Categoría: ESPAÑA

La investigación judicial se reabre tras una denuncia de 109 familias de víctimas de la pandemia en centros de mayores de Madrid
The post Un juzgado imputa a dos ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias first appeared on Hércules.  Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ex responsables sociosanitarios del Gobierno madrileño, deberán declarar el lunes 26 de mayo como investigados por los protocolos de derivación hospitalaria durante la primera ola de la pandemia. La causa, archivada hace casi tres años, ha sido reabierta por decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, a instancias de la Fiscalía Provincial. Es la primera vez que un tribunal imputa a antiguos altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por las muertes registradas en las residencias.

Denuncia colectiva y reapertura de la causa

La denuncia fue presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de fallecidos en residencias madrileñas, coordinados por las plataformas Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. A diferencia de denuncias anteriores, esta se centra en un posible delito de denegación discriminatoria de servicios públicos, contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Hasta ahora, la mayoría de los procedimientos se apoyaban en figuras como el homicidio imprudente o la omisión del deber de socorro.

La magistrada instructora, María Isabel Durántez Gil, ha citado a Mur y Peromingo por su papel en la elaboración y aplicación de los protocolos que, según los denunciantes, impidieron trasladar a personas mayores contagiadas de Covid-19 desde residencias a hospitales. En su día, ambos ostentaban cargos clave: Mur era coordinador sociosanitario y firmó los protocolos iniciales, mientras que Peromingo validó los posteriores.

Reacciones del Gobierno regional y defensa política

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido recordando que “la causa llevaba archivada tres años” y que ahora se reabre “porque la Fiscalía ha cambiado de criterio”. Desde su Ejecutivo insisten en que ya se han archivado más de 60 procedimientos judiciales relacionados con esta cuestión y que su actuación durante la pandemia fue avalada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y otras nueve sociedades científicas.

Estas entidades firmaron en su día un documento conjunto donde se defendía que no se negó atención hospitalaria de alto nivel a ningún mayor si se consideraba necesario. Incluso, el presidente de la Sociedad de Geriatría, José Augusto García Navarro, subrayó que los hospitales “no dieron la espalda a las personas mayores” durante la crisis sanitaria.

El Partido Popular ha reaccionado criticando el perfil ideológico de la jueza Durántez Gil, a quien vinculan con el PSOE. Destacan que fue directora general en la Xunta de Galicia durante el Gobierno socialista de Emilio Pérez Touriño, y más tarde directora general de la Marina Mercante con José Luis Rodríguez Zapatero. Además, pertenece a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, de marcado perfil progresista.

Los populares recuerdan también que Durántez Gil dejó en libertad al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en un caso de supuesta agresión sexual. Subrayan su relación de amistad con el propio Conde-Pumpido y su parentesco con la fiscal Marta Durántez Gil, conocida por su papel en el caso Rubiales.

El juzgado madrileño es el primero en reabrir una causa que otros tribunales han preferido mantener archivada. Sin embargo, la reapertura marca un giro en la narrativa judicial sobre la gestión de las residencias durante el Covid-19 en Madrid. Mientras la presidenta y su entorno destacan los avales científicos y los archivos previos, los familiares insisten en conocer la verdad y en que los responsables políticos den explicaciones sobre las decisiones que pudieron costar vidas.

El desarrollo de esta instrucción será clave para determinar si hubo responsabilidades penales en la aplicación de protocolos que, durante los meses más duros de la pandemia, impidieron a miles de ancianos acceder a atención hospitalaria.

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El Consejo de la UE debatirá la propuesta el 27 de mayo
The post El reconocimiento del catalán, euskera y gallego en la UE será parcial y asumido por España first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a sus socios europeos una reforma del marco lingüístico que permitiría el reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea a partir de 2027, aunque de manera limitada.

La propuesta establece que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar ni publicar todos sus actos legislativos en estas lenguas, sino únicamente los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que representa menos del 3% de la producción jurídica comunitaria en la última legislatura.

Con este movimiento, el Ejecutivo busca equilibrar la demanda de sus socios de investidura, como Junts, con la viabilidad política y financiera de la propuesta en Bruselas, donde varios Estados miembros han expresado dudas sobre su implementación y coste. Para facilitar el acuerdo, España se ha comprometido a asumir los gastos derivados de la oficialidad de las tres lenguas, aunque sin precisar una cifra exacta.

El reconocimiento parcial también contempla una “derogación inmediata” que excluye la obligación de traducir todos los documentos oficiales, quedando su revisión pendiente para dentro de cuatro años, cuando los Veintisiete decidirán si se mantiene o se elimina la restricción.

El Gobierno presentó el miércoles un documento más detallado sobre la iniciativa, en un intento de desbloquear las negociaciones, aunque la medida aún no cuenta con los apoyos suficientes. La votación prevista en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE el 27 de mayo dependerá de que se logre consenso entre los Estados miembros.

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Museos y gobiernos han sido acusados de obstruir la justicia evitando la devolución de piezas robadas
The post El caso Pissarro y la lucha por la devolución del arte robado en el Holocausto first appeared on Hércules.  Ocho senadores estadounidenses han presentado una propuesta para modificar la Ley de Recuperación de Arte Expropiado durante el Holocausto (HEAR), con el objetivo de facilitar a las familias la recuperación de obras saqueadas por el régimen nazi.

La iniciativa ha recibido el respaldo de 16 organizaciones, entre ellas el World Jewish Congress, el American Jewish Committee (AJC) y el Holocaust Survivors Foundation USA. En un comunicado conjunto, las entidades han subrayado la urgencia de reforzar las garantías jurídicas para evitar que los supervivientes y sus descendientes enfrenten obstáculos legales que impidan la restitución de sus bienes.

A pesar de que la ley HEAR fue aprobada por unanimidad en 2016, los colectivos denuncian que muchos museos e instituciones han bloqueado las reclamaciones mediante tácticas legales, ocultando la procedencia de las obras y dilatando los procesos judiciales. La modificación propuesta busca eliminar la fecha de vencimiento de las solicitudes, garantizar la transparencia y reforzar los mecanismos de acceso a los tribunales.

Este proyecto legislativo también pretende enviar un mensaje firme en tiempos de creciente antisemitismo, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la justicia histórica y la reparación de los crímenes del pasado.

Una batalla por la restitución

Entre los casos más relevantes que podrían beneficiarse de esta reforma se encuentra el cuadro de Camille Pissarro, reclamado por la familia Cassirer en un litigio contra el Museo Thyssen-Bornemisza. El abogado Bernardo Cremades Jr., quien representa a la Federación de Comunidades Judías de España en apoyo a los Cassirer, ha valorado la iniciativa como “una magnífica noticia” y ha señalado que, si la modificación se aprueba, la estrategia legal del museo no podría repetirse en futuros pleitos sobre arte expoliado por el régimen nazi.

“Es un avance significativo para hacer justicia y garantizar la devolución de las obras robadas en el Holocausto”, ha afirmado Cremades

.Fuente:Europa Press

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Moncloa gasta 2 millones en formación y 24,5 en tecnología mientras presiona a la OTAN para blindar su política migratoria
The post El Gobierno engorda la burocracia con 750 empleos públicos más para regularizar inmigrantes first appeared on Hércules.  El Gobierno ha anunciado a bombo y platillo la creación de 750 nuevos empleos públicos para reforzar las oficinas de extranjería y agilizar los trámites de regularización de inmigrantes. Bajo el pretexto de aplicar el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado en noviembre pero en vigor desde esta semana, el Ejecutivo pone en marcha otra medida que incrementa el gasto público sin resolver el fondo del problema: la falta de control en las fronteras y el colapso del sistema migratorio.

La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio que encabeza Elma Saiz, ha coordinado esta ampliación de plantilla con el Ministerio de Política Territorial. El coste de la operación no es menor: dos millones de euros destinados a formar a los nuevos funcionarios, que se suman a una maquinaria administrativa ya sobredimensionada y con escasa eficacia demostrada.

Según el Gobierno, el objetivo es “transitar de la forma más eficiente todos los cambios que la nueva norma conlleva”. Sin embargo, la experiencia reciente indica lo contrario: más personal no se traduce necesariamente en mejor gestión, y menos aún cuando se aplica a un sistema saturado que arrastra años de ineficiencias y contradicciones normativas.

Normas confusas y mensajes contradictorios

El nuevo reglamento, lejos de aportar claridad, multiplica las categorías de arraigo y amplía los supuestos de regularización, lo que, en la práctica, facilita el acceso a la residencia y al trabajo a quienes no han seguido los cauces legales para entrar en el país. En lugar de fortalecer un sistema migratorio riguroso y ordenado, el Gobierno incentiva los atajos administrativos, enviando un mensaje claro: basta con permanecer en España cierto tiempo o tener vínculos mínimos para legalizar la situación.

La propia redacción del reglamento, que incluye conceptos como el “arraigo socioformativo” o la “segunda oportunidad”, refleja una voluntad política de flexibilizar sin límites las condiciones de regularización, generando una inseguridad jurídica que afecta tanto a migrantes como a los funcionarios encargados de aplicar la norma.

Más gasto, menos control

A esta ofensiva burocrática se suma una inyección de 24,5 millones de euros en I+D para mejorar la vigilancia de fronteras. Aunque la inversión en tecnología es, en principio, una medida razonable, el Ejecutivo la presenta no como un refuerzo de la soberanía nacional, sino como parte de una maniobra para convencer a la OTAN de que la inmigración debe computar como gasto militar.

Se trata de una estrategia oportunista que mezcla seguridad, defensa y migración con fines contables, mientras los problemas reales, mafias, entradas irregulares, colapso en los CIEs, siguen sin respuesta efectiva.

El maquillaje de una política fallida

Durante seis meses, el Gobierno ha desplegado una campaña informativa para explicar el nuevo reglamento. Sesiones en quince ciudades, formación intensiva para funcionarios, encuentros con ONG y agentes sociales… todo orientado a vender una política que, en esencia, es una huida hacia adelante.

Mientras tanto, los flujos de inmigración irregular no cesan y los tribunales ya han advertido de las lagunas legales de algunas disposiciones. Las recientes instrucciones para regularizar familiares de españoles intentan tapar el vacío legal que afectaba a miles de familias mixtas, pero lo hacen con soluciones improvisadas, presionadas por sentencias europeas que el Gobierno había ignorado hasta ahora.

Más allá de la retórica oficial, la medida responde a un cálculo político: contentar a sectores progresistas y sindicatos como CCOO, que aplauden la regularización masiva, mientras se intenta mantener el control de un debate cada vez más presente en la agenda pública. El consejero de CCOO, José Antonio Moreno, compartió escenario con la ministra Saiz en la presentación del reglamento, en una imagen que simboliza la connivencia entre Gobierno y sindicatos en este nuevo giro de la política migratoria.

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La producción en el Mar del Norte sigue en caída mientras el Reino Unido apuesta por eólicos
The post El presidente de EE.UU arremete contra la política energética del Reino Unido first appeared on Hércules.  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado al Reino Unido por la fiscalidad aplicada a la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte, argumentando que estas medidas encarecen la energía y desincentivan la inversión en el sector.

A través de su red social Truth Social, Trump ha instado a Londres a abandonar la generación eólica offshore y a impulsar la perforación en la zona, donde, según él, existen grandes reservas aún por explotar. Esta postura no es nueva: en enero ya había tachado de “gran error” el mantenimiento de estos gravámenes, en respuesta a la decisión de la petrolera Apache de cesar sus inversiones en la región para 2029.

El debate sobre el modelo energético británico se intensificó después de que el Gobierno de Reino Unido decidiera elevar el impuesto sobre los llamados “beneficios caídos del cielo” del 35% al 38% y prorrogarlo un año más, una medida que ha generado preocupación en la industria de hidrocarburos. Mientras la producción de crudo en el Mar del Norte ha descendido progresivamente desde principios de los años 2000, la expansión de aerogeneradores marinos ha ido en aumento, lo que ha generado un nuevo equilibrio energético en la región.

Trump sigue defendiendo la explotación de recursos fósiles como solución para reducir costes energéticos, mientras el Gobierno británico apuesta por una transición hacia fuentes renovables y un nuevo modelo de sostenibilidad económica, según fuentes de Europa Press.

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España y Turquía exploran nuevas vías de cooperación en energía e infraestructuras
The post Sánchez y Erdogan estrechan la cooperación en comercio y diplomacia first appeared on Hércules.  El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha destacado el papel de Turquía como mediador en los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, además de subrayar la importancia estratégica de la nación euroasiática para numerosas empresas españolas.

Durante su encuentro en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ambos mandatarios han abordado el crecimiento de las relaciones comerciales bilaterales y el potencial de expansión en sectores clave como la energía, las infraestructuras y la tecnología,según publica Europa press.

Asimismo, la reunión ha servido para analizar la cooperación en seguridad y defensa, así como las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. En el ámbito geopolítico, se ha puesto el foco en la situación en Oriente Medio y los esfuerzos para consolidar la paz, incluyendo la implementación de la solución de los dos Estados.

España, por su parte, sigue promoviendo iniciativas en el seno de Naciones Unidas para garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza, instando a Israel a levantar el bloqueo. En este contexto, Sánchez ha invitado a Erdogan a participar en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla a finales de junio.

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Una cláusula estatutaria introducida en 2024 permite a dirigentes procesados seguir en el cargo si se alega «persecución política»
The post El PSOE blinda a Gallardo para seguir al frente del partido pese a estar imputado first appeared on Hércules.  La situación judicial de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, ha destapado una cláusula introducida discretamente en los Estatutos del partido que permite a sus dirigentes seguir en el cargo pese a enfrentar un proceso penal, siempre que este sea considerado una persecución política. Este cambio, aprobado en el 41º Congreso Federal celebrado en diciembre de 2024, abre la puerta a una reinterpretación del código ético del PSOE y debilita de facto los compromisos de regeneración democrática que antaño abanderaba el partido.

La disposición adicional sexta, incorporada a los nuevos Estatutos, establece que el cumplimiento del código ético se conjugará con la protección de los dirigentes frente al “uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas”. Una fórmula ambigua que permite a la dirección nacional del PSOE decidir discrecionalmente qué causas judiciales considera legítimas y cuáles no.

Una reforma a medida para blindar a los afines

En 2015, el PSOE estableció que la mera imputación era motivo suficiente para dimitir. Con el tiempo, ese listón se desplazó hasta la apertura de juicio oral, y ahora, con la nueva redacción de los Estatutos, ni siquiera ese umbral garantiza ya la asunción de responsabilidades. Basta con que la dirección del partido entienda que el proceso judicial tiene connotaciones políticas para mantener al acusado en su puesto. En la práctica, se legaliza una excepción al código ético por vía estatutaria.

Gallardo, que se enfrenta a una causa penal, ha justificado su decisión de tomar posesión como diputado en la Asamblea extremeña asegurando que quiere que “termine el proceso de instrucción”. Con el nuevo marco interno del PSOE, su permanencia al frente del partido está garantizada: la denuncia contra él, según fuentes socialistas, proviene de organizaciones “vinculadas a la extrema derecha”, lo que basta para activar el blindaje político estatutario.

El PSOE borra las líneas rojas éticas

El Código Ético aprobado en 2023 aún contempla que los cargos con juicio oral por delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación o violencia de género deben solicitar la baja voluntaria y dimitir. Pero esta norma queda anulada si se invoca la disposición adicional introducida en 2024. Así, una Comisión Federal controlada por la dirección puede decidir, caso por caso, quién es víctima de “lawfare” y quién no, introduciendo una enorme discrecionalidad en lo que antes era una norma objetiva.

El caso Gallardo se suma a otras polémicas recientes que han afectado a figuras del entorno del presidente Sánchez, como su hermano o su esposa, Begoña Gómez, también envueltos en investigaciones judiciales. La narrativa del acoso judicial ha servido al PSOE como argumento para justificar esta deriva, sostenida en la idea de que existe una “persecución política, mediática y judicial” contra el Ejecutivo.

El nuevo marco legal interno no solo protege a Gallardo, sino que establece un precedente para blindar a otros cargos en situaciones similares. Y lo hace con el respaldo de una arquitectura estatutaria que traslada todo el poder de decisión a órganos dependientes del núcleo duro del partido. La Comisión Federal de Ética y Garantías es ahora el instrumento clave para decidir quién puede mantenerse en el cargo y quién no, debilitando el control democrático interno y sustituyéndolo por un control político vertical.

Lo que antes era una exigencia de transparencia, hoy es un terreno abonado para la arbitrariedad. El PSOE ha institucionalizado el doble rasero ético, permitiendo que la militancia y la opinión pública se enfrenten a una organización que ya no se rige por principios claros, sino por conveniencias estratégicas.

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