Categoría: ESPAÑA

Los socialistas han decidido elaborar un decreto sin el apoyo de los populares, a pesar de la petición de unidad lanzada por Feijóo
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^{Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo I EFE}

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, propuso al Gobierno de Pedro Sánchez una estrategia conjunta para mitigar los efectos negativos de los aranceles impuestos por Trump. El popular enfatizó la importancia de la unidad nacional en momentos de crisis, ofreciendo su colaboración.

Propuestas concretas del PP y comunicación con el Ministerio de Economía

El PP presentó una serie de medidas destinadas a apoyar a las empresas más afectadas por los aranceles. Entre ellas, se incluía la creación de un fondo de ayudas directas, una reducción de impuestos para las compañías perjudicadas y una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos reasignados. Además, se proponía la elaboración de un plan de control aduanero para los productos importados.​

Para formalizar estas propuestas, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Bravo se comprometió a enviar un documento detallado con las iniciativas del partido a lo largo de la tarde, con la esperanza de que fueran consideradas en el decreto que el Gobierno planeaba aprobar en el Consejo de Ministros del martes.​

Respuesta del Gobierno y reacción del PP

Sin embargo, al final de la jornada, el Ejecutivo comunicó al PP que, tras revisar las propuestas enviadas por Bravo, no incorporaría ninguna de ellas en el decreto previsto. Esta decisión generó descontento en la sede del PP, donde se interpretó como una falta de voluntad del Gobierno para alcanzar acuerdos. Fuentes cercanas a la dirección del partido expresaron su decepción, señalando que, a pesar de los esfuerzos por consensuar medidas y moderar el discurso en aras del interés nacional, no se logró un mínimo de consenso con el Ejecutivo.​

Por su parte, fuentes gubernamentales indicaron que, aunque las propuestas del PP no se incluirían en el decreto inicial, serían analizadas y podrían ser incorporadas durante la tramitación parlamentaria. Señalaron que estas medidas serían evaluadas en coordinación con agentes sociales, comunidades autónomas, entidades locales y grupos parlamentarios, teniendo en cuenta la situación económica.​

Contexto europeo y medidas adicionales

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha generado preocupación en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso de la UE de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, proponiendo la eliminación de todos los aranceles sobre bienes industriales. Sin embargo, esta propuesta no recibió una respuesta adecuada por parte de EE.UU., lo que ha llevado a considerar otras opciones, incluida la implementación de medidas de represalia. ​

En el ámbito nacional, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abogado por una respuesta coordinada a nivel europeo ante la amenaza de aranceles, enfatizando la importancia de que la Comisión Europea lidere las acciones y que los estados miembros actúen de manera conjunta. ​

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La magistrada recuerda en su auto que “la declaración de situación de emergencia catastrófica corresponde al President”, según estipula la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 2010
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Imagen: Pradas y Mazón, junto a otros miembros del Gobierno valenciano. EP/ Rober Solsona

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha vuelto a denegar la solicitud de una acusación particular de citar como testigo al presdient de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. En uno de los seis autos que se han dado a conocer este lunes, la magistrada recuerda que ya rechazó citar al president, debido a que es aforado, “sin perjuicio de que él mismo pueda solicitarlo, no como testigo, sino al amparo de las garantías propias a que se refiere el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Es decir, declararía como investigado.

Además, en ese mismo auto, la jueza recuerda que “la declaración de situación de emergencia catastrófica corresponde al President”, según estipula la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat de 2010. En concreto, el artículo 4 de esta ley reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y sobre las actuaciones previstas para hacerles frente y a recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y la conducta a seguir.

Al respecto, la magistrada argumenta: “En definitiva, las preguntas que pudieran formularse al President de la Generalitat versarían sobre el análisis de la omisión de la declaración de situación de emergencia catastrófica. Nunca se declaró dicha situación, lo que difícilmente tendría encaje en una declaración testifical, y desplazaría su posición procesal a la propia de un investigado”.

En otro auto, la jueza también desestima la práctica de un reconocimiento aéreo de las zonas afectadas, así como tomar la declaración en este momento a los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Una asociación canceló un acto en el que estaba invitada Salomé Pradas

La Associació de Juristes Valencians tenía programada el pasado 29 de octubre la gala de entrega de la tercera edición del Premi Gregori Mayans, donde estaba invitada la exconsellera Salomé Pradas. La asociación acordó a las 10.13 del 29 de octubre la “notificación de la suspensión del acto a todos los invitados”, según otro auto de la jueza.

La anulación del acto ha sido desvelada por Ximo Esteve, un letrado de Algemesí, municipio de la comarca de la Ribera Alta afectado por la DANA, que pidió a la jueza en un escrito personarse en la causa. La magistrada ha emplazado al abogado a personarse como acusación popular. De lo contrario, al no tener vínculo de parentesco con fallecidos ni la condición de lesionado con tratamiento médico, su escrito “solo tendría el valor de denuncia, sin posibilidad de personarse ni ejercitar acciones penales”.

Sin embargo, la magistrada destaca que el abogado aporta en su escrito “diversos elementos de prueba útiles para la causa”, aunque el “fundamental se refiere a la suspensión del acto” al que estaban invitados varios cargos institucionales.

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El Rheinmetall asegurará el suministro de municiones en los ejércitos europeos mediante la adquisición de Hagerdorn-NC
The post Rheinmetall asegura una serie de acuerdos para garantizar la munición en Europa first appeared on Hércules.  Rheinmetall ha cerrado un acuerdo para adquirir Hagedorn-NC, una empresa alemana especializada en la producción de nitrocelulosa industrial, con el objetivo de reforzar su cadena de suministro de materias primas esenciales para propulsores de artillería. Esta operación se enmarca en los esfuerzos coordinados de empresas y gobiernos europeos para garantizar y expandir la capacidad de producción de municiones y explosivos.

La compañía alemana tiene previsto reconvertir la producción de Hagedorn-NC para fabricar nitrocelulosa de grado militar en los próximos meses. No obstante, los clientes civiles continuarán recibiendo suministro “por ahora”, según ha informado Rheinmetall. La empresa considera que esta adquisición resuelve un importante cuello de botella estratégico dentro de su cadena de suministro.

Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, destacó que la compra refuerza la integración vertical de la compañía en toda la cadena de valor de la producción de municiones, asegurando una fuente crítica de materias primas. Desde la invasión rusa de Ucrania, los fabricantes europeos de munición han intensificado la producción, respaldados por una inversión superior a los 1.500 millones de euros por parte de la Unión Europea para aumentar la capacidad de fabricación de explosivos, propulsores y proyectiles.

La UE aspira a producir 2 millones de proyectiles de artillería para 2025, una cifra muy superior a los 230.000 proyectiles anuales que se producían en 2023. La nitrocelulosa es un componente clave en las cargas propulsoras de proyectiles, especialmente en obuses modernos, y Rheinmetall se ha fijado el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de hasta 1,1 millones de proyectiles de 155 mm anuales para 2027. Con esta adquisición, la compañía sumará una cuarta planta de producción de nitrocelulosa a sus instalaciones ya existentes en Suiza, España y Sudáfrica.

La compra de Hagedorn-NC se produce poco después de que el grupo checo Czechoslovak Group (CSG) adquiriera en noviembre la planta alemana de nitrocelulosa perteneciente a la firma estadounidense International Flavors & Fragrances. CSG también tiene planes para aumentar la producción de nitrocelulosa destinada tanto a municiones como a aplicaciones industriales, entre ellas recubrimientos para madera y esmaltes de uñas.

La nitrocelulosa, que se obtiene mediante el tratamiento de pulpa de madera o linters de algodón con ácidos nitrantes, ha sido objeto de restricciones por parte de la Unión Europea, que prohíbe su exportación a Rusia desde abril de 2022. Aunque la adquisición de Hagedorn-NC aún está pendiente de aprobación antimonopolio, Rheinmetall confía en que esta operación reforzará su posición como proveedor clave de municiones de gran calibre para la OTAN y garantizará un suministro constante de componentes esenciales.

Por el momento, Rheinmetall no ha revelado el precio de la operación, la capacidad específica de producción ni los posibles cuellos de botella pendientes en la fabricación de nitrocelulosa. Se espera, no obstante, que la integración de Hagedorn-NC incremente la plantilla en 90 empleados. En paralelo, CSG ha informado que más de 350 personas trabajarán en la planta de Walsrode, relacionada con la adquisición realizada en noviembre.

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El Gobierno apuesta por nutrir la partida de Defensa para reforzar la seguridad del país en un contexto de incremento generalizado a nivel europeo, pero que genera debate
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Imagen: Miembros de las fuerzas armadas de España y Bulgaria participan en el ejercicio Steadfast Dart de la OTAN, el 13 de febrero de 2025 en Tsrancha (Bulgaria). Hristo Rusev / Getty Images

Como el resto de Europa, España se enfrenta a una creciente presión geopolítica en un mundo cada vez más inestable. En este contexto, el debate sobre seguridad y defensa no se limita a las élites, y las recientes encuestas apuntan a que los españoles se declaran a favor de aumentar el gasto en esta partida y a apoyar la creación de un ejército europeo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) suele preguntar precisamente por el gasto en defensa en sus estudios de Opinión pública y política fiscal. El más reciente fue el de julio de 2024, antes si quiera de que esta cuestión estuviese tanto en el foco mediático y antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez. Según el CIS, el 39,3% de los encuestados creía que se estaban destinando los recursos “necesarios” a esta partida; el 31,2% pensaba que eran “muy pocos” y el 24,4%, “demasiados”. Por partidos, el 58,4% de los votantes de Sumar contestaron que se invertía “demasiado” en defensa; un 27,5% los votantes del PSOE; un 12,5% de los de Vox y un 8,3% de los del PP. 

En el contexto actual, estos datos han cambiado significativamente. Una de las últimas encuestas sobre esta cuestión la ha realizado 40dB para El País y la Cadena Ser, que apunta que, en torno al 55% de los españoles está “bastante o muy de acuerdo” con la idea de crear un ejército europeo y con un aumento del gasto militar. Además, más del 40% de los encuestados apuesta por la inversión pública en la industria militar o enviar armas en zonas de conflicto. En torno al 35% dicen estar “muy o bastante de acuerdo” con la reimplantación del servicio militar obligatorio o el envío de tropas españolas a zonas en conflicto.

La última encuesta DYM realizada para 20minutos en marzo de 2025 desprende unos datos similares. El 53,4% de los ciudadanos considera que España debe aumentar el gasto en defensa ante el nuevo contexto internacional y un 40,4% apoya enviar tropas a Ucrania para garantizar su seguridad dentro de un plan de paz. Según la misma encuesta, los votantes del PP (65,4%) y del PSOE (55,4%) son los que se muestran más a favor de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB. En cambio, son menos de la mitad de los electores de Sumar (un 48,1%) y de Vox (45,6%) los que se muestran a favor de elevar esta inversión.

Más del 50% de los españoles están dispuestos a aceptar recortes sociales

Una encuesta de la organización internacional More in Common señala que el 57% de los españoles estarían dispuestos a aceptar recortes sociales para aumentar el gasto militar. Por su parte, el 35% de los encuestados rechaza estos recortes sociales “aunque ello pusiera en riesgo la capacidad de defenderse” de los españoles.

Además, la misma encuesta indica que el 64% se declara a favor del envío de tropas a Ucrania y solo el 25% ve a Estados Unidos como aliado de España. Al comparar los resultados con la intención de voto de los encuestados, se muestra que los más afines a considerar a EE.UU. como enemigo son los votantes de Podemos, con un 65%, seguidos de un 33% de los votantes del PSOE. Los números descienden entre los de PP y voz hasta un 18% y un 19%, respectivamente.

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El Congreso debatirá la proposición de ley sobre la gratuidad de estos productos ópticos para los menores de edad
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^{Imagen: la ministra de Sanidad, Mónica García I Europa Press}

Según los últimos estudios de la Fundación Salud Visual y datos del Ministerio de Sanidad, aproximadamente un 60% de la población española necesita algún tipo de corrección visual, ya sea con gafas o lentillas. En términos absolutos, esto representa a unos 27 millones de personas.

En promedio, una persona en España gasta entre 100 y 300 euros por unas gafas nuevas cada 2 o 3 años, lo que, si se considera el gasto anualizado para aquellas que se cambian cada 2 años, se sitúa entre 50 y 150 euros. En cuanto a las lentillas, el precio depende del tipo (diarias, mensuales, etc.) y la marca. Un paquete de lentillas diarias puede costar entre 15 y 40 euros por mes, lo que se traduce en un gasto anual de entre 180 y 480 euros.

Proposición de ley para la gratuidad de gafas y lentillas

La proposición de ley para la gratuidad de las gafas y lentillas busca incorporar estos productos en la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud, de manera que los ciudadanos puedan acceder a ellos sin coste adicional o con un coste mínimo. El objetivo de esta iniciativa es abordar las desigualdades de acceso a los cuidados visuales, especialmente para las personas con menos recursos, quienes a menudo no pueden permitirse gafas o lentillas adecuadas para corregir su visión. Esta propuesta se enmarca en un intento por reducir lo que se denomina “pobreza visual”, que afecta a aquellos que no tienen acceso a la atención visual integral, provocando problemas que inciden negativamente en su salud, educación, trabajo y calidad de vida.

Posición de los partidos políticos

• PSOE: el partido socialista apoya la iniciativa, argumentando que es esencial avanzar hacia la universalización de la atención en salud visual dentro del sistema público. En su opinión, esta medida contribuiría a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades, permitiendo que todos los ciudadanos tengan acceso a productos ópticos adecuados sin importar su nivel económico.

• PP: el Partido Popular se muestra más reticente a la propuesta, planteando preocupaciones sobre la sostenibilidad económica de la medida. Los conservadores señalan que, aunque la salud visual es un derecho importante, la inclusión de gafas y lentillas en el sistema público podría suponer una carga adicional para las finanzas del Estado y aumentar el gasto público.

• VOX: VOX también se opone a la proposición, argumentando que esta medida podría llevar a un aumento excesivo en el gasto público y que existen otras prioridades dentro del sistema de salud. Además, creen que este tipo de productos debería seguir siendo cubierto por el ámbito privado, tal y como ocurre actualmente, para mantener la sostenibilidad del sistema.

• Podemos: el grupo morado apoya la proposición, considerando que es un paso fundamental para garantizar la equidad en el acceso a servicios básicos. Defienden que una atención integral a la salud visual es clave para reducir las desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables.

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La llegada de extranjeros ha aumentado un 6,9% durante los primeros meses de este año, creando 2,5 millones de puestos de trabajo en el sector
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^{Imagen: playa de Benidorm I Europa Press}

​En el año 2024, España consolidó su posición como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, alcanzando cifras récord en diversos indicadores del sector.​

Llegada de turistas internacionales

Durante 2024, España recibió aproximadamente 93,8 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento del 10,1% en comparación con el año anterior. Los principales países de origen fueron:​

• Reino Unido: 18,4 millones de turistas (+6,6% respecto a 2023).​
• Francia: 12,9 millones de turistas (+10,3%).​
• Alemania: 11,9 millones de turistas (+8,6%).​

Gasto turístico

El gasto total realizado por los turistas internacionales en 2024 ascendió a 126.282 millones de euros, un aumento del 16,1% en comparación con 2023. Este incremento refleja una tendencia hacia un turismo de mayor calidad y gasto por visitante.​ Además, cada turista gastó, en promedio, 1.345 euros durante su estancia, lo que supone un incremento de 159 euros, un 6,4% más que el año anterior.

En cuanto a la procedencia de los visitantes que más dinero dejan en el país, coinciden con el origen de los que más nos visitan. En este sentido, los turistas procedentes de Reino Unido lideraron el gasto con más de 22.600 millones de euros, un 13,5% más que en 2023. Les siguieron los visitantes de Alemania, que gastaron más de 15.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,6%, y los de Francia, con un gasto de 11.014 millones de euros, un 13,1% más que el año anterior.

Contribución al PIB y generación de empleo

El sector turístico generó en 2024 una actividad económica valorada en 207.763 millones de euros, consolidándose como el principal motor de la economía española y representando el 13,1% del PIB nacional. Además, el turismo fue responsable de la creación de 72.310 nuevos empleos, lo que supone un incremento del 3,2% en el sector. Es destacable que la temporalidad en el empleo turístico se redujo al 7,8%, evidenciando una mejora en la estabilidad laboral dentro del sector

De cara a 2025, las perspectivas indican un crecimiento continuado en el sector turístico. Se estima que el PIB turístico aumentará un 4% en términos reales, superando el crecimiento previsto para la economía en su conjunto. Además, se espera que España alcance la cifra récord de 100 millones de turistas internacionales, consolidando aún más su posición como uno de los destinos turísticos líderes a nivel mundial.

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La Unión Europea adoptó una directiva que obliga a las empresas a cumplir con políticas ESG o enfrentarse a multas millonarias. A pesar del retroceso en EE. UU., la ley podría afectar globalmente a empresas con grandes cadenas de suministro.
The post Empresas en riesgo de multas millonarias por no cumplir con la directiva ESG de la UE first appeared on Hércules.  El movimiento de medioambiente, social y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) ha perdido fuerza recientemente. Sin embargo, la Unión Europea aprobó el año pasado una directiva que obligará a las empresas a implementar políticas ESG y sancionará con miles de millones a aquellas que no lo hagan. Jack McPherrin, investigador del Instituto Heartland, calificó la medida como “una de las más peligrosas” que ha visto en los últimos años.

En enero, grandes empresas como Blackrock, con 11,6 billones de dólares en activos, abandonaron iniciativas como Net Zero Asset Managers, mientras que la Unión Europea sigue adelante con la implementación de los criterios ESG a través de la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), adoptada en mayo de 2024. Esta ley obliga a los 27 países miembros a aplicarla en sus respectivas legislaciones nacionales antes de 2026 y establece sanciones por incumplimiento de al menos el 5% de los ingresos globales de las empresas.

A pesar de que las grandes corporaciones han reducido su participación en iniciativas ESG, la nueva legislación tiene un alcance global, afectando a cualquier empresa con una facturación superior a 492 millones de dólares al año. Además, la directiva exige que las empresas se adhieran a los criterios ESG en toda su cadena de suministro, lo que significa que incluso pequeñas empresas podrían verse obligadas a cumplir con las políticas de sostenibilidad. McPherrin advirtió que esto representa un “asalto a la soberanía” y ejemplificó cómo una ONG podría demandar a una empresa, como McDonald’s, por el impacto ambiental de sus proveedores.

El informe también señala que la ley alemana sobre las obligaciones de diligencia debida en las cadenas de suministro ya ha comenzado a generar efectos similares. Un ejemplo de ello es la demanda presentada por el sindicato United Auto Workers contra Mercedes-Benz en virtud de una ley alemana, que podría replicarse con empresas estadounidenses, como Ford, bajo la CSDDD.

La influencia de esta legislación sobre la economía de EE. UU. es significativa. Durante la confirmación del Secretario de Comercio, Howard Lutnick, el senador Roger Wicker expresó su preocupación sobre el impacto del CSDDD en las empresas estadounidenses que operan en Europa. En respuesta, Lutnick dijo que el Departamento de Comercio consideraría todas las herramientas comerciales disponibles para contrarrestar cualquier acción que perjudique a la economía estadounidense.

El Instituto Heartland, junto con una coalición de grupos pro libre mercado, ha enviado una carta a funcionarios de EE. UU., advirtiendo sobre los riesgos de la directiva, que incluso va más allá de los criterios ESG tradicionales, incluyendo disposiciones que obligan a las empresas a restringir la desinformación. La coalición espera que la diplomacia internacional presione a la Unión Europea para excluir a las empresas estadounidenses de los mandatos de la directiva y eliminar las sanciones y la responsabilidad civil. La implementación de la ley está programada para menos de dos años, y los litigios derivados podrían durar hasta 18 meses en los tribunales europeos.

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Creo que hay empresas que no están sabiendo asumir el papel social que les corresponde, uno que va más allá de toda responsabilidad social corporativa o de pagar unos salarios justos a sus empleado
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Protesta de ADICAE en A Coruña, en 2012. MIGUEL RIOPA via Getty Images

El problema de la vivienda lo hemos creado nosotros. Primero las avaras generaciones pasadas quisieron tener una casa en la ciudad y otra en la playa, esa promesa del paraíso en la tierra que nos regaló José María Aznar haciendo llover el maná que profetizaba el culmen de la clase media en tener una segunda vivienda para uso y disfrute. Los hijos han pagado por los pecados de los padres. Los bancos, que son más listos por viejos que por bancos,  se conjuraron para no cometer los errores del pasado. Me refiero a esa etapa en la que los desahucios se sucedían por doquier y algunos damnificados reconocieron que habían hipotecado su vivienda habitual para adquirir una en primera línea de playa; así Aznar, unos años más tardes, reconocería que la crisis del 2008 la provocaron unos ciudadanos que habían vivido por encima de sus posibilidades. Los topes inasumibles que han establecido los bancos para conceder hipotecas no son más que el fruto del descuido de las generaciones anteriores. Los padres que cobijan a sus hijos de treinta años en su casa son los culpables indirectos de que ellos mismos no puedan disfrutar de la ansiada emancipación jubilar de sus vástagos. 

Si los jóvenes no pueden independizarse, más allá de las cosas que se podrían haber hecho mejor en el pasado, también es culpa de una falta de adaptabilidad de diferentes sectores. Creo que hay empresas que no están sabiendo asumir el papel social que les corresponde, uno que va más allá de toda responsabilidad social corporativa o de pagar unos salarios justos a sus empleados. Entiendo los postulados de extrema izquierda cuando se rasgan las vestiduras al ver los beneficios extraordinarios de ciertas empresas de alimentación o de entidades bancarias. No podemos caer en la demagogia de pensar que las compañías no deben tener beneficios porqué si uno no quiere ganar dinero no se monta una empresa sino una ONG sin ánimo de lucro. El problema viene cuando suben tanto los precios que dificultan el acceso indirecto a una vivienda quitando toda posibilidad de ahorrar. Algunos de los que se han manifestado estos días hablaban de que tenían que escoger entre llenar la cesta de la compra o pagar el alquiler. No toca descorchar el champán con cuentas estratosféricas, es momento de beber Champín manteniendo la sobriedad. 

A todo esto, ¿Qué ha pasado con el dinero que el estado le dejó a los bancos?

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Estado ofrece más de 100 €/día por cada menor migrante no acompañado a las CCAA y refuerza su plan ante la saturación de Canarias y Melilla
The post España paga más de 100 euros al día por cada menor extranjero no acompañado first appeared on Hércules.  El debate sobre la acogida de menores migrantes no acompañados (menas) ha cobrado nueva fuerza en marzo de 2025, impulsado por la presión que soportan territorios como Canarias y Melilla y el coste económico que representa su atención. Según datos oficiales y denuncias de autoridades locales, España destina hasta 5.000 euros mensuales por cada menor, una cifra que el Gobierno central intenta equilibrar con incentivos económicos a las comunidades autónomas para garantizar una distribución equitativa.

En la última conferencia sectorial celebrada en Tenerife, el Ejecutivo ofreció más de 100 euros al día por menor acogido, además de un plus adicional por el esfuerzo realizado por cada comunidad. Esta medida se apoya en un modelo acordado en septiembre de 2022, que fijaba un pago de 109,21 euros por plaza y día, además de asignaciones de entre 250.000 y 500.000 euros por comunidad autónoma, dependiendo del número de menores recibidos.

Ceuta y la crisis presupuestaria

Ceuta atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes por el elevado coste de atender a menores extranjeros no acompañados (menas). Cada menor supone un gasto mensual de 2.310 euros, lo que genera un coste total de más de 1,2 millones de euros al mes para los 520 menores actualmente acogidos. Esta cifra supera ampliamente la capacidad del sistema, diseñado para atender solo a 132 menores. En 2024, el Gobierno ceutí ha solicitado 11 millones de euros al Ejecutivo central y estima que en 2025 necesitará otros 14,6 millones, elevando el coste total a 25,63 millones en dos años.

La sobreocupación, que alcanza el 500%, se ha agravado con la llegada de 761 menores en los primeros nueve meses de 2024, 602 más que el año anterior. El portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, ha exigido que el Estado asuma esta carga, que considera de su competencia.

Para hacer frente a la emergencia, Ceuta ha creado un fondo especial de 11 millones, aunque su uso depende de transferencias estatales. Una reunión clave entre el presidente ceutí, Juan Vivas, y Pedro Sánchez está prevista para el 22 de noviembre en Moncloa, donde Ceuta espera obtener una respuesta inmediata y concreta para evitar el colapso del sistema.

Melilla: el caso más crítico del coste por mena

La situación más preocupante en términos de gasto la vive Melilla, donde actualmente se atiende a cerca de 200 menores. Según explicó el presidente melillense, Juan José Imbroda, el coste anual para la ciudad supera los 9,2 millones de euros, con una media de entre 52.000 y 59.000 euros por menor al año, es decir, unos 5.000 euros mensuales por persona.

Imbroda ha calificado esta carga como “insostenible” y ha denunciado un déficit acumulado superior a los 120 millones de euros, producto del desequilibrio entre el gasto real y los fondos aportados por el Gobierno central. El dirigente melillense se muestra crítico con la falta de apoyo financiero y ha advertido que su Ejecutivo podría recurrir el decreto de reparto, al que califica de “horca legal” impuesta sin consenso.

Canarias, al límite

En paralelo, Canarias sigue desbordada, con más de 6.000 menas en sus centros de acogida. El Gobierno ha planteado que unos 3.000 menores sean reubicados en otras comunidades autónomas a lo largo de este año, con un proceso escalonado que permita aliviar la presión.

La atención a estos menores representa un desafío económico directo: si se aplican los costes estimados por Melilla a nivel nacional, el Estado podría estar destinando más de 300 millones de euros anuales a esta cuestión.

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La brecha económica entre generaciones se agrava: los mayores de 65 tienen hoy un 28% más renta que los menores de 30 y una riqueza nueve veces superior
The post Brecha generacional: jóvenes atrapados en la precariedad mientras los mayores consolidan su riqueza first appeared on Hércules.  La brecha económica entre generaciones en España se ha convertido en una de las más profundas de las últimas décadas. Según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España y datos recientes del INE, los mayores de 65 años han incrementado su renta y su patrimonio de manera constante en los últimos 20 años, mientras que los jóvenes han visto cómo sus ingresos se estancaban y su riqueza se desmoronaba.

En 2008, la renta mediana de los mayores de 65 era un 16% superior a la de los jóvenes de entre 16 y 29 años. En 2023, esa diferencia alcanzó el 28%, consolidando una tendencia que se arrastra desde la crisis financiera de 2008. Los mayores han ganado poder adquisitivo; los jóvenes lo han perdido.

Renta creciente, pero salarios estancados

Mientras la renta promedio de los mayores de 65 años fue de 17.208 euros anuales en 2023, la de los menores de 30 años apenas alcanzó 13.463 euros, según el INE. Esta diferencia no se explica solo por los salarios, sino por todos los tipos de ingreso: pensiones, subsidios o prestaciones, incluidos los casos de ausencia total de ingresos.

En este sentido, las pensiones han sido el gran motor del crecimiento económico de los sénior. En 2023, la pensión media de jubilación alcanzó los 1.375 euros, un 81% más que en 2007, superando ampliamente la inflación. La revalorización constante de las pensiones, incluso en años de crisis, ha blindado su poder adquisitivo.

Por el contrario, los jóvenes han sufrido un mercado laboral inestable, marcado por la precariedad. Aunque el paro juvenil ha bajado del 50% al 25% en la última década, el 45% de los contratos fijos firmados por menores de 30 años en 2024 fueron discontinuos, lo que implica menos horas trabajadas y menores sueldos.

El patrimonio se esfuma para los menores de 45

La brecha entre generaciones no solo se manifiesta en los ingresos, sino sobre todo en la riqueza acumulada. Mientras que entre 2002 y 2022, la riqueza media de los mayores de 65 años pasó de 148.000 a 226.000 euros, la del grupo de 35 a 44 años cayó de 132.000 a 75.700 euros. Es decir, la brecha de riqueza entre ambos grupos se ha multiplicado por nueve.

Una de las razones principales es el descontrol del mercado de la vivienda. En 2007, el 58,1% de los menores de 30 años eran propietarios. En 2023, apenas lo era el 29%. Las nuevas generaciones ya no pueden construir patrimonio como sus mayores, porque la mayor parte de su renta se destina a pagar alquileres cada vez más elevados.

La herencia de la crisis y la ausencia de políticas eficaces

La gran crisis financiera de 2008 supuso un punto de inflexión. Los mayores de 65 años lograron mantener su renta, mientras los jóvenes perdieron un 25% de sus ingresos reales en los peores años. Aunque ha habido cierta recuperación, en 2023 los ingresos reales de los jóvenes seguían siendo un 5% inferiores a los de 2007.

Esto ha alterado incluso el reparto de la riqueza entre escalas sociales. En 2007, el 62% de los sénior pertenecía a la mitad del país con menos ingresos. Hoy, su posición es mucho más equilibrada. En cambio, el 53% de los jóvenes ya está en el grupo con menor renta, cuando en 2007 eran el 48%.

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