Categoría: ESPAÑA

Republicanos acusan a exfuncionarios de Biden de mentir al Congreso, encubrir su salud y usar el autopen para firmar decisiones clave. Exigen respuestas
The post Republicanos acusan a Biden y exfuncionarios de encubrimiento first appeared on Hércules.  La administración Biden se enfrenta a una creciente presión legal y política, mientras los republicanos del Congreso intensifican las investigaciones sobre presuntas mentiras ante el Congreso, encubrimientos relacionados con la salud del presidente y el uso del autopen para firmar decisiones oficiales en su nombre.

Las críticas apuntan tanto al expresidente Joe Biden como a varios exfuncionarios de alto nivel, acusados de ocultar información clave, retrasar respuestas legales y mentir sobre el estado físico y mental del mandatario.

FBI bajo la lupa por perseguir a católicos tradicionalistas

El senador Chuck Grassley (R-IA) reveló nuevos documentos que contradicen el testimonio del exdirector del FBI, Christopher Wray. Wray aseguró que un memorándum que vinculaba a católicos tradicionalistas con extremismo violento fue un “producto aislado” de una sola oficina. Pero los nuevos datos muestran lo contrario.

Según Grassley, al menos 13 oficinas de campo participaron en el desarrollo o distribución del documento, que fue compartido internamente con más de 1.000 empleados del FBI. Esto, argumenta, demuestra un alcance mucho más amplio de lo que Wray admitió ante el Congreso.

“Su testimonio fue engañoso y parece parte de un patrón de ocultamiento intencional”, escribió Grassley en una carta al FBI.

Mayorkas acusado de perjurio por su versión sobre la frontera

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también está en el centro de la polémica. Afirmó ante el Congreso que todos los migrantes con vínculos terroristas eran detenidos y expulsados del país. Sin embargo, informes posteriores revelaron que el FBI perdió el rastro de al menos 12 extranjeros vinculados a un contrabandista ligado al ISIS.

Esto llevó a que los republicanos intentaran someterlo a un juicio político por dos cargos: incumplimiento deliberado de la ley migratoria y mentir al Congreso. Aunque los cargos fueron aprobados en la Cámara, el Senado ,controlado por los demócratas, bloqueó el proceso.

Garland desobedeció citaciones, pero evitó sanción

El fiscal general Merrick Garland también fue blanco de una resolución de desacato al Congreso. Se le acusó de no entregar grabaciones solicitadas por los comités de Supervisión y Judicial, incluyendo el audio de la entrevista del fiscal especial Robert Hur con Biden sobre documentos clasificados.

Aunque los republicanos impulsaron la resolución, no lograron los votos suficientes para imponer sanciones.

El uso del autopen reabre dudas sobre el control presidencial

Una de las preguntas más inquietantes para los críticos es quién tomaba realmente las decisiones en la Casa Blanca. En los últimos días del mandato de Biden, varios documentos, incluidos indultos presidenciales, fueron firmados mediante autopen, una herramienta que reproduce la firma del presidente.

Con los crecientes rumores sobre el deterioro cognitivo de Biden, algunos congresistas, como James Comer, exigen respuestas. Comer anunció una investigación para saber si otras personas en la Casa Blanca usaron el autopen sin el conocimiento o consentimiento de Biden.

“¿Sabía el presidente qué se estaba firmando en su nombre?”, preguntó Comer públicamente.

Incluso el expresidente Donald Trump ordenó una investigación legal para determinar si hubo una conspiración para ocultar el verdadero estado de salud mental de Biden y ejercer sus poderes inconstitucionalmente.

Biden responde: “Yo tomaba las decisiones”

Ante el revuelo, Biden defendió su presidencia:

“Yo tomaba las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa.”

Un tema que no desaparece

Con estas revelaciones, el debate sobre la transparencia, la salud mental y el abuso del poder presidencial se convierte en un tema central en Washington. Aunque hasta ahora no ha habido consecuencias legales directas, los republicanos prometen seguir presionando.

Las investigaciones continúan, y cada nuevo testimonio o documento filtrado alimenta una pregunta que sigue sin respuesta clara:

¿Quién realmente estaba al mando en la Casa Blanca?

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Elon Musk rompe con Trump, critica su ley fiscal, lo vincula a Epstein y amenaza con desmantelar la nave Dragon. La tensión sacude la política y la NASA
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La relación entre Elon Musk y Donald Trump, otrora sólida y estratégica, se ha fracturado públicamente en una serie de enfrentamientos que combinan acusaciones, amenazas y tensiones políticas. Lo que comenzó como una crítica al proyecto de ley fiscal de Trump ha escalado a un conflicto que involucra la política espacial de EE. UU., acusaciones sobre Jeffrey Epstein y la posibilidad de una nueva formación política.

Críticas al proyecto de ley fiscal

El desencadenante fue la oposición de Musk al “One Big Beautiful Bill Act”, la ambiciosa reforma fiscal de Trump. El CEO de Tesla y SpaceX calificó la legislación de “abominación repugnante”, argumentando que aumentaría el déficit nacional en 2,4 billones de dólares en una década . Trump, por su parte, desestimó las críticas, afirmando que Musk “se volvió loco” y que el proyecto de ley es un logro legislativo .

Amenazas a contratos gubernamentales y respuesta de Musk

En respuesta a las críticas, Trump insinuó la posibilidad de cancelar los contratos gubernamentales con las empresas de Musk, incluyendo los 22 mil millones de dólares en acuerdos con SpaceX . Musk reaccionó amenazando con desmantelar la nave espacial Dragon, utilizada por la NASA para misiones a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, horas después, retractó su amenaza tras la intervención de usuarios en su red social X .

Acusaciones sobre los archivos de Epstein

La disputa se intensificó cuando Musk sugirió que Trump está mencionado en los archivos no revelados de Jeffrey Epstein, insinuando que esta sería la razón por la cual dichos documentos no se han hecho públicos . Estas acusaciones llevaron a legisladores demócratas a solicitar aclaraciones al Departamento de Justicia sobre la posible implicación de Trump en los archivos de Epstein.

Propuesta de un nuevo partido político

En medio del conflicto, Musk propuso la creación de un nuevo partido político que represente al “80% en el medio”, argumentando que la mayoría de los estadounidenses no se sienten representados por los partidos actuales. Una encuesta en su plataforma X mostró un apoyo mayoritario a esta idea, con más del 80% de los participantes a favor.

Impacto en los mercados y la política

La disputa ha tenido repercusiones en los mercados financieros, con una caída del 14% en las acciones de Tesla en un solo día, aunque luego se recuperaron parcialmente . Políticamente, la ruptura entre Musk y Trump podría afectar las perspectivas electorales del Partido Republicano, especialmente si Musk decide apoyar a un candidato alternativo o formar una nueva agrupación política.

La confrontación entre Musk y Trump marca un punto de inflexión en la política estadounidense, evidenciando cómo las alianzas pueden transformarse rápidamente en enemistades con profundas implicaciones para el gobierno, la economía y la sociedad.

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TRT ocultó su alineación con Erdogan en un informe FARA. La omisión podría acarrear penas para su director en EE. UU., incluido tiempo en prisión
The post Director de TRT en EE. UU. en riesgo legal por informe posiblemente fraudulento first appeared on Hércules.  La emisora estatal de Turquía, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), enfrenta un posible escándalo legal en Estados Unidos por presentar supuestamente información falsa en su más reciente declaración ante el Departamento de Justicia, en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). La presentación, fechada el 21 de mayo y firmada por su actual jefe en Washington D.C., Enes Adli, podría acarrear sanciones penales severas, incluida la prisión.

En su documento de reporte periódico obligatorio, TRT negó haber realizado actividades políticas en nombre de un gobierno extranjero, afirmación que contrasta fuertemente con la orientación editorial y operativa de la emisora. Desde su designación formal como medio de propaganda extranjera en 2019, TRT está obligado a reportar cualquier actividad de lobby o influencia política dirigida al público o instituciones de EE. UU. bajo la ley FARA. Según el artículo 1(o) de esta normativa, la “actividad política” abarca acciones para influir en la política interna o exterior de EE. UU., o en intereses públicos de gobiernos extranjeros.

La línea editorial de TRT se alinea con los intereses geopolíticos del partido gobernante turco, el AKP de Recep Tayyip Erdogan, promoviendo una agenda que simpatiza abiertamente con actores como la Hermandad Musulmana y Hamas, este último designado como grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. En este contexto, la afirmación de neutralidad política por parte de TRT resulta inverosímil, según observadores legales.

El canal, a través de su señal internacional en inglés TRT World, ha proyectado globalmente los discursos del gobierno turco, particularmente la narrativa de Erdogan en torno al conflicto con Israel, a menudo presentando a Hamas como un movimiento de resistencia, en lugar de un grupo terrorista. Esta postura se ha mantenido incluso tras los ataques del 7 de octubre, y forma parte de una estrategia más amplia de Ankara para deslegitimar a Israel y posicionarse como líder del islam político global.

Los contenidos de TRT evitan sistemáticamente calificar como terrorismo las acciones de Hamas, optando por describirlas como “enfrentamientos” o “respuestas a agresiones israelíes”. Además, sus espacios de análisis incluyen con frecuencia a comentaristas que respaldan las posiciones del gobierno turco y justifican sus vínculos con organizaciones extremistas, lo cual contrasta con el requisito legal de FARA de declarar tales actividades como influencia política extranjera.

Por su parte, otras emisoras estatales registradas bajo FARA, como la cadena china CGTN, sí reconocen abiertamente su papel como emisoras con motivaciones políticas alineadas con sus gobiernos respectivos. El intento de TRT de ocultar esa naturaleza es particularmente grave desde el punto de vista legal. No es la primera vez que la emisora intenta minimizar su dependencia del gobierno turco: en 2019, se resistió abiertamente al registro bajo FARA, argumentando independencia editorial, hasta que el Departamento de Justicia la obligó a hacerlo.

Una revisión detallada de sus informes desde entonces muestra patrones consistentes de opacidad, omisiones deliberadas y datos engañosos. De comprobarse falsedad en la documentación, la ley federal estadounidense contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares por cada infracción cometida por individuos responsables. Las organizaciones podrían enfrentar sanciones aún mayores.

El foco de responsabilidad apunta directamente a Enes Adli, quien, según su perfil en LinkedIn, ocupa el cargo de director de TRT en Washington desde noviembre de 2023. No obstante, la última presentación de FARA indica que asumió funciones el 1 de octubre de 2024, una discrepancia cronológica que podría apuntar a manipulación de datos o intento de evasión legal.

Adli, con antecedentes profesionales en áreas financieras y de contratos dentro de TRT, ahora supervisa la estrategia de contenido y las operaciones logísticas de la emisora en suelo estadounidense. Según los reportes, su compensación asciende a 135.000 dólares anuales, más beneficios, una suma significativamente superior al promedio de los periodistas en Washington D.C., que suele oscilar entre 60.000 y 90.000 dólares.

Los documentos de FARA también muestran que, en los últimos seis meses, la sede central de TRT en Ankara transfirió 548.000 dólares para mantener las operaciones en la capital estadounidense. En total, más de un millón de dólares al año son destinados a las actividades de la red en EE. UU., financiadas en su mayoría por los contribuyentes turcos.

Uno de los rubros más polémicos en el informe es el pago de 50.000 dólares al bufete Saltzman & Evinch, conocido por representar los intereses legales del gobierno turco en Estados Unidos. Esta firma mantiene un contrato permanente de 1,5 millones de dólares con la embajada turca y ha sido señalada en el pasado por el Wall Street Journal como herramienta de recopilación de inteligencia sobre opositores de Erdogan residentes en EE. UU.

Entre sus extrabajadores figura Rumeysa Kalın Karabulut, hija del actual jefe del servicio de inteligencia turco, İbrahim Kalın. Karabulut, quien fue asistente legal en el bufete, trabaja desde 2019 en TRT, lo que refuerza la percepción de que la emisora está profundamente integrada en el aparato de poder político de Ankara.

En términos de financiamiento, TRT opera bajo una estructura económica dominada por fondos públicos. En 2023, reportó ingresos totales de 21.140 millones de liras turcas, de los cuales 86,3% provinieron de impuestos especiales aplicados a productos electrónicos —conocidos como “bandrol”— como televisores, radios y computadoras. El restante 13,7% provino de ingresos comerciales, marcando un aumento en la dependencia de fondos fiscales respecto a 2022.

Hasta 2015, TRT también recibía un porcentaje significativo de las facturas de electricidad domésticas, un esquema abolido en 2023, lo que obligó al gobierno a aumentar las tarifas de licencia tecnológica para compensar. Además, según el Tribunal de Cuentas de Turquía, los gastos operativos de TRT se dispararon un 90,9% en 2023, destinando casi 8.000 millones de liras a contratos subcontratados, muchos de ellos con empresas vinculadas al AKP.

La crítica generalizada sostiene que TRT ha abandonado su misión como medio público independiente, funcionando de hecho como un instrumento de propaganda oficialista. En lugar de informar con pluralidad y rigor, sus contenidos reflejan la retórica del poder ejecutivo turco y normalizan discursos que socavan los principios democráticos y el orden internacional liberal.

La aparente falsedad en su declaración ante FARA no es solo un tecnicismo legal, sino un indicio de cómo las autocracias intentan operar en democracias consolidadas sin someterse a las mismas reglas. El caso de TRT podría sentar un precedente legal crucial sobre la vigilancia del uso político de los medios estatales extranjeros en EE. UU.

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El barón castellanomanchego se saltó la censura del presidente y pidió un adelanto electoral ante la descomposición interna del partido
The post Page desafía a Sánchez en plena Conferencia de Presidentes y rompe el silencio crítico en el PSOE first appeared on Hércules.  La tensión en el PSOE alcanza niveles inéditos desde la crisis de 2016. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rompió el guion de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona y pronunció un discurso muy crítico pese a que, según fuentes socialistas, Pedro Sánchez intentó impedirlo. El líder del Ejecutivo mostró una frialdad calculada hacia Page, a quien saludó con “la misma cara de pocos amigos que le puso a Ayuso”, en palabras de un testigo presencial.

Máxima tensión interna: Page dice lo que otros callan

El entorno de García-Page asegura que el presidente del Gobierno trató de evitar su intervención, temiendo que el castellanomanchego expusiera en público el creciente descontento interno. No lo logró. Page habló, y lo hizo con dureza: “Le ha cantado las verdades del barquero”, confirman fuentes conocedoras del contenido del discurso. Criticó la falta de presupuestos, los escándalos recientes y el efecto negativo que está teniendo la política nacional sobre los territorios donde el PSOE aún gobierna.

Durante su intervención, los ministros de Sánchez reaccionaron con “miradas duras” y aspavientos, reflejo de un nerviosismo creciente que no se esconde ya ni en los encuentros oficiales. Para Page, lo ocurrido con Leire Díez ha sido el detonante de una nueva fractura interna que recuerda a la vivida en octubre de 2016, cuando un grupo de barones intentó derrocar a Sánchez en un comité federal que partió al PSOE en dos.

La espiral de tensión se ha intensificado esta semana tras el escándalo protagonizado por Leire Díez, la exmilitante socialista vinculada a una trama de presunta manipulación judicial. Su aparición pública y la reacción del partido, que pactó su baja voluntaria para evitar un proceso disciplinario formal, han sacado los colores a la dirección de Ferraz. Muchos cuadros del partido han considerado un ridículo institucional lo sucedido en el hotel Novotel de Madrid el miércoles.

Una de las voces más duras fue la de Susana Díaz, senadora y antigua rival de Sánchez. “Ni se lo merece el PSOE, ni los militantes, ni los votantes, ni los españoles. Me ha parecido bochornoso”, sentenció tras los hechos.

Los barones alzan la voz ante el desgaste electoral

En su discurso, García-Page no solo criticó el manejo del escándalo de Díez, sino que planteó abiertamente la posibilidad de un adelanto electoral. “Si para salvar a los socialistas que nos la jugamos en 2027 hay que adelantar las generales, la inmensa mayoría lo preferiría”, afirmó, apelando a un sentimiento que comparten muchos dirigentes territoriales del PSOE, preocupados por el desgaste acelerado de la marca.

El temor de los barones es claro: que el actual curso del Ejecutivo de Sánchez termine arrastrando al partido en las elecciones locales y autonómicas dentro de dos años. Page, que en 2019 y 2023 fue el único socialista en mantener una mayoría absoluta frente al auge del PP, ya ha advertido en varias ocasiones que el PSOE necesita “reconectar con la realidad” de la calle.

Lejos de buscar consensos, Pedro Sánchez ha optado por la confrontación total. La dirección socialista ha declarado el “estado de guerra”, en palabras de un miembro del núcleo duro del presidente, y apunta a la “ultraderecha” y sus “ramificaciones” en medios, justicia y Congreso como el principal enemigo. Un mensaje que busca blindar al Gobierno, pero que cada vez tiene menos eco dentro del propio partido.

El caso Leire Díez, además, no solo ha sacado a la luz contradicciones internas, sino que también ha dejado a la dirección socialista en una posición defensiva, recurriendo a salidas negociadas con militantes problemáticos para evitar una mayor exposición pública.

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El canal de Iglesias anunció una entrevista clave con la exmilitante del PSOE, pero acabó viéndola hablar en Cuatro y OkDiario
The post Leire Díez planta a Iglesias en Canal Red y deja a Podemos sin munición first appeared on Hércules.  Canal Red, la televisión impulsada por Pablo Iglesias, no logró culminar su gran exclusiva. El miércoles pasado anunció a bombo y platillo una entrevista con Leire Díez, la exmilitante del PSOE implicada en una supuesta operación de fontanería política que Podemos califica de “cloaca del Estado”. La entrevista nunca se emitió. Mientras tanto, la protagonista terminó hablando para OkDiario y Todo es mentira, dejando al canal de Iglesias con un sonoro fracaso en plena ofensiva contra el Gobierno.

El programa El Tablero, espacio matinal de Canal Red, generó expectación al anunciar que Díez iba a hablar en exclusiva para su audiencia. La presentadora aseguró que tenían la entrevista “pactada” y que se emitiría “en breve”, aunque podía salir fuera del horario habitual. La promesa nunca se cumplió. La entrevista no se difundió ni ese miércoles ni el jueves siguiente. La dirigente socialista, que acababa de entregar su carnet del PSOE tras reunirse con Santos Cerdán, terminó compareciendo en otros medios que tradicionalmente son críticos con el Gobierno.

Según el relato de Podemos y Canal Red, Díez estaba dispuesta a contar su versión sobre los audios y vídeos filtrados en los que aparece presuntamente ofreciendo información sensible de agentes de la Guardia Civil a empresarios imputados, como Víctor de Aldama, a cambio de favores judiciales. Pero el canal de Iglesias se quedó sin exclusiva, generando frustración entre sus fieles y obligándolo a improvisar una entrevista con el abogado Javier Pérez Dolset, también mencionado en las grabaciones.

Podemos eleva el tono y pide cuentas a Sánchez

La fallida emisión no frenó la estrategia de Podemos, que exige la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para aclarar la vinculación de Díez con la cúpula socialista. “Esto huele a cloaca”, dijo Ione Belarra, secretaria general de la formación, quien tachó de “esperpéntica” la puesta en escena de Díez durante su rueda de prensa. Según Belarra, es inverosímil pensar que Díez actuara por libre, y todo apunta a una operación diseñada desde el interior del PSOE para controlar o desactivar investigaciones sensibles.

La diputada acusó directamente a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska de no haber limpiado las estructuras del Estado que, según Podemos, han maniobrado contra su partido y los independentistas. Para Belarra, mantener a estos perfiles al frente del Interior y Defensa fue “una decisión peligrosa” del presidente.

Leire Díez, exdirectiva de Correos colocada a dedo por el entorno de Sánchez, según destacan desde Podemos, entregó un pendrive con información confidencial a Santos Cerdán durante su salida del partido. Aunque ella asegura que realizaba una “investigación periodística”, nunca ha publicado en ningún medio, y su actividad parece más cercana a la de una intermediaria con acceso privilegiado a datos judiciales y policiales. Víctor de Aldama la ha señalado como parte de una estructura dentro del PSOE destinada a frenar investigaciones incómodas.

El caso ha reavivado el discurso de Podemos contra el bipartidismo y sus prácticas opacas. Iglesias y su entorno denuncian que, al igual que ocurrió bajo gobiernos del PP, ahora el PSOE estaría utilizando a supuestos militantes para operar en la sombra, encubriendo o neutralizando causas judiciales. La diferencia, en este caso, es que una de las piezas clave ha roto filas y se ha expuesto públicamente, aunque aún sin explicar con claridad a quién respondía realmente.

Podemos ha presentado junto a ERC una solicitud formal para que Sánchez comparezca. Sin embargo, Sumar evita por ahora exigir explicaciones, aunque fuentes internas reconocen el desgaste. Yolanda Díaz cree que el PSOE debería haber actuado con más contundencia tras el estallido del escándalo. En privado, se sugiere al presidente apartar a Santos Cerdán para cortar la hemorragia política.

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La cumbre autonómica acaba sin acuerdos y marcada por la tensión entre el Gobierno y los presidentes del PP, que reclaman elecciones anticipadas
The post Bronca, ruptura y reproches en la Conferencia de Presidentes first appeared on Hércules.  Barcelona fue escenario este viernes de una Conferencia de Presidentes que terminó convertida en un campo de batalla política, sin acuerdos sustanciales y con un Pedro Sánchez decidido a agotar la legislatura hasta 2027 pese al creciente desgaste de su Ejecutivo. El clima de confrontación se tradujo en escenas de máxima tensión entre líderes autonómicos, con un choque directo entre Isabel Díaz Ayuso y la ministra Mónica García, y con los presidentes populares exigiendo al jefe del Ejecutivo que convoque elecciones generales.

El catalán, detonante de un enfrentamiento anunciado

La cita arrancó con una calma tensa que se rompió en cuanto comenzaron las intervenciones. El uso del catalán y del euskera, permitido por primera vez en este foro, encendió los ánimos. Salvador Illa abrió el fuego al pronunciar la mitad de su intervención en catalán, defendiendo que “el catalán es una lengua de todos” y equiparándolo con la esencia de España. La presidenta madrileña, fiel a su advertencia, abandonó la sala cuando el lehendakari Imanol Pradales tomó la palabra en euskera, aunque regresó después del discurso de Illa.

El gesto fue interpretado como un desplante y desató una estampida mediática. El protocolo tuvo que intervenir horas antes para separar físicamente a Ayuso y Mónica García, después de que esta última se negara a saludarla por las acusaciones de “asesina” proferidas en la Asamblea madrileña.

La oposición planta cara y exige elecciones

Más allá de la disputa lingüística, el clima se volvió aún más denso cuando Juanma Moreno, presidente de Andalucía, reclamó abiertamente a Sánchez que convoque elecciones generales. “Ante las turbulencias, hay que permitir que los españoles decidan”, argumentó. A esta exigencia se sumaron Alfonso Rueda (Galicia) y María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), en una clara muestra de que el descontento con el Gobierno ya no es solo territorial, sino estructural.

Lejos de ceder, Sánchez respondió con firmeza: “Las elecciones serán en 2027, cuando tocan”. En su intervención, intentó reconducir el debate a sus propuestas estrella, como los 7.000 millones en inversión en vivienda y 175 millones para la educación infantil gratuita, sin lograr sofocar la creciente rebelión de las autonomías.

Uno de los puntos más conflictivos fue, una vez más, la financiación autonómica. Illa, alineado con Moncloa, defendió una “prosperidad compartida” —eufemismo habitual del PSOE para aludir a un posible cupo catalán— y reivindicó una “financiación singular” para Cataluña, instando a las demás comunidades a alejarse del “ruido” y los “estereotipos”.

García-Page, el verso suelto del PSOE, se desmarcó del relato oficial, criticando los “regímenes especiales” y defendiendo que el nuevo modelo de financiación se pacte entre todas las comunidades. Por su parte, líderes populares como Carlos Mazón o María Guardiola aprovecharon para denunciar el olvido de sus regiones en cuestiones como la reconstrucción tras la DANA o el control migratorio.

La reunión terminó sin ningún pacto concreto y con la sensación generalizada de que el encuentro había sido otro escaparate del enfrentamiento político que paraliza España. La única propuesta amable fue la del socialista Adrián Barbón, que sugirió que el próximo cónclave autonómico se celebre en Asturias, sin que nadie llegara a respaldar siquiera esa idea de forma clara.

“O dejamos la crispación en el perchero o este encuentro servirá para muy poco”, había dicho Sánchez al inicio de la jornada. Pero el perchero quedó vacío, como también la agenda de resultados concretos de una conferencia más simbólica que resolutiva.

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