Categoría: ESPAÑA

La concentración de este domingo se trata de la sexta protesta que convoca el PP desde que Feijóo llegó a la Presidencia del PP
The post El PP llama a manifestarse contra el Gobierno de Sánchez este 8 de junio con el lema “Mafia o democracia” first appeared on Hércules.  El Partido Popular ha convocado en Madrid una concentración este domingo 8 de junio, con motivo de los últimos escándalos de corrupción del PSOE y que rodean al círculo más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acto tendrá lugar en la Plaza de España desde las 11 de la mañana bajo el lema “Mafia o democracia”.

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado esta concentración tras conocerse los audios de la fontanera del PSOE, Leire Díez, en los que esta última estaría buscando desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por sus investigaciones a la esposa y hermano de Pedro Sánchez.

Por otro lado, Feijóo ha retado a los socios del Gobierno a activar una moción de censura contra Pedro Sánchez y les ha advertido de que, si no actúan, lo que está ocurriendo les “arrastrará” y los españoles les harán “cómplices”. “El PSOE, el Gobierno y la familia más directa del presidente están rodeados de corrupción, ante de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas. Su familia cercana, su actual número dos, su anterior número dos, su fiscal del Estado”, ha zanjado el popular.

A raíz de la convocatoria, el PP ha desplegado una ofensiva en redes sociales, con ‘barones’ y cargos de la formación animando a secundar esta protesta contra Pedro Sánchez que, según explican, es “contra la corrupción socialista” y “contra la inmoralidad”.

Se trata de la sexta protesta que convoca el PP desde que Feijóo llegó a la Presidencia del PP. Esas movilizaciones sí que han contado con el respaldo de Vox, si bien se han desmarcado de la convocada este 8 de junio y no mandarán a ningún representante.

Sexta protesta del Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez

En relación a esta convocatoria los populares han destacado que esta es una “manifestación sin siglas” en la que todos los que estén en desacuerdo con el Gobierno de Sánchez, sin importar el color político, pueden acudir. 

La Plataforma por la España Constitucional, la cual está conformada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil, ha confirmado su apoyo a la manifestación organizada por el Partido Popular a nivel nacional, y como ha confirmado a El Debate Inma Castilla de Cortázar, vicepresidente del Foro Libertad y Alternativa (L&A); entidad que preside Alejo Vidal-Quadras y una de las impulsoras de la plataforma. No obstante, asociaciones como Revuelta, Denaes y Unión de Brigadas han relatado a El Debate que se desmarcan de la protesta.

Una de las plataformas conformadas por la Plataforma por la España Constitucional, Foro España Cívica, publicó un comunicado el pasado domingo en el que expresó; “nuestra plataforma de la sociedad civil apoyará y acudirá a cualquier llamamiento en defensa del orden constitucional, la unidad de España, nuestras instituciones y el Estado de derecho, sean quienes fueren los convocantes siempre que responsan al espíritu democrático, la convivencia y el progreso en libertad”, recoge El Debate.

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Al menos un 47% de los docentes asegura que se encuentran con niños con problemas emocionales todas las semanas
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^{Imagen: un niño con un móvil I Ideal}

Un 68% del profesorado en España considera que las redes sociales afectan negativamente a la salud mental de sus estudiantes, según revela un reciente informe de Metroscopia. El estudio, que analiza el creciente desafío emocional en las aulas, señala además que tres de cada cuatro docentes reconocen no disponer de las herramientas necesarias para gestionar adecuadamente estas situaciones.

Factores que preocupan al profesorado

El informe destaca que casi la mitad de los profesores atribuye los problemas emocionales de sus alumnos al uso excesivo de dispositivos electrónicos y a la disfunción familiar. Otros factores señalados incluyen las relaciones con los compañeros (37%), la soledad (24%), el consumo de drogas (23%), la presión académica (22%) y la falta de recursos económicos (12%).

La preocupación no es infundada: un 47% del profesorado asegura encontrarse semanalmente con casos de alumnos que presentan posibles problemas emocionales, según Europa Press. Sin embargo, solo la mitad de los centros educativos cuenta con protocolos específicos para abordar estas situaciones, y muchos docentes consideran que su aplicación es insuficiente o demasiado lenta.

Demanda de formación y nuevos recursos

Ante este panorama, el 90% del profesorado expresa su deseo de recibir formación específica en salud mental. Como respuesta, la compañía Viatris ha presentado una nueva Guía de Salud Mental de autoayuda dirigida a docentes, con el objetivo de dotarles de herramientas prácticas para afrontar los desafíos emocionales que se han intensificado, especialmente desde la pandemia de Covid-19.

La guía, elaborada por expertos en salud mental, ofrece pautas claras para identificar señales de alarma temprana relacionadas con ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria o alteraciones del sueño. Además, incluye estrategias para mejorar la gestión emocional desde la empatía, fomentar la colaboración con las familias y cuidar el bienestar de los propios docentes.

 “La salud mental también se educa”

Durante la presentación de la guía, la psicóloga y neuropsicoterapeuta Diana Jiménez subrayó la importancia de que el aula no se desligue del mundo emocional del alumno: “Cuando no entendemos lo que les pasa, dejamos solos a quienes más necesitan ser acompañados”. Por su parte, la psiquiatra infantil Nuria Tur recalcó que el aula es hoy el “primer lugar” donde se manifiestan los síntomas de malestar, y que los profesores deben saber actuar sin asumir un rol clínico.

La psiquiatra Rosa Molina valoró la guía como una iniciativa “necesaria”, que acerca el conocimiento clínico al lenguaje educativo y práctico. Diana al Azem, docente y autora de la guía, insistió en que los profesores conviven “a diario” con el impacto emocional de los alumnos, pero muchas veces carecen de recursos para acompañarles adecuadamente.

La guía ya está disponible para los centros educativos y se espera que contribuya a mejorar la detección y el acompañamiento de los problemas emocionales en las aulas, un reto cada vez más presente en la educación española.

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Fernández ficha 15 directivos afines en Renfe pese a pérdidas millonarias. La plantilla denuncia politización, despilfarro y abandono del ferrocarril
The post Renfe se hincha de directivos pese a sus pérdidas récord first appeared on Hércules.  Desde su llegada a la presidencia de Renfe hace apenas cinco meses, Álvaro Fernández ha protagonizado una expansión sin precedentes del aparato directivo de la empresa pública. Hasta 15 nuevos altos cargos se han incorporado al organigrama, en su mayoría en puestos de nueva creación y con perfiles vinculados estrechamente a su trayectoria profesional en el ámbito del autobús.

Según informa The Objective, esta ampliación ha generado profunda inquietud entre los trabajadores y representantes laborales, no solo por el coste económico ,estimado en 1,5 millones de euros anuales, con sueldos medios de 100.000 euros, sino también por su simbolismo en un momento crítico para la compañía.

Y es que la reestructuración directiva coincide con un arranque de año desastroso: Renfe ha registrado unas pérdidas operativas de 100 millones de euros en el primer trimestre, un dato que ha encendido todas las alarmas internas. A esto se suma el incremento de incidencias técnicas, retrasos y cancelaciones, especialmente en los servicios de alta velocidad, que han dañado severamente la imagen de un operador antes ejemplar.

Entre los nuevos fichajes destacan nombres como Marta Serrano, exsecretaria general de Transporte Terrestre, ahora en Renfe Viajeros; Paola Fernández, procedente del grupo Interbus; José Alfonso Gálves, de Auvasa; Josep Enric García Alemany, exdirector de EMT Valencia; y Carmen Fernández, con trayectoria en Avanza. Todos ellos, afirman desde la plantilla, son figuras afines a Fernández y al entorno de Óscar Puente, ministro de Transportes, lo que ha generado una creciente percepción de politización en la empresa pública.

Para el sindicato SFF-CGT, la preocupación va más allá del coste. Denuncian que el refuerzo se ha centrado en perfiles ajenos al ámbito ferroviario y provenientes del transporte por carretera, lo que consideran un giro técnico preocupante en plena liberalización del sector y en batalla abierta contra Ouigo e Iryo.

“Dentro del grupo Renfe hay talento sobrado para dirigir sin necesidad de importar altos cargos del mundo del autobús”, apuntan desde el sindicato, que critica el desembolso en plena crisis operativa. A su juicio, la llegada de Fernández se vendió como una apuesta por lo público, pero en la práctica ha derivado en un rumbo errático, despegado de la esencia ferroviaria.

Las críticas internas apuntan además a la parálisis de asuntos clave que Fernández no ha abordado desde su nombramiento. Entre ellos: el avance de la privatización del transporte de mercancías; la incertidumbre sobre la Sociedad de Ingeniería y Mantenimiento; las transferencias del servicio de Cercanías a comunidades autónomas sin garantías de gestión por parte de Renfe; el abandono de la filial pública Logirail; o la falta de impulso al nuevo convenio colectivo, cuya negociación se encuentra completamente estancada.

A todo esto se suma la ausencia de una estrategia clara para prorrogar el Contrato Programa hasta 2032, pese a que la liberalización del transporte ferroviario amenaza con redefinir el mapa competitivo del sector. La falta de reacción ante este nuevo entorno preocupa especialmente entre los mandos intermedios y técnicos de Renfe.

La empresa, que durante 2024 había conseguido reducir su desequilibrio operativo de 125 millones a tan solo tres millones, ha vuelto a desplomarse con unas pérdidas históricas en apenas tres meses de 2025. El deterioro no es solo contable: la Alta Velocidad acumula cada vez más quejas, y muchos usuarios cuestionan ya la fiabilidad del servicio.

La estrategia del nuevo presidente, dicen desde dentro, parece centrarse en apostar por las redes de Cercanías, un servicio esencial pero fuertemente subvencionado y sin rentabilidad directa. Mientras tanto, la Alta Velocidad —donde sí existen márgenes comerciales— queda marginada justo en el momento de máxima competencia.

Las rutas más disputadas, hasta una treintena, son hoy terreno de batalla con operadores como Ouigo e Iryo, que ganan cuota mientras Renfe pierde competitividad y capacidad de respuesta.

Desde la plantilla se insiste en que la situación actual no solo compromete los resultados, sino también la credibilidad del modelo ferroviario español frente a operadores privados que han sabido combinar eficiencia, precio y puntualidad. La sensación generalizada entre los empleados es de frustración y desconexión entre quienes dirigen desde los despachos y quienes conocen el día a día de una red ferroviaria compleja y exigente.

En este contexto, la cúpula directiva sigue creciendo sin freno. El desembarco masivo de altos cargos ajenos al tren se interpreta como una sustitución encubierta de los históricos perfiles técnicos, los mismos que habían contribuido al prestigio internacional de Renfe.

Más allá de las cifras, lo que está en juego, advierten desde dentro, es el futuro del operador público, en un entorno liberalizado donde cada error se paga en usuarios, en ingresos y en confianza.

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El TS ha advertido de que tomará medidas contra el Ejecutivo si no gestiona la crisis migratoria que sufre Canarias
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^{Imagen: una colaboradora de Cruz Roja con un menor I EFE}

El Tribunal Supremo ha lanzado un contundente ultimátum al Gobierno central por el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas para la acogida de más de un millar de menores extranjeros no acompañados que permanecen en Canarias a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo. El alto tribunal advierte que, de persistir la inacción, impondrá sanciones económicas y no descarta derivar responsabilidades penales a los funcionarios implicados.

Un mandato incumplido desde marzo

En marzo, a instancias del Gobierno autonómico canario, el Supremo ordenó al Ejecutivo central hacerse cargo de estos menores, dada la situación de hacinamiento y crisis humanitaria en el archipiélago, que ha recibido un flujo migratorio récord en los últimos años. Sin embargo, dos meses después, el tribunal constata un “claro incumplimiento” de la medida cautelar: no se ha evaluado a ningún menor, ni se ha elaborado una lista precisa de los solicitantes, y no se han garantizado sus derechos básicos de protección internacional.

Plazos y medidas exigidas

El Supremo ha dado al Gobierno un plazo improrrogable de 30 días para dotar de personal y recursos materiales a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de asilo, con el objetivo de que cada expediente se resuelva en un máximo de seis días desde que el menor manifieste su voluntad de solicitar protección. Además, exige que en 15 días se articule un mecanismo eficaz de colaboración con Canarias y se pongan a disposición de la comunidad los recursos necesarios para la acogida.

El tribunal también ha ordenado que se identifique a los responsables de cada ministerio implicado en la puesta en marcha de estas medidas, advirtiendo que, si no se cumplen las directrices, se aplicarán multas coercitivas que pueden oscilar entre 50.000 y 500.000 euros, así como la posibilidad de exigir responsabilidades penales.

La situación de los menores, en el centro de la polémica

Los jueces subrayan que estos menores se encuentran en una situación de “vulnerabilidad y necesidad”, y que la competencia para garantizar sus derechos recae exclusivamente en el Estado, no en la comunidad autónoma, que hasta ahora ha asumido la carga de su atención.

El Gobierno central, por su parte, ha reconocido ante el Supremo que no ha acogido a ninguno de los menores afectados, alegando falta de recursos y señalando que los centros disponibles están preparados solo para adultos. Mientras tanto, los ministerios de Interior y Migraciones se han responsabilizado mutuamente, lo que ha agravado la parálisis administrativa.

Consecuencias políticas y sociales

La advertencia del Supremo llega en un contexto de creciente presión social tras los últimos naufragios en la ruta canaria y la saturación de los recursos de acogida en las islas. La resolución judicial exige una respuesta inmediata del Ejecutivo para garantizar los derechos de los menores migrantes y evitar un conflicto institucional de mayor envergadura.

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PP y Gobierno llegan enfrentados a la Conferencia de Presidentes en Barcelona por financiación, migración y vivienda, dificultando cualquier consenso
The post Choque político en Barcelona empaña cumbre territorial first appeared on Hércules.  Pedro Sánchez y los líderes autonómicos se verán las caras este viernes en Barcelona en una nueva edición de la Conferencia de Presidentes, marcada por la tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades gobernadas por el PP. Las posturas enfrentadas en materias clave como vivienda, financiación autonómica y migración anticipan un foro sin grandes acuerdos.

Los días previos han estado salpicados por advertencias de boicot por parte de los líderes regionales populares, que amenazaron con no asistir si no se modificaba el orden del día. Finalmente, pese al malestar, todos los mandatarios autonómicos estarán presentes en la cita catalana.

El conflicto se intensificó en la reunión preparatoria, donde PP y Gobierno no lograron consensuar los temas a debatir. Las comunidades del PP enviaron una carta exigiendo que se añadieran diez nuevos puntos, y advirtieron que su ausencia sería una opción si sus demandas eran ignoradas.

Moncloa cedió parcialmente. El Ministerio de Política Territorial accedió a incluir los asuntos propuestos por los populares, elevando a dieciséis los temas de la jornada: seis ya pactados y los diez añadidos por los gobiernos de Feijóo.

Fricciones temáticas: financiación, energía y justicia

Entre las demandas del PP figuran la reforma del sistema de financiación autonómica, políticas contra la ocupación ilegal, medidas energéticas para prevenir apagones, refuerzo del control fronterizo y migración, inversión urgente en infraestructuras ferroviarias, solución al déficit de sanitarios, financiación para la educación infantil, y la retirada de leyes que modifican el Poder Judicial y la Fiscalía.

El Ejecutivo aceptó debatir todos estos temas y, además, incluyó asuntos como vivienda y formación profesional, a petición de otras comunidades. También se discutirá sobre la presión migratoria, una preocupación destacada por Canarias.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha destacado la voluntad del Gobierno por mantener la convocatoria. Aunque admitió que el tiempo limitado no permitirá abordar todos los puntos con la profundidad necesaria, señaló que muchos temas están interrelacionados.

Torres anticipó que los líderes autonómicos priorizarán aquello que afecta directamente a sus regiones, pero subrayó que Sánchez hablará también de los temas que atañen al conjunto del país. “Buscaremos consensos, aunque las diferencias sean profundas”, dijo.

Las lenguas cooficiales entran en escena

Uno de los elementos distintivos de esta conferencia es que, por primera vez, se permitirá el uso de lenguas cooficiales como el catalán, euskera y gallego, acompañadas de traducción simultánea. No está contemplado en el reglamento, pero el Gobierno ha decidido aceptarlo tras la petición de Cataluña y Euskadi.

La iniciativa no ha sido bien recibida por todos. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado usar pinganillo y advierte que podría abandonar la sala si no se le habla en castellano. Juanma Moreno calificó la medida como “absurda”, mientras que Castilla y León reprocha a Moncloa que anteponga el uso de lenguas al consenso político.

Sánchez propone un gran pacto por la vivienda

En el terreno de la vivienda, Sánchez llevará una propuesta para triplicar la inversión pública en este sector, alcanzando los 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030. También impulsará la creación de una base de datos pública con los precios reales de compra, venta y alquiler de inmuebles.

Esta idea pretende acabar con el monopolio informativo de los portales inmobiliarios y facilitar políticas más eficaces. “Solo con transparencia se podrá negociar el precio de una vivienda en condiciones justas”, asegura el Ejecutivo.

Sánchez envió una carta a los presidentes autonómicos instándoles a debatir y respaldar un nuevo Acuerdo Estatal por la Vivienda. La base del pacto incluye compromisos concretos y cuantificables, y busca reforzar el acceso a un bien que sigue generando tensión social.

Ceremonial y tiempos tasados

La jornada se desarrollará en el Palacio de Pedralbes, antiguo recinto real y hoy Bien de Interés Cultural. La llegada de los dirigentes está prevista para las 8:15 h, seguida de una foto institucional junto al Rey Felipe VI. Habrá un breve encuentro con el monarca, antes de iniciar formalmente la sesión.

A las 10:30 h comenzará la conferencia. Cada presidente autonómico dispondrá de diez minutos cronometrados para intervenir. La reunión concluirá con declaraciones individuales de los mandatarios, siguiendo el orden de aprobación de los estatutos de autonomía de sus respectivas comunidades.

Un foro tensionado, con poco margen para pactos

Esta edición de la Conferencia de Presidentes vuelve a poner en evidencia la dificultad para alcanzar consensos en un contexto de elevada polarización. Aunque se aborden temas fundamentales para la ciudadanía, el tono político anticipa que las posiciones seguirán lejos de encontrarse.

El Gobierno, por su parte, tratará de mantener la iniciativa en políticas sociales como vivienda, mientras que el PP buscará marcar distancias con un discurso de confrontación territorial y demanda de competencias.

El uso de lenguas cooficiales, más allá de su valor simbólico, se convierte en otro frente de disputa. En lugar de servir de puente entre sensibilidades regionales, amenaza con convertirse en motivo de ruptura interna.

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El presidente de EE.UU. ha lamentado la situación y ha amenazado al magnate con retirar las subvenciones a sus empresas
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump con Jeffrey Epstein I Netflix}

El enfrentamiento entre dos de las figuras más poderosas de Estados Unidos, Elon Musk y Donald Trump, alcanzó un nuevo punto álgido este jueves, cuando el magnate tecnológico acusó públicamente al presidente estadounidense de estar implicado en el escándalo de abuso y tráfico sexual de menores vinculado a Jeffrey Epstein. La acusación, lanzada a través de la red social X (antes Twitter), ha generado un terremoto político y mediático, reavivando el debate sobre la transparencia en torno a los llamados “archivos Epstein”.

“Es hora de soltar la bomba: Donald Trump está en la lista Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos los documentos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, escribió Musk en X, sugiriendo que el nombre del presidente figura en los documentos judiciales relacionados con el caso Epstein. En otro mensaje, Musk insistió: “La verdad saldrá a la luz”.

El trasfondo de la acusación

La relación social entre Trump y Epstein ha sido documentada en el pasado, con fotografías y testimonios que muestran a ambos compartiendo fiestas en la década de 1990. El propio presidente reconoció en 2002 conocer a Epstein desde hacía años, describiéndolo como “un tipo estupendo” y “muy divertido”, aunque en los últimos años ha negado cualquier vínculo con los delitos cometidos por el financiero.

Sin embargo, hasta ahora no existían pruebas públicas que vincularan directamente al expresidente con los crímenes de Epstein. Los archivos judiciales contienen nombres de víctimas, testigos y otras personas que pudieron haber tenido algún contacto con el caso, pero la sola mención en estos documentos no implica necesariamente una implicación en delitos.

Un enfrentamiento político y personal

Esta acusación llega en un contexto de creciente tensión entre ambos magnates. Musk, que hasta hace poco colaboró con el republicano y fue uno de sus principales donantes, ha criticado duramente la política fiscal del presidente y su gestión presupuestaria, llegando incluso a especular sobre la posibilidad de impulsar un nuevo partido o apoyar un proceso de destitución contra Trump.

Por su parte, Trump respondió en su red social Truth Social, desestimando las acusaciones y sugiriendo que Musk actúa por venganza tras perder beneficios fiscales para sus empresas. El presidente ha amenazado con retirar contratos federales a compañías, como Tesla y SpaceX, lo que ha provocado una caída significativa en el valor bursátil de estas firmas.

Reacciones y consecuencias

Las afirmaciones han incrementado la presión para que se desclasifiquen todos los documentos relacionados con el caso Epstein y han abierto una grieta dentro del Partido Republicano, donde algunos sectores exigen mayor transparencia mientras otros cierran filas en torno al presidente.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas concretas que vinculen a Trump con los delitos de Epstein más allá de su aparición en los círculos sociales del financiero. Sin embargo, la disputa pública entre Musk y Trump promete mantener el caso Epstein en el centro del debate político estadounidense en las próximas semanas.

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El exlíder de Al-Qaeda en Siria, Julani, toma el poder tras una larga campaña de encubrimiento occidental. Reino Unido habría sido clave en su transformación política
The post Ahmad al-Sharaa (Julani): de líder yihadista a presidente de Siria con respaldo británico first appeared on Hércules.  La llegada al poder del nuevo presidente sirio, Ahmad al-Sharaa —anteriormente conocido como Abu Mohammad al-Julani—, ha desatado una ola de controversia internacional. Su metamorfosis, de líder de Al-Qaeda en Siria a figura política aceptada por potencias occidentales, pone en evidencia una sofisticada operación de ingeniería geopolítica en la que el Reino Unido jugó un papel crucial.

Julani, exlíder del Frente Nusra y más tarde de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), fue durante años uno de los principales exponentes del extremismo islámico en la región. Hoy, transformado en presidente, se presenta como un reformista pragmático. Su ascenso no fue fortuito: informes diversos apuntan a una estrategia cuidadosamente planificada mediante redes diplomáticas, mediáticas y de inteligencia, con una activa participación británica.

Un punto clave en este giro ocurrió en febrero, cuando Julani visitó Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. A su lado, apareció Razan Saffour, activista británico-siria de 32 años con raíces en la Hermandad Musulmana. Aunque nunca había pisado Siria antes de la caída de Bashar al-Assad, hoy es una figura visible del nuevo régimen. Acompañó al ministro de Exteriores, Asaad al-Shaibani, a la Conferencia de Seguridad de Múnich, consolidando su influencia en la diplomacia post-Asad.

Saffour es hija de Walid Saffour, antiguo embajador de la oposición siria en Reino Unido, vinculado a redes islamistas. Según la investigadora Dara Conduit, su familia actuó como puente informal entre Londres y la oposición islamista siria.

Los antecedentes de esta alianza se remontan a mediados de los 2000, cuando Reino Unido y EE. UU. comenzaron a planear el derrocamiento de Assad. En 2006, opositores sirios se reunieron en Washington con Michael Doran, asesor del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, para discutir posibles escenarios de cambio de régimen. Años después, el exministro francés Roland Dumas declaró que “Reino Unido estaba preparando una invasión de Siria con ayuda de rebeldes”.

El plan incluyó entrenamiento mediático para activistas y el traslado de combatientes islamistas —incluidos británicos vinculados al LIFG— desde Irak y Libia hacia Siria, a través de Turquía. Julani, liberado por EE. UU. de la prisión iraquí de Bucca, emergió como líder del Frente Nusra. Paralelamente, Reino Unido activó canales secretos mediante la ONG Inter Mediate, dirigida por Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair, con el objetivo de “blanquear” la imagen de insurgentes mediante diálogo y respaldo logístico.

En 2015, con misiles TOW proporcionados por la CIA y combatientes suicidas, Nusra tomó el control de Idlib. La transformación del grupo en HTS estuvo acompañada de una campaña de legitimación mediática, coordinada en parte por Powell. Según medios árabes, Powell se reunió directamente con Julani para instruirlo sobre cómo mejorar su perfil ante Occidente.

En 2021, la entrevista concedida por Julani al periodista Martin Smith para PBS mostró a un exyihadista reconvertido en político. Más tarde, el diplomático Robert Ford reveló su implicación en los esfuerzos británicos para rehabilitar su figura, nuevamente con Inter Mediate como canal principal.

El punto de inflexión ocurrió en diciembre de 2024, cuando HTS lanzó su ofensiva final sobre Damasco. Poco después, Julani —rebautizado como Ahmad al-Sharaa— fue proclamado presidente de Siria. El Reino Unido reaccionó rápidamente: Jonathan Powell fue nombrado asesor de Seguridad Nacional y mantuvo reuniones con el nuevo régimen.

Una oficina de medios establecida en el palacio presidencial, supuestamente dirigida por dos mujeres con vínculos británicos, lidera la estrategia de comunicación del nuevo gobierno. Occidente ha emprendido una activa campaña de relaciones públicas para posicionar a Sharaa como un líder reformista y moderno. La revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes, a propuesta del propio Robert Ford. Estados Unidos incluso retiró la recompensa de 10 millones de dólares que ofrecía por su captura.

Sin embargo, el contraste con la realidad sobre el terreno es brutal. Aunque el discurso oficial del nuevo gobierno promete proteger a las minorías, las fuerzas de seguridad controladas por HTS han perpetrado masacres contra comunidades alauitas, con más de 1.700 civiles asesinados en la costa siria en solo cuatro días.

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Un estudio cifra en 70.000 millones de euros anuales el impacto económico de la sobrerregulación en España, que cae en los rankings internacionales
The post La maraña normativa le cuesta 4.400 euros a cada hogar español first appeared on Hércules.  La economía española sufre un grave problema estructural que lastra su crecimiento: el exceso de regulación. A medida que se acumulan leyes, normas y disposiciones, la actividad económica se vuelve más compleja, cara y lenta. Así lo demuestra el último análisis del Instituto Juan de Mariana (IJM), que cifra en más de 70.000 millones de euros anuales el coste directo de esta “diarrea legislativa”, como la ha calificado el profesor de Economía de la URJC Fernando Pinto.

El impacto para los ciudadanos es difícil de ignorar: más de 4.400 euros por hogar, o 1.470 euros por persona, es el coste medio estimado de esta sobrerregulación. Y eso sin contar los efectos invisibles, como la incapacidad de muchas pequeñas empresas para crecer o competir en igualdad de condiciones frente a otras economías con marcos más ágiles y eficientes.

España, a la cola en libertad regulatoria

En los rankings internacionales de complejidad normativa, España se desploma a la antepenúltima posición entre las 63 economías analizadas. Ha pasado de ocupar el puesto 50 al 61, con una caída del 50% en su puntuación, que se ha desplomado de 26 a apenas 13 puntos. Esta caída refleja el creciente deterioro del entorno normativo en nuestro país, que ahuyenta inversiones y frena la productividad.

El exceso de regulación, particularmente la que emana de las comunidades autónomas, es uno de los principales factores de este declive. El IJM ha aplicado una versión de la Curva de Laffer a la carga regulatoria, relacionando el número de normas autonómicas con el crecimiento del PIB real per cápita. El resultado es claro: a mayor densidad normativa, menor crecimiento económico.

Uno de los sectores más afectados es el comercio minorista, donde España aplica hasta 390 normas distintas solo sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras en este ámbito. La consecuencia es una pérdida de competitividad frente a economías europeas más abiertas.

El propio sector del retail y la distribución estima que una reducción del 10% en estas trabas podría generar un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros. Pero mientras tanto, emprendedores y empresarios deben navegar por una selva de reglas dispares, contradictorias y en constante cambio.

Durante su intervención en el pódcast Con Ánimo de Lucro, el investigador del IJM Diego Sánchez de la Cruz expuso varios casos de exceso regulatorio que paralizan sectores clave y complican la vida empresarial. Por su parte, Fernando Pinto subrayó la urgencia de adoptar reformas para simplificar el marco normativo, armonizar la legislación entre comunidades y eliminar trabas innecesarias.

Pinto denuncia que “la diarrea legislativa nos cuesta más de 4.400 euros por hogar”, una cifra que debería encender todas las alarmas políticas y sociales. “Es necesario un consenso nacional para reducir la carga normativa, facilitar la actividad empresarial y permitir que nuestras pymes crezcan”, concluye.

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El ministro de Transportes arremete contra el exdiputado vasco tras sus críticas al sanchismo, mientras los históricos socialistas piden respeto
The post Puente insulta a Madina y Lambán salta en su defensa: el PSOE se rompe por Leire Díez first appeared on Hércules.  La fractura interna del PSOE se ha vuelto a manifestar esta semana con un nuevo enfrentamiento público entre históricos referentes socialistas y miembros del actual Gobierno. En esta ocasión, el choque ha sido protagonizado por Óscar Puente, ministro de Transportes, y Eduardo Madina, exdiputado vasco y víctima del terrorismo de ETA. Todo a raíz de unas declaraciones de Madina en las que criticaba la gestión del escándalo Leire Díez y la deriva del actual PSOE.

Puente respondió de forma fulminante en X: “El que faltaba del cuarteto de los resentidos”, acusando a Madina de no haber defendido nunca al partido frente al “acoso diario de la derecha”. Una reacción que ha abierto una nueva grieta entre el núcleo duro del sanchismo y los sectores más críticos del socialismo tradicional, que reclaman transparencia y respeto dentro del partido.

Madina cuestiona el rumbo del partido

En una entrevista en la Cadena SER, Madina lamentó que “no había ningún Aldama en el ciclo de Zapatero” ni “ninguna Leire Díez en el ciclo de Rubalcaba”, en referencia a los protagonistas del último escándalo que sacude a Ferraz. El exdirigente denunció la tardanza del PSOE en dar explicaciones y se preguntó quién decidió que una figura como Díez ocupara cargos institucionales pese a su comportamiento polémico.

Madina criticó también que Leire Díez operara “con licencia para insultar, denigrar y hablar en nombre de la Fiscalía contra jueces, fiscales y la Guardia Civil”. Sus palabras han sido interpretadas como una denuncia directa al entorno más cercano de Pedro Sánchez, al que se le acusa de blindar a los suyos sin atender a la responsabilidad política.

La respuesta de Puente a Madina no solo ha indignado a parte de la militancia, sino que ha motivado la intervención de otro socialista histórico: Javier Lambán, expresidente de Aragón. Sin mencionar a Puente, Lambán afirmó que “Eduardo Madina es una de las mejores cabezas con que cuenta la política española” y que merece “mucho respeto” por su trayectoria y por el alto coste personal que ha pagado al servicio del PSOE.

Puente no tardó en responder. En un nuevo gesto de hostilidad, el ministro rebuscó en la cuenta de Leire Díez antiguos mensajes en los que la asesora mostraba su apoyo a Madina, los recopiló en un collage y los publicó en redes sociales como réplica a Lambán. Un gesto que muchos han interpretado como un intento de desacreditar a los críticos del sanchismo con ataques personales.

Sánchez guarda silencio y crece el malestar interno

Mientras tanto, Pedro Sánchez guarda silencio, ya por décimo día consecutivo, sobre el escándalo Leire Díez y las divisiones en el partido. Pero sus ministros no cesan en el ataque a quienes se atreven a discrepar de la línea oficial. Hace apenas unos días, María Jesús Montero respondió con ironía a Lambán por criticar el rumbo del partido, mientras que Patxi López acusó al expresidente aragonés de “estar siempre en contra del Gobierno”.

Las críticas internas no se limitan a Lambán y Madina. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, calificó de “bochorno” y “espectáculo” el caso Díez-Aldama y exigió una explicación a Ferraz. Incluso desde Sumar, socio de Gobierno, han pedido aclaraciones sobre los audios de Leire Díez ofreciendo favores a cambio de información contra la UCO.

La tensión es palpable en un PSOE cada vez más dividido entre el núcleo de fieles a Sánchez y una creciente corriente crítica que denuncia opacidad, sectarismo y pérdida de principios. Ferraz teme que la situación se descontrole y provoque un deterioro irreversible en la credibilidad del partido, tal y como algunos barones ya advierten en privado.

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