En el Ministerio de Trabajo indican que estaban pendientes del dictamen del Consejo de Estado, que acaban de recibir en sentido favorable, con lo que anuncian que el reglamento se aprobará “en breve”
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Imagen: Los firmantes del acuerdo contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+, el 26 de junio en Madrid.
Hace casi tres meses, coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGTBI+ la ministra de Trabajo Yolanda Díaz presentaba el reglamento para evitar la discriminación laboral del colectivo. Sin embargo, ese texto, acordado por el Gobierno con sindicatos y patronales, aún no está en vigor. Tampoco hay rastro oficial de él pese a que no necesita respaldo parlamentario.
En el Ministerio de Trabajo indican que estaban pendientes del dictamen del Consejo de Estado, tal y como informa El País, que acaban de recibir en sentido favorable, con lo que anuncian que el reglamento se aprobará “en breve”, sin más concreción. Carolina Vidal, secretaria confederal de mujeres, igualdad y condiciones de trabajo de CCOO destaca que “no es habitual” que un acuerdo social tarde tanto en trasladarse a la normativa oficial.
El texto es un desarrollo reglamentario de la ley trans: establece que los convenios colectivos deberán contemplar cláusulas específicas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+; precisa que las empresas deberán impartir formación para evitar la discriminación del colectivo en entrevistas y ascensos; fija la inclusión de un protocolo frente al acoso y la violencia; que “se promoverá” la “heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos”; y contempla medidas específicas para fomentar la integración del colectivo trans, el que más discriminación laboral sufre.
Este conjunto de políticas debe aplicarse de forma obligatoria en las compañías con más de 50 empleados, pero puede interpelar a muchas otras de menor tamaño, ya que ha de trasladarse a todos los convenios.
El acuerdo entre Trabajo y los agentes sociales ya llegó más tarde de lo esperado, ya que la ley trans daba un “plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor” y se aprobó en febrero de 2023. Ya acumula, al menos, siete meses de retraso. El texto se aprobará como real decreto, así que no exige votación parlamentaria en el Congreso de lo Diputados.
El estatuto del becario tampoco está trasladado a la normativa oficial
El texto fue acordado entre Trabajo y los sindicatos hace más de un año, llegó a ser presentado públicamente poco antes de las elecciones generales, pero nunca fue refrendado en el Consejo de Ministros, ni mucho menos por el Congreso de los Diputados. Al rechazo del sector universitario y del resto de socios parlamentarios se sumó también el de la propia ala socialista del Ejecutivo de coalición, que sigue sin dar el visto bueno a la modificación normativa.
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