Categoría: ESPAÑA

Según su declaración, prestada el pasado 2 de abril, los pagos se realizaron en noviembre y diciembre de 2021
The post Una testigo confirma que entregó 20.000 dólares al hermano de Koldo García por orden de Aldama first appeared on Hércules.  Una nueva pieza clave se suma al entramado del llamado caso Koldo, y lo hace desde el otro lado del Atlántico. Aránzazu Granell, ex trabajadora de una red de clínicas COVID en República Dominicana, ha declarado ante el Tribunal Supremo que entregó personalmente dos pagos de 10.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo García, Joseba García, por orden directa de Javier Serrano, colaborador cercano del empresario Víctor de Aldama, señalado como uno de los cerebros de la trama.

Según su declaración, prestada el pasado 2 de abril, los pagos se realizaron en noviembre y diciembre de 2021, utilizando dinero en metálico que procedía directamente de las clínicas de pruebas COVID que gestionaba en Punta Cana. “Habíamos quedado para que yo le diera 10.000 dólares, que fue lo que me dijo Javier Serrano”, explicó ante el juez instructor, señalando que la entrega se realizaba sin registro bancario, una práctica habitual, según dijo, dentro de la organización.

Granell reveló que los clientes de las clínicas podían abonar los servicios con tarjeta o en efectivo, ya fuera en pesos dominicanos, euros o dólares, y que parte de esa recaudación se desviaba para pagos como el que ella misma ejecutó. En su testimonio, explicó que transportaba el dinero en su bolso y concertaba encuentros discretos con Joseba García, a quien en los mensajes internos apodaban “el legionario”. ¿El motivo? “En un momento dado me dijo que había estado en la Legión”, relató.

Aunque no pudo precisar el tipo exacto de billetes entregados, Granell indicó que probablemente eran “de valor alto para que no abultaran”.

La declaración de Granell supone un paso importante en la investigación de la pieza especial que instruye el Supremo, y pone el foco en la utilización de dinero en efectivo procedente de una red internacional de clínicas como parte del sistema de pagos opacos entre los implicados en la trama. Los pagos, presuntamente relacionados con actividades de influencia o compensaciones personales, se habrían producido cuando el nombre de Koldo García aún estaba vinculado al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

Este testimonio ha reforzado el trabajo de las acusaciones populares que empujan la causa, entre ellas HazteOír, Manos Limpias, Vox, el PP e Iustitia Europa, y confirma la existencia de una vía de financiación paralela y opaca, basada en efectivo, que ahora está bajo la lupa del Supremo.

En definitiva, la figura de Joseba García emerge como un nuevo nodo relevante en la red tejida alrededor del exministro Ábalos, mientras la investigación sigue trazando los caminos del dinero que, lejos de dejar rastro en cuentas bancarias, se movía de mano en mano, en sobres, y por medio de emisarios silenciosos como Aránzazu Granell.

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El Senado avanza en la eliminación del despido automático por incapacidad, apostando por la adaptación del puesto antes que la extinción del contrato
The post El Senado da luz verde a eliminar el despido automático por incapacidad permanente first appeared on Hércules.  El Senado ha aprobado en comisión la eliminación del despido automático por incapacidad permanente, dando un paso más hacia un modelo laboral más inclusivo y respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad. La Comisión de Trabajo y Economía Social ha respaldado este Proyecto de Ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, con 28 votos a favor y uno en contra, el de Vox, único grupo que se opuso.

Este dictamen, que procede del Congreso, será debatido ahora en sesión plenaria del Senado. Su aprobación definitiva supondrá una reforma profunda en la gestión de las relaciones laborales en situaciones de discapacidad sobrevenida.

Adiós a la extinción automática

Hasta ahora, cuando una persona era reconocida con una incapacidad permanente, su contrato de trabajo podía extinguirse de forma automática. Esta situación cambiará si se aprueba la ley, que establece que el despido sólo podrá ejecutarse si previamente no es posible adaptar el puesto de trabajo, o si no existe otro compatible y vacante dentro de la empresa. Y aún así, la empresa deberá justificar que realizar esas adaptaciones supondría una “carga excesiva”.

Con esta nueva redacción, la reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores desvincula la incapacidad permanente de otras causas como el fallecimiento del trabajador, estableciendo un marco legal más justo y ajustado a los principios de igualdad y no discriminación.

Una protección real para el trabajador

En el debate parlamentario también se incorporaron enmiendas relevantes, como la presentada por Podemos, que refuerza aún más la protección del trabajador: una empresa no podrá alegar que la adaptación del puesto es una carga excesiva si el coste de esa adaptación no supera la indemnización por despido o seis meses de salario. Esta cláusula impide que las compañías utilicen argumentos económicos como excusa para despedir en lugar de readaptar.

Otra de las enmiendas relevantes establece que el Gobierno deberá aprobar en el plazo de un año una ley que garantice la adaptación de los puestos de trabajo de guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad, extendiendo así el alcance de la reforma a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Reconocimiento del movimiento asociativo de la discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró con entusiasmo esta decisión. A través de un comunicado, calificaron esta reforma como la eliminación de una “discriminación histórica que aún subsistía” en el sistema jurídico-laboral español.

“El CERMI agradece al Gobierno, en especial al Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, y a los grupos políticos el impulso y respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada”, manifestó el comité tras su aprobación en la Comisión del Congreso.

Esta reforma coloca a España más cerca de los estándares europeos en materia de inclusión laboral, y reconoce que las personas con discapacidad permanente no deben ser automáticamente excluidas del mercado laboral. Se trata de una medida que no sólo responde a una demanda social sostenida, sino que también refleja un cambio de paradigma en la relación entre discapacidad y empleo.

Con el respaldo parlamentario casi unánime, esta nueva normativa apunta a consolidarse como una de las reformas sociales más relevantes de la legislatura. El foco ahora está en el Pleno del Senado, donde se espera su aprobación definitiva en las próximas semanas.

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La Guardia Civil revela que el perfil de David Sánchez en Airbnb estaba vinculado a un teléfono oficial de la Diputación antes de su contratación
The post Uno de los teléfonos de David Sánchez en Airbnb pertenece a la Diputación de Badajoz, según la UCO first appeared on Hércules.  La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado en un informe enviado al juzgado que uno de los números de teléfono asociados al perfil de Airbnb de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pertenece a la Diputación de Badajoz. Este hallazgo se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en el proceso que llevó a Sánchez a ocupar un puesto en dicho organismo.

El perfil, que utilizaba el alias ‘Hermit’, fue empleado por el músico para buscar alojamiento en Badajoz el 26 de junio de 2017, un día antes de su entrevista para el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación, cargo que obtuvo semanas después.

Siete números vinculados, entre ellos uno institucional y otro de la empresa familiar

Según detalla el informe al que ha tenido acceso The Objective, el usuario ‘Hermit’ tenía vinculados siete números telefónicos, entre ellos uno perteneciente a la Diputación de Badajoz y otro a Playbol, empresa cuyo administrador único es Pedro Sánchez Fernández, padre del músico.

La línea de la Diputación fue activada el 15 de marzo de 2023, fecha en la que David Sánchez ya trabajaba en el ente provincial, lo que plantea interrogantes sobre el uso de recursos institucionales para gestiones personales en plataformas privadas.

Otros números asociados al perfil tienen prefijos internacionales, incluidos Rusia, Kazajistán y Norteamérica, aunque no se ha podido establecer su titularidad exacta. La presencia de estos datos añade más complejidad al perfil digital de Sánchez y a sus vínculos personales y profesionales.

Una búsqueda de piso antes de ser contratado

La investigación cobra especial relevancia por los tiempos en que Sánchez realizó la búsqueda del alojamiento. El testimonio del propietario del apartamento, I.S.R., señala que el contacto se produjo antes de que concluyera el proceso de selección para el cargo público y que Sánchez le explicó que buscaba un “alojamiento estable” porque “se trasladaba a trabajar a Badajoz”.

Este dato ha sido valorado por la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso, como un posible indicio de que el proceso de selección estaba dirigido a favorecer a David Sánchez, quien fue contratado oficialmente el 10 de julio de 2017, coincidiendo con la fecha de entrada en el inmueble consultado por Airbnb.

Una donación millonaria y vínculos familiares

La situación se enmarca en un contexto más amplio de investigación por presuntas irregularidades económicas. En enero de 2023, el padre de David Sánchez donó 240.000 euros al músico para la compra de un palacete en Elvas, Portugal. La transferencia se hizo en un solo movimiento bancario y quedó sujeta a un impuesto de donaciones reducido gracias a las bonificaciones fiscales de la Comunidad de Madrid.

El uso de este dinero, junto con los vínculos empresariales y familiares, forma parte del entramado que analiza la justicia para determinar si existieron favores personales o aprovechamiento indebido de recursos públicos.

Un ascenso meteórico en la Diputación

Tras su contratación en 2017, David Sánchez fue ascendido en 2021 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. La evolución de su carrera dentro del organismo provincial también ha sido objeto de escrutinio, en un contexto en el que se cuestiona la transparencia y legalidad de las contrataciones.

El testimonio del propietario del apartamento, así como las pruebas digitales del perfil en Airbnb, fueron ratificados recientemente en sede judicial, y están siendo valorados como piezas clave en una investigación que podría tener consecuencias políticas de alcance nacional.

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Tanto en el caso del expresidente catalán como en el de los ERE en Andalucía hay un delito por malversación de dinero público
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^{Imagen: el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont I EFE}

Carles Puigdemont y los principales condenados por el caso de los ERE en Andalucía comparten una figura penal común en sus respectivas causas judiciales: el delito de malversación de caudales públicos. Aunque ambos casos implican el uso indebido de fondos públicos, las circunstancias, motivaciones y consecuencias judiciales son muy distintas. Esta figura ha sido uno de los puntos clave en los debates jurídicos y políticos en España, especialmente tras la reforma del Código Penal de diciembre de 2022 que modificó sustancialmente la malversación.

Puigdemont y la malversación del procés

En el caso de Carles Puigdemont, la malversación se refiere al uso ilegal de recursos públicos por parte del Gobierno catalán para financiar actividades relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El expresidente catalán, junto a otros exmiembros del Ejecutivo autonómico, es acusado de haber utilizado fondos de diversas partidas del presupuesto para financiar actos ilegales como la organización del referéndum, la logística para el voto exterior y la proyección internacional del proceso secesionista. El Tribunal Supremo, bajo la instrucción de Pablo Llarena, mantiene procesado a Puigdemont por malversación agravada, argumentando que se produjo un grave daño al interés general, aunque no se encontró beneficio económico personal para el expresidente.

Los ERE y el fraude en la Junta de Andalucía

Por otro lado, el caso de los ERE en Andalucía involucra el desvío de más de 680 millones de euros en ayudas públicas gestionadas de manera fraudulenta entre 2000 y 2010. A través de un sistema opaco de distribución de fondos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros altos cargos de la Junta, permitieron que dichas ayudas se destinaran a empresas afines, sin justificación legal ni control. A pesar de que los acusados no se beneficiaron directamente del dinero, el Tribunal Supremo consideró que consentir este desvío de fondos para fines no justificados constituye una malversación. Este caso resultó en condenas por malversación y prevaricación, siendo Griñán sentenciado a seis años de prisión.

Diferencias y similitudes en los casos

Ambos procesos judiciales comparten el delito de malversación, pero las circunstancias en torno a los casos son muy diferentes. Mientras que en Cataluña el objetivo de la malversación fue avanzar en un proyecto político separatista, en Andalucía el fraude se llevó a cabo bajo el pretexto de apoyar a empresas en crisis. Además, el escándalo de los ERE afectó de forma directa a la financiación pública regional, mientras que en el caso de Puigdemont la cuestión gira en torno a un acto de desobediencia institucional y el uso de recursos para actividades ilícitas que cuestionan la legalidad del referéndum.

La reforma del Código Penal y su impacto

La reforma del Código Penal de 2022, que eliminó la malversación sin ánimo de lucro personal, ha generado controversia, ya que algunos juristas sostienen que esta modificación podría beneficiar a Puigdemont si se demostrara que no hubo ánimo de lucro en su caso. No obstante, el Tribunal Supremo ha insistido en que el uso de fondos públicos para fines contrarios al interés general sigue encajando en la figura de la malversación agravada. Mientras tanto, el caso de los ERE ya está cerrado, y las sentencias firmes contra los condenados no se verán alteradas por la reforma legislativa.

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La medida fue aprobada por la Junta de Gobernadores de las Escuelas Europeas, reunida en Chipre, con la condición de que España cubra por completo los gastos
The post El Gobierno cede ante Junts y pagará que se enseñe el catalán en la Escuelas Europeas first appeared on Hércules.  El Gobierno ha logrado que su propuesta para que el catalán se imparta como Otra Lengua Nacional (OLN) en las Escuelas Europeas salga adelante, con el compromiso de asumir íntegramente los costes asociados a su implantación, según han confirmado fuentes comunitarias a Europa Press y ha ratificado el Ministerio de Exteriores en un comunicado oficial celebrando la decisión.

La medida fue aprobada por la Junta de Gobernadores de las Escuelas Europeas, reunida en Chipre, con la condición de que España cubra por completo los gastos, garantizando así la neutralidad presupuestaria del plan. Las fuentes comunitarias subrayan, no obstante, que esta decisión no sienta precedente para otras lenguas que puedan aspirar a un estatus similar.

Desde la Comisión Europea también insisten en que esta decisión no implica un posicionamiento oficial de los Estados miembro respecto a la oficialidad del catalán, el euskera o el gallego en la Unión Europea, ya que dicha reforma sigue en manos del Consejo de la UE, donde se requiere unanimidad para cualquier cambio en el reglamento lingüístico.

Según fuentes conocedoras de la negociación, solo un país votó en contra de la propuesta española, mientras que algunas delegaciones se abstuvieron, alegando dudas o falta de detalles técnicos. España, por su parte, se ha comprometido no solo a financiar los profesores, sino también a costear todos los elementos logísticos y educativos necesarios.

Aunque el Ministerio de Educación había adelantado su intención de hacerse cargo de los costes, tras la aprobación oficial ha confirmado que aún no dispone de cifras cerradas, ya que el proyecto se encuentra en fase “preliminar”.

Cabe destacar que la propuesta se limita únicamente al catalán, dejando fuera por ahora el euskera y el gallego. Aunque desde el Ministerio no se descarta que la medida pueda ampliarse en el futuro, actualmente no hay avances concretos en ese sentido.

El Gobierno defiende que existen precedentes similares en el sistema de las Escuelas Europeas, como en el caso del maltés o el gaélico, y considera que el catalán puede encuadrarse dentro de esa misma categoría como lengua nacional cooficial de España.

Con esta nueva consideración como OLN, los alumnos de nacionalidad española en las Escuelas Europeas podrán solicitar el catalán independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados, lo que se traduce en una mayor visibilidad para la lengua dentro del sistema educativo europeo.

Las Escuelas Europeas son instituciones públicas diseñadas para ofrecer una educación multilingüe y multicultural a los hijos de funcionarios de las instituciones europeas. Están presentes en varios países de la UE y cuentan con un currículum específico aprobado por su Consejo de Inspección.

Este avance encaja en el marco del compromiso político del Gobierno español, especialmente en lo relativo a la presencia del catalán en instituciones comunitarias, como parte del acuerdo de investidura alcanzado con Junts. No obstante, el reconocimiento oficial del catalán como lengua de la UE requiere la unanimidad de los Veintisiete, un objetivo que todavía encuentra reticencias entre algunos países.

Durante la presidencia española del Consejo de la UE, el Gobierno impulsó varias discusiones sobre esta cuestión y se mostró dispuesto a aplicar el reconocimiento de forma gradual, comenzando precisamente por el catalán. También ofreció asumir todos los costes derivados del proceso, como fórmula para facilitar el consenso.

Por ahora, los Estados miembro han pedido estudios jurídicos y evaluaciones de impacto sobre la viabilidad práctica y económica de esta iniciativa. No obstante, ningún grupo de trabajo específico ha sido todavía designado para avanzar en el análisis.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado formalmente a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita el uso del catalán, gallego y euskera en los plenos, siguiendo ejemplos ya existentes en otras instituciones comunitarias. La petición está siendo evaluada, aunque no existe un calendario concreto para su resolución.

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Uno de los datos más significativos es el incremento en la estimación de voto a Vox, que ha pasado del 7,1% en 2023 al 9,1% en 2025
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De izquierda a derecha: José Fernández, Estanis Rodríguez, Jaime de los Santos y Fran Sánchez ÁNGEL NAVARRETE El MUNDO

Aunque el colectivo LGTBI+ sigue mostrando un apoyo mayoritario a las fuerzas de izquierdas, el Informe sobre el Estado LGTBI 2025, presentado este jueves por la agencia 40dB para la FELGTBI+, revela una tendencia creciente hacia opciones políticas más conservadoras, lo que marca un matiz relevante respecto a años anteriores.

Uno de los datos más significativos es el incremento en la estimación de voto a Vox, que ha pasado del 7,1% en 2023 al 9,1% en 2025. También el Partido Popular se mantiene como una opción sólida, con un 19,7% del respaldo del colectivo, una cifra que refleja que casi 3 de cada 10 personas LGTBI+ se inclinan actualmente por partidos de corte más tradicional.

Este cambio se refleja también en la evolución de la autoubicación ideológica: aunque ha crecido el número de personas que se consideran de izquierdas (del 38% en 2023 al 45% en 2025), el estudio matiza que quienes no han experimentado situaciones de odio o discriminación tienden a posicionarse más en el centro o en sectores más moderados del espectro político, alejándose de los bloques ideológicos clásicos.

Además, partidos como Sumar y Podemos han experimentado una fuerte caída en la intención de voto dentro del colectivo, lo que sugiere cierto distanciamiento o desafección. En el caso de Podemos, por ejemplo, el apoyo pasó de un 22,6% en 2023 a 0% en 2024, y ahora se sitúa en un modesto 8,4%. Sumar, por su parte, baja del 23,1% al 10,6% en solo un año.

Por otro lado, el estudio también refleja una caída en la motivación para acudir a votar: solo el 51,5% del colectivo afirma estar seguro de ir a las urnas, frente al 57,2% en 2024. Esta desmovilización podría estar relacionada con una menor identificación con los discursos políticos tradicionales, o con una sensación de estancamiento en el avance de derechos.

En rueda de prensa, David Armenteros, vicepresidente de la FELGTBI+, reconoció que, aunque el colectivo sigue apostando por la igualdad, hay una creciente fragmentación del voto y un mayor pragmatismo político. “Cuando la violencia y el odio se perciben como menos cercanos, hay quien deja de sentir la urgencia de posicionarse”, explicó.

Desde la Federación se insiste en que la confianza del colectivo en los partidos no debe darse por sentada. Si bien los partidos progresistas siguen siendo mayoritarios, el voto LGTBI+ se está diversificando y ya no responde como un bloque monolítico, lo que plantea nuevos retos para quienes aspiren a representarlo.

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