Una asociación de fiscales atribuye a García Ortiz dos nuevos delitos

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha atribuido al Fiscal General los delitos de apoderamiento ilícito de información y prevaricación
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Imagen: Álvaro García Ortiz-RTVE

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa abierta en el Tribunal Supremo a raíz de la querella que presentó la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por revelación de secretos, ha atribuido al principal investigado, el fiscal general del Estado, dos nuevos delitos: «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación».

La citada Asociación también solicita al instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole».

Entre el conjunto de diligencias que reclama al juez, la asociación incluye el “listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles» de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Asimismo, solicita que se acredite si el fiscal general «ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo».

La asociación sostiene que del informe de la UCO relativo a Rodríguez «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado», en alusión a García Ortiz.

La APIF insiste en que, antes del filtrado, “existe una porción del iter criminis que ya consta plenamente cometida por el investigado: el apoderamiento ilícito de la información”. “Ni el Fiscal General del Estado, ni la Jefe provincial, tenían a su disposición esa información, por mucho que remate jerárquicamente el primero la institución», destacan.

Para la asociación, se trata de «una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla». «Por tanto, a nuestro juicio, el apoderamiento ilegal está claramente consumado», agrega.

La APIF le atribuye también «prevaricación»

Además, la APIF considera que «se ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa», pues el fiscal general «transmitió órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el Whatsapp, para que, a la postre, el fiscal Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados», en referencia a García Ortiz y Rodríguez.

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Un independentista cobrará 125.000 euros del Estado

Puigdemont ha conseguido posicionar al exdirector de los Mossos en la CNMC, insistiendo en que “las estructuras el Estado” no son necesarias
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Imagen: consejero de CNMC, Pere Soler

Este nombramiento se enmarca en los movimientos del PSOE para consolidar apoyos políticos tras la investidura de Pedro Sánchez, sumando a figuras clave de sus socios parlamentarios. Soler fue propuesto por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y deberá ser ratificado tras comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.

Un historial ligado al independentismo

Soler no es un desconocido en la política catalana. En 2017, fue designado director general de los Mossos d’Esquadra por Carles Puigdemont, liderando el cuerpo policial durante el referéndum del 1-O. Aunque fue procesado por su actuación, más tarde fue absuelto. Sus mensajes en redes sociales reflejan un discurso abiertamente independentista, llegando a afirmar que “todas las estructuras del Estado en Cataluña son innecesarias”.

En su trayectoria profesional, también ha ocupado puestos como director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y otros cargos en el ámbito público en Terrassa. Su nombramiento ha generado controversia, especialmente por el enfoque hostil de Junts hacia la operación de OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, un tema que Soler tendrá que supervisar desde la CNMC.

Renovación estratégica de la CNMC

La incorporación de Soler forma parte de la renovación de cinco consejeros en la CNMC, que estaba pendiente desde hace más de un año. Además, destacan los nombramientos de Enrique Monasterio, vinculado al PNV; Rafael Iturriaga, próximo al portavoz socialista Patxi López; y Ángel García Castillejo, quien asumirá la vicepresidencia del organismo.

Entre los designados, solo una mujer, María Vidales, fue seleccionada. Vidales, considerada cercana a la actual presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ocupa la dirección del Departamento de Promoción de la Competencia. Sin embargo, el Gobierno ha optado por excluir a candidatos propuestos por el PP, rompiendo con la tradición bipartidista que históricamente ha marcado estas renovaciones.

La ampliación de competencias de la CNMC

Además de los cambios en su consejo, el Gobierno aprobó un decreto para ampliar las competencias de la CNMC, otorgándole un papel central como coordinador de servicios digitales. Según el texto, el organismo será responsable de supervisar e investigar actividades ilegales en Internet, garantizando un entorno digital seguro y transparente.

Críticas por la instrumentalización institucional

El PP ha criticado la falta de consenso en los nombramientos, acusando al Gobierno de utilizar organismos independientes como la CNMC para favorecer acuerdos con sus socios de investidura. Esta estrategia, señalan, se alinea con decisiones recientes como la renovación de la cúpula del Banco de España, en las que tampoco se incluyó representación del principal partido de la oposición.

El nombramiento de Pere Soler y la exclusión de propuestas del PP subrayan las tensiones políticas en torno a estas instituciones clave, en un momento en que la CNMC asume mayores responsabilidades en el ámbito económico y digital.

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Felipe González pide al gobierno que reconozca a Edmundo González presidente electo de Venezuela

Además de pedir que el gobierno encabece el reconocimiento de González como presidente electo de Venezuela, ha pedido que le ayuden en su regreso a Caracas
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Imagen: Felipe González y Edmundo González-Información

El expresidente del gobierno, Felipe González, estuvo ayer presente en el desayuno del Foro Nueva Economía en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, en la que pidió que España encabezase la iniciativa europea de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. «Los tiranos no tienen color ni ideología y Maduro se ha convertido en un tirano arbitrario. Por eso le pido al Gobierno que encabece la iniciativa europea, que ya tomó el Parlamento, para que España reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela».

El expresidente socialista ha destacado que “estamos ante un momento histórico” y que, ante esta situación, el gobierno debe facilitar la vuelta de Edmundo González a la capital venezolana, “igual que le dieron refugio en España”, de cara a la toma de posesión prevista para el próximo 10 de enero.

Según Felipe González, España debería distinguirse «por sus relaciones históricas con Venezuela» y así «ofrecerle los medios necesarios para que su oferta para realizar una transición sea eficaz». El dirigente histórico del PSOE ha confesado su “asombro” ante el hecho de que la «oferta de González y María Corina Machado permanezca viva para darle una salida a esa situación que atraviesa Venezuela». El país, dominado por Maduro, todavía “tiene impulso” para “ofrecer una esperanza de futuro: una transición”.

Asimismo, ha recordado que «los testigos en las mesas electorales constatan que Edmundo González ganó las elecciones por más del 70% de los votos con las actas siguiendo el proceso democrático y sin someterse a los poderes de Maduro».

Sobre éste, González ha criticado que no haya mostrado las actas electorales, de manera que no se pueda saber con certeza cuál ha sido el resultado de las elecciones. En este sentido, ha precisado que «ha perdido las elecciones de largo y de calle». «Sabe que no tiene legitimidad, que ya le faltaba de ejercicio, incluso de origen, pero ahora sabe que no tiene legitimidad ninguna, que es un tirano arbitrario sin legitimidad democrática», ha sentenciado.

González asegura que «las tiranías no son eternas»

Por su parte, Edmundo González ha destacado que «quien conoce Venezuela sabe que sus capacidades de recuperación son extraordinarias» y que se trata de un país con «vocación pacífica y democrática».

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La DGT puede multarte con hasta 500 euros por decorar el coche con adornos navideños

En estas fechas es habitual ver coches decorados con adornos navideños, como cuernos de reno. Esta modificación de la carrocería del vehículo podría ser constitutiva de sanción
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Imagen: Coche con decoración navideña-Nissan

Con la llegada de la Navidad a España, muchas personas adornan sus hogares y vehículos. Cada vez es más frecuente ir por las carreteras de nuestro país y encontrarnos con coches “disfrazados” de renos o con algún otro adorno navideño. Sin embargo, esta “moda” podría salir muy cara.

Esta moda surgió en Estados Unidos y, con el paso de los años, se ha ido trasladando al resto del mundo. Se trata de pequeñas modificaciones que afectan a la carrocería y que deben estar homologadas para evitar problemas legales, como, por ejemplo, los cuernos de reno, que cambian por completo la altura del vehículo.

Asimismo, cualquier adorno decorativo que pueda afectar a la identificación del vehículo, por pequeño que sea, puede ser constitutivo de sanción. Lo mismo ocurre con aquellos que impidan o empeoren la visibilidad de la matrícula del coche.

El motivo de la sanción es que cualquiera de estos elementos puede comprometer la seguridad vial. El artículo 19 del Reglamento General de Vehículos especifica que los elementos decorativos no pueden afectar la visibilidad ni el funcionamiento del vehículo. Por ejemplo, colocar luces LED en el exterior del coche podría confundirse con señales luminosas reglamentarias, lo que está estrictamente prohibido.  

La sanción es de 500 euros

Para poder circular sin problema alguno con nuestro vehículo adornado de elementos navideños, debemos acudir a una estación de servicio de ITV para lograr la certificación y el visto bueno de los profesionales, y así evitar escenarios desagradables, desde una multa hasta, en la peor de las situaciones, un accidente de tráfico por la caída de alguno de estos objetos, teniendo en cuenta que estos elementos van anclados o atados.

Cabe destacar que las decoraciones interiores, como las guirnaldas en el parabrisas, instalar un pequeño belén en la bandeja trasera del vehículo, podrían afectar a la visibilidad completa del conductor, por lo que también estaría penado con una sanción económica, aunque en este caso de una cuantía inferior, 200 euros. También podrían sancionarte si instalas luces de navidad dentro del vehículo, pues supondría la instalación de más luces que las permitidas.

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Valencia se endeuda tras la Dana

Mazón ha reclamado al Gobierno central una mayor financiación para poder hacer frente a los desperfectos sufridos por el temporal
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Imagen: Mazón y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, celebró la resolución asegurando que “se demuestra que no había nada” contra Mazón, aunque el TSJ dejó abierta la posibilidad de futuras imputaciones si se presentan nuevas pruebas.

Una crisis presupuestaria sin precedentes

En paralelo, el Gobierno valenciano aprobó la prórroga de los presupuestos de la Generalitat para 2025. La Dana no solo devastó infraestructuras, sino que también trastocó los planes económicos del Consell, obligando a replantear unas cuentas que ahora estarán enfocadas en la reconstrucción.

Según la Sindicatura de Cuentas, el impacto financiero de la catástrofe será “cuantiosísimo” y requerirá apoyo extraordinario del Estado para evitar un colapso económico. El patrimonio neto de la Comunidad Valenciana ya es negativo, con una deuda que supera los 61.000 millones de euros, y la recuperación tras el temporal amenaza con incrementar aún más este desequilibrio.

Reconstrucción y tensiones políticas

El anuncio de la prórroga presupuestaria llega en un contexto político complicado, donde solo Vox ha mostrado disposición para apoyar las nuevas cuentas del Consell. Mientras tanto, Mazón mantiene su exigencia al Gobierno central para que cubra los 3.000 millones de déficit necesarios para afrontar la reconstrucción y evitar el “colapso” de la Generalitat.

La Sindicatura advierte que, sin una financiación extraordinaria del Estado, la Generalitat deberá recurrir a un endeudamiento elevado, agravando aún más las finanzas públicas.La recuperación total de los activos destruidos por la DANA tendrá un impacto significativo en las cuentas futuras”, señala su informe.

Una Generalitat bajo presión

El informe de la Sindicatura de Cuentas, que abarca la gestión de 2023 en la que participaron PP y Vox, alerta sobre el “grave desequilibrio” de las finanzas de la Comunidad Valenciana. Este panorama económico refuerza la necesidad de un respaldo estatal para superar la crisis generada por la catástrofe natural y evitar mayores consecuencias para la gestión pública.

A pesar del respiro judicial, Mazón encara un 2024 cargado de desafíos, donde las decisiones financieras y la reconstrucción marcarán el rumbo político y económico de su administración.

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El 33% de los menores sufre sobrepeso

La evidencia médica ha probado que los niños que sufren obesidad tienden a sufrir más enfermedades cuando llegan a su etapa adulta
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Imagen: niño con una hamburguesa

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los principales retos sanitarios en países desarrollados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Europa, uno de cada tres niños y uno de cada cuatro adolescentes padece esta condición, mientras que, en España, el consumo de productos ultraprocesados por parte de los menores supera el 50% de las calorías diarias recomendadas, según datos de la Fundación Española de la Nutrición.

Esta realidad expone a los niños a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta, como diabetes, problemas cardiovasculares y afecciones en el hígado o la microbiota, advierte Miriam Blanco, pediatra del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Desconocimiento y educación como primeras barreras

El colegio como campo de batalla

Para combatir esta problemática, Zárate lidera un programa en colegios que busca educar a niños, padres y profesores sobre hábitos saludables. El proyecto incluye una fase de diagnóstico para evaluar costumbres alimenticias y otra para establecer pautas de nutrición y actividad física. “El colegio es el centro de la vida de los niños. Si conseguimos que aprendan buenos hábitos desde los tres años, los resultados serán más efectivos que si intentamos corregirlos a los 12, cuando ya están consolidados”, explica el pediatra.

El Gobierno también trabaja en un decreto para promover menús más saludables en los comedores escolares, donde come la mitad del alumnado de Primaria y en los que, según la OCU, casi el 50% de los menús son desequilibrados.

La influencia del entorno socioeconómico

La obesidad infantil está marcada por una brecha económica. Según el informe Aladino, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es más del doble en las familias de menor renta (23,6%) frente a las de rentas más altas (10,9%). “Es tremendamente injusto que el entorno socioeconómico determine las oportunidades alimentarias de los niños”, lamenta Zárate, quien también advierte de las dificultades que enfrentan muchas familias para seguir una dieta saludable. “No debemos culpabilizar, sino adaptarnos y ofrecer alternativas asequibles”, añade Miriam Blanco.

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Polonia instruirá a los niños en el uso de armas de fuego

El objetivo es, según las autoridades polacas, preparar a los jóvenes ante posibles amenazas externas
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Imagen: Donald Tusk, primer ministro de Polonia-AP

Polonia ha tomado una decisión sin precedentes en la Unión Europea: desde septiembre de 2024, los estudiantes de secundaria del país están obligados a recibir formación en armas de fuego como parte del currículo escolar. Esta medida, impulsada por los Ministerios de Educación y Defensa, tiene como objetivo preparar a los jóvenes ante posibles amenazas externas, en un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania y el aumento de tensiones en la región.

La guerra en Ucrania ha reforzado la sensación de amenaza en Polonia, cuyo gobierno ha apoyado activamente al país dirigido por Zelenski. Además de proporcionar equipos militares valorados en más de 4500 millones de euros, Polonia ha decidido preparar a sus ciudadanos desde una edad temprana, lo que incluye a menores de los últimos cursos de la educación primaria.

Esta medida pretende fomentar el patriotismo

El primer ministro polaco, Donald Tusk, explicó que estas medidas pretenden, además de fortalecer la seguridad, impulsar un sentimiento patriótico: “Polonia debe ser un líder en la defensa de nuestra región y asegurar que nuestros ciudadanos estén preparados para cualquier eventualidad, ha afirmado.”

Las clases tienen lugar en colegios de todo el país y, pese a que los estudiantes no utilizan munición real, se emplean tecnologías avanzadas como pistolas láser y réplicas de armas. En estas sesiones, los jóvenes aprenden a disparar, montar y desmontar armas bajo la supervisión de instructores especializados.

Según Krzysztof Papadis, desarrollador de los sistemas de armas láser utilizados, más de 18.000 escuelas ya cuentan con este equipamiento, diseñado para garantizar la seguridad durante las prácticas. Los estudiantes reciben bloques de formación de tres horas, en los que aprenden a reaccionar ante posibles situaciones de amenaza.

Diversidad de opiniones

Mientras que algunos padres y profesores celebran la medida teniendo en cuenta el contexto geopolítico marcado por el ambiente bélico, otros denuncian que supone una militarización de la infancia. Especialistas en educación han advertido sobre el impacto psicológico que podría tener en los niños el aprendizaje de habilidades relacionadas con el uso de armas desde una edad temprana.

No obstante, las autoridades polacas aseguran que la formación no busca fomentar la violencia, sino proporcionar conocimientos básicos de defensa y seguridad. Según el Ministerio de Educación, “estas clases complementan la preparación de los estudiantes para situaciones de emergencia y refuerzan su capacidad para enfrentarse a amenazas modernas.”

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Un falso policía trabajó durante tres años en una comisaría

Las autoridades de Etxebarri, municipio de Bizkaia, ha denunciado al trabajador tras averiguar que poseía una titulación sin validez
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Imagen: policía municipal de Etxebarri 

Una contratación bajo sospecha

Descubrimiento del engaño

La situación salió a la luz gracias a los propios compañeros del falso policía, quienes comenzaron a sospechar tras escuchar sus comentarios sobre supuestas experiencias laborales en el municipio de Leioa. Al contactar con este ayuntamiento, descubrieron que nunca había trabajado allí. Más tarde, verificaron que tampoco había completado formación en la academia. Las inconsistencias en su documentación llevaron al Ayuntamiento a iniciar un expediente informativo y, posteriormente, a trasladar el caso a la Fiscalía.

El alcalde reconoció en el pleno de mayo, un mes después del despido, que las investigaciones internas revelaron indicios de delito en la actuación del agente. López Comerón defendió la actuación del consistorio, asegurando que el caso se encuentra ahora “en sede judicial” y que no es posible comprobar minuciosamente la veracidad de cada currículum en los procesos de selección.

Tres años de desempeño sin objeciones

Pese a no contar con la formación requerida, el investigado realizó durante su tiempo en la Policía municipal “todas las tareas propias del cuerpo”, según afirmó el regidor, quien señaló que el Ayuntamiento no tuvo quejas sobre su desempeño profesional.

El caso pone de manifiesto las dificultades de los ayuntamientos para cubrir vacantes en sus fuerzas de seguridad. El alcalde explicó que, aunque los municipios vascos disponen de un convenio con la academia de Arkaute para acceder a su bolsa de agentes, esta a menudo carece de disponibilidad, obligando a los consistorios a recurrir a procesos propios de selección, como ocurrió en Etxebarri.

Reacciones y repercusiones

El despido del agente impostor generó debates en el pleno municipal, donde la oposición pidió aclaraciones sobre los procedimientos de contratación. El alcalde lamentó lo sucedido, pero defendió que los controles habituales del consistorio no detectaron las irregularidades iniciales en la documentación del investigado.

El acusado, que ha recurrido su despido, enfrenta ahora un proceso judicial que determinará si incurrió en los delitos que se le atribuyen. Mientras tanto, el caso ha expuesto las vulnerabilidades en los mecanismos de selección y verificación de personal en pequeños municipios como Etxebarri.

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Macron vuelve a construir el Gobierno francés

El nuevo Ejecutivo, liderado por François Bayrou, ha decidido otorgar a Manuel Valls la cartera de Ultramar
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Imagen: Macron y el primer ministro, François Bayrou I AFP

Entre los nombramientos más destacados, Emmanuel Macron ha elegido a Manuel Valls como ministro de Ultramar y al banquero Éric Lombard para la cartera de Economía. No obstante, la falta de cambios significativos en la configuración del Gobierno y la ausencia de representantes de la izquierda sugieren que los desafíos políticos están lejos de resolverse.

Una crisis política sin precedentes

Desde junio, Francia vive una crisis institucional que se remonta a la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Macron tras el fracaso en las elecciones europeas. Las legislativas dieron la victoria al Nuevo Frente Popular (NFP), una alianza de izquierda, pero fragmentaron el Parlamento en tres sin mayoría clara. Este escenario resultó en un Gobierno efímero, liderado por Michel Barnier, que fue censurado tras solo tres meses, marcando el mandato más breve en la historia de la Quinta República.

A pesar del precedente, Bayrou, líder del centroderechista Movimiento Democrático (MoDem) y veterano de 73 años, ha optado por conservar algunas figuras clave del Ejecutivo anterior. Entre ellas, destaca Bruno Retailleau, representante de la derecha tradicional, quien seguirá al frente del Ministerio del Interior. Sin embargo, su continuidad no garantiza una relación más fluida con el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, que contribuyó a la caída del gobierno de Barnier.

Un gabinete sin apoyo unánime

Aunque Bayrou mostró intenciones de diálogo reuniéndose con líderes de las principales fuerzas políticas, su Gobierno no ha logrado incorporar propuestas de la izquierda. Este detalle alimenta las tensiones en el Parlamento, donde partidos como el Socialista (PS) no descartan promover una moción de censura. “No encontramos ninguna razón para no censurarlo”, declaró el líder socialista Olivier Faure tras conocer los nombramientos.

El primer ministro también ha buscado reforzar su equipo con figuras de peso político. Entre los nombres destacados se encuentran Élisabeth Borne, ex primera ministra y nueva titular de Educación, y Jean-Noël Barrot, ahora ministro de Exteriores. Sin embargo, la exclusión de Xavier Bertrand, uno de los líderes más reconocidos de la derecha moderada, refleja la influencia que Marine Le Pen y su partido aún ejercen sobre la política francesa.

Economía, el desafío más complicado

La principal incógnita del nuevo gabinete era quién lideraría el Ministerio de Economía, un puesto crucial en medio de la delicada situación financiera de Francia. Finalmente, el banquero Éric Lombard asumirá este desafío, que incluye reducir un déficit público superior al 6% del PIB y una deuda que supera el 113% del PIB, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Los intentos de ajuste presupuestario del gobierno de Barnier, con medidas de austeridad de 60.000 millones de euros, fracasaron al enfrentarse a una oposición firme. Esta situación, junto con la caída del anterior Ejecutivo, ha llevado a agencias como Moody’s a rebajar la calificación crediticia de Francia, aumentando las dudas sobre la capacidad del país para estabilizar su economía.

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El TSJCV inadmite las querellas y denuncias interpuestas contra Mazón por la gestión de la DANA

A juicio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no se aprecian “indicios sólidos y fundados” de criminalidad contra el president
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Imagen: Carlos Mazón-Europa Press

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto en el que acuerda inadmitir las tres querellas y las cuatro denuncias interpuestas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA.

La Sala, para justificar su decisión, ha aplicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige la presencia de “indicios cualificados contra personas aforadas para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural». Así, en este caso, los magistrados no han apreciado en el relato de hechos realizado por los denunciantes y querellantes indicios “objetivados que con consistencia o solidez” puedan llevar a declarar la competencia del Tribunal Superior de la comunidad autónoma para investigar al aforado en este momento.

Así, el Tribunal coincide con el informe de la Fiscalía en el que las imputaciones realizadas, relativas a la no toma de decisiones que podrían haber evitado o mitigado la tragedia por el número de fallecidos, derivan de una “relación causa-efecto” y una atribución de responsabilidad penal que atiende exclusivamente al resultado.

La inadmisión no supone la privación de la acción penal

En conclusión, afirma el Tribunal, «ninguno de los actos iniciadores que se han descrito en los antecedentes de esta resolución ofrecen ese cuadro indiciario de cierto nivel que se precisa para asumir nuestra competencia».

Asimismo, el TSJCV se ha referido también a la jurisprudencia del Alto Tribunal para mencionar el denominado «principio de culpabilidad por el hecho propio», que impide que puedan realizarse «atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea». Así, en definitiva, el hecho de que Mazón fuese el máximo responsable ejecutivo de la Comunidad Valenciana, ello no obsta a que, de manera automática, sea responsable de los hechos de los que se le acusa.

Pese a la inadmisión de las querellas y denuncias, los magistrados han asegurado que no significa que los impulsores de las mismas queden privados de su ejercicio de la acción penal, pues pueden solicitar si lo desean la incoación de este procedimiento preliminar en los juzgados de Instrucción.

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