Categoría: ESPAÑA

Murtra y otros testigos declaran sobre las inversiones en el software de la cátedra de Begoña Gómez, en el centro de una investigación judicial
The post Expresidente de Indra, bajo lupa judicial por el ‘software’ de Begoña Gómez first appeared on Hércules.  Marc Mutra/Vozpopuli,com

Marc Murtra, actual presidente de Telefónica y exresponsable de Indra, debe declarar como testigo este miércoles. El juez investiga si hubo irregularidades en la financiación del software usado en la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La cátedra funcionaba en la Universidad Complutense de Madrid.

Junto a él comparecerán otros testigos clave: Manuel Ausaverri, director de estrategia de Indra; Fernando Abril-Martorell, expresidente de esa misma empresa; Isaac Hernández Vargas, directivo de Google Cloud; y Jaime García Cantero, exasesor del máster dirigido por Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, lleva el caso. Investiga posibles delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida de marca, intrusismo y corrupción. En esta fase se quiere determinar si Gómez se adueñó del software financiado por empresas en 2022.

En diciembre pasado, Gómez negó haber cometido ilegalidades. La acusación parte de la denuncia del grupo Hazte Oír. Indra, en documentos previos, confirmó una inversión de 128.442 euros en el programa. Google señaló haber aportado 110.000 euros.

Directivos apuntan a Murtra y nuevas citas judiciales

El juez llama a declarar a Murtra, Ausaverri y Abril-Martorell tras testimonios que los señalaron como conocedores de la inversión en el software. Varios exdirectivos de Indra y Telefónica los vincularon directamente a las decisiones sobre la cátedra. El 2 de abril, otros testigos ya hablaron de los hechos. Las acusaciones populares pidieron nuevas comparecencias, considerando que los implicados tenían un rol técnico clave.

El juez ya recibió a varios ejecutivos el 14 de mayo: Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google; Miguel Escassi, responsable de políticas públicas de Google; Luis Abril, exdirector de Indra; y Rosauro Varo, vicepresidente del consejo de Telefónica Audiovisual Digital. Los representantes de Google defendieron que el apoyo al proyecto universitario encajaba en su estrategia de digitalización nacional. Varo, según fuentes del interrogatorio, dijo que fue la propia Gómez quien sugirió la inversión.

Otra línea: la contratación de una asesora

Este miércoles también comparece Raúl Díaz, excoordinador de personal de Moncloa. Su citación se enmarca en otra línea de investigación. En este caso se analiza el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Díaz ya declaró el 14 de mayo. Aseguró que no tenía capacidad para contratar personal eventual y que solo firmó un documento oficial. Dijo no conocer quién redactó el certificado sobre las funciones de Álvarez. El juez le ha pedido que amplíe esa información.

La investigación se extiende

El caso contra Begoña Gómez comenzó en abril de 2024 con una denuncia de Manos Limpias. La acusan de usar su posición para recomendar a empresarios, como Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas. La causa tiene ahora varias ramas: el supuesto tráfico de influencias a favor de Barrabés, la gestión de la cátedra, la presunta apropiación del software, y el nombramiento de Cristina Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid acotó el procedimiento. Archivó la imputación contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y contra el directivo del IE, Juan José Güemes. Los investigados actualmente son cuatro: Gómez, Álvarez, Francisco Martín Aguirre (delegado del Gobierno en Madrid) y Juan Carlos Barrabés.

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El eurodiputado mantiene que se trata de una “persecución política” y su abogado alude a la presunción de inocencia y la libertad de expresión
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^{Imagen: el eurodiputado, Alvise Pérez I EP}

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha decidido citar como perjudicada a una de las hijas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de una causa penal abierta contra Luis “Alvise” Pérez, líder del partido Se Acabó la Fiesta. La decisión se produce tras la denuncia presentada por la abogacía del Estado a raíz de unas publicaciones del acusado en redes sociales que aludirían de manera directa a la menor.

Investigación por calumnias y vulneración de derechos fundamentales

La jueza investiga si los mensajes difundidos por Alvise constituyen un delito de calumnias, así como posibles atentados contra la integridad moral y el honor de la hija del presidente, que en el momento de los hechos era menor de edad. La Fiscalía ha respaldado la citación en calidad de perjudicada, al considerar que la exposición pública a la que fue sometida podría haber causado un daño psicológico relevante, agravado por la viralización del contenido.

Según fuentes judiciales, la causa se encuentra aún en fase preliminar y no se descartan nuevas diligencias de investigación. De momento, se han solicitado informes periciales sobre el impacto de las publicaciones en redes sociales y se ha requerido a las plataformas implicadas que conserven los contenidos compartidos por el acusado.

Una ofensiva política en el contexto electoral

Las publicaciones se difundieron en plena campaña electoral para las elecciones europeas, en las que el exasesor y agitador político se presenta con un discurso marcadamente antipolítico y de confrontación con los partidos tradicionales. Desde el Ejecutivo, varios ministros han condenado lo que consideran una estrategia de acoso político que traspasa los límites éticos y legales, especialmente al implicar a menores de edad.

La Moncloa ha evitado hacer declaraciones directas sobre el procedimiento judicial, pero ha reiterado la necesidad de proteger la esfera privada de los familiares de cargos públicos. “En democracia, la crítica política no puede justificar la vulneración de derechos fundamentales, y mucho menos cuando hay menores implicados”, expresó un portavoz gubernamental bajo condición de anonimato.

Reacciones del entorno de Alvise

Desde el entorno de Alvise Pérez, el propio acusado ha asegurado en redes sociales que se trata de una “persecución política” y ha enmarcado el proceso judicial dentro de lo que denomina una “campaña de censura orquestada por el Gobierno”. A pesar de la gravedad de las acusaciones, sus seguidores han redoblado el apoyo en redes sociales, donde el discurso del candidato mantiene una fuerte resonancia entre sectores críticos con el sistema.

El abogado defensor ha indicado que colaborarán con la justicia “en la medida en que se respeten los derechos de defensa y la libertad de expresión”, y ha solicitado que se respete la presunción de inocencia.

Un caso que reabre el debate sobre los límites del discurso político

Este procedimiento reabre el debate sobre la protección de la intimidad familiar de los dirigentes políticos y los límites del discurso en redes sociales, especialmente cuando se ve implicada la imagen de menores. Organizaciones defensoras de los derechos digitales y de la infancia han advertido del aumento de casos en los que figuras públicas utilizan internet como plataforma de exposición dañina de personas ajenas al debate político.

La causa sigue su curso y se prevé que en las próximas semanas la juez fije la fecha de declaración de la hija del presidente, que acudirá con asistencia jurídica especializada para preservar su integridad durante el proceso.

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Tom Shimabukuro, alto funcionario de los CDC, está bajo escrutinio por supuestamente eliminar correos electrónicos que podrían contener evidencia de encubrimiento. El senador republicano Ron Johnson encabeza la investigación desde el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. El Senado esta avanzando en las investigaciones sobre la omisión de efectos nocivos de vacunas. Johnson afirma que
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Tom Shimabukuro, alto funcionario de los CDC, está bajo escrutinio por supuestamente eliminar correos electrónicos que podrían contener evidencia de encubrimiento. El senador republicano Ron Johnson encabeza la investigación desde el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. El Senado esta avanzando en las investigaciones sobre la omisión de efectos nocivos de vacunas.

Johnson afirma que Shimabukuro “probablemente destruyó documentos”, obstaculizando así la supervisión legislativa sobre los efectos adversos de las vacunas. Específicamente, se cuestiona por qué las autoridades tardaron meses en advertir sobre la miocarditis. Shimabukuro lideraba equipos encargados de rastrear eventos adversos de las vacunas. Su trabajo influenció decisiones clave de los CDC y la FDA. Pero su situación actual dentro del organismo ni siquiera está clara, según Johnson.

Ni los CDC ni el HHS han respondido preguntas sobre su estatus. Mientras tanto, Johnson ha remitido el caso a la ex fiscal general Pam Bondi y al FBI, por posible destrucción de pruebas. Según el senador, los registros solicitados estaban bajo orden de preservación. “Permanecen perdidos y, potencialmente, eliminados del sistema por completo”, afirmó Johnson en una carta enviada en abril.

Retraso en alertas médicas y presión por transparencia

Johnson dice que se ha dificultado recuperar la verdad. Incluso ha tenido que basarse en demandas judiciales de terceros para acceder a documentos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Una revelación clave incluye un memo interno de 17 páginas que, aunque inicialmente se consideró irrelevante, demostró que las agencias sabían sobre la miocarditis desde febrero. Esto coincidió con advertencias israelíes.

Los funcionarios discutieron internamente si emitir una alerta sanitaria nacional, pero al final optaron por un aviso de menor alcance. No se incluyó, por ejemplo, la recomendación de evitar ejercicios intensos tras el diagnóstico. Johnson lamenta la falta de respuesta de las autoridades. Ha enviado más de 70 cartas sin obtener información satisfactoria. Mientras tanto, el público y los legisladores siguen en la oscuridad.

Datos omitidos sobre riesgos en jóvenes y vacunación simultánea

Desde febrero de 2021, los casos de miocarditis y pericarditis en jóvenes fueron evidentes, pero las advertencias se retrasaron. Los más afectados: hombres entre 12 y 24 años. Este grupo representó la mitad de los reportes de inflamación cardiaca, aunque solo el 9% de las vacunas se administraron a ese rango etario. La tasa triplicó el límite superior de lo esperado.

En 2023, Shimabukuro presentó datos que ponían en duda las recomendaciones de aplicar la vacuna contra la gripe y la del COVID al mismo tiempo. Se detectó un riesgo aumentado de ACV isquémico en mayores de 65 años. Peter Marks, de la FDA, recomendó separar las dosis para minimizar efectos secundarios. Philip Krause, ex alto cargo de la misma agencia, confesó que no se aplicó el refuerzo debido a los riesgos en jóvenes.

Tanto Krause como su superiora Marion Gruber se opusieron a la aprobación acelerada. Fueron apartados de sus cargos tras sus objeciones. El caso revela tensiones internas en las agencias sanitarias y deja al descubierto decisiones opacas que podrían haber afectado a millones.

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La Audiencia Nacional investiga a una supuesta organización criminal dedicada a la sustracción, venta y blanqueo de datos robados de entidades públicas y privadas
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El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez a su llegada para declarar en la Audiencia Nacional, a 28 de octubre de 2024, en Madrid // Eduardo Parra – Europa Press

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha presentado su dimisión en plena tormenta política por la presunta ofensiva del Gobierno contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según fuentes del Ministerio del Interior, Pérez deja el cargo por “motivos personales”, aunque su salida coincide con una escalada de tensiones internas y mediáticas sobre el papel del ministerio en las investigaciones de corrupción que afectan al Ejecutivo.

Pérez ha sido la mano derecha de Fernando Grande-Marlaska desde 2018, primero como jefe de gabinete y, desde enero de 2020, como secretario de Estado. Su dimisión se hará efectiva en el próximo Consejo de Ministros, en un contexto de acusaciones sobre intentos de desacreditar a la UCO, unidad clave en investigaciones sensibles como la que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

Entre los hechos que han intensificado la crisis se encuentra un audio filtrado por El Confidencial, donde Leire Díez, asesora cercana al PSOE, trataba de implicar a un mando de la UCO. A esto se suman las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sugiriendo que la unidad podría haber filtrado información perjudicial para el Gobierno.

Aunque Marlaska ha reiterado su “respaldo decidido” a la Guardia Civil y ha negado cualquier acusación directa desde el Ejecutivo, en el entorno del ministerio y entre la opinión pública crece la impresión de que existe una estrategia para debilitar o neutralizar la labor de la UCO.

Pérez, nacido en 1981 y juez de carrera, ha trabajado en distintos juzgados de Andalucía y Castilla-La Mancha. En su gestión destacan decisiones polémicas, como la instrucción para no sancionar el consumo de drogas en vehículos estacionados, y otras más valoradas, como el incremento récord de efectivos en Policía Nacional y Guardia Civil.

Su salida es interpretada como una maniobra para contener el desgaste político del Ministerio del Interior, aunque desde el propio departamento se admite que el ambiente es “irrespirable” y que podría no ser la última dimisión si la crisis se agudiza.

Detenido el número dos de Interior

La Audiencia Nacional ha ordenado la detención de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y del conocido hacker José Luis Huertas, alias ‘Alcasec’, por su presunta implicación en una red criminal dedicada a la exfiltración, comercialización y blanqueo de datos robados. En la operación han sido arrestadas también otras dos personas, entre ellas el youtuber Álvaro Martín, en Andorra, y Adrián Molina.

La operación, coordinada por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la magistrada María Tardón, se encuentra bajo secreto de sumario. Está previsto que los cuatro detenidos presten declaración este jueves ante la jueza. Las investigaciones apuntan a que los arrestados formaban parte de una estructura organizada que accedía ilegalmente a bases de datos de entidades públicas y privadas, obtenía información confidencial y la vendía en el mercado negro digital.

Los beneficios obtenidos habrían sido blanqueados mediante diversas fórmulas, entre ellas, la creación de sociedades interpuestas y el uso de criptomonedas, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Un ex alto cargo de Interior vinculado al ‘hacker’ desde su juventud

La detención de Francisco Martínez ha causado gran impacto en el ámbito político y judicial. El que fuera ‘número dos’ del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy cumplía este martes 50 años cuando fue arrestado.

Según fuentes cercanas a su defensa, Martínez habría conocido a ‘Alcasec’ cuando este era menor de edad y habría ejercido como su abogado. En ese contexto, explican, se limitó a constituir dos sociedades mercantiles para el hacker, por las que cobró 1.500 euros, sin participar posteriormente en su gestión, administración o contabilidad.

No obstante, los investigadores sospechan que dichas sociedades podrían haber sido utilizadas como instrumentos de blanqueo de capitales derivados de las actividades ilícitas de la red.

José Luis Huertas, alias ‘Alcasec’, no es un desconocido para la justicia española. En enero de 2024 fue procesado por la Audiencia Nacional por su implicación en un ciberataque al Punto Neutro Judicial (PNJ), una plataforma que permite la interconexión de bases de datos judiciales sensibles. Su detención en mayo de ese año marcó el inicio de una vigilancia intensiva sobre su entorno y sus actividades, que habría desembocado ahora en esta nueva operación.

La detención de Huertas y sus presuntos colaboradores vuelve a situar en primer plano el problema del cibercrimen organizado en España, especialmente aquel orientado a la sustracción y tráfico de datos personales y judiciales.

La jueza Tardón investiga a los detenidos por una batería de delitos especialmente graves: blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, además de intrusismo informático y cesión de datos reservados. Las penas asociadas a estos delitos pueden superar los 15 años de prisión, en función del grado de implicación que se determine para cada uno de los investigados.

La gravedad del caso ha llevado a la Audiencia Nacional a mantener el secreto de las actuaciones hasta que los detenidos declaren y se analicen los dispositivos incautados durante los registros.

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El crecimiento de esta comunidad ha sido notable en el país pasando de 1,2 millones a 4 millones en apenas 10 años
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^{Imagen: protesta en Reino Unido I La Nación}

La ciudad de Liverpool vivió momentos de pánico durante la celebración del título de la Premier League del Liverpool FC, cuando un vehículo arrolló a decenas de personas en pleno centro, dejando al menos 47 heridos, entre ellos varios niños, y obligando a la intervención urgente de los servicios de emergencia. El conductor, un hombre británico de 53 años residente en la zona, fue detenido en el lugar de los hechos, mientras la policía acordonaba la zona e iniciaba una investigación a gran escala.

Un incidente que despierta temores

El suceso ocurrió en Water Street, poco después de las seis de la tarde, cuando la ciudad aún celebraba la histórica victoria de su equipo. Testigos relataron escenas de caos y angustia, con personas atrapadas bajo el vehículo y decenas de heridos atendidos en el lugar y trasladados a hospitales cercanos. La rápida actuación policial permitió detener al sospechoso y asegurar la zona en minutos, evitando una tragedia aún mayor.

Aunque la magnitud y el contexto del atropello hicieron temer inicialmente un posible atentado terrorista, la Policía de Merseyside y los servicios de emergencia han descartado esta hipótesis tras las primeras investigaciones. El incidente, que también está siendo revisado por las unidades antiterroristas, se investiga como un accidente o acto aislado, sin indicios claros de motivación extremista.

Reino Unido y la amenaza terrorista

El Reino Unido mantiene desde hace años un alto nivel de alerta antiterrorista, especialmente en grandes concentraciones públicas. El recuerdo de atentados como el de Manchester Arena en 2017, el ataque en el puente de Londres o los recientes intentos frustrados en estaciones y aeropuertos, han consolidado la percepción de vulnerabilidad ante el terrorismo yihadista y de extrema derecha.

En los últimos años, los servicios de seguridad británicos han frustrado decenas de complots y han reforzado la vigilancia en eventos masivos, estadios y espacios públicos. Sin embargo, la mayoría de los ataques recientes han sido perpetrados por individuos aislados, conocidos como “lobos solitarios”, lo que dificulta la prevención y genera alarma ante cualquier incidente de gran impacto mediático.

Comunidad musulmana en Reino Unido

En el Reino Unido, la comunidad musulmana representa aproximadamente el 6,5% de la población total, lo que equivale a unos 3,9 millones de personas según el censo nacional de 2021. El islam es la segunda religión más grande del país, con una presencia especialmente significativa en Londres, donde los musulmanes constituyen alrededor del 15% de la población. Además, el crecimiento de esta comunidad ha sido notable en la última década, pasando de 1,2 millones en 2011 a casi 4 millones en 2021.

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