Categoría: ESPAÑA

Las asociaciones de la Guardia Civil, han defendido la labor de la UCO como un referente en la lucha contra la corrupción
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Varios agentes de la UCO de la Guardia Civil, durante un registro en Pontevedra. Fuente: Europa Press

Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil (Unión de Oficiales, ASESGC, Jucil, AUGC, AP-Cabos, AEGC e IGC) han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por las presiones que, según denuncian, está recibiendo la Unidad Central Operativa (UCO) por parte de personas investigadas, mediadores políticos e incluso desde el propio Gobierno.

En el documento asociaciones como Jucil, instan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a condenar públicamente estas presiones y a defender la independencia de la UCO.

La polémica surge en un contexto marcado por el denominado “caso Leire”, en el que se han difundido audios donde la exconcejal socialista Leire Díez supuestamente buscaba obtener información comprometedora sobre miembros de la UCO y de la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales. Díez ha alegado que sus acciones formaban parte de una investigación periodística para un libro sobre las cloacas del Estado, negando actuar en nombre del PSOE.

El Gobierno ha desmentido la existencia de una supuesta “UCO patriótica” vinculada a operaciones políticas encubiertas, señalando que dichas prácticas quedaron asociadas a anteriores gobiernos del Partido Popular (PP). Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, abordó el caso de Leire Díez y anunció la apertura de un expediente informativo contra ella, aunque el PSOE mantiene cautela antes de tomar medidas disciplinarias.

La presión del Gobierno sobre la UCO compromete el Estado de Derecho

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, por su parte, ha defendido la labor de la UCO como un referente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido que las presiones a esta unidad podrían comprometer el Estado de Derecho, y ha lamentado que, en lugar de respaldar su trabajo, se cuestione su independencia y profesionalidad.

En anteriores ocasiones Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha manifestado en diversas ocasiones su profunda preocupación  ante la purga sistemática que el Gobierno del PSOE ha llevado a cabo en los altos mandos de la institución desde su llegada al poder en 2018, y en especial contra la Unidad Central Operativa (UCO).

Esta unidad, la UCO, ha sido históricamente el cuerpo policial que ha demostrado mayor independencia y valentía en la lucha contra la corrupción y la mala praxis de los distintos gobiernos de España. 

Jucil ha reiterado su compromiso con la UCO y su labor en la defensa de la legalidad y la transparencia. “No permitiremos que se socave la independencia de una unidad que ha sido clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en España”, declara Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil. 

En este clima de tensión, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar sumido en un “estado de putrefacción” por presuntas tramas de corrupción. Feijóo ha apelado a los socios parlamentarios del PSOE para que apoyen una moción de censura contra Sánchez y ha convocado una manifestación en Madrid el 8 de junio como señal de rechazo.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa permitiendo y formando parte del intento de hundimiento de la Guardia Civil, en específico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El principal motivo de esta persecución es que la UCO se encuentra investigando al PSOE por una presunta trama de corrupción así como al círculo más cercano de Sánchez, como es su esposa,  Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez.

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La exmilitante socialista sostiene que su actuación fue como periodista y que no representa al partido. Víctor de Aldama irrumpe en su comparecencia acusándola de mentir y la amenaza públicamente
The post Leire Díez busca desvincularse de sus labores como “fontanera” del PSOE y Aldama dinamita la rueda de prensa first appeared on Hércules.  La exmilitante del PSOE Leire Díez ha asegurado que los audios filtrados en los que se la escucha intentado hacer gestiones contra altos funcionarios públicos son parte de un libro que está realizando como periodista, que escribe como un trabajo de investigación que lleva a cabo en nombre propio, y que no trabaja para el PSOE.

“Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, ha afirmando, añadiendo que no es “ni fontanera ni cobarde”.

Así lo ha dicho en una declaración a los medios de comunicación un día después de haberse dado de baja como afiliada del PSOE, tras su reunión en Ferraz con los servicios jurídicos del partido, y tras aparecer en diversos audios tratando de intercambiar favores a cambio de información comprometida contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al menos un fiscal.

Díez, que en un acto inédito ha llegado más de 30 minutos antes a su cita con los medios y ha permanecido callada delante de los micrófonos y posando ante las cámaras hasta las 10.00 horas, cuando ha comenzado finalmente a hablar, ha reiterado que no es una “fontanera” y que tan solo era una “periodista” militante del PSOE. “Se puede ser militante y socialista”, ha sentenciado.

El presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, ha irrumpido en la comparecencia de la exmilitante socialista Leire Díez, en la que ha asegurado que no trabaja en nombre del PSOE y que no es una “fontanera”, y le ha acusado de mentir, además de amenazarla por realizar esas declaraciones a los medios de comunicación.

“Os ha mentido, es todo una pantomima (…) Se está riendo de todos los españoles”, ha exclamado Aldama justo después de que Díez terminara su declaración, en las que ha dado explicaciones un día después de darse de baja como militante del PSOE tras haber sido acusada de intercambiar favores a cambio de información comprometedora contra altos funcionarios públicos.

Aldama, que estaba sentado entre el público asistente a la comparecencia, también ha amenazado a Díez tras dar su versión de la filtración de los audios. “No sabe lo que ha hecho con venir aquí, se va a enterar ésta (Leire Díez), Santos Cerdán y el presidente del Gobierno”, ha afirmado, lanzando una advertencia también al secretario de Organización del PSOE y a Pedro Sánchez.

Nota de EuropaPress

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El Gobierno presentó el 21 de enero de 2025 una solicitud de ayuda financiera a la Comisión Europea con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE
The post El Gobierno comunica a municipios de la dana el inicio del reparto del anticipo de 100 millones de la UE first appeared on Hércules.  El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, comunicó este martes mediante carta a la Generalitat Valenciana y a los municipios afectados por la dana el procedimiento para recibir el anticipo del Fondo de Solidaridad de la UE, en caso de haber consignado gasto elegible para este mecanismo.

El adelanto aprobado por la Comisión Europea asciende a 100 millones de euros y permite comenzar a cubrir parte de los gastos elegibles relacionados con las actuaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción realizadas en las zonas afectadas, recuerda el Ejecutivo central en un comunicado.

El Gobierno presentó el 21 de enero de 2025 una solicitud de ayuda financiera a la Comisión Europea con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE por importe de 4.403 millones de euros. De esa cantidad, la mayor parte, más de 2.000 millones, correspondió a gastos de la Administración General del Estado, frente a los 1.357 millones solicitados por la Generalitat Valenciana y 1.035 millones consignados para los ayuntamientos.

En abril, la Comisión ingresó un anticipo de 100 millones de euros. Esta cantidad representa un adelanto de la ayuda total que finalmente determine la Comisión tras la evaluación completa de los daños.

El reparto del anticipo de 100 millones se calcula en función del peso de la estimación de gasto presentada por cada subsector sobre el total reflejado en la solicitud a la Comisión para el conjunto de todas las Administraciones. Es decir, en función de lo que representa el gasto consignado por la Generalitat Valenciana o cada ayuntamiento respecto al total solicitado.

En el caso de la Generalitat Valenciana, la carta enviada informa que le corresponden 30,8 millones de euros del anticipo. Un importe “acorde al peso del gasto presentado por la Generalitat sobre el total enviado a la Comisión para ser financiado por dicho mecanismo europeo”, explica el Gobierno.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda también ha remitido una carta a los municipios afectados por el desastre natural que tenían gastos consignados para este fondo. En concreto, las Entidades Locales tienen derecho a 23,5 millones de euros de adelanto.

Los ayuntamientos ya han recibido 1.745 millones en transferencias de la Administración central

Ahora se abre un periodo máximo de 10 días hábiles en el que deben responder si quieren ser receptores de este anticipo. En el caso de que algún ayuntamiento opte por no participar del anticipo, los fondos se reasignarán automáticamente a la Comunitat Valenciana para que pueda hacer frente a los gastos de emergencia, rehabilitación o reconstrucción.

En cualquier caso, prosiguen, en la carta se aclara que renunciar al anticipo no implicará en ningún caso la renuncia a la obtención final de ayuda con cargo al FSUE. Es decir, todas las Administraciones recibirán el dinero que les corresponda con independencia de que hayan o no solicitado el anticipo.

La carta recuerda que al Ministerio que los ayuntamientos ya han recibido 1.745 millones en transferencias de la Administración central para sufragar gastos derivados de la barrancada y que se encuentran en proceso de ejecución.

Asimismo, en las cartas enviadas se recuerda que aceptar el anticipo conlleva el compromiso de cumplir con lo establecido en el Reglamento del FSUE: aplicación de mecanismos de gestión y control eficaces; justificación regular y verificable de los gastos; prevención y corrección de irregularidades; cumplimiento de las directivas de contratación de la Unión Europea y garantía de que no se produce doble financiación con otros instrumentos de la Unión Europea.

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El Senado tiene un presupuesto total de 64.136.450 euros, lo que representa un incremento respecto a los 54.113.620 euros en 2024
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La Mesa del Senado ha publicado un anuncio de licitación para contratar el suministro de fruta fresca con destino a la promoción de la vida saludable en sus instalaciones. El contrato, que se tramita mediante procedimiento abierto acelerado, tiene un valor estimado de 99.775,00 euros, impuestos no incluidos.

El periodo de ejecución del contrato se extenderá desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, si bien esta fecha de inicio podría ajustarse en función de la formalización definitiva del mismo. Durante este plazo, el adjudicatario deberá garantizar el suministro regular de fruta fresca en los términos establecidos en los pliegos técnicos.

La licitación, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 3 de junio, responde a la necesidad inaplazable de establecer un nuevo acuerdo de suministro tras la finalización del contrato anterior. Se prevé que las propuestas presentadas sean evaluadas principalmente por su oferta económica, con una ponderación del 70%, mientras que el 30% restante corresponderá a criterios técnicos.

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2026 (el contrato entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2025, o el día que se establezca en el mismo, si su formalización se realizara en fecha posterior, y finalizará el día 31 de diciembre de 2026).

Según señala la licitación publicada en el Boletín Oficial del Estado la cifra anual de negocio (el volumen anual de negocios de cualquiera de los tres últimos años concluidos deberá ser, al menos, igual que el valor estimado anual medio del contrato (29.575,00 euros, sin incluir IVA).

Los interesados tienen de plazo hasta las 14:30 horas del 16 de junio de 2025 para presentar sus ofertas. Estas deberán enviarse a la sede del Senado en la calle Bailén, número 3, de Madrid, o bien mediante presentación electrónica.

El Senado cubre los gastos de desplazamiento de los senadores

El anuncio subraya también la obligación del adjudicatario de cumplir con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud laboral, así como con los convenios colectivos sectoriales y territoriales que resulten aplicables.

El Senado tiene un presupuesto total de 64.136.450 euros, lo que representa un incremento respecto a los 54.113.620 euros del año anterior (2024). Entre los gastos que contempla el Senado, cubre los desplazamientos de los senadores, incluyendo viajes en transporte colectivo, una “Tarjeta-Taxi” con un crédito anual de 3.000 euros para desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y compensaciones por el uso de vehículo propio a razón de 0,25 euros por kilómetro, incluyendo peajes.

En 2024, el gasto en desplazamientos de los senadores alcanzó los 4 millones de euros, marcando un récord histórico desde que se publican estos datos. Este aumento se atribuye al incremento de la actividad parlamentaria.

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El presidente republicano ya ha firmado el aumento de los gravámenes al 50% que afectan al acero y el aluminio
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump I Reuters}

La administración de Donald Trump ha activado este miércoles un nuevo paquete de medidas comerciales que afecta directamente al mercado global del acero y el aluminio. A partir de ahora, los productos metálicos importados a Estados Unidos desde la mayoría de los países estarán sujetos a un arancel del 50%, el doble del 25% vigente hasta la fecha. La decisión se formalizó con la firma de una directiva presidencial el martes, en la que se esgrimen razones de seguridad nacional y de protección a la industria local.

La medida se interpreta como una señal inequívoca del endurecimiento de la política comercial estadounidense en plena campaña electoral y en un contexto de creciente tensión con algunos socios estratégicos. Sin embargo, el Reino Unido ha quedado, por ahora, al margen de esta nueva oleada de restricciones, gracias a un reciente acuerdo bilateral que le concede un trato preferencial.

Washington justifica los aranceles

En el texto oficial de la directiva, Trump argumenta que la medida es “necesaria y apropiada” para garantizar que las importaciones de acero, aluminio y productos derivados no continúen debilitando la capacidad productiva de las industrias estadounidenses. Según el presidente, estos sectores estratégicos han sido víctimas de una competencia internacional desleal, en particular por parte de países que inundan el mercado con excedentes a bajo precio, provocando un descenso sostenido en los niveles de producción nacional.

El mandatario sostiene que, aunque los aranceles previos lograron estabilizar en parte los precios del mercado interno, no han sido suficientes para asegurar la sostenibilidad de estas industrias ni su capacidad de respuesta ante eventuales necesidades de defensa nacional. Trump insiste en que las plantas de acero y aluminio deben operar con mayor intensidad para garantizar el abastecimiento estratégico del país, y para ello considera indispensable frenar la llegada de importaciones baratas.

Reino Unido, excepción temporal por acuerdo bilateral

A diferencia de otros socios comerciales, el Reino Unido ha sido excluido de forma provisional de esta nueva política arancelaria. Esta decisión obedece al acuerdo de cooperación económica firmado entre Washington y Londres el pasado 8 de mayo, bautizado como “Acuerdo de Prosperidad Económica” (EPD, por sus siglas en inglés), que contempla condiciones preferentes para el comercio bilateral de productos metálicos.

Como resultado de este entendimiento, las exportaciones británicas de acero y aluminio seguirán sujetas a un gravamen del 25%, y no al nuevo tipo del 50% que rige para el resto del mundo. No obstante, la administración estadounidense ha dejado claro que este trato diferencial tiene carácter condicional. La directiva firmada por Trump establece que, a partir del 9 de julio, el Gobierno se reserva el derecho a imponer cuotas o elevar los aranceles al Reino Unido si detecta incumplimientos en los compromisos asumidos en el acuerdo bilateral.

La puerta, por tanto, permanece abierta a una revisión en función del comportamiento comercial de Londres, lo que añade un elemento de presión a las relaciones transatlánticas en plena reconfiguración del orden comercial global.

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El magnate ha criticado el proyecto de ley, ya que concediera que aumentará el déficit presupuestario en vez de reducirlo
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^{Imagen: el empresario Elon Musk I Reuters}

Elon Musk, empresario sudafricano y figura clave en el panorama tecnológico estadounidense, ha endurecido este martes su postura contra el presidente Donald Trump, cargando duramente contra el nuevo plan de reforma fiscal impulsado por la Casa Blanca. El fundador de Tesla y SpaceX no ha escatimado calificativos al describir la propuesta legislativa como una “abominación repugnante”, al considerar que prioriza el gasto militar y fronterizo mientras reduce impuestos.

Una crítica sin filtros desde la red social X

A través de un contundente mensaje publicado en la red social X, Musk expresó su frustración con el Congreso por aprobar una ley que, a su juicio, representa un derroche de recursos públicos: “Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley del Congreso, enorme, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron por ello. Saben que lo han hecho mal. Lo saben”.

De aliado a opositor en menos de una semana

Las declaraciones llegan pocos días después de que Musk anunciara públicamente su salida del Gobierno en una rueda de prensa junto a Trump. Durante ese acto, ambos intercambiaron elogios, y el multimillonario aseguró que seguiría prestando apoyo al presidente como “amigo y asesor”, pese a abandonar su cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Un rechazo creciente a la gran apuesta legislativa de Trump

El empresario lleva semanas expresando su desacuerdo con la reforma, la cual considera contraproducente para las finanzas públicas. Según ha defendido, lejos de equilibrar el déficit, la nueva ley lo agravará significativamente. El proyecto, que representa uno de los pilares legislativos del mandatario tras la implementación de nuevos aranceles, logró pasar por la Cámara de Representantes la semana pasada, aunque con un estrecho margen de un solo voto. Su futuro ahora depende del Senado.

Respuesta desde el Capitolio: “Está equivocado”

Las críticas del empresario no han sido bien recibidas por la cúpula republicana. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, no ocultó su decepción y defendió la reforma con firmeza: “He llegado a considerar a Elon un buen amigo. Es obviamente una persona muy inteligente, y ha hecho un gran trabajo al frente del DOGE”, dijo ante la prensa. “Pero está terriblemente equivocado. Esta ley contempla una reducción masiva del gasto, estimada en 1,6 billones de dólares. Ningún otro gobierno en el mundo ha logrado ahorrar tanto en una sola norma. Es solo el comienzo, y Elon está perdiendo la perspectiva”.

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El secretario de Estado de Seguridad de Mariano Rajoy insiste en que no es el cabecilla de ninguna trama u organización criminal
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^{Imagen: Francisco Martínez I EFE}

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha solicitado a la Audiencia Nacional su salida de prisión provisional, alegando que no desempeñó ningún “rol central” ni actuó como “arquitecto jurídico” en la presunta organización criminal dedicada al robo y venta de datos confidenciales, liderada por el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec.

La defensa de Martínez sostiene que las acusaciones contra su cliente “no superan el universo de la especulación y de la sospecha” y califica de “relato tan pomposo como artificial” la versión que lo sitúa como pieza clave en la trama. El ex alto cargo del Ministerio del Interior rechaza haber “blindado” las acciones de Alcasec o haber diseñado el entramado legal, patrimonial e institucional que, según la investigación, permitió a la red operar con anonimato y legitimidad aparente.

Detención, prisión provisional y argumentos de la jueza

La detención de Francisco Martínez se produjo en el marco de la denominada Operación Borraska, una investigación dirigida por la jueza María Tardón que persigue desmantelar una red criminal dedicada al robo masivo de datos personales y su posterior comercialización ilegal. Tras su arresto, Martínez fue enviado a prisión provisional sin fianza, decisión que ha generado un intenso debate jurídico y político.

La jueza Tardón fundamentó su decisión en la presunta responsabilidad de Martínez en “brindar cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada”, señalando que su perfil profesional, que combina experiencia jurídica, institucional y política, fue clave para la consolidación y sostenibilidad de la organización criminal. Según la magistrada, Martínez habría desempeñado un papel estratégico al facilitar la creación de sociedades pantalla y mecanismos legales que permitieron a la red operar con apariencia de legitimidad.

Además, la jueza argumentó que existe riesgo de fuga y de posible destrucción de pruebas por parte del exsecretario de Estado, lo que justificó su encarcelamiento preventivo. Esta medida ha sido criticada por sectores que consideran que no existen indicios suficientes para mantenerlo en prisión y que podría afrontar el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

Defensa insiste en la inocencia y pide libertad provisional

La defensa ha presentado un recurso solicitando su excarcelación provisional, alegando que la prisión preventiva es una medida desproporcionada y que no existen motivos suficientes para mantenerlo privado de libertad. Los abogados insisten en que las actuaciones atribuidas a Martínez son propias del ejercicio profesional habitual y que no hay evidencias que demuestren que participó en actividades delictivas o que tuviera conocimiento de las operaciones ilegales de Alcasec.

Asimismo, la defensa rechaza la existencia de riesgo de destrucción de pruebas, señalando que Martínez no tiene acceso a la documentación ni a los sistemas informáticos relacionados con la investigación, por lo que no podría interferir en el proceso. También subrayan que el exsecretario de Estado ha colaborado con la Justicia desde el inicio y que no existe peligro de fuga, dado su arraigo personal y profesional.

La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional, donde se espera que en las próximas semanas se resuelva la petición de libertad provisional. Mientras tanto, Martínez permanecerá en prisión, en un caso que ha puesto en el centro del debate la responsabilidad legal y política de altos cargos en presuntas tramas criminales vinculadas a la seguridad del Estado.

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El Ejecutivo en funciones convocará elecciones anticipadas tras dos años de una coalición controlada por la derecha radical
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^{Imagen: el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof I AP}

El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, ha presentado su dimisión tras la abrupta salida del Partido por la Libertad (PVV), liderado por el ultraderechista Geert Wilders, del gobierno de coalición, sumiendo al país en una nueva crisis política y abocándolo a elecciones anticipadas.

Una coalición rota por la inmigración

La crisis estalló después de que Wilders, cuyo partido era el mayoritario en la coalición de cuatro formaciones de derechas, anunciara la retirada del PVV ante la negativa de sus socios a endurecer aún más las políticas de asilo y migración. “Ninguna firma para nuestros planes de asilo. No hay cambios en el Acuerdo Marco Principal. PVV abandona la coalición”, comunicó Wilders en la red social X, tras una tensa reunión parlamentaria.

Wilders, que llevó a su partido a una histórica victoria en las elecciones de noviembre de 2023 con la promesa de aplicar la política migratoria más estricta de la historia neerlandesa, se mostró cada vez más frustrado por lo que consideraba la lentitud de la coalición para implementar sus propuestas. Su salida dejó sin mayoría al ejecutivo y desencadenó la dimisión de los cinco ministros del PVV, imposibilitando la continuidad del gabinete.

Dimisión y gobierno interino

Schoof compareció ante los medios tras una reunión de gabinete de casi dos horas para anunciar la caída del gobierno. “Con la salida del PVV, ya no hay suficiente apoyo en el Parlamento para este gabinete”, afirmó, calificando la crisis de “innecesaria e irresponsable” y formalizando su renuncia ante el rey Guillermo Alejandro. El monarca aceptó la dimisión de los ministros del PVV y pidió al resto del gabinete que continúe en funciones hasta la formación de un nuevo gobierno.

El ejecutivo pasará a ser “dimisionario”, lo que implica que solo podrá gestionar los asuntos ordinarios, dejando de lado las decisiones más controvertidas, en un momento especialmente delicado para el país, que se prepara para acoger una cumbre de la OTAN en La Haya en las próximas semanas.

Incertidumbre política y nuevas elecciones

La salida de la extrema derecha del gobierno neerlandés abre un periodo de incertidumbre política, con la convocatoria de elecciones anticipadas en el horizonte, aunque aún sin fecha concreta. Analistas advierten que la crisis podría prolongarse hasta bien entrado el otoño, mientras el país afronta desafíos internacionales y un debate interno cada vez más polarizado en torno a la migración.

La caída del primer gobierno de derecha radical en la historia reciente de Países Bajos evidencia la dificultad de mantener unidas a formaciones con agendas divergentes, especialmente en torno a temas tan sensibles como la inmigración y el asilo.

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José Ángel Núñez, responsable de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, centra sus advertencias en la presa de Forata, mientras la rambla que causó los mayores daños no fue mencionada en las reuniones clave
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El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Ángel Núñez, declaró este martes como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargado de investigar la gestión institucional durante la devastadora DANA que afectó a Valencia. En un escrito remitido al juzgado y acompañado de mensajes de WhatsApp y anotaciones personales, Núñez detalla cómo vivió aquellas horas críticas. Lo llamativo es que no hay ninguna mención al barranco del Poyo, el cauce que finalmente provocó los daños más graves.

En sus comunicaciones con el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el foco estuvo puesto exclusivamente en la presa de Forata. A las 17:34, según indica Núñez, ya se hablaba de un “escenario de rotura” de esta infraestructura hidráulica. “Estaba lloviendo intensamente entre zonas como Turís, Montroi o Real, pero el esfuerzo se centró en Forata”, explicó.

Llamadas, vídeos y decisiones sin aludir al Poyo

A las 18:31, Núñez recibió una llamada de la Secretaria General de la Delegación del Gobierno, quien le trasladó la preocupación de Bernabé sobre la posible suspensión del AVE. “Le dije que no lo dudara, que lo cancelara ya”, relata. Sin embargo, en ningún momento se consideró el riesgo que suponía el barranco del Poyo, pese a atravesar municipios densamente poblados como Chiva, Torrent o Picanya.

El propio Núñez reconoce haber recibido, entre las 18:53 y las 18:56, dos vídeos enviados por Jorge Tamayo, responsable de AEMET en la Comunitat Valenciana, mostrando la “gravísima situación en Chiva”, localidad atravesada precisamente por el Poyo. Aun así, no trasladó esa información al CECOPI ni alertó del peligro inminente.

“A las 19:12 le comunico a Jorge Tamayo que van a enviar un mensaje a la población”, indica Núñez. Pero ese mensaje de alerta —el Es-Alert— no estaba motivado por lo que ocurría en la zona del Poyo, sino por el temor a una posible rotura de la presa de Forata y sus efectos sobre los pueblos aguas abajo. Según el testimonio, incluso se barajaron evacuaciones y confinamientos por este motivo.

“Estaba tan concentrado en la reunión que no me enteraba de lo que pasaba fuera”

La declaración revela también cómo Bernabé, preocupada por la situación, propuso el confinamiento de la población, mostrando “decisión” para sacarlo adelante. Según Núñez, llegó a decir: “Si hemos confinado por un virus, no vamos a hacerlo por esto”. No obstante, esa medida tampoco fue planteada por lo que sucedía en la cuenca del Poyo.

Poco después, a las 19:38, Tamayo volvió a enviar a Núñez un “vídeo escalofriante” del hundimiento de un puente en Picanya, otro punto crítico del barranco del Poyo. A pesar de ello, no se activó ninguna alerta específica ni se centró la atención en ese sector. “La verdad es que yo estaba tan concentrado en la reunión y en hacer bien mi papel que no me enteraba de lo que pasaba fuera”, admite el jefe de la AEMET.

Finalmente, el Es-Alert enviado aconsejó a la ciudadanía no salir de casa, pero el criterio para emitirlo no incluyó la evaluación del barranco del Poyo, cuya crecida terminó por provocar los mayores daños humanos y materiales en el área metropolitana de Valencia. En las comunicaciones formales e informales entre el CECOPI, la AEMET, la CHJ y la Delegación del Gobierno, el barranco fue completamente ignorado.

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