El caso ERE, con un fraude total de 678 millones de euros, es, hasta el momento, el mayor escándalo de corrupción que afecta al PSOE
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Imagen: Manuel Chaves y José Antonio Griñán-EFE
Aunque todavía se desconocen las verdaderas dimensiones del caso Koldo, hasta el momento el caso de los ERE es el mayor escándalo de corrupción que ha tenido como protagonista al Partido Socialista.
El caso que lo destapa todo: el Caso Mercasevilla
El 1 de abril de 2009 el entonces gerente de la lonja sevillana, Fernando Mellet, y el director adjunto, Daniel Ponce, son grabados mientras exigían comisiones ilegales a dos empresarios. Ambos pedían 450.000 euros, pero los empresarios registran la conversación de manera oculta y llevan las cintas a la Fiscalía de Sevilla, que inicia así el caso Mercasevilla.
La jueza Mercedes Ayala investiga la empresa Mercasevilla y halla en un ERE de la firma a varias personas, los denominados intrusos, que nunca habían trabajado en la lonja. Esto le permitió a la magistrada averiguar que la dinámica de incluir a personas ajenas a los ERE subvencionados por la Junta se reproducía en numerosas empresas, no solo en Mercasevilla.
Así, en resumen, el modus operandi era el siguiente: la Junta de Andalucía repartió entre 2001 y 2010 más de 855 millones de euros en partidas discrecionales para asegurar una red clientelar a lo largo de la comunidad. Cuando una empresa entraba en crisis, la Junta regaba sus procesos de despido con ayudas a los trabajadores. Sin embargo, también incluía partidas para «intrusos» que jamás habían puesto un pie en la empresa, y que se beneficiaban de partidas socioeconómicas ilegales.
Según la investigación judicial, el entramado implicaba a toda la Junta de Andalucía, y, en muchas ocasiones, a la colaboración necesaria de los sindicatos que gestionaban las ayudas para los despedidos.
Gestionado por el exconsejero Javier Guerrero, destapó ante la policía un “fondo de reptiles” destinado a empresas sin el procedimiento establecido por la Intervención General. Guerrero, en una declaración policial, asegura que se repartieron “de manera arbitraria” y sin “el procedimiento legal” 647 millones para empresas en crisis desde su departamento, con el conocimiento de sus superiores.
El origen: una modificación presupuestaria para eludir controles
Entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, aunque, según reza el fallo del caso, la Consejería de Empleo utilizaba de manera ordinaria lo que debía ser extraordinario, es decir, utilizaba la figura de la subvención excepcional, lo cual tenía como objetivo eludir los necesarios controles legales.
Así las cosas, el fraude se inició en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por el socialista Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que entonces presidía Magdalena Álvarez y que se mantuvieron con José Antonio Griñán cuando este la sucedió en el cargo.
La primera modificación fue una Transferencia de Financiación por la que las partidas de las subvenciones pasaron de la Consejería de Empleo a ser gestionadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Y con la segunda modificación presupuestaria, lo que ocurría era que se reducían en una cuantía considerable los fondos del programa antes mencionado de la Consejería, y esa reducción se transformaba en un aumento para los fondos gestionados por el IFA.
Para la Audiencia de Sevilla, dichas modificaciones se produjeron con el objetivo de evitar la tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones “con los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención”.
Además, en julio de 2001, el Consejero de Empleo, José Antonio Viera Chacón, y el presidente del Instituto, Antonio Fernández García, firmaron un convenio por el que el Instituto recibía una misión específica: pagar el importe de la ayuda que le ordenara el Director General de Trabajo, que entonces era el antes mencionado Francisco Javier Guerrero, pese a no ser legalmente competente para conceder subvenciones.
El destino de las subvenciones
El 9 de enero de 2012, el chófer de Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, declaró ante los investigadores que su jefe le concedió dos subvenciones por 900.000 euros que dedicó “a comprar cocaína” y a otros gastos como “ir de fiestas y copas”. La confesión fue uno de los hitos del caso estuvo a punto de permitir que, por primera vez, el PP lograra presidir la Junta de Andalucía. Sin embargo, pese a que el candidato del PP Javier Arenas ganó las elecciones, no obtuvo más votos que la suma de PSOE e IU.
El nuevo sistema permitía que los fondos se otorgaran directamente a las empresas (en lugar de a los trabajadores) con total ausencia de control sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo.
Para que todo este fraude fuera posible, los sindicatos debían estar implicados. De hecho, la jueza Ayala acusó a UGT y CCOO de cobrar comisiones ilegales por su intermediación en los ERE, que cifraba entre el 0,5 y el 1% de cada expediente. La magistrada señalaba, en concreto, a las agencias de corretaje de seguros de las dos centrales sindicales, que intermediaban en cada expediente de regulación de empleo que pagaba la Junta.
El juicio de los ERE
El 24 de julio de 2013, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, admitía que las críticas por parte de la jueza Ayala de su gestión, previas a su imputación en el Supremo, provocaban su salida del Gobierno socialista. Griñán dejaba al frente a Susana Díaz.
El primer juicio del caso ERE, su rama política, comienza sus sesiones el 5 de diciembre de 2017 en la Audiencia de Sevilla con los expresidentes Chaves y Griñán, seis exconsejeros y 14 ex altos cargos de la Junta por el fondo para empresas en crisis entre 2001 y 2010. El juicio duró poco más de un año.
El fallo de la Audiencia de Sevilla era el siguiente: condenaba a Griñán a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas tras el juicio de la pieza política. Los jueces condenaban también a Chaves a nueve años de inhabilitación por prevaricación y censuraban a la antigua cúpula del PSOE andaluz por crear un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis.
Chaves recurre al Tribunal Supremo
El 23 de junio de 2020 la defensa del expresidente Manuel Chaves recurre su condena en el caso ERE ante el Tribunal Supremo porque considera que el fallo vulnera su derecho a la presunción de inocencia. “Lo que el tribunal presenta como tal prueba de cargo no es más que un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones contra reo”, alega en su recurso de casación.
Por el contrario, la Fiscalía solicita al Supremo que ratifique las condenas tanto al propio Chaves como a Griñán, asumiendo así la tesis de Anticorrupción. Y así ocurre. El Tribunal Supremo ratifica las condenas impuestas a Manuel Chaves (por un delito de prevaricación) y José Antonio Griñán (prevaricación y malversación) por permitir, durante una década, un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales.
El fallo del Alto Tribunal obliga a Griñán a entrar en prisión para cumplir una condena de seis años de cárcel. En el caso de Chaves, la condena implica su inhabilitación durante nueve años, aunque el histórico líder socialista lleva alejado de la política desde 2015, cuando dimitió tras ser imputado.
El caso llega al Tribunal Constitucional
El 16 de julio de este año, el Tribunal Constitucional anulaba la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el caso de los ERE, lo que implicaba que la Audiencia Provincial de Sevilla tuviera que dictar una nueva sentencia.
El Pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de amparo interpuesto por ambos expresidentes contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que los condenaron por un delito de prevaricación por la financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
El Tribunal, así, declaró que en ambos casos se había vulnerado el derecho a la legalidad penal y ordenó retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dictara un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.
Chaves y Griñán, recibidos con honores en el Congreso Federal del PSOE
El pasado sábado, en el marco del Congreso Federal del PSOE que se celebró este fin de semana en Sevilla, fueron invitados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que accedieron a la sala donde se celebraba el acto de inauguración del Congreso de forma destacada y en compañía del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que presidía este congreso del que ejerce como anfitrión, como líder de la federación autonómica que lo acoge.
Posteriormente, Juan Espadas aprovechó su intervención en este acto para dedicar un agradecimiento «muy especial», como secretario general de los socialistas andaluces, a Chaves y Griñán, y también a otros ex altos cargos de la Junta a los que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente sus recursos de amparo frente a sus condenas por los ERE, como las exconsejeras andaluzas de Hacienda Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo.
A todos ellos ha querido dedicar el líder del PSOE-A «un reconocimiento» público «por justicia» en la apertura del congreso de los socialistas, tras lo que los asistentes a la inauguración se han puesto en pie y han dedicado una cerrada ovación a ambos expresidentes de la Junta, presentes en primera fila junto a quien les sucedió como presidenta del Gobierno andaluz, la actual senadora socialista Susana Díaz. «Gracias como servidores públicos por vuestro trabajo, por todo lo que habéis dado por esta tierra nuestra, por Andalucía, para que lleguemos hoy hasta aquí. Gracias, de verdad, de corazón»
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