El Gobierno ofrece 7.000 millones para vivienda si las autonomías cofinancian y garantizan que las VPO no acaben en manos privadas o fondos buitre
The post Sánchez condiciona la inversión récord en vivienda a blindar las VPO como públicas first appeared on Hércules. Sánchez quiere convertir la vivienda en el eje político del verano. El presidente del Gobierno propondrá mañana en la Conferencia de Presidentes un ambicioso plan para triplicar la inversión pública en vivienda, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030. Pero no será una ayuda sin condiciones: las comunidades autónomas deberán aportar el 40% del presupuesto y comprometerse a blindar como públicas las viviendas protegidas, de forma que nunca puedan ser vendidas ni descalificadas para entrar en el mercado libre.
Un nuevo modelo: más dinero, más condiciones
Según la carta enviada por Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos, el Gobierno está dispuesto a elevar la financiación del Plan Estatal de Vivienda desde los 2.300 millones actuales hasta los 7.000 millones en el próximo quinquenio. El Ejecutivo aportaría 4.000 millones (el 60%) siempre que las comunidades asuman el resto.
El objetivo es impulsar la construcción de nuevas VPO, rehabilitar el parque existente y ofrecer ayudas al alquiler a colectivos vulnerables. Pero el plan va más allá de una inyección de fondos: también incluye la creación de un portal público con información de precios y exige a las regiones el cumplimiento de objetivos medibles, al estilo del Plan de Recuperación.
Blindaje de las VPO: condición indispensable
La principal exigencia de Moncloa es clara: las viviendas construidas con dinero público deberán conservar para siempre su calificación como protegidas. Sánchez recuerda que en las últimas décadas se levantaron más de 2,4 millones de VPO, pero “la práctica totalidad” fueron descalificadas y revendidas, muchas veces terminando en manos de fondos de inversión. “Queremos que el esfuerzo colectivo quede para siempre en manos de los ciudadanos”, subraya el presidente.
En su carta, Sánchez reprocha la falta de ambición de legislaciones pasadas: “Lo construido con recursos públicos debe seguir sirviendo al interés general”.
Pero la propuesta ha chocado con la oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con dureza: considera que el plan es una “injerencia inaceptable” y que llega “de forma improvisada y sin respaldo presupuestario”. Acusa al Gobierno de “ideologizar” la vivienda, imponer criterios uniformes y romper el principio de autonomía regional.
Ayuso defiende que en Madrid ya se aplica un blindaje indefinido a la VPO pública, pero rechaza extenderlo a la vivienda protegida de promoción privada, al considerar que “perjudicaría a familias y promotores”, porque las viviendas perderían valor a largo plazo.
Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno también ha mostrado su rechazo. Aunque admite que el acceso a la vivienda es una prioridad, cuestiona la viabilidad económica del plan: “¿De dónde sacamos los fondos si estamos infrafinanciados?”, se pregunta. Denuncia que la comunidad pierde cada año 1.500 millones de euros por el actual sistema de financiación y advierte que asumir el plan de Sánchez obligaría a recortar en sanidad, educación o servicios sociales.
Desconfianza generalizada y promesas lejanas
Otros barones del PP, como Jorge Azcón (Aragón), han calificado el plan como “insuficiente” y han reclamado al Gobierno que invierta en vivienda al menos lo mismo que en Defensa. Aun así, Azcón sí se mostró favorable al blindaje indefinido de las VPO públicas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha salido al paso de las críticas, acusando a algunas comunidades de no aplicar la ley estatal y de permitir que viviendas públicas terminen en manos privadas tras solo 15 años. “¿Quién no quiere ampliar el parque público y garantizar que permanezca como tal para siempre?”, ha preguntado.
La propuesta llega en vísperas de una Conferencia de Presidentes marcada por la tensión política. El uso de lenguas cooficiales, la financiación autonómica y el control migratorio estarán también sobre la mesa, pero la vivienda se perfila como el principal foco de enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades del PP.
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