Iberdrola, Endesa y Naturgy han defendido públicamente la necesidad de mantener más tiempo en funcionamiento todo el parque nuclear para garantizar la seguridad de suministro eléctrico
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Imagen: Vista aérea de la Central Nuclear de Almaraz. / El Periódico
En pleno proceso de transición energética, España continúa dependiendo de la energía nuclear. A día de hoy, mantiene en funcionamiento siete reactores nucleares distribuidos en cinco centrales, que generan en conjunto aproximadamente el 20% de la electricidad consumida en territorio nacional. Pero esta energía tiene sus días contados en España. En el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y del acuerdo alcanzado en 2019 entre el Gobierno y las principales eléctricas, se estableció un calendario de cierre escalonado que contempla la desconexión definitiva de todas las centrales antes de 2035. Sin embargo, ese calendario hay que tirarlo a la basura.
Hace aproximadamente un año, a la intensa presión del sector pronuclear se le unió un cambio en el discurso público de las eléctricas, empezando por Iberdrola, que comenzaron a abogar por tocar ese calendario. Aunque sostenían que, para seguir operando, se debía modificar lo que llaman fiscalidad, que incluye la tasa que pagan por sus residuos.
Entre los impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, las energéticas propietarias de las centrales nucleares se quejan de que pagan más de 28 euros por megavatio hora. En total, más de 1.500 millones cada año que, según denuncian, hacen imposible la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales.
El Ministerio para la Transición Ecológica deja claro que la gestión de esos desechos deben sufragarla las empresas. Desde el departamento, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se advierte de que “actuará de manera responsable guiándose siempre por el principio rector de ‘quien contamina paga’”.
El Ministerio tampoco ha recibido ninguna concreción de las propuestas de las eléctricas. Estas siguen sin detallar qué quieren hacer con las nucleares, durante cuánto tiempo pretenden que operen y en qué condiciones. La primera en cerrar será la de Almaraz. Su primer reactor tiene en estos momentos permiso para funcionar hasta noviembre de 2027, el segundo, hasta un año después. Pero en octubre de este 2025, las propietarias de esta central —en este caso compartida por Iberdrola, Endesa y Naturgy— deberían presentar ya ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) su plan de cese si es que no piden una prórroga.
El principal órgano del CSN se tiene que renovar ahora
El Gobierno ha blindado este jueves su control sobre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es un actor clave en el análisis de las hipotéticas prórrogas de las centrales y el desmantelamiento de las plantas. El principal órgano de gobierno del CSN se tiene que renovar ahora. Tiene cinco miembros, y para cuatro expiraba su mandato: el del presidente y otros tres consejeros.
Tradicionalmente, estos nombramientos han sido negociados entre el PP y el PSOE pero, esta vez, el Gobierno ha presentado su propuesta directamente sin negociar con la oposición. La propuesta del Gobierno incluye la renovación del presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, y dos consejeros —Francisco Castejón y Pilar Lucio Carrasco―; además de la incorporación de una nueva consejera: Silvia Calzón, ex secretaria de Estado de Sanidad en la etapa de Salvador Illa. El quinto miembro del consejo seguirá siendo Javier Dies, nombrado en su día a propuesta del PP y que continuará en el cargo hasta 2028.
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