El precio medio ha pasado de 10.964 euros en 2013 a casi 20.000 en 2025, con los vehículos más antiguos como protagonistas del encarecimiento
The post Los coches de segunda mano se disparan más de un 80% en diez años first appeared on Hércules. El coche de segunda mano ha dejado de ser una opción alternativa para convertirse en la primera, y a veces única, elección de buena parte de los españoles. En una década, el precio medio de estos vehículos ha subido un 81,41%, pasando de 10.964 euros en 2013 a 19.890 euros en el primer trimestre de 2025, según los últimos datos del Barómetro de Coches.com.
Pero no todos los vehículos usados se han encarecido igual. Son los más antiguos, especialmente los de más de 15 años, los que más han subido de precio. Estos coches, lejos de desaparecer del mercado, son los más demandados y vendidos, lo que los convierte en un termómetro social y económico del país.
Los más viejos, los más buscados
El dato más revelador es que los coches de más de 15 años de antigüedad han experimentado un aumento de precio del 60,35% solo entre 2023 y 2025. Su precio medio ha pasado de 4.300 euros a 6.825 en apenas dos años. En comparación, un coche nuevo ha subido apenas un 6,22% en ese mismo periodo, situándose en los 31.759 euros de media.
Según Ganvam, los vehículos con más de 10 años representaron en 2024 el 57,1% de las ventas de coches de segunda mano en España, lo que evidencia que no se trata de una tendencia marginal. En total, se vendieron 2,11 millones de coches usados frente a apenas 1,01 millones de coches nuevos, es decir, por cada coche nuevo se vendieron 2,08 de segunda mano.
Estos datos reflejan algo más profundo que una moda de consumo: la imposibilidad creciente de los españoles de acceder a vehículos nuevos. Con el salario real estancado y una inflación acumulada que ha deteriorado el poder adquisitivo, el mercado de ocasión se ha convertido en refugio obligado. El encarecimiento de los coches usados, sobre todo de los más veteranos, no hace sino poner de manifiesto una brecha social creciente.
El contraste con el discurso gubernamental es evidente. Mientras el presidente Pedro Sánchez presume de una España que “va como un cohete”, el auge de los coches de más de 15 años desmonta esa narrativa. Son precisamente esos vehículos los más accesibles para millones de familias, a pesar de sus evidentes limitaciones en seguridad, emisiones y mantenimiento.
Un problema estructural
La situación plantea varios interrogantes a medio plazo. Por un lado, el envejecimiento del parque automovilístico nacional, que roza ya los 14 años de media, supone un riesgo ambiental y de seguridad vial. Por otro, la falta de medidas eficaces para incentivar el acceso a vehículos nuevos o seminuevos puede perpetuar este círculo vicioso.
El mercado de segunda mano seguirá creciendo mientras el poder adquisitivo siga cayendo. Y con él, el valor de los vehículos más viejos seguirá al alza, alimentado por la alta demanda y la escasa oferta asequible. En el país donde el coche viejo es el más vendido, el motor que más se escucha es el del empobrecimiento estructural.
La llegada de marines y Guardia Nacional desata una batalla legal con el gobernador Gavin Newsom, que denuncia un “abuso de poder” sin precedentes
The post Trump militariza California con 5.000 soldados frente a las protestas por su política migratoria first appeared on Hércules. La tensión ha escalado de forma dramática en California. Unos 700 marines estadounidenses han llegado a Los Ángeles este martes, en medio de la creciente ola de protestas contra las políticas migratorias de la Administración Trump. El despliegue se suma a los más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional ya distribuidos en la zona, según confirmó el Comando Norte del Ejército en un comunicado.
La operación tiene como objetivo, según el propio comunicado, “proporcionar a la Fuerza de Tarea 51 una cantidad adecuada de fuerzas para brindar cobertura continua del área”. Las imágenes difundidas por el Ejército muestran a marines entrenados en control de multitudes y desescalada, muchos de ellos portando fusiles de asalto y escudos antidisturbios, listos para intervenir en una ciudad que atraviesa su cuarto día consecutivo de protestas.
El despliegue ha generado una fuerte controversia institucional, especialmente por la oposición frontal del gobernador de California, Gavin Newsom, quien lo considera “ilegal” y un “abuso flagrante del poder”.
El gobernador se planta: “Trump amenaza al pueblo con su propio ejército”
Newsom ha presentado este martes una moción de emergencia para bloquear judicialmente la llegada de las fuerzas armadas a California. “Trump está poniendo al ejército estadounidense en contra de los ciudadanos estadounidenses. Los tribunales deben bloquear de inmediato estas acciones ilegales”, declaró en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
El fiscal general de California, Rob Bonta, también ha interpuesto una demanda federal para frenar la intervención, solicitando al tribunal la anulación “de la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California”.
A pesar de que Trump no ha invocado la Ley de Insurrección de 1807, que permitiría legalmente el uso del ejército para reprimir protestas internas, la entrada de marines en las calles de Los Ángeles es vista como un acto sin precedentes en la historia reciente del país.
Las protestas no se limitan a Los Ángeles. En San Francisco, más de 150 personas han sido arrestadas, incluidas menores de edad, en el marco de las movilizaciones contra las detenciones y deportaciones del ICE, el controvertido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las redadas llevadas a cabo en las últimas semanas han desatado una ola de indignación entre comunidades inmigrantes y activistas por los derechos humanos.
Las calles del centro de San Francisco se llenaron de manifestantes que denunciaban las redadas como “crueles, racistas e inhumanas”, en escenas que recordaron a los días más convulsos de la era Trump.
Trump redobla la apuesta: “Arrestaría a Newsom si pudiera”
Lejos de calmar los ánimos, Trump respondió a las críticas con ironía y amenazas veladas. “Si yo fuera Tom [en alusión al zar de la frontera], arrestaría al gobernador”, dijo a la prensa. “Me cae bien Gavin Newsom; es buena persona, pero es tremendamente incompetente. Todo el mundo lo sabe”.
Estas declaraciones se producen en medio de una creciente percepción de que la militarización de la respuesta a las protestas busca reforzar una narrativa de orden y fuerza de cara a los próximos desafíos electorales.
Con vehículos blindados circulando por las avenidas, helicópteros sobrevolando los barrios más conflictivos y efectivos armados patrullando zonas residenciales, Los Ángeles ofrece una imagen más cercana a un escenario de ocupación militar que a una democracia en calma.
Desde el inicio de las protestas, al menos 56 personas han sido arrestadas solo en Los Ángeles. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes y latinos, portan pancartas contra el racismo institucional, las deportaciones masivas y el uso de la fuerza militar contra civiles.
Encubrimiento del origen del Covid-19 y represalias en el ejército de EEUU, el polémico caso del piloto Budge y el laboratorio en China
The post Las represalias Covid-19 en EEUU y el caso Budge first appeared on Hércules. Las represalias del Covid-19 se han convertido en un tema candente a medida que nuevos documentos, testimonios y casos individuales salen a la luz. A cinco años del inicio de la pandemia, el debate sobre el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno de EEUU (Estados Unidos) sigue lejos de cerrarse.
Desde sospechas de encubrimiento del origen del virus en un laboratorio en China, hasta casos de persecución institucional dentro del Ejército estadounidense, la polémica crece. El caso del suboficial y piloto militar Brandon Budge, así como las recientes declaraciones del senador Roger Marshall y la supuesta complicidad del FBI, revelan un entramado donde la criminalidad, la censura y las represalias parecen ir de la mano.
Pentágono de EEUU
¿Un virus fabricado? La teoría del laboratorio vuelve a escena
El senador Roger “Doc” Marshall, médico y legislador republicano por Kansas, declaró recientemente que si se confirma que el virus fue fabricado y liberado desde un laboratorio chino, y esa información fue ocultada al pueblo estadounidense, se trataría de un crimen. En sus palabras: “Encubrir el origen del Covid-19 sería criminal”.
Marshall se basa en documentos de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que incluyen una presentación confidencial de 2020 del Centro Nacional de Inteligencia Médica. El informe afirmaba que el SARS-CoV-2 “parece ser una quimera”, es decir, una mezcla genética artificial, lo cual contradice la teoría natural defendida por Fauci y otros líderes científicos en Estados Unidos.
Pese a esta evidencia, el informe no fue difundido al público ni derivó en una investigación formal. El FBI, la comunidad de inteligencia y altos funcionarios sanitarios no tomaron medidas. Para Marshall, esto implica un encubrimiento sistemático, con posibles implicancias penales.
Las represalias del Covid-19 dentro del Ejército de Estados Unidos
El caso del suboficial Brandon Budge representa otro ángulo inquietante de las represalias del Covid-19. Este piloto de helicópteros Blackhawk, con más de 20 años de servicio en el Ejército de EEUU, está a punto de ser separado del servicio por un conflicto surgido a raíz del mandato de vacunación impuesto por el Pentágono durante la pandemia.
Aunque Budge no se negó a vacunarse, sí solicitó tiempo para recuperarse tras haber tenido Covid-19, y pidió una exención religiosa. En ese momento, su cadena de mando comenzó a tratarlo como un “elemento problemático”. Posteriormente, un error administrativo cuando un médico falsificó involuntariamente su registro de vacunación— provocó una investigación interna. Aunque Budge ,sí recibió la vacuna, fue acusado de conducta impropia.
Su abogado, el teniente coronel retirado R. Davis Younts, sostiene que el proceso fue irregular y parcial. No se le leyeron sus derechos, su testimonio fue ignorado y nunca se consideró que el error proviniera de un tercero. A raíz de esto, recibió un Memorándum de Reprimenda (GOMOR), fue marcado con una “bandera” en su expediente y se le prohibió volar, a pesar de haber sido exonerado por una junta de evaluación médica.
El Pentágono ignora sus propias políticas
El Pentágono ha emitido nuevas políticas que permiten eliminar acciones disciplinarias impuestas exclusivamente por cuestiones relacionadas con el mandato de vacunación del Covid-19. Sin embargo, Budge sigue sin ser liberado de las represalias.
El ejército de Estados Unidos enfrenta una escasez crítica de pilotos, pero aún así persiste en separar a un aviador experimentado, formado en combate, por un incidente burocrático derivado de una política hoy derogada.
Su abogado subraya: “Las represalias del Covid-19 en este caso reflejan una institucionalidad que castiga a quienes piensan diferente. Budge no violó ninguna orden. El mandato ya no existe, pero la persecución continúa”.
El FBI, Fauci y la cadena del silencio
El FBI y otros organismos de inteligencia en EEUU han sido señalados por supuestamente ignorar o suprimir información relevante sobre el origen del virus. A pesar de contar con datos clasificados desde 2020 que apuntaban al laboratorio de China, el discurso público se mantuvo alineado con la narrativa oficial de que el virus tenía un origen zoonótico.
El Dr. Anthony Fauci, como principal asesor médico del gobierno, jugó un papel central en esa narrativa. Numerosos correos electrónicos y declaraciones públicas han sido objeto de análisis e incluso investigaciones parlamentarias, en las que se sugiere que Fauci tuvo conocimiento de posibles experimentos de ganancia de función en laboratorios chinos y que evitó abordar esas líneas de investigación públicamente.
Marshall lo resume con contundencia: “Si esto fue un encubrimiento orquestado para proteger intereses políticos o institucionales, estamos ante un caso claro de criminalidad“.
Un patrón de silencios y castigos
Tanto en el caso de Brandon Budge como en el manejo del posible origen del virus, se evidencia un patrón repetido de represalias, encubrimiento y silenciamiento. Disidentes dentro del Ejército, expertos en inteligencia médica, o senadores como Marshall, han sido ignorados, desacreditados o castigados por intentar revelar otra cara del manejo del Covid-19 en Estados Unidos.
El término “las represalias del Covid-19” encapsula un fenómeno más amplio que va desde la persecución institucional hasta el ocultamiento de información científica. Lo que comenzó como una crisis sanitaria, se transformó rápidamente en un campo minado político y legal, con actores institucionales, como el Pentágono y el FBI, bajo sospecha.
Conclusión: ¿justicia o encubrimiento?
Cinco años después del brote inicial en China, el virus del Covid-19 sigue afectando no solo la salud pública, sino la salud institucional y democrática de EEUU. El encubrimiento de información por parte de agencias federales, las represalias dentro del Ejército, y la posible criminalidad asociada a decisiones tomadas bajo presión, merecen más que titulares: requieren investigaciones profundas, justicia y reparación.
Las represalias del Covid-19 no son una teoría: son una realidad vivida por personas como Budge. Y mientras la verdad sobre el laboratorio y el rol de figuras como Fauci permanezca en la sombra, la confianza pública en las instituciones seguirá erosionándose.
La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner: 6 años de prisión y prohibición de ejercer cargos públicos de por vida
The post Cristina Kirchner condenada: prisión e inhabilitación perpetua first appeared on Hércules. Tras casi una década de investigaciones, audiencias y apelaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El fallo deja firme la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la Causa Vialidad, un expediente que se convirtió en símbolo de la corrupción estructural durante su presidencia.
La resolución llegó tras el rechazo, sin argumentación detallada, del recurso extraordinario presentado por su defensa. Aplicando el artículo 280 del Código Procesal, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti avalaron el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en diciembre de 2022, confirmado luego por la Cámara de Casación en 2024.
Cristina Kirchner fue hallada culpable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por beneficiar al empresario Lázaro Báez con 51 contratos viales en Santa Cruz durante sus dos mandatos presidenciales. Aunque la fiscalía había solicitado 12 años y la imputación por asociación ilícita, el tribunal descartó ese último cargo y aplicó la pena máxima prevista por el delito probado.
Causa Vialidad: el origen de una larga saga
El caso se remonta a 2016, cuando el juez Julián Ercolini inició la investigación. Se trataba de la supuesta manipulación de licitaciones viales a través del Grupo Austral, vinculado a Báez, empresario estrechamente relacionado con los Kirchner desde los años noventa.
En el juicio oral, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron más de 100 testigos. En su alegato, Luciani calificó el entramado como “la mayor maniobra de corrupción en la historia democrática del país”. La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, denunció irregularidades en el proceso, acusó a los jueces de parcialidad y habló de una estrategia de lawfare para proscribirla políticamente.
Condena confirmada y posible prisión domiciliaria
Con 72 años, Cristina Fernández podría cumplir la pena bajo prisión domiciliaria, un beneficio que contempla la legislación para mayores de 70. Sin embargo, deberá presentarse ante el tribunal que la condenó en un plazo de cinco días hábiles. Será el Tribunal Oral Federal 2 quien defina la modalidad de cumplimiento de la sentencia.
Además, la expresidenta pierde automáticamente sus derechos políticos. Queda fuera de cualquier elección o cargo público, incluyendo su recientemente anunciada candidatura legislativa por la provincia de Buenos Aires.
Reacciones cruzadas: entre la euforia y el repudio
La noticia provocó reacciones inmediatas. El presidente Javier Milei celebró la decisión como “una muestra de que la justicia puede actuar con independencia”. En cambio, desde el peronismo se denunció un “proceso viciado” y una sentencia “política”.
Líderes como Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, calificaron la condena como “un golpe a la democracia”, mientras sindicatos y organizaciones sociales convocaron a marchas en repudio, denunciando persecución judicial.
“Con esta condena buscan callarme, pero no van a poder borrar la historia”, declaró Cristina en una transmisión por redes sociales, donde reiteró ser víctima de un lawfare estructural.
La caída de una figura histórica
Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta entre 2007 y 2015. Bajo su liderazgo se implementaron políticas de ampliación de derechos, nacionalizaciones estratégicas y programas sociales masivos. Tras dejar el poder, enfrentó más de una decena de causas judiciales: desde el caso “Cuadernos” hasta el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.
En 2019 volvió al poder como vicepresidenta, encabezando la fórmula junto a Alberto Fernández. A pesar de haber dejado el Ejecutivo en 2023, mantenía una fuerte gravitación en el panorama político, especialmente en el núcleo duro del kirchnerismo.
Ahora, con la condena confirmada, su carrera queda oficialmente interrumpida. En términos políticos, la inhabilitación perpetua reconfigura el mapa electoral. La sucesión dentro del peronismo parece abrir paso a liderazgos emergentes como el del propio Kicillof, aunque sin el capital simbólico de Cristina.
¿Qué viene ahora?
El fallo de la Corte no solo tiene impacto jurídico: pone a prueba al sistema institucional argentino en un año electoral. Mientras el oficialismo capitaliza el mensaje de justicia, la oposición denuncia una maniobra para desalentar la participación popular.
El Tribunal Oral Federal 2 deberá decidir ahora la modalidad de detención y si la expresidenta comenzará a cumplir efectivamente la pena. Las próximas semanas serán clave para definir no solo su situación personal, sino también el rumbo político del país.
El exministro es investigado por presunto cobro de comisiones en contratos públicos durante la pandemia
The post La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia por orden del Supremo first appeared on Hércules. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este martes el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia, por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. El registro se enmarca en la causa abierta por el presunto cobro de comisiones, tanto en metálico como en especie, a cambio de contratos públicos durante la pandemia.
Fuentes jurídicas han confirmado que los agentes se personaron a primera hora de la mañana en el inmueble propiedad del actual diputado del Grupo Mixto. Es la primera vez que la Guardia Civil entra en una propiedad del exdirigente socialista, investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La actuación de este martes se ha desarrollado bajo secreto de sumario y tiene como objetivo localizar documentación relacionada con contratos de obra civil y material sanitario adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la emergencia sanitaria.
Primer registro al exministro
La investigación apunta a que Ábalos habría recibido pagos irregulares por facilitar contrataciones públicas a determinadas empresas, en el marco de una trama que comenzó con las mascarillas pero que se ha extendido a contratos de obras públicas. La figura clave en esta causa es el empresario Víctor de Aldama, considerado el presunto conseguidor de la red corrupta.
Aldama, también investigado por el Supremo, ha declarado en varias ocasiones ante la justicia. En sus testimonios, ha señalado directamente a altos cargos del Ministerio de Transportes y ha descrito un sistema de preadjudicación de obras a empresas previamente acordadas. Estas declaraciones fueron clave para que Aldama obtuviera su libertad provisional en otra causa, un macrofraude en el sector de hidrocarburos, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
El caso Ábalos llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. La investigación salpica directamente a un antiguo ministro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un contexto ya enrarecido por las acusaciones de coordinación entre la Fiscalía General del Estado y Moncloa para atacar judicialmente a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido señalado por el juez en otra causa por supuestamente actuar de forma concertada con el Ejecutivo central. Aunque se trata de procesos judiciales distintos, el entorno político y judicial se tensa cada día más, y los casos que afectan a figuras clave del anterior Gobierno socialista podrían tener un alto coste político.
La causa contra José Luis Ábalos sigue bajo investigación en el Supremo, que ha asumido las diligencias por su condición de aforado. Según las fuentes consultadas, la operación de este martes podría ser determinante para sustentar una eventual imputación formal, si se hallan pruebas concluyentes en los registros domiciliarios.
Desde que abandonó el PSOE y pasó al Grupo Mixto, Ábalos ha intentado mantenerse al margen del foco mediático, pero el avance de la causa judicial podría empujarlo nuevamente al centro del escándalo.
La Guardia Civil no ha ofrecido de momento más detalles sobre el material incautado durante el registro, pero se espera que las próximas semanas sean clave para aclarar el alcance real de las presuntas corruptelas en el seno del antiguo Ministerio de Transportes.
El magistrado Ángel Hurtado propone juzgar al fiscal general del Estado por filtrar un correo de González Amador, lo que desata una tormenta institucional
The post El PSOE apoya al fiscal general procesado, pero la judicatura lo rechaza first appeared on Hércules. La justicia ha escrito este lunes un capítulo inédito en España: por primera vez, un fiscal general del Estado ha sido procesado penalmente. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado auto de procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos, al considerar acreditado que filtraron a la prensa un correo confidencial enviado a la Fiscalía por la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La causa se centra en el envío de un correo fechado el 2 de febrero de 2024, en el que González Amador proponía un acuerdo penal por delitos fiscales, y en la nota de prensa del 14 de marzo, en la que la Fiscalía intentó desmentir las informaciones publicadas por El Mundo atribuyendo la iniciativa de ese pacto a la propia Fiscalía. El juez ve indicios de que García Ortiz y Rodríguez actuaron por indicación de Presidencia del Gobierno, en un intento de “ganar el relato”.
Hurtado concluye que los datos revelados contenían información sensible y reservada, por lo que podrían constituir un delito de revelación de secretos. El Código Penal castiga este delito con multas, inhabilitación y hasta tres años de prisión si se acredita daño grave a terceros. El paso dado por el magistrado abre una fase intermedia en la que las acusaciones podrán presentar sus conclusiones y pedir la apertura de juicio oral.
Las acusaciones, entre ellas Manos Limpias, Vox, el ICAM, la APIF y el propio González Amador, tienen ahora diez días para detallar sus peticiones de condena. De ser aceptadas, se celebrará juicio en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, las defensas de García Ortiz y Rodríguez pueden recurrir el auto, aunque todos los recursos anteriores han sido desestimados.
Un fiscal general sin obligación de dimitir
Pese al revuelo institucional, García Ortiz no está obligado a dimitir, ni tampoco puede ser suspendido en este momento. Su cargo está regulado por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que lo sitúa en “servicios especiales”, una categoría que le exime de las reglas de suspensión aplicables al resto de fiscales. En cambio, Pilar Rodríguez sí podría ser suspendida cautelarmente si se dicta auto de apertura de juicio oral.
La paradoja es evidente: la fiscal subordinada puede ser apartada, pero el jefe de toda la institución, no. Esta situación ha reabierto el debate legal y ético sobre los mecanismos de control y cese del fiscal general. “Es una felonía mantenerle en el cargo mientras se juzga por hechos que minan la confianza en la Fiscalía”, critica un juez del Supremo. Incluso antiguos fiscales generales, como María José Segarra, han pedido su dimisión.
El PSOE lo respalda, pero la judicatura lo rechaza
El futuro del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pende de un hilo. Mientras el PSOE insiste en blindarlo políticamente y descarta su destitución pese a la imputación por revelación de secretos, la judicatura, las asociaciones de fiscales y la oposición coinciden en que su continuidad es insostenible. La decisión final dependerá del Tribunal Supremo, pero la presión institucional y social va en aumento.
García Ortiz ha perdido el respaldo de la carrera fiscal tras el varapalo del Consejo Fiscal, que votó en contra de su informe para renovar a su número dos, Dolores Delgado. A eso se suma la investigación penal que dirige el juez del Supremo Ángel Hurtado, con el apoyo de la UCO, por la presunta filtración del expediente de la pareja del dirigente del PP Juan Carlos Campo. El magistrado ve indicios de delito y mantiene abiertas diligencias que podrían culminar en una imputación formal.
Pese a ello, el Gobierno defiende su continuidad. Desde Moncloa y el Ministerio de Justicia se transmite que no habrá relevo hasta que exista una resolución firme y que García Ortiz es víctima de una “cacería política”. Para el PSOE, ceder ahora sería admitir un error de calado político.
Pero la crisis va más allá de los tribunales. Diversos sectores de la judicatura alertan del daño que este escándalo está causando a la credibilidad de la Fiscalía General del Estado. Asociaciones como la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales exigen su cese inmediato. En paralelo, el PP y Vox han anunciado iniciativas parlamentarias para forzar su destitución.
El Supremo procesa al fiscal general de Sánchez, desatando una crisis entre Gobierno y Justicia y acelerando su polémica reforma judicial
The post El Supremo procesa al fiscal y tensa al Gobierno first appeared on Hércules. Por primera vez en democracia, el Tribunal Supremo ha procesado al fiscal general del Estado. Esto ha provocado una dura reacción del Gobierno. Las tensiones entre el poder ejecutivo y judicial alcanzan su punto más alto. Especialmente con el Supremo, enfrentado por la ley de amnistía y la negativa a aplicarla a Puigdemont.
Manuel Marchena, expresidente de la sala del ‘procés’, critica abiertamente al Gobierno. Lo hace en su libro La Justicia amenazada. Sostiene que hay una presión política sobre los jueces. El Supremo ha rechazado aplicar la amnistía en casos de malversación. Incluso ha llevado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz/ Fernando Calvo
El Gobierno niega injerencias pero avanza en su reforma
El ministro Félix Bolaños niega cualquier implicación del Ejecutivo. También evita criticar directamente al juez. Pero Óscar Puente lanza la acusación: “esto es lawfare“. Asegura que los jueces son “la verdadera oposición”.
El Gobierno no quiere cesar al fiscal general. Aunque está procesado, seguirá en su puesto. Esto genera una fuerte erosión sobre la Fiscalía General del Estado. La institución debería velar por la ley y el interés público, no por los intereses políticos.
Pese a todo, Sánchez ve la oportunidad. Planea usar este caso para acelerar su reforma judicial. Quiere convencer a sus socios de la necesidad de cambiar el sistema de justicia.
Bolaños impulsa cambios polémicos en la carrera judicial
Esta misma semana, tres asociaciones de jueces y dos de fiscales convocaron un paro. Lo hicieron para protestar contra dos proyectos del Ejecutivo. El primero es la reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal. El Consejo de Ministros ya la ha enviado al Congreso.
El segundo es aún más polémico. El Gobierno quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su objetivo es que los fiscales dirijan las investigaciones penales. De aprobarse, quitarían esa función a los jueces. El ministro planea llevar esta reforma al Consejo en junio. De ahí, pasará al Parlamento.
Además, Bolaños quiere reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pretende hacerlo como una disposición adicional dentro de la nueva Lecrim. Así podrá tramitar las dos reformas a la vez. Esta nueva norma evitará que un fiscal general procesado sea cesado. También ampliará el mandato de cuatro a cinco años.
La sospecha entre los fiscales es clara: temen que el Gobierno nombre a un nuevo fiscal al final de la legislatura. Así, el próximo Ejecutivo no podrá removerlo. Estará blindado por ley, lo que supondría un golpe más a la independencia judicial.
El Tribunal de Cuentas reprueba la transparencia financiera de PP, Vox y PSOE, mientras Junts, PNV y Sumar destacan en claridad sobre su financiación.
The post El Tribunal de Cuentas reprueba a los grandes partidos first appeared on Hércules. El Tribunal de Cuentas ha puesto nota a la Transparencia de las finanzas de los partidos políticos y los resultados dejan en evidencia a las grandes formaciones nacionales. En un informe que se presenta este martes en el Congreso, su presidenta, Enriqueta Chicano, desvela que PP, PSOE y Vox no alcanzan los niveles adecuados de cumplimiento en la publicación de sus Cuentas y obligaciones de información.
¿Qué revela el informe del Tribunal de Cuentas?
El documento, que será examinado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, analiza el grado de transparencia financiera de 63 partidos que obtuvieron representación en las elecciones generales, autonómicas y municipales entre 2023 y 2024. El criterio de análisis: lo que publican en sus páginas web y si cumplen con los requisitos legales sobre financiación y rendición de cuentas.
Los resultados son contundentes. Cuatro partidos de ámbito autonómico lideran la tabla: Junts (88 %), PNV (87 %), ERC (91 %) y Coalición Canaria (84 %) destacan por su alto grado de cumplimiento. En cambio, PP (77 %), PSOE (72 %) y Vox (80 %) no logran la máxima calificación y son superados incluso por formaciones de menor tamaño.
El informe establece que un 21 % de los partidos políticos analizados alcanza una calificación alta, mientras que un 25 % recibe una nota baja. El 17 % ni siquiera cumple con una sola de sus obligaciones de publicación financiera.
Sumar y Unidas Podemos, entre los peores evaluados
En el extremo inferior de la lista están Sumar, que apenas llega al 40 %, y el PCE, con un escaso 30 %. Dentro del espectro de fuerzas aliadas a Unidas Podemos, la falta de claridad es también notable. Izquierda Unida (45 %), Catalunya en Comú (50 %) y Barcelona en Comú (46 %) presentan bajos niveles de transparencia en sus portales.
Formaciones como EH Bildu (61 %), Sortu (41 %) o Eusko Alkartasuna (68 %) se sitúan en una zona intermedia. En el último lugar aparece Alternatiba, con tan solo un 16 % de cumplimiento.
El Tribunal de Cuentas subraya una diferencia clara entre las formaciones nacionales y las de ámbito autonómico o local, donde el grado de opacidad es aún mayor. Entre los partidos locales que más cumplen destacan Soria ¡Ya! y Ciudadanos (78 %), mientras que otros como Teruel Existe, Democracia Ourensana o Coalición por Melilla no publican ningún dato financiero.
En el ámbito autonómico y municipal, el informe concluye que un 42 % de los partidos no cumple con ninguna de sus obligaciones. “Este déficit de transparencia es especialmente preocupante en las formaciones pequeñas, que también reciben fondos públicos”, señala el informe.
¿una llamada de atención política?
La evaluación del Tribunal de Cuentas deja en evidencia una falta de cultura de rendición de cuentas entre muchos actores políticos, incluyendo los principales partidos nacionales. La llamada de atención es clara: quienes aspiran a gobernar deben dar ejemplo empezando por su propia financiación.
Las aplicaciones de estas empresas tienen acceso a los historiales de navegación, incluso utilizando el modo incógnito u otra VPN
The post Meta filtra datos de 180 millones de cuentas first appeared on Hércules.
Imagen: el dueño de Meta, Marck Zuckerberg I Reuters
Una investigación internacional liderada por IMDEA Networks ha revelado un sofisticado sistema mediante el cual Meta (matriz de Facebook e Instagram) y Yandex han logrado rastrear la navegación web de millones de usuarios de Android sin su consentimiento, asociando estos datos a identidades concretas y vulnerando las leyes de privacidad europeas.
¿Cómo funciona el rastreo?
Las aplicaciones de Meta y Yandex en Android emplean una técnica que aprovecha puertos locales fijos en los dispositivos móviles. Cuando el usuario está conectado a Facebook o Instagram y navega por webs que incluyen el código Meta Pixel (presente en más del 20% de las páginas más visitadas), la app puede recibir información directa sobre el historial de navegación, incluso en modo incógnito o usando VPN. Esta información se vincula automáticamente a la identidad del usuario (por ejemplo, su cuenta de Facebook), eludiendo los controles de permisos y anonimato del sistema operativo Android.
En el caso de Yandex, su SDK AppMetrica escucha peticiones en puertos configurables y agrega los datos con identificadores persistentes antes de transferirlos a sus servidores. Ambas compañías han utilizado estos métodos desde 2017 y septiembre de 2024.
Un escándalo que afecta a 180 millones de cuentas
La magnitud del problema es enorme. Se estima que Meta Pixel está instalado en 5,8 millones de sitios web y Yandex Metrica en 3 millones. Solo en los últimos meses, se ha alertado de la filtración de datos de hasta 180 millones de cuentas de Microsoft, Facebook e Instagram, aunque no todos los casos están directamente relacionados con esta técnica concreta. El rastreo afecta especialmente a usuarios de Android que tengan instaladas y activas las apps, pero incluso quienes no usan estas aplicaciones pueden ser rastreados si visitan webs con el código de seguimiento.
En este contexto, las compañías pueden acceder no solo a las páginas visitadas, sino también a acciones concretas dentro de ellas: búsquedas, compras, registros y cualquier interacción relevante. Además, pueden obtener información sobre la ubicación aproximada, el nivel de batería del dispositivo y los dispositivos conectados a la red WiFi doméstica.
Una violación de la ley
La recopilación de datos personales sin consentimiento explícito vulnera el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que exige el permiso informado y específico del usuario para cualquier tratamiento de información personal. Tanto Meta como Yandex han asegurado que han suspendido esta práctica tras la publicación de la investigación, pero los expertos advierten que las técnicas de rastreo evolucionan constantemente y que la supervisión debe ser permanente.
Google, propietaria de Android, ha declarado que estas prácticas “violan flagrantemente nuestros principios de seguridad y privacidad” y ha iniciado una revisión de sus políticas para evitar que se repitan. Mientras tanto, organizaciones de defensa de la privacidad y autoridades europeas han anunciado nuevas acciones legales y técnicas para reforzar la protección de los usuarios.
Alemania y Europa se rearman: BlackRock y fondos estadounidenses sacan provecho mientras crece la tensión con Rusia en Ucrania
The post Alemania rearma: BlackRock y Rheinmetall en auge first appeared on Hércules. Alemania podría destinar hasta 200.000 millones de euros al año a defensa, cerca del 5 % de su PIB. Esta cifra responde a las presiones de EE.UU., especialmente bajo el mandato de Trump, quien exigió que los países de la OTAN destinen un 5 % de su producción a gasto militar. El ministro Wadephul (CDU) respalda la división del gasto: 3,5 % para armamento y 1,5 % para infraestructura dual. Esta estrategia de rearme se traduce en la supresión de cláusulas civiles en universidades, y en la promoción de la industria militar como una actividad “sostenible”.
El presidente del partido CDU, Friedrich Merz, ha justificado la entrega de armas de largo alcance a Ucrania afirmando: “Debemos prepararnos para una guerra larga”. Este enfoque prolongado apunta a un desgaste constante y sin límites definidos. Mientras se habla en medios de alto el fuego, las acciones van en sentido contrario. Empresas alemanas como Rheinmetall ya han cerrado acuerdos con compañías ucranianas para fabricar armamento directamente en territorio ucraniano, lo que refuerza el conflicto en lugar de detenerlo. Y es que Rheinmetall se ha postulado como la punta de lanza del rearme de Europa, además de redundar su actividad en la industria armamentística española.
Tanque Leopard/Rheinmetall group
Alemania, Rheinmetall, BlackRock y el boom armamentístico
El valor bursátil de Rheinmetall ha subido más del 50 % desde febrero. Empresas como KNDS también han incrementado su producción. Esta expansión está siendo financiada y explotada por fondos de inversión internacionales, principalmente estadounidenses. BlackRock, Morgan Stanley y Goldman Sachs son ahora los principales accionistas de Rheinmetall. Estos fondos poseen grandes participaciones en múltiples empresas de defensa europeas, lo que asegura que los beneficios del rearme europeo fluyan directamente hacia Wall Street.
El programa SAFE de la UE (Support for Ammunition and armaments for Europe) prevé 150.000 millones de euros en créditos y hasta 800.000 millones en inversiones. Aunque Alemania podría no necesitar el dinero directamente, sus empresas armamentísticas sí se beneficiarán de estos fondos europeos.
SAFE exige producción “Made in Europe” y compras conjuntas entre países. Grandes potencias como Alemania, Francia e Italia están liderando esta reconversión industrial hacia el sector militar. La asociación ASD, que agrupa a 4.000 empresas del sector con más de un millón de empleados, respalda el plan y exige prioridad para fabricantes europeos, aunque muchos estén controlados por capital extranjero.
Rearme europeo con capital estadounidense
El lema “Europa primero” pierde fuerza frente a la realidad del capital. Estados Unidos sigue siendo clave en el suministro de armas y tecnología militar. Empresas como Lockheed Martin, además de fondos como BlackRock y Morgan Stanley, tienen contratos activos para reconstrucción y rearme en Ucrania.
Rheinmetall no solo coopera con países europeos como Reino Unido y España, sino también con Lockheed Martin. Este entrelazamiento refuerza el rol de Wall Street en el control de la industria militar europea. Bruselas, por su parte, evita posibles sanciones de EE.UU. a productos europeos a cambio de incrementar las compras de armas y gas natural estadounidense, consolidando así la dependencia.
Rearme sin horizonte de paz
Entre 2021 y 2024, el gasto militar de la UE aumentó un 30 % y sigue en ascenso. Polonia lidera con casi un 5 % del PIB dedicado a defensa. Francia planea un fondo ciudadano para financiar inversiones armamentísticas, sumándose a la tendencia generalizada. Muchos países europeos carecen de una industria militar propia robusta, lo que deja un espacio enorme para empresas y fondos de inversión extranjeros. Alemania, aunque habla de “soberanía tecnológica”, mantiene alianzas profundas con intereses financieros globales.
El control accionarial de firmas clave como Rheinmetall por parte de BlackRock y Morgan Stanley demuestra que el rearme europeo, lejos de ser un proyecto soberano, está integrado en los circuitos financieros internacionales. Aunque Trump ha defendido en varias ocasiones una salida negociada al conflicto en Ucrania, Europa parece optar por una estrategia de prolongación. El objetivo geopolítico: aislar a Rusia, debilitar a Alemania como potencia económica autónoma, y consolidar una nueva hegemonía transatlántica con EE.UU. al mando.
El politólogo Witold Sokała señala que Washington busca que Europa ,sobre todo Alemania, asuma los costes del conflicto. Las últimas decisiones del gobierno alemán parecen confirmar esta hipótesis: rearme masivo, integración industrial con EE.UU. y una industria militar cada vez más controlada por Wall Street.
