Categoría: ESPAÑA

Díaz Ayuso presentó ayer un proyecto que está siendo estudiado por la Comunidad par ala ampliación de la Línea 1
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^{Estación Cuatro Caminos I Wikipedia}

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció ayer que el Gobierno regional está estudiando la ampliación de la Línea 1 de Metro hasta el desarrollo urbano de Madrid Nuevo Norte para facilitar la movilidad de más de 175.000 potenciales viajeros diarios, lo cuál permitiría una conexión directa con Sol, Gran Vía o Atocha.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha detallado que la prolongación partirá desde Chamartín para continuar el trayecto por las tres nuevas estaciones que ejecutará la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, con los nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte.

De forma paralela, la Dirección General de Infraestructuras estudia modificar el trazado de la L4 para integrar en su recorrido la parada de Bambú y que su final de línea sea Chamartín, en lugar de Pinar de Chamartín, lo que eliminaría el actual transbordo. Con esta ampliación, la L4 pasaría a tener 25 estaciones y 16,8 kilómetros.

El Ejecutivo someterá este proyecto a información pública a partir de septiembre para que las entidades públicas y privadas interesadas, además de los ciudadanos, puedan presentar observaciones y sugerencias que contribuyan a mejorar la planificación.

En una fase inicial se acometerán las actuaciones para redistribuir las líneas 1 y 4, los cuales podrían estar operativos en el 2030 y, posteriormente, se construirá la conexión con Fuencarral Norte. El programa de trabajo se adaptará a la disponibilidad del suelo del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte necesario para acometerla.

La Línea 1 fue la primera en construirse y ponerse en funcionamiento en el año 1919 y en 2024 fue la segunda más utilizada por más de 100 millones de viajeros. En sus más de cien años de historia se han realizado numerosas obras de mejora e innovación destacando la ampliación de andenes de los años 60, la consolidación de túnel en 2016 o los recientes trabajos de remodelación de 2023. Por su parte, la 4 se inauguró en 1944, contando con solo ocho estaciones en sus orígenes. En el último año, 42.000 personas recurrieron a su uso para desplazarse.

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El tribunal ordenó al Ejecutivo hacerse cargo de unos mil menores migrantes que han pedido asilo en las islas
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Europa Press

El Tribunal Supremo celebrará este jueves una vista para que el Gobierno central informe sobre las medidas adoptadas en relación con cerca de mil menores migrantes no acompañados que solicitaron asilo en Canarias. La decisión del alto tribunal responde a la falta de cumplimiento, por parte de la Administración del Estado, de una orden judicial previa que le exigía garantizar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitieron una medida cautelar el pasado 25 de marzo, en la que se requería a la Administración central que, en un plazo de 10 días, asegurara tanto el acceso como la permanencia de estos menores en el sistema de acogida estatal. Sin embargo, el tribunal considera que la respuesta recibida por parte del Gobierno “pone de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos” a lo ordenado, por lo que ha decidido convocar a una vista pública tanto al Ejecutivo central como al Gobierno de Canarias, este último en calidad de demandante.

Qué menores han sido evaluados individualmente y cuántos siguen pendientes de evaluación

Durante esta sesión, el Ejecutivo deberá explicar en detalle qué menores han sido ya evaluados individualmente dentro del sistema de acogida, así como cuántos siguen pendientes de evaluación. En el caso de los menores ya evaluados, se exigirá información sobre el recurso específico de acogida asignado a cada uno y, también, una relación de aquellos que, pese a estar evaluados, aún no tienen plaza asignada.

Asimismo, el Supremo ha solicitado al Gobierno que, en caso de que el sistema no cuente con recursos suficientes para asumir esta responsabilidad estatal, detalle las acciones que se han llevado a cabo para obtener dichos recursos, ya sea mediante procedimientos previstos por normativa o a través de otras fórmulas disponibles. Esta información deberá incluir además los plazos concretos estimados para su implementación.

Otro punto clave que se abordará en la vista es la identificación de las unidades administrativas responsables de ejecutar estas actuaciones, así como los acuerdos y protocolos alcanzados con la comunidad autónoma de Canarias para coordinar la respuesta. También se pedirá un calendario detallado que muestre cómo y cuándo se prevé ejecutar cada paso comprometido.

Medida imprescindible

La medida cautelar adoptada en marzo fue calificada por el tribunal como “imprescindible” para corregir una situación que consideran abiertamente incompatible con el interés superior del menor. Según los jueces, el hacinamiento en el que se encuentran estos menores migrantes no acompañados representa una vulneración grave de sus derechos fundamentales. Por eso, subrayaron la urgencia de una respuesta eficaz y coordinada entre el Estado y la administración autonómica.

Los magistrados insisten en que esta actuación no puede demorarse ni depender de la disponibilidad de recursos como justificación para la inacción. La protección de los menores debe prevalecer, especialmente cuando estos han solicitado protección internacional o han manifestado su intención de hacerlo.

Con esta vista, el Tribunal Supremo busca que el Estado rinda cuentas y garantice que los derechos de estos menores sean protegidos conforme a las leyes nacionales e internacionales. La sesión representa un paso más en la supervisión judicial sobre una crisis humanitaria que, según el tribunal, no puede prolongarse ni normalizarse.

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Antonio Maíllo exige al PSOE una respuesta clara y firme tras filtraciones que vinculan a Leire Díez con intentos de desacreditar a la UCO
The post Maillo (IU) pide al PSOE transparencia y contundencia por los audios de Leire Díaz first appeared on Hércules.  El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha calificado de “vomitivas” unas grabaciones recientemente filtradas. En ellas, se escucha a Leire Díez Castro, colaboradora cercana al PSOE, solicitar datos que comprometan a un mando de la Guardia Civil. Los audios, publicados por El Confidencial, muestran a Díez tratando de obtener información para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). Su objetivo, según las grabaciones, era debilitar la posición de este cuerpo clave en investigaciones sensibles.

Para Maíllo, esto representa una situación de “enorme gravedad política y ética”. Reclama una reacción firme basada en dos pilares: transparencia y contundencia. “Hay que llegar hasta el final. Que se sepa todo”, ha declarado. Durante su intervención en La Noche en 24 Horas, el líder de IU insistió en que no se pueden dejar pasar hechos así. “La conversación es política y éticamente intolerable”, subrayó. Además, dejó claro que, aunque IU desconoce el proceso disciplinario interno del PSOE, espera consecuencias claras.

IU reclama investigación a fondo y responsabilidad institucional

Maíllo se mostró preocupado por la entrada de individuos cuestionables en las estructuras del Estado. Criticó que ciertos personajes pretendan ejercer influencias sin claridad sobre sus verdaderas funciones. “No sabemos si son fantasmas o si realmente tienen ese papel”, ironizó.

El líder de Izquierda Unida advierte de que permitir este tipo de maniobras es una amenaza directa a la salud democrática. “No puede tolerarse que haya gente que actúe como intermediarios autoproclamados con las instituciones del Estado”, explicó. Respetar a la UCO y a sus responsables es una obligación, añadió. Romper estas normas de respeto institucional solo lleva a un mayor deterioro de la confianza pública. Maíllo cerró con una advertencia clara: “Si rompemos esas reglas, ya no queda nada. La convivencia democrática depende de respetar los límites éticos y legales”.

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El president destaca el acuerdo con Vox, apela a la recuperación tras la dana y lamenta la falta de apoyo estatal
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^{Mazón I Europa Press}

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha celebrado este miércoles la aprobación de los presupuestos valencianos para 2025 en Les Corts, con el respaldo de PP y Vox. Según ha afirmado, estas cuentas suponen un avance hacia la “recuperación, estabilidad y certidumbre” necesarias tras los estragos de la dana del pasado 29 de octubre.

En una breve comparecencia sin preguntas tras el pleno, Mazón ha definido los presupuestos como “los de la recuperación” y ha asegurado que están pensados “para toda la Comunitat Valenciana”, priorizando la reactivación económica y social. Ha subrayado además que el pacto con Vox ha sido fruto de un “importante esfuerzo de diálogo y negociación”.

El líder del Consell ha agradecido a Vox su apoyo, remarcando que, pese a las diferencias entre ambos partidos, han antepuesto “las necesidades del pueblo valenciano en uno de sus momentos más difíciles”. También ha lanzado una crítica velada al PSPV, señalando que finalmente no respaldaron unas cuentas que en su día dijeron que sí apoyarían.

Mazón ha defendido que, frente a la falta de recursos y ayudas del Gobierno central, su ejecutivo ofrece “presupuesto, seguridad y certezas” en un momento crítico. Ha reiterado que el deber de cualquier gobierno es al menos presentar sus cuentas, y si puede aprobarlas, “mejor aún”.

El president ha rechazado entrar en disputas partidistas y ha llamado a centrarse en la gestión: “Hoy no tocaban guerras políticas, sino dar a esta tierra lo que necesita”. Ha reivindicado que su gobierno ya está movilizando recursos “como nunca antes” y ha garantizado que continuará trabajando para avanzar en la recuperación.

Finalmente, ha lanzado un mensaje de ánimo: “Esta tierra, cuando se pone en marcha, no hay quien la pare. Y lo vamos a demostrar”.

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Los socialistas afirman que la “fontanera” nunca estuvo en nómina y que siempre actuó a título personal
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^{Imagen: la militante del PSOE Leire Díez I AEP}

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido abrir un expediente informativo a su militante Leire Díez, tras la difusión de audios en los que se la escucha intentando obtener información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y fiscales. La dirección del partido ha negado que Díez actúe en nombre del PSOE y ha subrayado que no ocupa ningún cargo orgánico ni institucional en la formación.

Los audios, divulgados por varios medios de comunicación, muestran a Díez en conversaciones con empresarios y abogados, en las que supuestamente ofrece favores en instituciones a cambio de información que pudiera desacreditar a mandos de la UCO y fiscales. En una de las grabaciones, se menciona al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, quien lidera investigaciones sensibles como el caso Koldo y otras que afectan al entorno del Gobierno.

Una polémica a la que ha reaccionado del PSOE

Ante la polémica, el PSOE ha anunciado la apertura de un expediente informativo para esclarecer los hechos y determinar si corresponde adoptar medidas disciplinarias. La Comisión de Ética y Garantías del partido será la encargada de analizar el caso. Por el momento, no se han impuesto medidas cautelares contra Díez.

La dirección socialista ha insistido en que Díez no tiene relación laboral con el partido y que actuó a título personal. “No ha estado nunca en nómina y no habla en nombre del partido“, afirmó la portavoz del PSOE, Esther Peña. Asimismo, el secretario de Organización, Santos Cerdán, declaró que conoce a Díez desde hace años, pero que desconoce en qué trabaja actualmente.

Presiones internas y críticas de la oposición

La decisión de abrir el expediente se produce tras las presiones de varios dirigentes socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha calificado de “insuficiente” la respuesta del partido y ha pedido medidas más contundentes. Otros líderes, como Cristina Narbona y Patxi López, también han condenado la actuación de Díez y han solicitado acciones disciplinarias.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificándolo de “capo” y acusando al PSOE de actuar como una “mafia”. Estas declaraciones se producen en un clima de creciente tensión política y a pocos meses de las elecciones generales.

Díez reconoce su implicación

Leire Díez ha reconocido la veracidad de las conversaciones, pero ha asegurado que se trataba de una investigación periodística para un libro sobre el mercado de hidrocarburos. En entrevistas con varios medios, ha afirmado que las grabaciones han sido publicadas de forma parcial y fuera de contexto, y ha negado actuar por encargo del PSOE o de Santos Cerdán.

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El magnate ha anunciado que deja su cargo dentro del Ejecutivo debido al distanciamiento con el presidente
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^{Imagen: el empresario Elon Musk I Getty Images}

Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y otras empresas tecnológicas, ha anunciado su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una oficina creada por la administración de Donald Trump con el objetivo de racionalizar el aparato estatal estadounidense. Su dimisión marca el final de una experiencia política breve pero intensa, caracterizada por la confrontación ideológica, el desacuerdo presupuestario y una visión divergente sobre el papel del Estado en la economía.

Una misión de austeridad que no cumplió las expectativas

El DOGE, concebido como un laboratorio de eficiencia institucional, tenía entre sus objetivos principales la reducción de gasto público, la eliminación de duplicidades administrativas y la implementación de soluciones tecnológicas a gran escala. Desde el primer día, Musk se comprometió a generar un ahorro de 2 billones de dólares en el presupuesto federal, una cifra ambiciosa que fue celebrada por los sectores más fiscalmente conservadores del Partido Republicano.

No obstante, la realidad se impuso rápidamente. Según informes oficiales del propio gobierno, el ahorro alcanzado durante los cuatro meses de mandato apenas llegó a los 175.000 millones de dólares, una cantidad considerable pero muy lejos del objetivo declarado. Expertos en políticas públicas señalaron que muchos de los recortes propuestos por el DOGE se concentraban en programas sociales, iniciativas de diversidad e inversiones digitales esenciales, lo que generó fuerte resistencia tanto dentro como fuera del aparato estatal.

El “One Big Beautiful Bill”: el punto de inflexión

El momento clave en la ruptura entre Musk y Trump fue la aprobación del proyecto legislativo bautizado por la Casa Blanca como “One Big Beautiful Bill”, un paquete masivo de inversión pública impulsado por el Congreso republicano. La ley contempla aumentos significativos en el gasto en infraestructura, defensa y subsidios a sectores estratégicos, contradiciendo el discurso de austeridad que sostenía el DOGE.

El magnate, visiblemente incómodo con esta dirección fiscal, criticó el proyecto en una entrevista televisiva nacional. Con sarcasmo, afirmó que una ley podía ser “grande” o “hermosa”, pero no ambas a la vez, dejando clara su frustración con lo que consideró un giro populista en la política económica del gobierno. Sus palabras, aunque irónicas, reflejaban una ruptura más profunda: la incompatibilidad entre su visión tecnocrática y el pragmatismo político de la administración Trump.

Presiones empresariales y retirada política

La salida del empresario no solo responde a motivos ideológicos. En las últimas semanas, Tesla ha enfrentado una caída notable en sus beneficios y un descenso en el valor de sus acciones, lo que ha generado creciente presión de sus accionistas. Inversores clave exigieron que Musk se reenfocara en sus obligaciones como CEO, ante el temor de que su aventura política desviara recursos y atención de las prioridades empresariales.

Trump continúa con su agenda tras la dimisión

Desde la Casa Blanca, el portavoz oficial confirmó la renuncia de Musk y aseguró que el DOGE seguirá operando “con ajustes necesarios” y bajo un nuevo liderazgo aún por definir. “Agradecemos la contribución del señor Musk y seguimos comprometidos con una administración eficiente y responsable del gasto público”, señaló la administración en un breve comunicado.

Sin embargo, la salida del magnate deja en entredicho la viabilidad de incorporar figuras del sector privado al aparato político sin una integración efectiva en la cultura institucional. Algunos senadores republicanos ya han sugerido que el próximo responsable del DOGE deberá tener “una comprensión más profunda del proceso legislativo y menos impulsos disruptivos”.

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Cientos de enfermos de ELA llevan siete meses reclamando al Gobierno un plan de ayuda económica y que llegue de forma directa a los pacientes
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Pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA). Fuente: ELACyL, la asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, de Castilla y León

El Boletín Oficial del Estado publicó hacer siete meses, los cuales se cumplirán exactamente este viernes, la ley ELA. Desde que se publicó y la norma entró en vigor los enfermos de ELA no han dejado de denunciar la falta de ayudas que el Gobierno de Pedro Sánchez había prometido.

La norma recoge el compromiso del Ejecutivo para que los pacientes puedan acceder a cuidados especializados que son necesarios para que estos puedan vivir. Hay que señalar que a día de hoy estos cuidados siguen sin estar implantados.

Debido a las constantes denuncias de los pacientes de ELA ante la falta de compromiso de las medidas del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un trámite de urgencia para que estas prestaciones lleguen a los casos más críticos mientras no lo hace la ley en su totalidad, pero sin una cantidad monetaria concreta asignada por el momento.

El Ministerio de Sanidad ha aclarado que todavía no hay dinero asignado para los cuidados de los pacientes de ELA, sino que lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es un trámite de urgencia para que cuando se tenga cerrada la cantidad que se destinará a los enfermos y la forma en la que se distribuirá se pueda hacer de forma rápida, sin necesidad de pasar por todos los trámites que habitualmente necesitan los textos para ser aprobados por el Gobierno, según recoge ABC.

Cientos de enfermos de ELA llevan siete meses reclamando al Gobierno un plan de ayuda económica y sobre todo, que esta llegue de forma directa a los pacientes de ELA y que se encuentran en fases avanzadas. Las asociaciones calculan que la ley costará aproximadamente 200 millones de euros y lo que proponen las asociaciones es destinar inicialmente una cantidad inferior para cubrir los cuidados de los más graves.

El Gobierno da la espalda a los pacientes de ELA

Algo similar a lo que ha comenzado a hacer Cantabria, que da 25.000 euros a cada uno de los cinco enfermos más graves que viven en la región para que puedan disponer de cuidados especializados en sus domicilios 8 horas al día, según recoge ABC.

Carlos Sabaté, padre de Jordi Sabaté, quien sufre y padece ha denunciado a través de su cuenta de “X”: “El gobierno hoy al final ha comunicado que no hay dinero para la ELA, digan uds qué hay que hacer para que uds cumplan con la LEY, aprobada por el Congreso, nos están mintiendo?”.

“Soy el padre de Jordi Sabaté, que sufre y padece ELA, la Ley ELA, Probada por el Congreso y publicada en el BOE,1.11.25 casi 7 meses sigue sin ser aprobada, me faltan palabras para expresar mi indignación, desesperación, he decidido, dedicar unos días sin publicar nada”, añade en otra de sus publicaciones.

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La oferta ha caído un 17,5% desde 2023 y el precio medio del alquiler se ha encarecido un 24%, mientras las zonas tensionadas apenas avanzan
The post Sánchez le quita a las CCAA las competencias para nombrar zonas tensionadas ante el fracaso de la ley de vivienda first appeared on Hércules.  La Ley de Vivienda, aprobada el 24 de mayo de 2023, cumple su segundo aniversario envuelta en una fuerte controversia política y social. Lejos de cumplir su principal objetivo, facilitar el acceso a una vivienda digna mediante el control de precios en zonas tensionadas, el mercado del alquiler ha registrado una caída del 17,5% en la oferta y un encarecimiento del 24,3% en los precios medios, según datos de Idealista. La medida estrella del Gobierno, la declaración de zonas tensionadas, avanza con lentitud: solo cuatro comunidades autónomas la han aplicado o están en proceso, mientras que las gobernadas por el Partido Popular la rechazan frontalmente.

Dos años de ley: menos pisos y alquileres más caros

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insiste en que la norma “funciona” y que no puede atribuírsele toda la responsabilidad de la crisis habitacional. Esta semana ha anunciado una partida extraordinaria de 35 millones de euros destinada a las comunidades que ya hayan declarado zonas tensionadas o estén tramitándolo, con prioridad para acceder a los suelos de la empresa pública SEPES. Aun así, el propio Ejecutivo se ha visto obligado a dar un giro: ante la pasividad de la mayoría de autonomías, el PSOE ha presentado una proposición de ley para que el Ministerio pueda declarar zonas tensionadas de forma unilateral —aunque solo a efectos fiscales—.

Cataluña, pionera en aplicar los topes de alquiler, ha desplegado la medida en 271 municipios, incluidos Barcelona y su área metropolitana, y asegura que los precios han bajado allí un 3,7% en un año. Le siguen el País Vasco, con municipios como Errenteria, Barakaldo o San Sebastián en trámites, Navarra, que acaba de solicitarlo para 21 localidades, y Asturias, aún en fase inicial. Pero el resto del territorio sigue paralizado: Castilla-La Mancha ni siquiera ha iniciado los trámites, y 11 comunidades gobernadas por el PP se oponen a cualquier intervención del mercado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la derogación de la ley por sus efectos “devastadores” y acusa al Gobierno de invadir competencias autonómicas. El partido sostiene que la norma ha generado inseguridad jurídica, ha retraído inversiones y ha empujado a muchos propietarios a retirar sus pisos del alquiler tradicional.

Alquileres temporales y deducciones

Ante el endurecimiento de las condiciones para alquilar en zonas reguladas, los arrendamientos temporales se han duplicado en los últimos dos años. Muchos propietarios han optado por esta fórmula para esquivar la ley y obtener mayor rentabilidad, ya que estos contratos no están sometidos a los límites de precios ni a las obligaciones del alquiler habitual.

Para frenar esta deriva, el PSOE propone ahora una mejora de las deducciones fiscales para quienes alquilen en condiciones ventajosas. Por ejemplo, aquellos que alquilen por primera vez o rebajen el precio un 5% respecto al contrato anterior podrían acceder a bonificaciones del 60% al 100% en el IRPF, según el perfil del inquilino o la localización del inmueble. Estas deducciones, hasta ahora limitadas a zonas tensionadas oficialmente declaradas, estarían disponibles si el Gobierno central asume la competencia de identificarlas, aunque solo con efectos tributarios.

Mientras tanto, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte de que dos de cada cinco agencias han detectado una caída de más del 50% en la oferta de pisos en alquiler, mientras la demanda sigue creciendo —un 20% más desde 2023—. Su presidente, José María Alfaro, afirma que “la escasez se ha extendido como una mancha de aceite” incluso en las periferias urbanas, y que la ley “ha agravado claramente” el problema.

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