Categoría: ESPAÑA

Un estudio suprimido por años indica que el COVID-19 no surgió de forma natural. ¿Hubo encubrimiento por parte de las agencias de inteligencia?
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El COVID-19 fue identificado por una unidad científica de élite del Departamento de Defensa como un virus con indicios claros de haber sido modificado genéticamente. Según sus conclusiones realizadas apenas tres meses después del inicio de la pandemia, probablemente escapó del laboratorio de Wuhan, en contraste con la teoría del origen natural sostenida por el Dr. Anthony Fauci.

Todo ello sostenido en la presentación fechada el 25 de junio de 2020 del Centro Nacional de Inteligencia Médica (NCMI), se afirmó: “La proteína spike del SARS-CoV-2 parece ser una quimera”, haciendo referencia a un organismo creado al combinar fragmentos de distintos virus.

Los encubrimientos respecto del origen del COVID-19 siguen sacudiendo la actividad del Senado en EEUU. Ya sea con los efectos de las vacunas y su encubrimiento por la FDA, el posible origen artificial de la COVID-19 o como el poder político ha incidido en las revistas científicas para asentar una narrativa.

Evidencias científicas apuntan directamente al Instituto de Wuhan

El estudio usó análisis genómico avanzado y relacionó la creación del virus con una investigación publicada por el Instituto de Virología de Wuhan (WIV) en 2008. “Los puntos de ruptura se alinean con los descritos por científicos del WIV”, subrayaba la presentación. La conclusión fue tajante: las capacidades del WIV y la estructura genética del virus refuerzan la hipótesis de una fuga de laboratorio de un virus quimérico diseñado.

Este análisis fue ocultado durante años y solo vio la luz tras una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Cuatro denunciantes han declarado ante el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia que hubo un bloqueo interno para que la investigación no llegara a otras agencias. La Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), en su informe de 2021, ni siquiera mencionó este estudio en su evaluación de 90 días.

La inteligencia estadounidense ignoró datos clave del estudio

Los científicos del NCMI intentaron incluir sus conclusiones en la evaluación oficial, pero sus aportes fueron eliminados. El senador Roger Marshall entregó pruebas y declaraciones de los denunciantes que alegan una supuesta censura interna. El organismo de control confirmó la recepción de esas quejas, y desde entonces varios testigos han sido entrevistados.

Paralelamente, el FBI lleva una investigación criminal sobre posibles encubrimientos, y ha contactado a testigos relacionados con el informe del NCMI. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes federales ya obtuvieron los teléfonos de Anthony Fauci, piezas clave en la investigación.

Documento interno revela manipulación genética en el virus

Una pieza central del caso es una presentación escrita por el microbiólogo John Hardham, quien detalló que la proteína spike del SARS-CoV-2 tiene signos de ingeniería genética. El WIV habría usado un “sistema de genética inversa” para construir clones de coronavirus sin dejar rastros de manipulación, una técnica conocida como “No See-Um”

Los “puntos de ruptura” en el código genético del virus coincidían con un estudio del WIV de 2008. Ese documento, firmado por científicos como Ren, indicaba que Wuhan tenía la capacidad técnica para insertar segmentos genéticos clave, como el dominio de unión al receptor que permite al virus infectar células humanas.

Fauci y los NIH ocultaron evidencia genética, según informes

Pese a estas pruebas, funcionarios como Fauci apoyaron la teoría de un origen natural del virus en mercados húmedos. Pero funcionarios del gobierno sostienen que había pruebas clasificadas que mostraban actividad sospechosa en el WIV desde octubre de 2019: limpieza de material biológico, científicos enfermos y atletas militares con síntomas compatibles con COVID-19.

En 2021, el senador Chuck Grassley solicitó acceso a documentos clave sobre el origen del virus, pero la comunidad de inteligencia omitió el análisis del NCMI. Además, otros informes revelaron que científicos del WIV trabajaban como higienistas en los Juegos Militares Mundiales en Wuhan, donde varios atletas se contagiaron.

El laboratorio chino habría planeado el virus antes de 2019

Según denuncias del senador Marshall, en julio de 2021 se descubrió que China había diseñado un plan para desarrollar un coronavirus sintético casi idéntico al SARS-CoV-2 dos años antes de la pandemia.

Aunque agencias como el FBI y el Departamento de Energía apoyan la teoría del accidente de laboratorio, otras instituciones continúan apostando por el origen natural. La evaluación no clasificada de 2021 indica que no hay consenso claro y que se necesitan más datos para confirmar una vía zoonótica o una fuga de laboratorio.

Científicos de inteligencia militar cuestionaron el relato oficial

Investigadores del NCMI como Cutlip y Chrétien rechazaron el estudio del científico Kristian Andersen, que favorecía el origen natural. Su crítica: el artículo se basaba en suposiciones, como la confianza en la transparencia de las autoridades chinas, lo que debilita su credibilidad.

Mientras el debate continúa, la pregunta sobre si el COVID-19 fue creado en laboratorio sigue sin respuesta definitiva. Pero los documentos filtrados y los testimonios de expertos en inteligencia sugieren que EE. UU. ignoró advertencias clave, lo que pone en entredicho la integridad del proceso de investigación.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el marco del caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez Ángel Luis Hurtado también señala a Moncloa como responsable de instigar y explotar políticamente la filtración. El magistrado del
The post Moncloa se encuentra en el centro de la investigación como instigadora de la filtración contra Ayuso por parte del Fiscal General first appeared on Hércules.  El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el marco del caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez Ángel Luis Hurtado también señala a Moncloa como responsable de instigar y explotar políticamente la filtración.

El magistrado del Supremo ha dado por concluida la investigación abierta en octubre de 2024 y ha decidido procesar a Álvaro García Ortiz por la difusión de correos electrónicos confidenciales enviados por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a la Fiscalía en un intento de acuerdo por delitos de fraude fiscal. En el mismo auto también resulta procesada la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien facilitó la información al fiscal general.

La decisión llega pese a los intentos de la Abogacía del Estado y de la propia Fiscalía de archivar el caso. Según el juez, hay “indicios suficientes” para llevar a juicio a García Ortiz, que, tras conocerse su imputación, cambió de móvil y borró sus mensajes de WhatsApp, un comportamiento que aumenta las sospechas de intento de ocultación.

Moncloa, señalada como autora intelectual

Más allá del procesamiento de los dos fiscales, el auto judicial extiende la responsabilidad al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el juez, García Ortiz actuó siguiendo indicaciones directas de Presidencia del Gobierno, concretamente a través de Pilar Sánchez Acera, mano derecha del actual ministro Óscar López.

El juez ha documentado que el contenido del correo fue remitido desde la Fiscalía a Sánchez Acera antes de que se filtrara a ningún medio de comunicación, y que desde ahí se usó con fines políticos, dando instrucciones al portavoz del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que exhibiera el documento en la Asamblea de Madrid en una intervención contra Ayuso.

Los mensajes extraídos del teléfono de Lobato y el acta notarial levantada por él mismo confirman que “Pilar quiere que yo saque el mail de fiscalía. Que no ha salido, pero que lo saque yo. No puede ser”, según sus propias palabras en un chat.

Una estrategia política contra Ayuso

El juez concluye que el objetivo de la operación fue dañar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, en un momento delicado por las investigaciones sobre su pareja. La difusión pública del intento de pacto con la Fiscalía se hizo para proyectar la imagen de culpabilidad de González Amador y, por extensión, comprometer a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El escrito judicial también revela que Sánchez Acera, cuando fue llamada a declarar como testigo, no supo explicar cómo recibió el correo confidencial, limitándose a decir que “le llegó”, una evasiva que el magistrado considera poco creíble.

Uno de los elementos más comprometedores para García Ortiz es que, según el auto, la eliminación de mensajes y el cambio de terminal impiden probar su versión de los hechos. Si, como sostiene, la Fiscalía no envió el correo a Moncloa, no podrá demostrarlo, lo que refuerza la sospecha de que trató de borrar pruebas relevantes para el caso.

Este procesamiento deja al fiscal general a un paso del banquillo, y al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición comprometida. Mientras tanto, la defensa de García Ortiz niega haber ordenado ninguna filtración, pero la carga de la prueba juega en su contra tras la eliminación de los datos.

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El texto que defiende la norma rechaza que el silencio constitucional implique su prohibición y niega que la motivación política la invalide
The post El Constitucional inicia el estudio de la ley de amnistía con una ponencia que la avala first appeared on Hércules.  El Tribunal Constitucional (TC) empezará este martes a analizar el borrador de sentencia sobre la ley de amnistía, un texto de 191 páginas elaborado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, que avala la norma impulsada por el Gobierno para satisfacer los acuerdos con el independentismo. La propuesta será presentada en el Pleno del TC como parte del “estudio inicial” del asunto, pero el debate y la votación se posponen hasta el próximo Pleno del 24 de junio.

La ponencia sostiene que el silencio de la Constitución Española sobre la amnistía no implica su prohibición, rechazando así la analogía con la prohibición de los indultos generales. Para Montalbán, lo que no está expresamente prohibido por la Carta Magna está permitido, por lo que el legislador puede actuar libremente mientras no vulnere derechos fundamentales ni principios esenciales.

Además, subraya que no corresponde al TC analizar la motivación política de la norma. La ley responde, según reconoce, a “criterios de oportunidad política”, algo que considera jurídicamente indiferente. Lo relevante, afirma, es que existan “circunstancias extraordinarias” que justifiquen la medida, y el objetivo de alcanzar una “mayor paz ciudadana” cumple esa condición.

Aunque la ponencia avala lo esencial de la ley, sí da la razón al PP en tres puntos concretos: la “asimetría” de trato entre los implicados a favor y en contra del ‘procés’; la inclusión de una “habilitación insólita” para continuar actividades delictivas en el futuro; y que en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas solo se escuche a la Fiscalía y a los órganos públicos perjudicados, sin contemplar otras partes.

Silencio sobre la malversación y sus implicaciones

La magistrada no aborda el delito de malversación en su borrador, lo que implica que el TC no se pronunciará por ahora sobre el caso de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Según fuentes jurídicas, esto se debe a que el PP no incluyó ese punto en su recurso, por lo que será necesario esperar a los recursos de amparo de los líderes independentistas para que el tribunal se pronuncie.

El Tribunal Supremo, por su parte, considera que los líderes del ‘procés’ incurrieron en una malversación excluida de la amnistía por tratarse de un beneficio personal y por haber afectado a los intereses financieros de la UE. Esto justificaría mantener las órdenes de detención nacionales y las penas de inhabilitación contra los implicados, incluso si la norma es declarada constitucional.

Deliberaciones hasta 2026

El bloque conservador del TC ha presentado varias peticiones para retrasar la sentencia, como esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva cuestiones prejudiciales o ampliar los plazos de deliberación. Sin embargo, la mayoría progresista (6 a 4) prevé desestimarlas y aprobar el texto sin grandes cambios.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ya ha rechazado alargar los trabajos más allá de junio, aunque ha habilitado la última semana de ese mes para cerrar la deliberación. También ha rechazado abstenerse del proceso, como pedía el PP, por la vinculación de su esposa con el informe del CGPJ sobre la ley. En cambio, el conservador José María Macías sí ha sido apartado por una recusación de la Fiscalía.

Tras esta primera sentencia, el TC no retomará los recursos sobre la ley hasta después del verano. Le esperan una treintena de impugnaciones: las de comunidades autónomas, órganos judiciales y los propios líderes independentistas. Todas ellas tendrán como referencia jurídica esta resolución inicial.

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El plan del Gobierno de perdonar un 22 % de la deuda catalana lanza una mala señal a los mercados y rompe la igualdad entre regiones
The post La condonación de la deuda catalana pone en jaque la economía española first appeared on Hércules.  El Gobierno ha acordado con ERC la condonación del 22 % de la deuda viva de Cataluña con el Estado, dos puntos más de lo que pedían los independentistas. A cambio, los votos de Esquerra sostienen al presidente Pedro Sánchez en La Moncloa. La medida, disfrazada como un intento de reforma general, beneficia sobre todo a la comunidad más incumplidora, en perjuicio de las más responsables fiscalmente, como Madrid.

La operación no fue tratada de forma abierta en la reciente Conferencia de Presidentes, celebrada el 6 de junio en Barcelona, pero su sombra lo condicionó todo. Allí, Sánchez evitó cualquier debate sobre una reforma real del Sistema de Financiación Autonómica. En lugar de afrontar el problema estructural, promueve un sistema fiscal a la carta para Cataluña y un esquema de condonación que atenta contra los principios de equidad y legalidad.

Un mensaje devastador para los mercados y la solvencia del país

Perdonar parte de la deuda de una comunidad autónoma no es solo una decisión política; es, en palabras del economista José María Rotellar, “un disparate económico que desincentiva la buena gestión”. Supone reconocer que Cataluña no puede devolver su deuda y, por tanto, cuestiona la solvencia del conjunto del sistema institucional español.

La consecuencia inmediata es que los inversores internacionales recibirán una señal negativa: si el Estado asume las deudas de las regiones sin exigir responsabilidad, ¿quién garantiza que las cuentas autonómicas son fiables? Si además el Banco Central Europeo retira su respaldo con herramientas como la antifragmentación, el coste de financiar la deuda española podría dispararse.

El artículo 138.2 de la Constitución Española es claro: no puede haber privilegios económicos o sociales entre comunidades. Pero la condonación, pese a ser extendida en parte a otras autonomías para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional, está claramente diseñada para satisfacer a los independentistas catalanes. Lo confirma el propio texto del acuerdo entre PSOE y ERC, que especifica que la condonación del 22 % de la deuda es exclusiva para Cataluña.

En la práctica, se premia al que más ha gastado, al que más ha incumplido y al que más impuestos ha subido, mientras que las comunidades que han ajustado sus cuentas, bajado la presión fiscal y mantenido la disciplina presupuestaria, como Madrid o Andalucía, quedan marginadas.

Un sistema fiscal propio: el siguiente paso hacia la ruptura

Junto a la condonación, el Ejecutivo de Sánchez valora conceder a Cataluña un sistema fiscal propio, similar al concierto vasco y navarro. Esta medida, de llevarse a cabo, desmontaría definitivamente la solidaridad interterritorial y abriría una peligrosa vía de fragmentación financiera.

Un sistema fiscal a medida para una comunidad que ya ha recibido trato privilegiado a través de la condonación supondría institucionalizar el chantaje político como forma de gobernar. No habría igualdad ante la ley ni equilibrio económico: cada comunidad pasaría a negociar directamente con el poder central en función de su capacidad de presión.

Más allá del debate político, las implicaciones económicas son de enorme calado. Si se institucionaliza que quien más presiona obtiene más recursos, la arquitectura financiera del Estado se tambalea. Las reglas dejan de ser generales y predecibles, y se convierten en arbitrarias.

La consecuencia es directa: aumenta la inseguridad jurídica, disminuye la confianza de los inversores y se erosiona la percepción de España como país serio y fiable. A largo plazo, eso significa menos inversión, menos crecimiento y más paro.

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El Tribunal Constitucional podría avalar la amnistía con el principio “lo no prohibido está permitido”, pese a su evidente choque con la Constitución
The post De la amnistía y otras obscenidades inconstitucionales first appeared on Hércules.  “Lo que no está prohibido está permitido”

Toda España ha terminado familiarizándose con este principio jurídico pues, según cuentan por ahí, lo utilizará el Tribunal Constitucional para salvar la validez de la ley de amnistía. Así se desprende de la filtración de la ponencia que firma Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del órgano y a la que la prensa califica de “progresista”. Como es hecho notorio, dicha norma nace de un pacto con los independentistas catalanes, a los que se les ofrece la impunidad de los delitos que perpetraron los autores de la insurrección de 2017 a cambio del apoyo parlamentario. En total seis votos a precio de oro.

Dicha máxima jurídica está en boca de todos, pero, ¿nos hemos enterado de su verdadero significado? Las prohibiciones no solo son explícitas, implícitas también. En román paladino, hay barbaridades tan grandes que es evidente su ilicitud. Por ejemplo, la esclavitud, que ni siquiera se menciona en nuestra Carta Magna. Con la amnistía pasa otro tanto de lo mismo, ya que remonta sus orígenes a épocas preconstitucionales, a los usos del absolutismo, incompatibles con el actual Estado de Derecho. Y ello porque supone dejar sin efecto un pronunciamiento judicial mediante un acto político, lo que atenta contra la independencia judicial y la separación de poderes.

No menos grave es el desprecio de la igualdad ante la ley. Presta atención querido lector, si robaste por codicia, caerá sobre ti todo el peso de la ley; pero si fue para independizar Cataluña del resto de España, entonces quedarás impune. ¿Por qué se trata mejor a un delincuente separatista que a un pobre ratero, por lo demás, leal súbdito de la monarquía hispánica? Pues porque que uno guarda en su zurrón un puñado de votos y el otro, nada de nada. Semejante injusticia está implícitamente prohibida, no habría ni que decirlo. Otra cosa sería, claro está, que la Constitución la hubiese autorizado de forma expresa en su texto, como con el indulto, pero no lo hizo. Mala suerte, no queda más remedio que aguantarse, habría que haberlo pensado mejor antes de delinquir. No obstante, si nos manchamos la toga con el polvo del camino, entonces, otro gallo cantará. Un gallo independentista que salude gozoso al señor Carlos Puigdemont, cabecilla de los insurrectos, cuando regrese triunfal en loor de multitudes desde su santuario belga.

En épocas pretéritas, cuando imperaba una mentalidad mojigata, los contenidos de naturaleza sexual que tenían que incluirse en publicaciones científicas o jurídicas, se escribían en latín. Como muy pocos estaban versados en la lengua de Roma, muy pocos quedaban expuestos al pecado. Por eso, querido lector, ten mucho cuidado, tu alma está en peligro, ni se te vaya a ocurrir usar un traductor automático, ahora que voy a reproducir una horrenda obscenidad, si es que nos tragamos la interpretación que hacen algunos:

Permissum videtur id omne quod non prohibitur.

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Se desconocen cifras concretas, pero varios expertos consultados por universidades reconocen que entre un 5% y 15% de estudiantes recurren a esta práctica
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^{Imagen: una persona con libros I Hacertfg}

El encargo y compra de Trabajos de Fin de Grado (TFG) se ha convertido en un fenómeno en expansión en España, generando alarma entre las universidades y el profesorado. Plataformas especializadas ofrecen la redacción completa de estos trabajos académicos, prometiendo originalidad, confidencialidad y entrega puntual, a cambio de tarifas que varían según la urgencia, la extensión y el nivel de complejidad.

Un mercado en crecimiento y cada vez más profesionalizado

El negocio de los TFG por encargo ha proliferado en los últimos años, con decenas de empresas y webs que operan en el mercado español. Solo en 2024, se estima que el volumen de encargos creció un 20% respecto al año anterior, según datos del sector recogidos por medios especializados. Plataformas como TeHagoTuTesis.com, Tesis24.es, TrabajosFinDeGrado.es o TFG Online encabezan los rankings de popularidad y volumen de operaciones.

Precios: desde 12,65 euros por página hasta tarifas exprés

Los precios para encargar un TFG varían significativamente en función del servicio y la plataforma elegida. Por ejemplo:

• Tesis24.es ofrece TFG desde 12,65 €/página y TFM desde 13,80 €/página, con opción de pagos fraccionados y atención personalizada.
• TeHagoTuTesis.com parte de 16,90 €/página para TFG, 19,90 €/página para TFM y 21,90 €/página para tesis doctorales, con un recargo del 20% si se necesita entrega exprés en menos de 30 días.
• TFG Online tiene tarifas desde 15 €/página y cuenta con más de 800 expertos en distintas disciplinas.
• Otras plataformas, como TrabajosFinDeGrado.es, permiten calcular el presupuesto de forma automática según las características del trabajo, aunque no siempre publican precios fijos.

El coste final puede oscilar entre 300 y 1.200 euros para un TFG estándar, dependiendo del número de páginas, la dificultad temática y la urgencia de la entrega.

Garantías y servicios ofrecidos

Las empresas suelen prometer trabajos 100% originales, confidencialidad absoluta, entregas parciales para revisión y, en muchos casos, informes antiplagio mediante herramientas como Turnitin. Algunas plataformas aseguran no utilizar inteligencia artificial en la redacción y ofrecen atención directa con el redactor o tutor asignado.

La proliferación de estos servicios ha puesto en alerta a las universidades españolas, que refuerzan los controles antiplagio y revisan los estilos de redacción para detectar posibles fraudes. Sin embargo, la personalización de los trabajos y el uso de plataformas de pago dificultan la identificación de encargos fraudulentos, lo que plantea un reto ético y académico de primer orden.

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El año pasado se registraron un total de 12.068 operaciones en Gibraltar, consolidando Andalucía como una de las regiones con mayor tráfico de drogas
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^{Imagen: la ertzaintza con unos menores I El Correo}

El fenómeno del narcotráfico en España está experimentando un preocupante rejuvenecimiento. Cada vez son más los jóvenes que se involucran en redes delictivas, exponiéndose a un entorno de alto riesgo marcado por el consumo excesivo de drogas y alcohol, especialmente en el contexto de fiestas y celebraciones clandestinas.

Aumento del narcotráfico y presión policial

En el primer trimestre de 2025, los delitos relacionados con el tráfico de drogas aumentaron un 4,9% respecto al año anterior, pasando de 5.040 a 5.287 hechos registrados. El narcotráfico sigue siendo la principal actividad del crimen organizado en España, con especial incidencia en la entrada de cocaína y hachís a través de rutas marítimas y puertos como Algeciras, Barcelona, Valencia y Vigo.

En 2024, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 12.068 operaciones contra el narcotráfico solo en el Campo de Gibraltar, lo que supuso un incremento del 43% respecto al año anterior. Estas operaciones se saldaron con 5.911 detenciones y la incautación de más de 264 toneladas de droga, principalmente hachís y cocaína. La presión policial ha obligado a las redes a diversificar rutas y reducir la cantidad transportada en cada envío, pero también ha generado un aumento de la violencia en zonas como el sur de Andalucía.

Consumo de drogas por edades y comunidades autónomas

Según la última Encuesta sobre Alcohol y Drogas en Población General en España (EDADES), los patrones de consumo varían notablemente según la franja de edad y la región. Los jóvenes de entre 15 y 34 años son el grupo más vulnerable, con tasas de consumo de cannabis y cocaína superiores a la media nacional. El consumo de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas también está en aumento en este segmento, especialmente vinculado al ocio nocturno y las fiestas privadas.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana destacan por el volumen de incautaciones y detenciones, siendo también las regiones donde se concentra una mayor actividad de redes juveniles vinculadas al narcotráfico. En el norte, Galicia sigue siendo un punto estratégico para la entrada de cocaína, mientras que en el sur, el Campo de Gibraltar se mantiene como epicentro del tráfico de hachís y marihuana.

El perfil del joven narco: riesgo y autodestrucción

Los expertos advierten de que muchos jóvenes que se suman a estas redes lo hacen atraídos por la promesa de dinero rápido y un estilo de vida asociado al lujo, las fiestas y el consumo de sustancias. Sin embargo, este entorno conlleva altos niveles de violencia, adicción y riesgo de detención. El fenómeno de la “inmolación” juvenil en el narcotráfico se traduce en carreras criminales cortas y marcadas por el consumo compulsivo, la exposición a situaciones extremas y, en muchos casos, la entrada y salida recurrente del sistema penitenciario.

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AECID abrió una convocatoria de 20 millones de euros, con al menos el 15 % reservado para Palestina para iniciativas con enfoque de género
The post AECID adjudicó 185.300 euros para facilitar que las mujeres palestinas monten sus empresas first appeared on Hércules.  El Gobierno de España adjudicó una subvención procedente de los impuestos de los españoles, para financiar y facilitar que las mujeres palestinas cresen sus propias empresas y que se les “tratase con igualdad absoluta a los hombres”, tal y como denuncia el exdiputado Pablo Cambronero a través de su cuenta de “X”.

La imagen publicada por Cambronero muestra la convocatoria de ayuda publicada el 15 de octubre de 2024. Se trata de una concesión directa de tipo instrumental, con un presupuesto total de 185.300,00 euros.

La ayuda se materializa como una subvención y entrega dineraria sin contraprestación. El título de la convocatoria en español es “Resiliencia en transformación: recuperación y fortalecimiento de iniciativas empresariales lideradas por mujeres palestinas para impulsar la recuperación económica de Palestina tras la guerra de Gaza”.

Esta subvención o ayuda se aprobó el 15 de octubre de 2024, un año después de que estallase el conflicto entre Israel y Palestina, es decir, los ataques sucedidos el pasado 7 de octubre de 2023. Momento en el que palestinos de Gaza llevaron a cabo ataques en Israel donde acabaron con la vida de hasta 1.200 israelíes y tomaron a 240 rehenes, aproximadamente.

Las ayudas del Gobierno de España a Palestina a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) no es una novedad. En abril de 2024, AECID abrió una convocatoria dotada con 20 millones de euros, con al menos el 15 % reservado para Palestina y con una línea específica (25 %) para iniciativas con enfoque de género y empoderamiento de mujeres y niñas.

Cada proyecto mencionado anteriormente podía recibir entre 400 000 y 1 000 000 euros, destinados a sectores como salud, nutrición, protección, agua y saneamiento, con una duración máxima de 24 meses.

Por otro lado, la Generalidad de Cataluña financió en 2024 proyectos vinculados a mujeres rurales palestinas, como “Mujeres payesas de Palestina” (300 000 euros) y “Empoderadas y resilientes” en Nablús (500 000 euros). A pesar de que no era una ayuda estatal, sino autonómica muestra las mismas características.  

Palestina es la economía número 132 por volumen de PIB

España también ha subvencionado ayudas a Palestina para fomentar la agricultura de esta región. Entre 2021 y 2023, aprobó una subvención de 1.001 228 millones de euros y se destinó a “Resiliencia y Crecimiento Económico a través de la agricultura en Gaza” (2021‑2023), continuada hasta el 31 de diciembre de 2024. Ese proyecto promovía la creación de empleo, sistemas de riego, invernaderos y capacitación, aunque no desglosa el impacto por género.

En términos económicos, Palestina es la economía número 132 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2023 fue de 8.004 millones de euros, con una deuda del 48,5% del PIB. Su deuda per cápita es de 1.461 € euros por habitante.

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Estado de Palestina es de diciembre de 2018 y fue del 0,3%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Estado de Palestina o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes.

El PIB per cápita es un muy buen índicador del nivel de vida y en el caso de Estado de Palestina, en 2023, fue de 3.013 € euros, por lo que se encuentra con esta cifra está en la parte final de la tabla, en el puesto 136. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita.

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