La Comunidad de Madrid denuncia que un 10% de su parque de viviendas sociales está ocupado ilegalmente y exige a Sánchez una ley eficaz contra la okupación
The post Los okupas secuestran 2.500 viviendas sociales en Madrid first appeared on Hércules. La Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo y contundente mensaje al Gobierno central: la okupación ilegal de viviendas sociales es una lacra que debe ser atajada de inmediato. En las primeras jornadas autonómicas sobre este fenómeno, el Ejecutivo regional ha exigido a Pedro Sánchez una legislación más firme que permita recuperar los inmuebles usurpados y proteger así a las familias realmente necesitadas.
Durante el encuentro, celebrado este jueves, el subdirector general de lo Contencioso de la Abogacía de la Comunidad, José Borja Gómez Encina, reveló que 2.500 de las 25.000 viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social están okupadas, lo que equivale al 10% del total. Una cifra “nada desdeñable” que, según denunció, está impidiendo el acceso a un hogar a miles de ciudadanos que cumplen con la ley.
La okupación ilegal bloquea el acceso a vivienda a más de 4.000 familias vulnerables
El drama es aún más sangrante cuando se comparan las cifras: actualmente, hay 4.000 solicitantes de vivienda pública en la región. Erradicando las okupaciones ilegales se podría satisfacer el 40% de esas demandas. “La vivienda no es para nosotros, sino para terceros que pueden estar más necesitados”, subrayó Gómez Encina.
Desde el Gobierno autonómico se pone el foco, además, en los “daños colaterales” de este fenómeno: no solo afecta a propietarios particulares, sino también a los recursos públicos que deberían destinarse a quienes verdaderamente los necesitan. La okupación de viviendas sociales impide cumplir con la función social que justifica su existencia.
A pesar de que las administraciones pueden recurrir a la vía contencioso-administrativa para recuperar estas viviendas, la legislación vigente convierte el proceso en un laberinto judicial. La actual normativa otorga a los okupas una posición privilegiada bajo el paraguas de la “vulnerabilidad”, un concepto que, en la práctica, ha bloqueado miles de desalojos en toda España.
“Antes, en nueve meses podíamos recuperar una vivienda, incluso aunque recurrieran. Ahora, la invocación de la vulnerabilidad retrasa el desalojo durante años”, lamentó el representante legal de la Comunidad. Esta situación, según la administración madrileña, ha pervertido el sistema jurídico en favor del infractor.
Delincuencia profesionalizada
Además de la protección legal, los okupas han comenzado a emplear estrategias cada vez más sofisticadas para eludir a la justicia. Una de las más conocidas es la llamada “técnica de Telepizza”, que consiste en pedir comida a domicilio y recogerla en el portal días antes de ocupar la vivienda. Cuando finalmente acceden por la fuerza y salta la alarma, muestran a la Policía el recibo como “prueba” de su residencia, dificultando así la intervención inmediata de los agentes por no tratarse, supuestamente, de un delito flagrante.
“El delincuente ha aprendido cómo manipular el sistema. La Policía, en muchas ocasiones, tiene que dar más valor a un ticket de pizza que a las escrituras del propietario”, denunció Gómez Encina con ironía y frustración.
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid reitera su llamada al Ejecutivo central para que promueva una reforma legal contundente que agilice los desalojos, devuelva las viviendas a sus legítimos destinatarios y ponga fin a una situación que vulnera el interés general.
“El Gobierno no puede seguir ignorando esta realidad. La impunidad con la que actúan los okupas es el resultado directo de una legislación permisiva y arbitraria”, concluyen desde la administración madrileña.
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