Categoría: ESPAÑA

El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado una subida del 10% en las tasas de la Escuela Municipal de Música para el curso 2025/26
The post Indignación en Alcorcón por la subida de precios y la mala planificación de los campamentos escolares de Semana Santa first appeared on Hércules.  El Ayuntamiento de Alcorcón ha abierto el plazo de inscripción para los Campamentos Escolares de Semana Santa 2025, dirigidos a niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria empadronados en el municipio.

Estos campamentos se llevarán a cabo en el CEIP Santo Domingo durante los días no lectivos del 11, 14, 15, 16 y 21 de abril. El horario establecido es de 07:30 a 14:00 horas, con la opción de ampliarlo hasta las 16:00 horas para quienes soliciten el servicio de comedor.

Sin embargo, varias familias han expresado su malestar debido a la tardanza en la comunicación de esta oferta, realizada con solo 14 días de antelación, lo que ha dificultado la conciliación familiar al tener que buscar alternativas con poca anticipación.

Además, se ha generado controversia por el notable incremento en los precios de los campamentos en comparación con años anteriores. La modalidad básica ha pasado de 40€ a 54€, lo que supone un aumento del 35%.

En el caso de incluir el servicio de comedor, el precio se ha elevado de 64,30€ a 81,50€, representando una subida del 27%. Estos incrementos superan ampliamente la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), en un contexto en el que las familias ya enfrentan una subida del 5% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una de las tasas de basura más altas de la zona.

El PP denuncia la falta de empatía de la alcaldesa con las familias de Alcorcón

El portavoz y presidente del Partido Popular de Alcorcón, Roberto Marín Vergara, ha criticado la gestión del gobierno municipal, declarando que “una vez más, el gobierno de Candelaria Testa demuestra que su concepto de políticas sociales se queda solo en titulares. En Alcorcón aumentan los impuestos, pero solo se recortan los servicios. Las familias de Alcorcón se ven, una vez más, abandonadas en momentos clave como son las vacaciones escolares”.

Asimismo, se ha anunciado una subida del 10% en las tasas de la Escuela Municipal de Música para el curso 2025/26, también gestionada por la misma concejalía, lo que ha incrementado la preocupación entre las familias del municipio.

Desde el Grupo Municipal Popular han denunciado la falta de empatía, previsión y compromiso con la conciliación familiar en Alcorcón, señalando que el gobierno de Candelaria Testa continúa asfixiando a las familias mientras presume de políticas sociales.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado la tramitación de un nuevo Estatuto de Expresidentes que permitirá, entre otras medidas, compensar económicamente a quienes hayan dirigido el Ejecutivo regional tras su cese. Según el proyecto de decreto aprobado por el Gobierno madrileño, los expresidentes tendrán derecho a percibir hasta el
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado la tramitación de un nuevo Estatuto de Expresidentes que permitirá, entre otras medidas, compensar económicamente a quienes hayan dirigido el Ejecutivo regional tras su cese. Según el proyecto de decreto aprobado por el Gobierno madrileño, los expresidentes tendrán derecho a percibir hasta el 80% de su salario durante un máximo de 24 meses, siempre que cesen en el cargo después de la entrada en vigor de esta nueva normativa.

Este paso supone un giro con respecto a la situación actual, ya que Madrid —junto a Cantabria— era hasta ahora una de las pocas comunidades autónomas sin un marco jurídico específico que regulara las condiciones de sus exjefes de Gobierno. Además, recupera ciertos derechos que fueron eliminados en 2015 por la expresidenta Cristina Cifuentes, como las dietas por participación en órganos consultivos.

Los expresidentes podrán ser designados vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

El nuevo texto establece que, además de esta retribución temporal, los expresidentes podrán ser designados vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, órgano que sustituye al antiguo Consejo Consultivo. Por asistir a sus reuniones, percibirán una indemnización de 750 euros, siempre que no estén disfrutando de la compensación económica tras el cese ni ejerzan otra actividad retribuida de carácter público. Su papel como vocales podrá prolongarse hasta 12 años si su mandato como presidente fue superior a cuatro.

El Estatuto también contempla ciertos beneficios logísticos para facilitar su papel institucional. Los exmandatarios podrán utilizar despachos habilitados por la Comunidad, recibir atención protocolaria en actos oficiales, y contar con un servicio de coche con conductor, así como dos personas de apoyo. Estas ayudas estarán disponibles durante dos años, o cuatro en el caso de quienes estuvieron en el cargo más de un mandato completo.

Se trata de una medida para “dar seguridad jurídica” 

Desde el Ejecutivo madrileño se ha defendido la medida como un mecanismo para “dar seguridad jurídica” a quienes han ocupado la presidencia, y aseguran que el modelo propuesto es “austero, restrictivo y transparente”. Destacan también que su coste es inferior al de otros estatutos similares en comunidades como Cataluña, Andalucía o País Vasco.

La medida ha generado ya un amplio debate político. Mientras desde el Partido Popular se insiste en la necesidad de “reconocer la labor institucional” de los expresidentes, en otras formaciones se critica que pueda abrir la puerta a privilegios innecesarios. La apertura del trámite de audiencia pública a través del Portal de Transparencia permitirá durante los próximos días que ciudadanos y organizaciones presenten alegaciones o sugerencias.

Cabe recordar que el antiguo Consejo Consultivo fue suprimido por Cifuentes en 2015, tras un acuerdo con Ciudadanos. En aquel órgano, los expresidentes podían ejercer como consejeros permanentes con sueldos cercanos a los 8.500 euros brutos mensuales. La intención ahora, según ha señalado Ayuso, es evitar un “vacío legal” que impida una participación institucional ordenada y dignamente remunerada.

El Gobierno regional prevé aprobar el texto definitivo del Estatuto de Expresidentes en los próximos meses, una vez superada la fase de exposición pública.

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El Supremo respalda que no se aplique la amnistía por malversación al procés, al considerar que hubo beneficio patrimonial ilícito
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^{Puigdemont I Europa Press}

El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Según el alto tribunal, Llarena interpretó correctamente la ley al considerar que los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se cargaron a las arcas públicas sin justificación de interés público, lo que encaja en la excepción prevista en la norma de amnistía.

Según informa Europa Press los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo han desestimado los recursos de apelación presentados por las defensas, al entender que la decisión de Llarena no contradice la voluntad del legislador. En un comunicado oficial, la Sala de Apelación señala que el instructor actuó conforme a derecho al interpretar que la ley excluye de amnistía aquellos casos en que la malversación suponga un beneficio personal de tipo patrimonial.

La controversia judicial comenzó en julio del año pasado, cuando Llarena rechazó aplicar la amnistía en este caso. Posteriormente, las defensas interpusieron un recurso en reforma, que fue desestimado en septiembre, y más adelante acudieron a la vía de la apelación, debatida públicamente en una vista celebrada el pasado 10 de julio. Durante aquella sesión, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se posicionó a favor de estimar los recursos y criticó que se atribuyera a los procesados un enriquecimiento personal sin base suficiente.

Sin embargo, la Sala avala la postura de Llarena, indicando que la ley de amnistía fue modificada en su tramitación parlamentaria para incluir una excepción relacionada con el beneficio personal patrimonial. Los jueces aclaran que esta excepción no exige necesariamente un enriquecimiento tangible, sino que también puede implicar la ausencia de un perjuicio económico propio gracias al uso ilícito de fondos públicos.

En este sentido, concluyen que Puigdemont, Comín y Puig se beneficiaron económicamente al evitar que sus recursos personales se vieran afectados, al haber cargado los costes del referéndum a la administración autonómica. La Sala considera que esta conducta no responde a la satisfacción de un interés público, lo cual refuerza la negativa a conceder la amnistía.

Asimismo, el Supremo defiende que la interpretación de Llarena es coherente con los principios constitucionales, y niega que se haya producido una aplicación extensiva en perjuicio de los acusados. También subraya que no se vulneran ni el principio de legalidad ni el de previsibilidad, pues la argumentación se basa en una interpretación jurídica legítima y ajustada a los términos de la ley.

No se recurrirá a más instancias

Finalmente, la Sala descarta remitir cuestión alguna al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al considerar innecesario plantear dudas sobre la constitucionalidad o conformidad europea de la norma y su aplicación en este caso.

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Aitor Esteban ha recordado que “no es la propuesta exacta que propondría el PNV ni tampoco la del PSE-EE (ambos socios de Gobierno) o, en su caso de Podemos
The post El PNV asegura que en Euskadi “se están haciendo los deberes en un momento de incertidumbre económica” first appeared on Hércules.  El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que la modificación del Concierto Económico vasco le “coloca ya mirando de lejos” y asegura “su vigencia en un contexto de una Europa más unida”.

Esteban se ha referido así al debate y votación hoy en el Pleno del Congreso de la última modificación del Concierto, con la que Euskadi aumentará su autogobierno económico financiero con la regulación de hasta 14 impuestos más, entre ellos el IVA.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el líder jeltzale ha señalado que es “importante, sobre todo lo relacionado con los nuevos impuestos, que están marcados a nivel de directiva europea, y que suponen los impuestos a multinacionales, etc, que va a ser el futuro”.

“Por lo tanto, coloca al Concierto Económico ya mirando de lejos y asegurando su vigencia también en un contexto de una Europa más unida. Yo creo que lo que se va a aprobar hoy es muy importante”, ha subrayado.

El dirigente jeltzale ha señalado que en Euskadi “se están haciendo los deberes en un momento de incertidumbre económica, como la que se está provocando, con estos movimientos para adelante y para atrás, con los aranceles de Trump”.

En este sentido, ha dicho que, por una parte, está la renovación del Concierto; por otra la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que este jueves acordará que la condonación de parte de la deuda a las comunidades autónomas de régimen común tenga un “efecto financiero neutro” para Euskadi.

También ha recordado que este pasado miércoles se aprobó en Bizkaia y en Álava, y próximamente se hará en Gipuzkoa, una revisión fiscal que “coloca” al tejido industrial y a la sociedad vasca “preparados para el siguiente paso” que hay que dar. “Sin embargo, eso hoy por hoy a nivel del Estado es imposible”, ha añadido.

A todo esto, ha sumado las medidas inmediatas que el Lehendakari, Imanol Pradales, ha adoptado ante los aranceles de Donald Trump, con un paquete de 2.150 millones, “además hablando entre todos los agentes sociales”.

“Todo esto tenemos que ponerlo en valor. Euskadi ha hecho reforma fiscal, adaptación interna, adaptación de Concierto, por lo tanto, en sus relaciones con el Estado, y luego tomar medidas en lo que se refiere a la protección de nuestra economía e industria. Me parece que hemos hecho los deberes y que estamos en mejor situación que otros sitios del Estado en estos momentos”, ha subrayado.

Euskadi y “los derechos hechos”

Sobre las críticas del EH Bildu y el PP a la revisión fiscal en Euskadi, Aitor Esteban ha dicho que, “cuando te critican desde los dos extremos del arco parlamentario, da la sensación de que uno ha centrado bastante la propuesta”.

Además, ha recordado que “no es la propuesta exacta que propondría el PNV ni tampoco la del PSE-EE (ambos socios de Gobierno) o, en su caso de Podemos (que ha respaldado la revisión tributaria), pero viendo las críticas como vienen de ambos extremos del arco parlamentario”, cree que “se ha conseguido una reforma bastante centrada y, sobre todo, pensada en fomentar la inversión y la competitividad” del tejido industrial vasco.

“Porque, al final, eso redunda en dos cosas: primero el mantenimiento y el aumento de los puestos de trabajo; y segundo, en una mayor capacidad de recaudación para hacer frente a que a todos los servicios que hay que dar a nuestra sociedad”, ha remarcado.

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Así, Aagasen ha afirmado que la pausa de los 3 meses de los aranceles es una oportunidad para lograr que esa medida no se lleve a efecto
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Europa Press

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha valorado positivamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender temporalmente la imposición de nuevos aranceles a la Unión Europea. En una entrevista concedida a Telecinco, Aagesen ha calificado esta medida como un “volantazo” que ofrece “una oportunidad real para el diálogo y la negociación”.

El movimiento del líder republicano, que ha anunciado una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles del 20% inicialmente previstos, sustituida de momento por un gravamen provisional del 10%, ha sido recibido con cautela pero también con optimismo por parte del Ejecutivo español. “Lamentábamos profundamente las medidas globales injustificadas que eran perjudiciales no solo para Europa, sino también para la propia ciudadanía estadounidense”, señaló Aagesen. “Este giro inesperado abre la puerta a conversaciones que siempre hemos defendido como vía prioritaria”, añadió.

España y la UE apuestan por la vía del entendimiento

La ministra subrayó que tanto España como la Unión Europea han apostado históricamente por la vía del entendimiento frente a la confrontación comercial. “Durante años hemos tratado de evitar las guerras arancelarias, que solo traen incertidumbre y afectan a sectores clave de nuestras economías”, apuntó. Por ello, insistió en que este margen de tres meses debe ser aprovechado para alcanzar acuerdos que eviten la aplicación definitiva de medidas proteccionistas que podrían perjudicar al comercio internacional.

Respecto a los efectos que la política comercial estadounidense podría tener en sectores específicos como la energía, Aagesen hizo un llamamiento a la prudencia. En un contexto internacional marcado por la volatilidad, especialmente en los mercados energéticos, la vicepresidenta prefirió no aventurar consecuencias directas, aunque afirmó que el Ejecutivo “seguirá actuando con firmeza para proteger a consumidores y empresas, tanto en España como en el conjunto de Europa”.

Sin embargo, España parte de una posición sólida gracias a un modelo energético

Aagesen destacó también que, a pesar de los desafíos globales, España parte de una posición sólida gracias a su modelo energético cada vez más autosuficiente. “Tenemos una de las matrices energéticas más diversificadas de Europa y hemos hecho una apuesta firme por las energías renovables. Actualmente, más del 56% de nuestra electricidad procede de fuentes limpias, lo cual nos otorga una mayor autonomía frente a crisis externas”, explicó.

En cuanto a la evolución del mercado, la ministra recordó que tanto el precio del petróleo como el del gas natural han mostrado una tendencia a la baja en las últimas semanas, lo que podría contribuir a aliviar tensiones en la factura energética. No obstante, aseguró que el Gobierno seguirá “muy vigilante” para intervenir si fuera necesario y garantizar la estabilidad de los precios.

Este nuevo escenario plantea un punto de inflexión en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, en el que España espera jugar un papel activo como promotora del entendimiento y la cooperación transatlántica.

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Don Juan Carlos ha comenzado una estrategia judicial con el fin de poder defender su legado y su honor
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^{Imagen: el rey emérito Don Juan Carlos I Gtres}

A pocos meses de que se cumplan cinco décadas desde su proclamación como rey de España, Juan Carlos I ha decidido emprender una nueva batalla judicial, esta vez en Suiza, contra su antigua amiga íntima Corinna Larsen y el abogado ginebrino Dante Canonica. La acción legal, que sigue a una querella por injurias presentada en Madrid contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, forma parte de una estrategia más amplia con la que el exmonarca intenta restaurar su imagen pública y proteger su legado histórico.

Según adelantó El Mundo y confirmaron medios como ABC y El País, el padre del rey Felipe VI ha optado por actuar en el país helvético debido a que fue allí donde se constituyó la Fundación Lucum, vehículo a través del cual se canalizó una controvertida donación de 65 millones de euros procedente del Ministerio de Finanzas saudí. Los fondos fueron transferidos posteriormente a una cuenta controlada por Larsen, quien asegura que el dinero fue un obsequio personal. Juan Carlos I, por su parte, afirma que le confió esa suma para su custodia y que, una vez finalizada su relación personal, solicitó su devolución sin éxito.

Una nueva querella por fraude y delito contra el honor

La demanda interpuesta en Suiza no solo pretende exigir una rectificación pública de las declaraciones que Larsen ha venido realizando en medios y tribunales, sino también una compensación económica por lo que el exmonarca considera un acto de fraude. La querella se ampliará para incluir también al abogado Dante Canonica, quien fue responsable de estructurar jurídicamente la fundación Lucum desde su despacho en Ginebra.

Canonica ya había sido señalado en diversas investigaciones periodísticas, como las de The Telegraph y Tribune de Genève, por su papel en la arquitectura financiera del rey emérito, pero siempre defendió que sus actuaciones se ceñían estrictamente a la legalidad suiza. En 2020, Canonica fue interrogado por la Fiscalía helvética en el marco de una investigación sobre posibles delitos de blanqueo de capitales, aunque esa causa fue finalmente archivada en 2021, al igual que ocurrió posteriormente con las diligencias abiertas en España.

El contexto: demandas cruzadas y causas archivadas

La disputa entre Juan Carlos I y Corinna Larsen no es nueva. En 2020, la empresaria germano-danesa interpuso una demanda civil en Reino Unido, acusando al exmonarca de haberla sometido a una campaña de acoso, seguimientos y amenazas por parte del CNI y otras estructuras parapoliciales españolas. La cifra que reclamaba entonces ascendía a 146 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal de Apelación británico desestimó el caso en octubre de 2023, al considerar que Juan Carlos I gozaba de inmunidad en el marco de los actos supuestamente realizados durante su reinado.

Esta serie de litigios ha erosionado profundamente la imagen pública del rey emérito, tanto dentro como fuera de España. A raíz de las investigaciones abiertas en 2020 por la Fiscalía del Tribunal Supremo Juan Carlos I optó por fijar su residencia en Abu Dabi y limitar su presencia en actos públicos. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, aunque no ha renunciado a manifestar, en círculos cercanos, su deseo de que su legado sea reconocido y que los episodios de los últimos años no empañen su papel en la Transición democrática.

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El presidente de EE.UU. ha decidido dar un respiro a los mercados suspendiendo sus medidas, aunque las tasas aumentarán para algunos países como China
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump I EFE}

Tras una semana de turbulencias en los mercados, advertencias de recesión y críticas internas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido dar marcha atrás en su guerra comercial global. Este miércoles, anunció una moratoria de 90 días en los aranceles más elevados que habían entrado en vigor pocas horas antes, buscando calmar las tensiones y abrir espacio para negociaciones.​

Anuncio inesperado y reacción inmediata de los mercados

La noticia llegó a través de un mensaje en su red social, donde Trump informó que los llamados aranceles “recíprocos” se reducirán temporalmente al 10%. Esta tasa es significativamente menor al 50% que se había previsto para muchos países. La reacción en Wall Street fue inmediata y positiva: el Dow Jones Industrial Average subió 2.962,86 puntos, un 7,9%, cerrando en un récord de 40.608,45, marcando su mayor incremento en un solo día. El S&P 500 y el Nasdaq 100 también experimentaron aumentos cercanos al 10% y más del 12%, respectivamente.

Sin embargo, China quedó excluida de esta moratoria. Trump elevó las tasas de las importaciones chinas al 125%, citando la falta de reciprocidad en las relaciones comerciales. En respuesta, Pekín aumentó sus aranceles a productos estadounidenses al 84%. Esta escalada ha generado preocupación entre los vendedores chinos en plataformas como Amazon, quienes consideran aumentar precios o abandonar el mercado estadounidense debido a los elevados costos  

Reacciones internacionales y medidas de represalia

La Unión Europea, aunque beneficiada por la moratoria, ya había aprobado aranceles de represalia del 25% sobre productos estadounidenses valorados en 21.000 millones de euros, en respuesta a las medidas previas de Trump sobre el acero y el aluminio. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró que la reducción al 10% sería “universal”, excepto para China.​

El anuncio dejó dudas sobre si países vecinos como México y Canadá, involucrados en sus propias disputas comerciales con Estados Unidos, se beneficiarán de la reducción arancelaria. También hay incertidumbre sobre sectores específicos como la importación de automóviles, aluminio y acero.​

Presiones internas y temores de recesión

La decisión de Trump de modificar su estrategia arancelaria se produce en medio de crecientes críticas internas y señales de alarma en los mercados financieros. Empresas y líderes del sector financiero habían expresado preocupación por el impacto de los aranceles en la economía, con advertencias de posibles recesiones y volatilidad en los mercados.​

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La organización recuerda que miles de personas “recibieron la alerta cuando la mayoría de ellas se encontraban ya en extremo peligro” y acusa a las instituciones de llevar a cabo “una gestión negligente”
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Imagen de casas devastadas en Paiporta por la dana del 29 de octubre. AMNISTÍA INTERNACIONAL

La Generalitat Valenciana vulneró los derechos humanos el día de la dana de miles de personas al no facilitar a tiempo información sobre la magnitud de la catástrofe. Esta es la principal conclusión del último informe de Amnistía Internacional, un documento en el que la entidad critica que el Ejecutivo autonómico enviara tarde la alerta masiva a móviles, que llegó a las 20:11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos y desaparecidos.

Además, la ONG considera que la “respuesta institucional” ante las inundaciones fue “deficiente” y “vulneró derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, ya que la Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia, ni reaccionó con celeridad ni proporcionó información necesaria para la protección de la población”, según indica el informe. A pesar de “contar con datos relevantes de diversas fuentes”, el Ejecutivo de Mazón no emitió un “aviso generalizado con instrucciones claras a la población” ni facilitó a los ayuntamientos “información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y advertir” a los vecinos del peligro letal.

Amnistía Internacional también apunta al “Estado español” como responsable de la gestión de la dana ya que, “en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”. Esta organización considera que el Gobierno central “no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia”. Y recuerda que el Ejecutivo podría haber actuado “por iniciativa propia”, ya que, según la ley, la emergencia afectó a más de una autonomía. No obstante, “el presidente de la Generalitat no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias”, zanja la organización.

La información llegó tarde

Amnistía Internacional afirma que la “totalidad” de los testimonios que ha recabado para la elaboración del informe “mencionan expresamente” que el mensaje de alerta “llegó demasiado tarde”. Recuerda además que el protocolo del Ministerio del Interior adjudica a los centros de emergencias de las comunidades autónomas el envío del mensaje de alerta si urge comunicar a la población medidas de autoprotección.

En este sentido, los ayuntamientos consultados para la elaboración del informe (Catarroja, Benetússser, Massanassa, Alfafar, Picanya y Paiporta) aseguraron que no dispusieron de “información suficiente ni precisa” y que la Generalitat “no les informó de la rápida y cuantiosa crecida del caudal” del barranco del Poyo. Los consistorios consideran que no fueron informados por parte de la “autoridad competente en la dirección de la emergencia para haber reaccionado con mayor margen de tiempo frente al desastre”.

“La falta de coordinación entre los distintos niveles del Sistema Nacional de Protección Civil agravó las consecuencias del desastre”, afirma AI, que recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la pasividad institucional ante riesgos naturales “constituye una violación del derecho a la vida” y “puede ser constitutiva de responsabilidad estatal”. 

No obstante, el informe descarta “deficiencias” en la legislación de emergencias y protección civil “respecto de lo que indican los estándares internacionales en materia de respuestas frente a catástrofes naturales”. La ONG detecta, por el contrario, fallos en “aspectos clave como la adopción de decisiones adecuadas, en tiempo real, para la protección de la población”.

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El Congreso votará una reforma exprés del Concierto Económico vasco que amplía la autonomía fiscal de Euskadi en 14 impuestos, incluido el IVA. La medida refuerza el autogobierno y facilita la tributación exclusiva a las Haciendas Forales para más contribuyentes
The post El Congreso votará hoy modificar el concierto económico para gestionar 14 impuestos más first appeared on Hércules.  El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la última modificación del Concierto Económico vasco con la que Euskadi aumentará su autogobierno económico financiero con la regulación de hasta 14 impuestos más, entre ellos el IVA. La Cámara Baja ya acordó que esta reforma se va a tramitar por la vía exprés en lectura única, lo que significa que no pasa por ponencia ni comisión, sino que todas las fases se sustancian en la sesión plenaria de este jueves. Sólo Vox se opuso a esta tramitación directa.

En el Pleno de este jueves estará presente el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, y la consejera de Gobernanza, María Ubarretxena, que anteriormente asistirán a la Comisión Mixta del Concierto Económico. En cualquier caso, las modificaciones del Concierto Económico que acordó el Gobierno central y el vasco y se llevarán mañana al Congreso afectan a una veintena de artículos y a dos disposiciones adicionales.

Entre estos cambios destacan los relacionados con la ampliación de la autonomía normativa en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes; el incremento de la capacidad normativa propia en materia de obligaciones formales y de gestión de las Haciendas Forales en 14 impuestos, incluido el IVA; y la elevación de 10 a 12 millones de euros al año del umbral del volumen de operaciones que garantiza que los contribuyentes de menor dimensión tributen exclusivamente y se relacionan solamente con la Administración tributaria de su domicilio fiscal.

Esto último ampliará el número de contribuyentes que tributan en exclusiva a las Haciendas Forales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA, y facilitará a esos contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Todo ello, según destacaron el Gobierno vasco y las diputaciones cuando se suscribió el acuerdo en noviembre de 2024, “redunda en un impulso al autogobierno económico-financiero de Euskadi”.

El Impuesto sobre la Renta de No Residentes pasa a ser un tributo concertado de normativa autónoma en todos los supuestos. Hasta ahora, solo lo era para los contribuyentes que operan en territorio español por medio de un establecimiento permanente, y ahora se extiende la capacidad normativa autónoma a todas las personas no residentes.

La medida posibilitará que las políticas de impulso y dinamización de la actividad económica y de incentivación de determinadas actividades que aprueban las instituciones forales puedan aplicarse también a los y las contribuyentes no residentes, “con el positivo impacto que de ello se deriva para el aumento de la inversión extranjera en Euskadi”, según han señalaron en su día las instituciones vascas.

El acuerdo suscrito también incrementa la capacidad normativa propia en materia de obligaciones formales de gestión por parte de las Diputaciones Forales de 14 impuestos. Entre estos tributos se encuentran el IVA, y los impuestos sobre Depósitos en las entidades de crédito, el Valor de la producción de la energía eléctrica, la Producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el Almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, y el Valor de extracción de gas, petróleo y condensado.

También se ven afectados por estos acuerdos los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las Primas de Seguro, los impuestos Especiales, y los impuestos sobre envases de plástico no reutilizables, gases fluorados, Determinados Servicios Digitales, Depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, y Actividades de Juego.

La ampliación del ámbito competencial de las instituciones vascas afecta a los 14 impuestos y es especialmente relevante en relación con el IVA. Los cambios acordados permitirán a las Haciendas Forales adaptar sus normas sobre obligaciones formales y de gestión, “reduciendo las cargas” que implican para los contribuyentes.

También se aborda otro relevante acuerdo para los contribuyentes forales que realizan importaciones. Desde la introducción en 2015 de un nuevo sistema de gestión por parte de la Administración del Estado (el IVA a la importación es competencia exclusiva del Estado), se permite a los contribuyentes no tener que adelantar en aduanas el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sin embargo, los contribuyentes que tributaban a las Haciendas Forales estaban excluidos de ese sistema y soportan una carga financiera adicional. Este miércoles se ha acordado analizar este problema para conseguir acordar una solución para los contribuyentes vascos.

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