Categoría: ESPAÑA

Según fuentes a las que ha tenido acceso The Objective, el empresario Claudio Rivas pagó entre 25.000 y 35.000 euros al conocido DJ
The post Claudio Rivas, socio de Aldama, pagó a Kiko Rivera hasta 35.000 euros por actuar en su cumpleaños  first appeared on Hércules.  El empresario Claudio Rivas, socio del cabecilla de la trama de los hidrocarburos, Víctor de Aldama, consiguió explotar la empresa Villafuel SL gracias a las licencias adjudicadas a dedo por el Ministerio de Transición Energética en septiembre de 2022.

Este negocio le permitió obtener millones de euros evadiendo el pago del IVA en la compra del combustible. Este fraude fue posible gracias a las sociedades pantalla que actuaban como comercializadoras de los hidrocarburos.

Es en este contexto en el que se produjo la fiesta de cumpleaños de la mujer de Claudio Rivas, Estela, en octubre de 2023, en su finca de Mora (Toledo), una muestra del enriquecimiento del empresario de los hidrocarburos.

El medio The Objective ha tenido acceso a imágenes del cumpleaños del empresario Claudio Rivas, que contó con todo tipo de lujos. El empresario alquiló finca de grandes dimensiones del matrimonio, un campo de 90.000 olivos y una edificación de lujo. Algunos de los asistentes describen a dicho periódico la piscina exterior de mármol rosa, el córner de Moet&Chandon y, por supuesto, la música en directo. Para el cumpleaños de su esposa, Claudio Rivas contrató al DJ Kiko Rivera, uno de los más cotizados del momento y cuyo caché asciende a más de 7.500 euros/hora.

Según fuentes a las que ha tenido acceso The Objective, Rivas pagó entre 25.000 y 35.000 euros al conocido DJ.

Claudio Rivas y Víctor de Aldama defraudaron hasta 60 millones de euros a través de Villafuel SL

En el vídeo exclusivo que obra en poder del periódico, menciona que se escucha uno de los grandes hits del DJ Kiko Rivera, Así soy yo, mientras el cabecilla de los hidrocarburos Claudio Rivas y su mujer Estela Duarte, vestida de rojo, bailaban en el escenario de la mansión manchega. Una exclusiva celebración de la que constan varias fotografías de Kiko Rivera con algunos de los asistentes, entre quienes se encontraban los amigos del matrimonio.

Hay que destacar que la celebración del cumpleaños de Claudio Rivas tuvo lugar apenas doce días después de que Hacienda interviniera la operadora Villafuel SL.

Según conversaciones a las que ha tenido acceso The obejctive, en diciembre de 2023, el propio Claudio Rivas admitió en una conversación con uno de sus socios que “el 21 es posible que ‘Villa’ muera ya”, poco más de un año después de haber podido operar en territorio nacional con la compra y venta de combustibles. 

“Que me pasen el mail de la otra op [operadora] para la presentación”. El plan de Claudio y su hermana Marisa era “abrir otras dos operadoras más”.

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Cuando firmaron el convenio 2021-2024 ya venían arrastrando pérdidas y la inflación desbocada de 2022 volvió a desbaratar las cuentas
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Imagen: Fachada de un edificio de Muface. (EP/Ricardo Rubio)

El último convenio de Muface (2021-2024) ha abocado a SegurCaixa Adeslas y DKV a fuertes pérdidas económicas. Ambas compañías estudian fórmulas jurídicas para recibir una indemnización tras haber perdido millones de euros. Adeslas calcula que, con el concierto que caducó el pasado 31 de diciembre, perdió 256 millones de euros, mientras que DKV se habría dejado otros 70 millones. Si se añade Asisa, las tres concesionarias perdieron casi 600 millones de euros.

De hecho, la infrafinanciación de Muface ha llevado a muchas compañías -como Mapfre, Caser o Sanitas- a abandonar el modelo. El sistema parte de una cuota obligatoria de entre 25 y 55 euros al mes que un millón de empleados públicos —sobre todo docentes— tiene que pagar por formar parte de esta entidad, adscrita al Ministerio de Función Pública. Ese pago les da derecho a escoger cada año si quieren recibir atención médica a través de una compañía de seguros privada o por medio del sistema nacional de salud. Como la cuota que aportan los funcionarios no basta para cubrir el coste de esta prestación, el Estado contribuye para mantener el sistema. 

Solo Asisa sigue analizando si se presentará a la nueva licitación. Por el contrario, Adeslas y DKV ya venían arrastrando pérdidas cuando firmaron el convenio 2021-2024 y la inflación de 2022 volvió a desbaratar las cuentas. Para la nueva licitación ambas entidades reclamaban un incremento de al menos un 40%, ante la propuesta del Gobierno de elevar un 33,5% el dinero que cobran las aseguradoras. Por eso, al no alcanzarse esta subida, han optado por abandonar Muface y pedir una indemnización.

Están estudiando cómo reclamar las pérdidas de los últimos tres años

SegurCaixa Adeslas, la mayor aseguradora de salud de España y la que atendía a más mutualistas, es propiedad en un 50,1% del grupo Mutua Madrileña y en un 49,9% de CaixaBank. Fuentes de la aseguradora han explicado a El País que están estudiando cómo reclamar al ministerio las pérdidas sufridas en los últimos tres años. El recurso a los tribunales está sobre la mesa, aunque antes se va a intentar buscar un acuerdo. También en DKV están trabajando con algunos de los mejores abogados nacionales para analizar una fórmula de indemnización.

Ambas compañías aún están prestando servicios de salud a mutualistas, puesto que están obligadas por una prórroga forzosa de extensión del contrato, que llega hasta el 1 de abril. A partir de entonces, se desvincularían por completo de Muface, salvo que el ministerio ampliara la prórroga hasta el 1 de septiembre, como ya ha amagado.

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El primer ministro francés estaría pensando en congelar la ley impulsada por Macron con la finalidad de conseguir el apoyo de la izquierda
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Imagen:  primer ministro francés, François Bayrou I La Sexta

El recién nombrado primer ministro de Francia, François Bayrou, afronta su primera gran prueba de fuego: la aprobación de los presupuestos, una tarea que resultó letal para su predecesor, Michel Barnier. Bayrou, líder centrista y alcalde de Pau, debe forjar alianzas clave para evitar que su mandato descarrile en las primeras curvas.

Este martes, durante su esperado discurso de política general, expondrá las prioridades de su gobierno en un intento por asegurar el apoyo del Partido Socialista (PS) y esquivar una moción de censura que podría unirse al empuje de la izquierda y la derecha radical.

La negociación con los socialistas

Hasta la noche del lunes, Bayrou mantenía reuniones con los socialistas liderados por Olivier Faure para lograr su respaldo. La exigencia del PS es clara: revisar o suspender la reforma de pensiones aprobada en marzo de 2023, que retrasó la edad de jubilación de 62 a 64 años. Esta medida, promovida por el presidente Emmanuel Macron, ha sido una línea roja tanto para los socialistas como para Los Ecologistas, aliados en el Nuevo Frente Popular (NFP).

Aunque el NFP era un bloque cohesionado tras las elecciones legislativas de julio, la fatiga política y las necesidades de reorganización han abierto fisuras. Desde el Gobierno, ven estas negociaciones como una señal positiva, con ambas partes aún en la mesa. Incluso Los Ecologistas, que se reunieron el domingo con el ministro de Economía, Eric Lombard, han mostrado disposición al diálogo.

Romper con la derecha radical

El mandatario busca alejarse de los errores de su predecesor y desvincular su gobierno del apoyo de Reagrupamiento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen. No obstante, su estrategia exige medir cuidadosamente sus enfrentamientos con la ultraderecha para no cerrar del todo esa puerta. En el corto plazo, su objetivo es garantizar la abstención de la izquierda moderada, especialmente los socialistas, cuya bancada de 66 diputados resulta crucial para aprobar los presupuestos de 2025.

¿Ceder o resistir?

La cuestión de las pensiones se presenta como el gran punto de fricción. Aunque el primer ministro ha descartado una derogación, podría optar por suspender su aplicación mientras se revisan algunos puntos, como la edad de jubilación. Sin embargo, esto enfrenta la resistencia de Los Republicanos, cuyo líder en el Senado, Gérard Larcher, calificó la suspensión como “un salto al vacío”.

Por su parte, Macron parece dispuesto a considerar una suspensión temporal como salida para evitar un nuevo bloqueo político o la caída del gobierno. Sin embargo, cualquier decisión deberá ser cuidadosamente calculada para evitar conflictos legales y políticos.

Una encrucijada política

Bayrou se enfrenta a una delicada negociación en un contexto de fragmentación parlamentaria e incertidumbre política. Con la mirada puesta en los presupuestos y el futuro del país, deberá decidir si prioriza el diálogo con la izquierda o intenta resistir con el apoyo de la derecha moderada. El desenlace de este primer desafío marcará el tono de su mandato y definirá el futuro inmediato del gobierno francés.

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La fiscalía ha comenzado a investigar un presunto fraude fiscal y la Seguridad Social ya ha embargado a alguna compañía
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Imagen: orquesta sinfónica

La Seguridad Social ha descubierto un presunto fraude que afecta al sector musical y suma, hasta el momento, 19,3 millones de euros. Esta cantidad es la que reclama la Tesorería General a la empresa Actura 12, acusada de infracotizar de forma reiterada a miles de artistas. Incapaz de recuperar el dinero, la institución ha embargado los ingresos pendientes de la compañía. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por posible delito penal.

Irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo

El caso comenzó en 2022, cuando la Inspección de Trabajo detectó irregularidades fiscales en Actura 12, con un agujero de 5,9 millones de euros debido a “diferencias de cotización”. La empresa infracotizaba a músicos en conciertos por toda España, declarando salarios mínimos y categorizando el resto como dietas u otras percepciones no salariales. Esta práctica, que perjudica a los artistas y al Estado, se mantuvo durante años y afectó a decenas de miles de trabajadores del sector.

Aunque la compañía ha negado estas acusaciones en el pasado, argumentando que se trataba de discrepancias de criterio, recientemente anunció que ajustaría sus operaciones a las exigencias de la Seguridad Social a partir de 2024.

Un sistema que perjudica a músicos y al Estado

La precariedad laboral de los artistas explica el origen del problema. Muchos músicos no pueden permitirse ser autónomos debido a ingresos inestables, lo que dio lugar a la aparición de empresas de facturación como Actura 12. Estas compañías actúan como intermediarias: contratan al músico por un día, emiten la factura y cotizan solo por el salario mínimo, generando beneficios inmediatos para los artistas, pero reduciendo su protección social y el ingreso fiscal del Estado.

Algunos muestran que, mientras los artistas recibían entre 128 y 400 euros por actuación, las empresas declaraban cuotas de apenas 17 euros a la Seguridad Social. Por lo que expertos legales han calificado esta práctica de irregular y perjudicial, tachándola de “estafa” que explota la fragilidad de un sector históricamente desatendido por las instituciones.

Reacciones políticas y promesas de cambio

La polémica ha llegado al ámbito político, con preguntas parlamentarias de partidos como Junts, Esquerra Republicana y EH Bildu sobre las acciones del Gobierno para abordar el problema. Según datos oficiales, las actuaciones de la Inspección de Trabajo generaron expedientes por 27 millones de euros entre 2023 y 2024.

El sector reclama soluciones estructurales. En 2023, el Gobierno introdujo una cuota reducida para autónomos con ingresos bajos, pero muchos músicos consideran que sigue siendo insuficiente. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha prometido ajustes en el marco del Estatuto del Artista, aunque el consenso político para implementarlos aún está lejos de alcanzarse.

La difícil realidad del sector musical

Un estudio de 2024 de la Sociedad de Artistas AIE refleja la precariedad de los músicos en España: casi la mitad tiene ingresos anuales por debajo del salario mínimo, y solo el 9% supera los 100 conciertos al año. Mientras el directo sigue siendo la principal fuente de ingresos, la falta de apoyo estructural perpetúa la fragilidad del sector.

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El presidente de Estados Unidos ha afirmado que se roza un acuerdo para el alto el fuego en la franja de Gaza y la liberación de más de una treintena de rehenes israelíes en manos de Hamás
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Imagen: El presidente estadounidense, Joe Biden. EFE/LEIGH VOGEL / POOL

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha asegurado en su última gran rueda de prensa en materia de política exterior que “está a punto” de salir adelante un acuerdo que garantice la liberación de más de una treintena de rehenes israelíes en manos de Hamás y logre un alto el fuego en Gaza. Estas negociaciones, lideradas por Qatar, Egipto y EE.UU., suponen un avance en un conflicto que suma miles de víctimas y millones de desplazados palestinos.

El todavía mandatario estadounidense ha insistido en su interés de que el conflicto cese cuanto antes: «Muchas personas inocentes han sido asesinadas, muchas comunidades han sido destruidas. El pueblo palestino merece la paz y el derecho a determinar su propio futuro. Israel merece la paz y una seguridad real, y los rehenes merecen reunirse con sus familias».

En las últimas horas, fuentes de Hamás han confirmado a Efe que las dos partes ya tenían en sus manos el borrador final del pacto y que el grupo armado ha entrado a los mediadores su respuesta “sin comentarios” sobre el borrador. Desde el lado israelí, la derecha radical que forma parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu ha mostrado su oposición a la posible tregua.

Este lunes, el emir de Catar Tamim bin Hamad al Thani ha abordado con una delegación de Hamás y otra de Washington el estado de las negociaciones que, tras meses de estancamiento, se encuentran en un momento crucial ante la posibilidad de firmar un acuerdo con Tel Aviv.

Biden se había propuesto conseguir un alto el fuego antes de abandonar la Casa Blanca

El mandatario estadounidense había presentado una propuesta de tregua en junio cuyas líneas generales, según la Casa Blanca, se mantienen en este acuerdo. El líder demócrata lleva meses intentando cerrar el pacto, pero es la primera vez que se pronuncia al respecto con tanto optimismo.

Desde Hamás han indicado a Efe que está prevista la firma con Israel de un acuerdo «inicial» de tregua en los próximos días y ha detallado que el pacto incluiría una primera fase en el que el grupo palestino liberará a 34 rehenes israelíes a cambio de un alto el fuego de un mes y medio en la Franja de Gaza, y de la excarcelación de unos 1.000 prisioneros palestinos.

Por su parte, Donald Trump, que asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, ha amenazado con “convertir Oriente Medio en un infierno” si los secuestrados no son liberados antes de su investidura. Asimismo, el equipo del futuro presidente republicano ha insistido en que revisará todos los acuerdos en vigor y redefinirá el rol de EE.UU. en las alianzas exteriores.

Mientras tanto, los ataques israelíes han matado a decenas de personas en las últimas horas en Gaza. En total, desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a 46.584 personas en la Franja y ha herido a 109.731, aunque otras estimaciones apuntan a que la cifra real de víctimas es mucho mayor.

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Los acuerdos de liberación de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás parece que llegarán a buen puerto. De acuerdo con la BBC se ha filtrado parte del acuerdo que se llevará en dos fases
The post Las primeras filtraciones del acuerdo entre Israel y Hamás first appeared on Hércules.  La liberación de los rehenes, la retirada de las FDI y el mecanismo que supervisará el regreso de los residentes. La BBC informó esta mañana (martes) sobre el esbozo del acuerdo. Según el informe, una fuente palestina afirma que tan pronto como el acuerdo entre en vigor, tres rehenes serán liberados y, al mismo tiempo, habrá una retirada gradual de las fuerzas de Tzáhal de las zonas pobladas de la Franja de Gaza.

En la segunda etapa del acuerdo, que comenzará una semana después, se liberará a cuatro rehenes más. Al mismo tiempo, se permitirá a los palestinos desplazados regresar a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza. De acuerdo con el esquema que se está formulando, el tráfico en dirección norte solo será posible a través de la ruta costera y solo para peatones. Vehículos, carretas y camiones pasarán por la ruta de Salah a-Din.

Intercambio de prisioneros y zonas de amortiguación para las FDI

Un punto importante en el esbozo es el mecanismo para supervisar a los que regresan al norte. Un equipo conjunto qatarí-egipcio verificará los traslados en el cruce, y todos los vehículos que pasen por allí serán revisados. Durante el 42º alto el fuego, las FDI mantendrán una zona de amortiguación de 800 metros de ancho a lo largo de las fronteras de la Franja de Gaza, y también permanecerán en la ruta de Philadelphi.

Según el plan completo, a cambio de la liberación de 34 secuestrados israelíes, Israel liberaría a 1.000 prisioneros palestinos, de los cuales unos 190 cumplen condenas de 15 años o más. Se espera que las negociaciones sobre las próximas etapas del acuerdo comiencen el día 16 del alto el fuego.

Tal es así que la BBC citó a Jonathan Dekel-Chen, el padre de Sagi, quien ha sido secuestrado en Gaza desde el 7 de octubre, diciendo que «quiere creer que Israel ha llegado a un ‘sí’ en el acuerdo». Y agregó: «Vivo con miedo todos los días» cuando se trata del destino de su hijo. Las familias de los secuestrados se manifestaron ayer para pedir que se complete el acuerdo. Otra manifestación llamó a no firmar el acuerdo y a no liberar a los terroristas de las cárceles israelíes.

Un acuerdo verificado por múltiples actores internacionales

Sky News en árabe informó que el acuerdo en Gaza es inminente y se anunciará pronto, bajo la supervisión y garantías de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Las fuentes señalaron que Israel se negó a liberar a los prisioneros de alto rango de Fatah y Hamas, como Marwan Barghouti e Ibrahim Hamed.

Al mismo tiempo, Netanyahu se ha encontrado con oposición interna a un acuerdo de coalición. Diez miembros derechistas de la Knesset, incluidos miembros del Likud, enviaron una carta expresando su oposición al acuerdo de alto el fuego. En la carta, que es compartida por los miembros de la Knesset y el Foro de la Esperanza y el Foro del Heroísmo, los autores exigieron que se mantenga la presencia militar en la Franja de Gaza, que todos los secuestrados, no sólo algunos de ellos, sean devueltos, y que no se permita a los residentes regresar al norte de la Franja de Gaza.

Las familias de los secuestrados recibieron anoche un mensaje de la Administración de Abducidos, enfatizando que las negociaciones son «para todos los secuestrados», y que las negociaciones en Doha están en etapas muy avanzadas: «Se ha avanzado en todos los componentes del acuerdo». La sede de las familias de los secuestrados dijo esta mañana: «Las familias exigen una vez más un acuerdo integral que garantice el regreso de todos los secuestrados, hasta el último secuestrado, que la vida sea rehabilitada y que los muertos sean enterrados adecuadamente en su país».

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Ambos actores realizan el mismo diagnóstico de la situación, pero plantean medidas centradas en focos diferentes
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Imagen:  presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo I RTVE

La crisis del acceso a la vivienda en España ha impulsado una competencia entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, quienes han presentado propuestas para abordar esta problemática que afecta especialmente a los jóvenes.

Durante el fin de semana, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, propuso un paquete enfocado en aumentar la oferta de viviendas mediante la promoción de construcción y compra. Este lunes, el presidente Pedro Sánchez respondió con 12 medidas centradas en regular el alquiler y reducir la demanda. A pesar de las diferencias, ambos coinciden en el diagnóstico: la falta de viviendas, particularmente en las zonas más tensionadas.

Diagnósticos compartidos y diferencias clave

Las medidas de Sánchez giran en torno a tres ejes: ampliar el parque público de alquiler, fomentar el alquiler asequible mediante ayudas y combatir la especulación y el fraude. Por otro lado, las propuestas del PP se enfocan en aumentar la oferta mediante suelo público, la construcción de viviendas protegidas y ventajas fiscales. Ambos comparten puntos comunes como incentivos fiscales, ayudas para la rehabilitación y movilización de suelo público, aunque con enfoques diferentes.

Propuestas y escepticismo

Mientras Sánchez propone transferir dos millones de metros cuadrados de suelo público residencial a una nueva Empresa Pública de Vivienda, Feijóo aboga por destinar suelo público para promover viviendas. Ambos plantean incentivos fiscales: el presidente sugiere una exención del 100% del IRPF para alquileres conforme al índice de precios de referencia, y los populares proponen reducciones fiscales en adquisición, alquiler y rehabilitación. Sin embargo, las iniciativas han generado dudas entre expertos y actores del sector inmobiliario.

Jaime Palomera, investigador del instituto IDRA, critica medidas como la prohibición de compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios, señalando que la especulación proviene principalmente de países europeos o empresas internacionales. Además, cuestiona la efectividad de las exenciones fiscales para alquileres asequibles, sugiriendo que debería aumentarse la presión fiscal sobre alquileres abusivos.

Por su parte, los propietarios tampoco confían plenamente en estas medidas. Oscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, cuestiona la eficacia de la nueva Empresa Pública de Vivienda y señala que muchas de las viviendas transferidas ya existen. También considera insuficientes las garantías de cobro del alquiler en zonas tensionadas, donde la alta demanda ya favorece a los propietarios.

Dinamizar el mercado y garantizar seguridad jurídica

Gorgues argumenta que el verdadero problema radica en la falta de suelo para nuevas viviendas y critica que las medidas actuales no lo aborden de manera efectiva. En cambio, Sergi Llagostera, portavoz de la Asociación de Propietarios, enfatiza la importancia de la seguridad jurídica, mientras que Carles Sala, representante de los API, destaca los estímulos fiscales como un reconocimiento de la insuficiencia de las políticas actuales.

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El juez Hurtado considera apuntalados los indicios delictivos contra García Ortiz por la filtración del fraude fiscal del novio de Ayuso, tras conocerse los informes elaborados por la UCO
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Imagen: Álvaro García Ortiz, en la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía Superior del País Vasco, el pasado 2 de diciembre. David de Haro. Europa Press

El Tribunal Supremo ha citado como investigados al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez en la causa que sigue por el delito de revelación de secretos en el caso del fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Así, García Ortiz declarará como imputado el próximo 29 de enero, mientras que Rodríguez lo hará el día 30.

Según el auto, el juez Ángel Luis Hurtado considera apuntalados los indicios delictivos contra ambos fiscales, en especial tras conocerse los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en esta investigación. En ellos, los agentes hallaron que García Ortiz cambió de teléfono una semana después de ser encausado en octubre.

Además, en el mismo auto, el magistrado acuerda extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe Díez porque entiende que, de manera coordinada con los otros dos investigados, se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano,  de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el art. 417 CP (Código Penal)».

Posible delito de revelación de secretos

Con ello, incurrirían en el delito de revelación de secretos, que en este caso estaría castigado con penas de prisión de dos a cuatro años, multa de un año a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.

El magistrado argumenta que el fiscal general «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella [la filtración], aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.

El delito que se le imputa a García Ortiz es por la información que se publicó en los medios el 13 de marzo de 2024, donde se difundían unos correos en los que el abogado de Alberto González Amador habría admitido a la Fiscalía del caso haber cometido un fraude fiscal. El Supremo investiga esta filtración que tuvo lugar horas antes del 14 de marzo, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa desmintiendo un supuesto acuerdo ofrecido por el Ministerio Fiscal al novio de Ayuso.

El auto también incide en que el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», desde donde dice que se hicieron «gestiones» para que acabara publicado en el medio El Plural. El auto incide en que el correo salió de la Fiscalía General del Estado con destino Presidencia del Gobierno y de ahí al medio citado.

Una vez en Moncloa, ese ‘email’ «se puso a disposición» de Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, para que «hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 (de marzo) en el Pleno de dicha asamblea».

El instructor señala que, «ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio elplural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia».

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