba, la deducción se incrementa del 35% al 40%, y del 45% si en los dos últimos años se ha donado a la misma entidad por igual importe. Además, se incluyen como deducciones las cesiones de uso de bienes muebles e inmuebles a entidades sin ánimo de lucro.

Cambios en el alquiler de vivienda

Para los contratos de alquiler firmados antes del 6 de mayo de 2023, la reducción del rendimiento neto se mantiene en el 60%. Sin embargo, para los contratos posteriores, esta reducción baja al 50%, debido a la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda. En las zonas declaradas como tensionadas, los propietarios podrán beneficiarse de una reducción de hasta el 90%, siempre que el alquiler se haya rebajado al menos un 5% respecto al precio anterior, y al 70% si se alquila a jóvenes, Administración o entidades sin ánimo de lucro.

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