Categoría: ESPAÑA

El presidente no tiene obligación de comparecer personalmente y puede delegar la tarea en su defensa
The post Pedro Sánchez citado a conciliación por llamar «delincuente confeso» a pareja de Ayuso first appeared on Hércules.  Madrid, España – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado por el Juzgado de Primera Instancia 98 de Madrid para asistir a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero. La citación surge tras una demanda presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien exige una retractación por haber sido denominado «delincuente confeso» por Sánchez.

Según fuentes jurídicas, la demanda fue interpuesta en octubre pasado, tras declaraciones realizadas por Sánchez el 17 de octubre en Bruselas, donde calificó públicamente a González Amador de manera despectiva. En su demanda, González Amador alega que las declaraciones de Sánchez y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han violado «los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español».

El jefe del Ejecutivo no está obligado a comparecer personalmente al acto de conciliación y puede optar por responder por escrito. En caso de no rectificar, González Amador tiene la posibilidad de proceder con una demanda por injurias y calumnias, que sería tramitada por el Tribunal Supremo debido al fuero que posee Sánchez como presidente del Gobierno. Además, la demanda solicita una indemnización de 100.000 euros para Sánchez y 50.000 euros para Bolaños.

En una rueda de prensa tras el Consejo Europeo, Sánchez expresó su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por el Supremo. «El origen de todo esto», afirmó, «es que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo para situar la mentira de un delincuente del lado de la Fiscalía General del Estado». Estas declaraciones han intensificado las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.

De manera similar, Alberto González Amador ha presentado otra demanda contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, solicitando 40.000 euros por declaraciones realizadas en su contra. Esta demanda ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo, ampliando el alcance legal del conflicto.

El incidente ha generado un clima de confrontación política, reflejando las complejas dinámicas entre las instituciones nacionales y la administración regional de Madrid. La pareja de Ayuso busca no solo una retractación pública sino también una compensación económica por el daño a su reputación.

Hasta el momento, Pedro Sánchez no ha emitido una declaración oficial sobre el asunto. Mientras tanto, los analistas políticos señalan que este conflicto legal podría tener implicaciones significativas para las relaciones interinstitucionales y la imagen pública de las figuras involucradas. Las próximas semanas serán cruciales para determinar la respuesta de Sánchez y el desarrollo de este caso que capta la atención nacional.

Las autoridades han asegurado que se respetará el proceso legal correspondiente y que se tomarán las medidas necesarias para garantizar una resolución justa y equitativa. La comunidad política observa atentamente los avances de este caso, que subraya las tensiones actuales dentro del panorama político español.

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El PP defiende al sector turístico ante el Real Decreto impulsado por el PSOE, que adolece de burocracia excesiva, riesgos de ciberseguridad e impacta en la competitividad
The post El PP se opone al registro hotelero y presenta medidas para impulsar el turismo first appeared on Hércules.  El turismo, considerado uno de los pilares de la economía española por su capacidad de generae millones de empleos y aportar significativamente al PIB. Consciente de su importancia estratégica, el Partido Popular (PP) ha presentado una serie de iniciativas para fortalecer y proteger este sector frente a normativas que considera perjudiciales, como el controvertido Real Decreto 933/2021, conocido como el «Gran Hermano hotelero».

Rechazo al «Gran Hermano hotelero»

El PP se ha posicionado firmemente en contra de este decreto, que obliga a los alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos a recopilar hasta 42 datos personales de los usuarios, triplicando los registros requeridos previamente. Según los populares, esta normativa supone un grave riesgo para la privacidad de los usuarios, genera una carga burocrática desproporcionada para las empresas, especialmente las pymes, y las expone a ciberataques. Además, el decreto podría ser incompatible con el marco legal europeo, como señaló el comisario de Turismo de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas.

Para contrarrestar esta medida, el PP presentará mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos de toda España. Estas mociones instan al Gobierno a suspender la aplicación del decreto y a trabajar en una normativa consensuada con el sector. Además, buscan promover un marco jurídico que garantice la seguridad de los datos y minimice las cargas administrativas, mejorando así la competitividad de la industria turística.

El turismo español cerró 2023 con cifras récord: más de 85 millones de turistas internacionales visitaron el país, superando los niveles prepandemia. Para 2024, se estima que esta cifra alcance los 95 millones, con un aumento del 16,8% en el gasto de los visitantes en los primeros diez meses del año. El sector emplea a más de tres millones de personas y contribuye directamente con un 13% al PIB, además de un 8% de forma indirecta.

El PP argumenta que el «Gran Hermano hotelero» pone en riesgo estos logros al desincentivar la llegada de turistas internacionales y complicar la operativa de las empresas. Por ello, subraya la necesidad de políticas que favorezcan el crecimiento sostenible del turismo, sin comprometer los derechos fundamentales de los viajeros.

Descontento en Europa por la carga burocrática

La Comisión Europea ha instado a España a modificar la política establecida a partir del Real Decreto 933/2021, conocido coloquialmente como el «Gran Hermano Turístico». Esta normativa impone a las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor la obligación de recopilar y almacenar un total de 42 datos personales de sus clientes, en contraste con los 13 datos requeridos previamente.

El comisario europeo de Turismo, Apostolos Tzitzikostas, manifestó su preocupación durante una intervención en el Parlamento Europeo. En su discurso, subrayó la importancia de reducir la burocracia: «Hay que evitar la burocracia y el papeleo». Tzitzikostas atendía las reclamaciones del sector, que denuncia el impacto negativo de la medida en términos de competitividad y riesgos de ciberseguridad.

Reacciones del sector turístico

Asociaciones y patronales del sector turístico español han expresado su descontento con el Real Decreto. En una carta dirigida al comisario Tzitzikostas, a través del eurodiputado Borja Giménez Larraz, se señaló que esta normativa podría vulnerar la regulación europea en materia de protección de datos. Giménez Larraz calificó la medida como «una invasión en la privacidad de las personas, más propia de un Estado policial que de una democracia«.

La carta incluye las preocupaciones de varias organizaciones, como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Mesa del Turismo de España, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Estas entidades han enumerado un decálogo de quejas sobre el impacto de la medida.

La carta se resume en que el Real Decreto 933/2021 impone cargas administrativas excesivas, como la conservación de datos sensibles durante tres años y la recopilación de hasta 42 tipos de información personal, lo que aumenta riesgos de ciberseguridad y complica la operativa diaria. Las asociaciones critican la falta de consulta previa, el impacto negativo en la competitividad frente a otros países de la UE y el riesgo de sanciones por posibles infracciones de protección de datos. Además, destacan la falta de orientación de las autoridades y la carga desproporcionada sobre las pymes del sector.

En el pleno del Parlamento Europeo, el eurodiputado Giménez Larraz denunció que el «Decreto Gran Hermano» supone una «carga administrativa incomprensible, inadmisible e imposible». También alertó sobre el impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas del sector, que constituyen una parte esencial de la economía turística en España.

Giménez criticó además las voces que, según él, «pretenden la demonización del turismo» bajo motivaciones ideológicas. En su intervención, pidió a la Comisión Europea que impulse un sello y una marca común de Turismo Sostenible, integrando tanto aspectos medioambientales como económicos y sociales. El comisario Tzitzikostas concluyó enunciando la necesidad de aligerar los procedimientos para no sobrecargar al sector turístico con trámites excesivos.

Propuestas adicionales del PP

Más allá de su oposición al decreto, el PP aboga por un diálogo constante con las asociaciones del sector para identificar y resolver sus necesidades. Entre las medidas planteadas destacan:

Reducción de trabas administrativas: Simplificar los procesos regulatorios para facilitar la actividad empresarial en el turismo.

Impulso a la digitalización: Promover herramientas tecnológicas seguras que optimicen la gestión de datos y mejoren la experiencia del viajero.

Fomento de la promoción internacional: Reforzar la marca España como destino turístico seguro y competitivo.

Sostenibilidad y modernización: Incentivar prácticas sostenibles en el sector, incluyendo la renovación de infraestructuras y la adopción de energías limpias.

El PP, con su amplia representación en municipios y comunidades autónomas, se posiciona como un defensor clave del sector turístico frente a medidas que considera lesivas. Su estrategia combina la oposición al Real Decreto 933/2021 con propuestas concretas para mejorar la competitividad, garantizar la privacidad y proteger los derechos de las empresas y los turistas. Estas iniciativas reflejan el compromiso del partido con un sector esencial para el desarrollo económico y social de España.

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El magistrado aseguró que otra testigo había dicho que se la contrató por ser mujer de Sánchez
The post Juan José Güemes imputado por negar la contratación de la esposa del presidente first appeared on Hércules.   En un desarrollo significativo dentro de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa (IE) y exconsejero madrileño. La imputación surge tras la negativa de Güemes a reconocer que la contratación de Gómez se realizó por su condición marital con el jefe del Ejecutivo.

Durante las audiencias, el juez Peinado alegó que Güemes desmintió las declaraciones de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del IE. Gil de Antuñano había afirmado que Güemes ordenó la contratación de Gómez específicamente por ser «la esposa del presidente del Gobierno». Sin embargo, los audios obtenidos por RTVE y parcialmente difundidos por La Hora de La 1 revelaron que Gil de Antuñano no detalló las razones de la contratación, mencionando únicamente que fue a petición de «Juan José Güemes, el vicepresidente económico» y que ella no participa en los procesos de selección de personal.

En su declaración, Güemes sostuvo que la contratación de Gómez se basó en su sólido currículum y experiencia en marketing, destacando su trayectoria académica en la Universidad Complutense de Madrid desde 2012 y su contribución al Centro de África del IE. «No se contrató a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno», afirmó Güemes, negando categóricamente las alegaciones del juez.

El juez Peinado confrontó a Güemes sobre la veracidad de las declaraciones de Gil de Antuñano, sugiriendo un posible delito de falso testimonio. Güemes respondió que desconocía las afirmaciones de su compañera y defendió que las instrucciones para contratar a Gómez provenían de su posición jerárquica. Este intercambio ha intensificado las tensiones políticas entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso.

En un punto clave de las declaraciones, Gil de Antuñano explicó que en el IE no se realiza un «control de horas» de los directivos contratados, sino que se mide por resultados. Además, detalló que desde 2018 el IE adoptaba un «mix» de trabajo presencial y teletrabajo, lo que sorprendió al magistrado. También indicó que Begoña Gómez dejó el IE en 2022 por petición propia, alegando «motivos personales».

Las investigaciones continúan para esclarecer las verdaderas motivaciones detrás de la contratación de Begoña Gómez y determinar si existió un uso indebido de la influencia política en el proceso. Mientras tanto, el caso ha captado la atención nacional, con analistas políticos advirtiendo sobre posibles repercusiones en la imagen pública de las figuras involucradas.

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Parece ser que el mayor enemigo de Pedro Sánchez no la dupla PP-Vox, sino sus propios socios de Gobierno que luchan por el espacio a la izquierda del PSOE
The post Podemos podría intentar forzar un adelanto electoral para aprovechar la debilidad de Sumar first appeared on Hércules.  El partido liderado por Ione Belarra trabaja en su estrategia de cara a un posible adelanto electoral. Podemos prevé que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría convocar elecciones generales en respuesta a la presión judicial sobre el Ejecutivo o por el desgaste que supone negociar semanalmente con sus socios en una legislatura marcada por tensiones constantes.

El pleno de este jueves dejó al descubierto las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante su agenda legislativa. A pesar de conseguir la aprobación de la ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia tras arduas negociaciones, el Gobierno sufrió un revés con la eliminación del gravamen extraordinario a las empresas energéticas, impulsada por PP y Junts, dejando claras las tensiones entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios.

Podemos, que inicialmente amenazó con no respaldar la ley de Justicia, condicionó su apoyo a un acuerdo con el Gobierno. Dicho pacto incluyó la suspensión de una enmienda «antiokupa» del PNV, la introducción de medidas «antidesahucios» y la prórroga de las ayudas al transporte por seis meses, que serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros.

La fragilidad de la legislatura obliga al Gobierno a gestionar delicados equilibrios parlamentarios, mientras Podemos insiste en la necesidad de “reconducir” la dirección política para alejar al PSOE de Sumar y permitirles volver a la primera plana política. La renovación del Consejo General del Poder Judicial pactada entre PSOE y PP y los encontronazos por la reforma fiscal han intensificado el ambiente de inestabilidad.

Competencia con Sumar y desafíos electorales

El partido busca reconstruir su base electoral tras un año marcado por su ruptura con Sumar y su paso al grupo mixto en el Congreso. La formación morada aspira a recuperar el liderazgo de la izquierda alternativa al PSOE, una posición que ocupaba en 2019.

Esta estrategia ha generado constantes enfrentamientos con el Gobierno y sus socios. Podemos ha acusado al Ejecutivo de “ignorar” a la izquierda, mientras el PNV critica al partido por sus “amenazas” para ganar terreno frente a Sumar. La reciente eliminación del gravamen a las energéticas, fruto de la alianza entre PP y Junts, ha agudizado aún más las tensiones entre los socios del Gobierno.

El plan «Irene Montero», pieza clave para enfrentarse a Yolanda Díaz

En medio de este escenario, los morados apuestan por relanzar a Irene Montero como figura central de su estrategia política. Tras el veto de Yolanda Díaz a su inclusión en las listas electorales del 23J, Montero ha ido recuperando protagonismo en la actividad parlamentaria y en negociaciones clave, como la reciente aprobación de la ley de Justicia.

Según fuentes de la dirección, el partido trabaja en consolidar a Montero como candidata en las próximas elecciones generales. Ione Belarra avivó esta posibilidad durante un discurso reciente, asegurando que Montero “volverá muy pronto” a la primera línea de la política española.

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El incidente ha dejado numerosas víctimas aunque las autoridades aún esperan confirmar el número exacto de muertos y heridos
The post Posible atentado islamista en un atropello masivo en el mercado navideño de Magdeburgo first appeared on Hércules.  Magdeburgo, Alemania – Un trágico atropello masivo sacudió hoy un mercado navideño en Magdeburgo, una ciudad con una población de aproximadamente 241.000 habitantes. El incidente ha dejado numerosas víctimas, aunque las autoridades aún esperan confirmar el número exacto de muertos y heridos.

Matthias Schuppe, portavoz del gobierno del estado de Sajonia-Anhalt, confirmó los hechos a la cadena MDR, señalando que por el momento no se dispone de información detallada sobre el balance de víctimas. Ante el suceso, el encargado del mercadillo navideño instó a la población a abandonar el centro de la ciudad, y diversas imágenes muestran una gran presencia de ambulancias en la zona afectada, reflejando la magnitud del desastre.

Según informaciones locales, un BMW oscuro fue identificado como el vehículo responsable del atropello y fue detenido inmediatamente tras el incidente. Además, la policía ha arrestado a otro sospechoso relacionado con el ataque, aunque su identidad aún no ha sido revelada. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron al trágico suceso y buscan determinar posibles motivaciones detrás del ataque.

La ciudad de Halle, ubicada a unos 80 kilómetros de Magdeburgo, ha reforzado de inmediato las medidas de seguridad en su propio mercado navideño tras el atentado. Tobias Teschner, responsable del departamento de seguridad de Halle, informó que los hospitales de la ciudad están en alerta y preparados para recibir a los heridos, demostrando la rápida respuesta ante una posible crisis humanitaria.

Este trágico suceso evoca malos recuerdos del ataque al mercado navideño de Berlín el 19 de diciembre de 2016, cuando un asesino islamista mató a 13 personas y dejó a 67 heridas con un camión robado. Las autoridades alemanas han expresado su consternación ante el nuevo incidente y han prometido reforzar las medidas de seguridad en futuros eventos públicos para evitar incidentes similares.

La comunidad de Magdeburgo se encuentra consternada, mientras espera más detalles sobre el estado de las víctimas y las causas que motivaron el ataque. Las investigaciones continúan en curso, y las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos en futuros eventos públicos.

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El grupo partisano ucraniano Atesh encontró un depósito de combustible ruso que abastecía a las fuerzas militares, junto con vehículos blindados ocultos, e informó de su ubicación para tomar medidas adicionales
The post El grupo partisano ucraniano Atesh asesta un importante golpe a la logística rusa en Crimea first appeared on Hércules.  En el distrito de Saky, en Crimea, miembros del movimiento partisano ucraniano, Atesh, descubrieron e informaron de un depósito de combustible ruso que contenía no solo tanques de combustible que abastecen a sus fuerzas, sino también tanques y otros vehículos militares, informó el grupo en Telegram.

«Los ocupantes están tomando medidas para minimizar las consecuencias en caso de un ataque: están estirando redes [de camuflaje] y colocando sacos de arena en los tanques, tratando de evitar un incendio mayor si el depósito es alcanzado», se lee en la publicación de Tesh.

Los partisanos afirman que la información sobre la ubicación del depósito y sus coordenadas se ha transmitido a las autoridades ucranianas pertinentes: «La información sobre la ubicación de esta instalación ya se ha pasado a las manos adecuadas y estamos preparando la siguiente etapa de la operación». Coordenadas: 45.244016337N, 33.400615787E

«Cada paso nos acerca más a la victoria. No vamos a dar ninguna oportunidad a los ocupantes. Si tienen información que pueda ayudarnos en la lucha, escriban a nuestro coordinador y reciban una recompensa», agregaron los partisanos.

Mercenarios africanos, cubanos y escudos humanos en el bando ruso

El mes pasado, Atesh informó que en el campo de entrenamiento de Kozachyi en Sebastopol, Rusia, las fuerzas rusas entrenan a mercenarios africanos y cubanos y utilizan a niños del grupo Yunarmiya como escudos humanos.»Los rashistas están utilizando a los niños como escudos humanos, tratando de proteger a sus soldados y mercenarios de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Ucrania», dijeron los partisanos. «Nuestros agentes continúan monitoreando de cerca tales incidentes y están listos para proporcionar toda la información necesaria para responsabilizar a los ocupantes», agregó Atesh.

Atesh se ha convertido en una fuerza creciente. Fue formado por partisanos de etnia ucraniana, rusa y tártara de Crimea en el territorio ucraniano de Crimea, ocupado por Rusia, en el verano de 2022, tras la invasión de febrero de ese año. Además de elegir la palabra tártara de Crimea para «fuego» para su nombre, el grupo emitió un comunicado en la aplicación de redes sociales Telegram en el que declaraba que sus objetivos eran «luchar por el Estado ucraniano» de cualquier manera posible. Eso incluía actuar como agentes dobles dentro del ejército ruso.

Operando en las sombras, los combatientes de la resistencia de Atesh, gente local motivada «en parte por el odio al Kremlin, en parte por las ofertas de dinero en efectivo de los manipuladores ucranianos», según el medio  The Times, han creado un movimiento de resistencia clandestino que ha obligado a las tropas rusas a retroceder.

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Distintas fuentes han señalado que la labor de la Guardia Civil es a favor del Estado de Derecho y no están preocupados por la denuncia de Ábalos
The post Jucil reivindica la “estoica indiferencia“ de la Guardia Civil ante la denuncia de Ábalos  first appeared on Hércules.  El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha denunciado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por investigarle siendo diputado en el Congreso. Una noticia que ha sorprendido, pero que según han confirmado fuentes del Instituto Armado, la denuncia se ha recibido con “estoica indiferencia”.

Los agentes afirman que seguirán “trabajando” de la misma manera con la seguridad jurídica de que todas sus actuaciones se practican con el ordenamiento de los magistrados.

Según ha informado La Razón, las declaraciones de Ábalos sorprendieron en el seno de la Guardia Civil. Las noticias con sus titulares incendiarios se difundían a gran velocidad entre los grupos de los agentes. El enfado inicial dio paso a una “estoica indiferencia”. Y es que el trabajo de los investigadores de la UCO y sus compañeros de los GAR está fuera de toda duda. “Vamos a seguir trabajando igual”.

Distintas fuentes han señalado que la labor de la Guardia Civil es a favor del Estado de Derecho y no están preocupados por la denuncia de Ábalos. “Poco nos importa”. Los funcionarios de la Guardia Civil han defendido que su actuación en la investigación al exministro se hizo de una manera “correcta” y que no hay “margen para la polémica”.

Así mismo, la UCO y el GAR, han señalado que los registros que se llevaron a cabo en el despacho de José Luis Ábalos se realizaron con una autorización judicial. También destacan que las investigaciones están instruidas por los magistrados.

El exministro Ábalos ha sido señalado por su participación en la trama Koldo y el caso de los hidrocarburos

Una defensa a ultranza que también han recibido de otros compañeros de diferentes unidades que les han trasladado su apoyo ante el señalamiento de Ábalos. El respaldo es máximo y se hace inclusivo a los mandos. Ahora, tendrá que ser la Fiscalía General del Estado la que valore la denuncia del exministro.

La denuncia de Ábalos se remonta a 2023, cuando la UCO ya había intervenido el teléfono móvil de su exasesor e imputado Koldo García. Debido a las investigaciones de la Guardia Civil, se ha podido conocer una conversación entre ambos en la que se destacaba que el hermano de Koldo le iba a enviar documentación que le había entregado un alto cargo del Ministerio.

Ábalos afirmó que los agentes del GAR abrieron el paquete y fotografiaron la documentación que había en su interior, que contenía una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las ofertas de mascarillas para el coronavirus con informes de las compras a la empresa Soluciones de Gestión S.L..A pesar de todo este relato, el informe de la UCO, que está fechado el 4 de diciembre de 2023, señala que el sobre estaba “abierto”.

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Andrés Góngora, portavoz de COAG, ha advertido que el sector agrario se ve «muy condicionado» por el clima, algo que, a su juicio, se debería tener en cuenta
The post El sector del campo denuncia que la reducción de jornada de Yolanda Díaz causará un incremento de los costes  first appeared on Hércules.  Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha firmado este viernes un acuerdo con el fin de reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Este acuerdo ha contado con la participación de los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.

Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja, dice que la reducción de la jornada supone una “subida encubierta” del salario e implicará “tener que contratar a más gente” y, por consiguiente, un “incremento de los costes”.

Álvarez ha lamentado que el sector está acostumbrado a que se le “deje de lado” y ha pedido al Gobierno que ponga en marcha un plan de apoyo financiero para asumir la medida.

Por su lado, Andrés Góngora, portavoz de COAG, ha advertido que el sector agrario se ve «muy condicionado» por el clima, algo que, a su juicio, se debería tener en cuenta a la hora de legislar sobre las jornadas laborales para adaptarse a las necesidades del campo.

Andrés Góngora ha demandado una mayor “flexibilidad” sobre todo, con las dificultades que puede tener el campo y en concreto sectores como el hortofrutícola a la hora de aplicar la medida, además de pedir que se tenga en cuenta la propia temporalidad que caracteriza al sector.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha celebrado la medida ya que «los trabajadores están en su derecho de reivindicar mejores condiciones», a la vez que ha pedido que se mejoren las condiciones en los productores para que se les permita “pagar sin problemas”.

Yolanda Díaz no tiene en cuenta las necesidades del sector de la agricultura

La reducción de la jornada laboral supondrá “aumento de los costes laborales”, ha asegurado Cortés durante su intervención tras la reunión de seguimiento de las 43 medidas para el campo mantenida con UPA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, siempre que tenga en cuenta una duración máxima de la jornada ordinaria de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

Esta medida impulsada por Yolanda Díaz no ha sido bien recibida por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ha mostrado contrario a la implementación de la reducción de jornada laboral desde el primer momento que la líder de Sumar puso sobre la mesa esta medida.

La cuestión que destaca Garamendi y empresarios de la CEOE es que con la reducción de la jornada laboral las empresas deberán hacer frente a una reducción de la productividad. Así mismo, deberán afrontar el pago de costes extra para igualar los resultados de producción que había anteriormente.

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Álvarez ha subrayado durante su declaración que el cargo que ocupa ya existía con otros presidentes y que fue la propia Begoña Gómez quien la propuso
The post La asesora de Begoña Gómez desconoce si hay un documento que especifique sus funciones  first appeared on Hércules.  Cristina Álvarez, asesor de Begoña Gómez en Moncloa, no tiene conocimiento de si existe un documento que especifique las funciones de su cargo. Álvarez ha comparecido este viernes ante el juez del Tribunal Supremo, donde ha explicado que sus funciones pasan por asistir a la esposa del presidente del Gobierno en su agenda personal y privada.

La asesora de Begoña Gómez ha declarado ante el juez que nunca ha realizado trabajos relacionados con la Universidad Complutense de Madrid. Según fuentes a las que ha tenido acceso The Objective, la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia ha señalado que si escribió a patronos de la polémica cátedra para que mantuvieran el apoyo económico a su jefa fue para hacerle “un favor personal”.

Álvarez ha subrayado durante su declaración que el cargo que ocupa ya existía con otros presidentes y que fue la propia Begoña Gómez quien la propuso por su amistad previa. Según fuentes presentes durante la comparecencia, el magistrado que investiga a su jefa por cuatro delitos le ha llamado la atención en repetidas ocasiones. Además de apercibirla por no contestar, le ha pedido su teléfono móvil, según testigos presentes en el interrogatorio. El fiscal ha rechazado formularle preguntas.

La compareciente ha señalado que está en su cargo desde el 16 de julio de 2018.  Un mes y medio después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegara a La Moncloa. Posteriormente, Begoña Gómez se puso en contacto con ella debido a que era una persona de confianza.

La asesor de Begoña Gómez comenzó a trabajar con ella porque era «una persona de confianza»

A pesar de esta situación, Cristina Álvarez desconoce si existe un documento o si en su contrato se especifican las tareas que tiene encomendadas. Ha subrayado que siempre le dijeron lo que tenía que hacer y que se trataba de un cargo de confianza por el que cobra 49.000 euros anuales.

Según The Objective, entre sus labores destaca la búsqueda de “un entorno seguro, eficiente y discreto” para la esposa del presidente del Gobierno. Álvarez ha insistido en que está a disposición 24 horas y debe controlar “toda su agenda”. En función de las actividades que tenga Begoña Gómez, la asesora tiene que informar a diferentes estamentos, como al equipo de seguridad.

Cristina Álvarez ha explicado también que es la encargada del protocolo, las ceremonias, hace informes y le pone en contacto con otras personas, pero ha rechazado que realizara trabajos para la Complutense, a pesar de los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil.

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