Los datos demuestran que los países que tienen penas más duras, como Estados Unidos, no tienen los mejores datos de seguridad ciudadana
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Imagen: Exterior de una cárcel de máxima seguridad en Grecia. EFE
No es extraño que en el debate de la agenda pública entren cuestiones relacionadas con la delincuencia y el sistema penitenciario, sobre todo en período de elecciones. Es algo que ocurre también cuando se produce un crimen altamente mediático, que acaba lanzando a periodistas, tertulianos y a la propia sociedad a un bucle de análisis sobre la aplicación de la justicia.
Existe también el populismo punitivo, fruto de la politización irracional del derecho penal. A grandes rasgos, es aquella creencia que presume que mayores penas reducen el crimen. El auge precisamente del populismo punitivo ha hecho que cada vez más gente pida penas más duras por todo tipo de hechos delictivos. Pero, ¿son realmente las prisiones los sitios idóneos para reeducar a los delincuentes? ¿Qué tiene de verdad la afirmación de “a más penas, menos crímenes”?
Primero, hay que tener en cuenta que, en España, la propia Constitución deja claro en su artículo 25 que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción laboral”. Por tanto, más allá de la ética de la cuestión, es la propia ley la que indica que el castigo debe servir para que la persona penada pueda volver al seno de la sociedad.
En este punto, hay que tener en cuenta que la reinserción a la que apela el artículo 25.2 de la Constitución no es un derecho fundamental del interno. Es, más bien, una obligación dirigida a la Administración para que incluya los medios necesarios para que el interino pueda reincorporarse con éxito a la sociedad sin delinquir nuevamente.
La evidencia muestra que las penas más largas no son lo mejor contra la delincuencia
La hegemonía de estos discursos punitivistas deja escondido en segundo plano las evidencias generadas por la investigación criminológica. Los datos han demostrado ya que los países que tienen penas más duras, como por ejemplo Estados Unidos, no tienen los mejores datos de seguridad ciudadana.
Allí mismo, en aquel país conocido por su enorme población encarcelada, tanto conservadores como liberales han respaldado la liberación de presos para reincorporarse a la sociedad. Cuatro estados, California, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, redujeron sus poblaciones carcelarias en 2019 en más del 20% y lo hicieron sin aumentar significativamente el crimen violento.
La evidencia también ha demostrado que, cuanto más largo es el período de privación de libertad y la falta de contacto con el resto de la sociedad, más altas son las probabilidades de reincidencia. En un estudio realizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), se analizaban la trayectoria de las 3.814 personas excarceladas en 2015 del sistema penitenciario catalán para concluir que la tasa de reincidencia en los cinco años siguientes al cumplimiento de condena había sido del 21%, confirmando la tendencia a la baja del 40% del año 2008.
También expone que los delitos contra la libertad sexual fueron los que registraron una menor tasa de reincidencia (5,3%), mientras que los delitos no violentos contra la propiedad son los que mantienen mayores tasas (38,4%). El mismo informe advierte que la reincidencia se reduce cuando las personas finalizan la condena en medio abierto, es decir, cuando gozan de permisos y progresan al tercer grado.
El caso de España: el sexto país europeo con más reclusos
España es el sexto país de toda Europa con más reclusos en sus cárceles. Según un informe encargado por el Consejo de Europa, España tiene aproximadamente el mismo número de presos que Alemania o que Italia, pero los tiene con casi 40 millones de habitantes menos que el primero y 11 millones menos que el segundo.
Según el informe SPACE II que elabora la Universidad de Lausana, España tenía en 2023 un total de 55.909 reclusos, un 0.8% menos que el año anterior. Muy lejos, eso sí, de los casi 350.000 que tiene Turquía, pero demasiado cerca de países de su entorno y con una población sensiblemente superior como Francia (72.294), Alemania (58.098) o Italia (56.127).
El perfil del preso en España que dibuja el informe SPACE II es el de un hombre que cumple una condena menor de dos años y que, por norma general, no se encuentra en prisión preventiva, al contrario que ocurre en muchas otras partes del resto del continente.
De esos más de 55.000 reclusos, solo siete de cada 100 son mujeres, lo que, sin embargo, y a pesar de que parezca una estadística menor, coloca a España como el sexto país de más de medio millón de habitantes con mayor proporción de mujeres presas.
En cuanto a los tiempos de condena, la media española es de 19,7 meses de prisión, prácticamente el doble que la media europea (10,1 meses). Eso sí, quienes se encuentran reclusos en un centro penitenciario lo hacen habitualmente cumpliendo una condena y no como parte de una prisión preventiva, ya que solo un 15,9% de ellos están presos a la espera de juicio. En Europa, lo habitual es que esta proporción suponga el doble, e incluso hay países como Suiza (46%) o Países Bajos (45%) donde se triplica.
Estos datos evidencian lo que llevan diciendo los expertos hace años: el sistema español es altamente punitivo y uno de los más duros de Europa. Álvaro Crespo, de la secretaría técnica de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP) indica a Ethic que en España se sigue pensando que la cárcel es la solución ideal para quien ha cometido un delito. El discurso, a su vez, lleva «varios años centrado en el populismo de «quién la hace la paga»».
Cometer un delito en España conlleva pasar mucho tiempo entre rejas. Es algo que el resto de la sociedad tiene poco presente, puesto que, como señala Crespo, «solo nos acordamos de lo que es la cárcel cuando truena». Pero en las prisiones españolas, añade, hay unas 55.000 personas que quizás no hubiesen acabado allí con otros modelos de prevención o con otras formas de sanción como las empleadas en otros países europeos.
Alternativas a las cárceles: Noruega
En la prisión de alta seguridad de Halden, en Noruega, a 120 kilómetros al sur de Oslo, asesinos, violadores y traficantes de drogas practican la postura del perro boca abajo y la posición de loto junto a los funcionarios de la prisión, cada uno de ellos concentrados en lo que dicta la profesora.
«Los relaja», dice con aprobación el director de la prisión, Are Hoidal, mientras los observa. «No queremos ira y violencia en este lugar. Queremos que los internos estén tranquilos y sean pacíficos». «Guardias y prisioneros se mezclan en actividades todo el tiempo. Almuerzan juntos, juegan al voleibol, se divierten juntos… y todo eso nos permite interactuar realmente con los internos, hablarles y motivarles«, dice.
La cárcel de Halden es considerada «la más humana del mundo». Esta es una de sus salas de oración. Imagen: Reuters
Cuando Hoidal comenzó su carrera en el servicio penitenciario noruego a principios de la década de 1980, su experiencia en las prisiones fue completamente diferente. «Fue muy duro», recuerda. «Era una cultura masculina, machista, que se centraba en la vigilancia y la seguridad. Y la tasa de reincidencia era de entre el 60% y el 70%, como en Estados Unidos».
Pero a principios de la década de 1990, el sistema correccional de Noruega se sometió a una serie de rigurosas reformas para enfocarse menos en lo que Hoidal denomina «venganza» y más en rehabilitación. A los prisioneros, que antes pasaban la mayor parte de su día encerrados, se les ofrecieron programas diarios de capacitación y educación, y el papel de los guardas se revisó por completo.
La arquitectura de la prisión de Halden fue diseñada para minimizar la sensación de encarcelamiento de los internos, para reducir su estrés psicológico y hacerlos sentir armonía con la naturaleza que les rodea. De hecho, la prisión —cuya construcción costó US$172 millones— ha ganado varios premios de diseño.
La idea es darles un sentido de normalidad y ayudarles a prepararse para una nueva vida cuando salgan. Muchos internos saldrán de Halden como mecánicos cualificados, carpinteros y cocineros.
Programas de corrección comunitaria y tratamientos no privativos de la libertad
En primer lugar, si alguien representa un peligro para la comunidad, esta persona debería ser supervisada y controlada de cerca, algo que se puede hacer desde fuera de una cárcel tradicional. Los programas de corrección comunitaria ya son una importante parte del sistema penal australiano y se ha comprobado que controlan y ayudan a paliar el comportamiento criminal.
Según este sistema, los criminales se comunican constantemente con un supervisor, que tiene la tarea de guiarle hacia programas educativos, trabajo comunitario y programas de rehabilitación de corrección del pensamiento y comportamiento antisociales. La corrección comunitaria no es una solución “blanda” porque si la persona no cumple las normas, no se cierra a la posibilidad de mandarla a prisión.
Los tratamientos no privativos de la libertad son parecidos a los programas de corrección comunitaria aunque persiguen objetivos enfocados a la terapia. Suelen aplicarse a personas que hayan cometido delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas ilegales o con una enfermedad mental.
En Australia existen tribunales de narcóticos desde 1999 y la conclusión es que se logra reducir la reincidencia de forma más efectiva que con las condenas tradicionales. De forma similar, existen jurisdicciones especializadas en criminales que padecen enfermedades mentales. Por ejemplo, el Tribunal de Evaluación y Citación de Victoria se encarga de los acusados que sufren algún tipo de enfermedad mental o discapacidad cognitiva.
Para otro tipo de delitos, una sanción económica es más eficaz que una condena a prisión, como por ejemplo, los delitos de guante blanco motivados por la ambición de subir de estatus social.
En última instancia, dejar de considerar el encarcelamiento como la solución estándar para la delincuencia puede permitir la búsqueda de medidas preventivas más efectivas. La reinserción judicial es un enfoque basado en información que busca mejorar el sistema judicial penal y reducir el gasto que supone. Se centra en aprovechar el ahorro que implican índices más bajos de encarcelamiento reinvirtiendo en las áreas donde más se sufren los delitos. Este sistema está basado en pruebas aportadas por décadas de investigaciones públicas que han concluido que la prevención es más rentable que la inversión solo en castigos.
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