Vox critica la ley de ‘lobbies’ por excluir a partidos y sindicatos, acusando al Gobierno de proteger a sus aliados y fomentar un control selectivo
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El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España). // Eduardo Parra – Europa Press
El Pleno del Congreso discutirá el próximo martes la enmienda de totalidad presentada por Vox contra el proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés. La formación de Santiago Abascal busca que la norma no sea tramitada, aunque la previsión es que su propuesta sea rechazada y la ley siga su curso parlamentario.
Vox ha cuestionado duramente la iniciativa del Ejecutivo, asegurando que “no establece una regulación equilibrada y objetiva” y que, en su lugar, introduce un control administrativo que podría utilizarse para “fiscalizar entidades privadas y sectores no alineados con la acción gubernamental”.
La principal crítica de la formación es que la norma excluye de la categoría de grupos de interés a los partidos políticos, los sindicatos y las patronales, algo que consideran una maniobra del Gobierno para “proteger a sus aliados estratégicos”.
Según Vox, estas entidades han logrado consolidar su posición como los principales grupos de presión en España gracias a los fondos públicos que reciben anualmente, ya que no serían capaces de sostenerse solo con las cuotas de sus afiliados. En este sentido, denuncian que mientras se impone una regulación estricta a entidades privadas, los partidos políticos podrán seguir ejerciendo su influencia sin restricciones ni exigencias de transparencia.
Falta de transparencia en los contactos del Gobierno
En su enmienda, Vox también acusa al Ejecutivo de actuar con falta de transparencia en sus propias relaciones con los grandes grupos de poder. En este sentido, Abascal exige que se hagan públicos los encuentros del presidente Pedro Sánchez con directivos de empresas del Ibex 35, en especial aquellos en los que, supuestamente, habría pedido que recibieran a su esposa, Begoña Gómez.
Para Vox, “el Gobierno pretende centrar la vigilancia en grupos de menor tamaño, garantizando que solo quienes cuenten con el beneplácito del poder puedan seguir operando con normalidad”.
Posible “censura institucionalizada” en el control de los ‘lobbies’
Otra de las críticas planteadas es la gestión del Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado (AGE), que estará bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. Vox sostiene que esta base de datos podría convertirse en una herramienta de control selectivo y censura institucionalizada, permitiendo que el Ejecutivo supervise solo a ciertos actores mientras protege a otros.
Asimismo, la formación rechaza la prohibición de que altos cargos de la Administración trabajen en ‘lobbies’ relacionados con su labor durante dos años tras dejar el puesto, al considerarla “insuficiente” y fácilmente evitable.
Desde Vox consideran que, tal y como está planteada, la normativa no busca garantizar la transparencia, sino “someter a control únicamente a aquellos grupos de interés que no gozan del favor del Gobierno”, lo que a su juicio perpetúa una estructura de influencia política encubierta.
Pese a las críticas del partido de Abascal, la mayoría parlamentaria no respalda su enmienda, por lo que todo apunta a que la ley continuará su tramitación.
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