Categoría: ESPAÑA

El Instituto Juan de Mariana alerta del deterioro de la seguridad jurídica en España y su impacto en la inversión extranjera y la estabilidad institucional
The post España cae en seguridad jurídica y preocupa a inversores, según IJM first appeared on Hércules.  El Instituto Juan de Mariana (IJM) ha advertido de un “preocupante deterioro” de la seguridad jurídica en España, señalando como causas principales la politización institucional, el uso “excesivo” del real decreto-ley, y una creciente imprevisibilidad regulatoria. Así lo recoge su nuevo Índice de Seguridad Jurídica 2025, que sitúa a España en la posición 20 de 27 países de la Unión Europea, con una puntuación de 6,5 sobre 10.

El índice evalúa 10 variables clave para la calidad institucional

El informe del IJM consolida indicadores de prestigiosas fuentes internacionales como el Banco Mundial, The Economist, el World Justice Project o el Instituto de Estudios Económicos. A través de 10 variables, mide elementos como:

• Percepción y control de la corrupción
• Efectividad del Gobierno en políticas públicas
• Respeto al Estado de derecho y los derechos fundamentales
• Calidad y estabilidad regulatoria
• Funcionamiento del sistema judicial
• Limitación del poder del Ejecutivo
• Derechos de propiedad
• Cumplimiento de fallos judiciales internacionales

Según el IJM, “España ha seguido una trayectoria descendente desde el año 2000”, con una puntuación máxima de 7,9 en 2002. A partir de 2019, la tendencia volvió a caer, coincidiendo, afirma el informe, con la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez.

Incertidumbre regulatoria y menor inversión extranjera

El informe destaca varios factores que agravan el deterioro institucional:

• Modificaciones legislativas frecuentes sin evaluación de impacto
• Complejidad normativa creciente
• Falta de transparencia administrativa
• Inestabilidad tributaria

Estas condiciones, señala el IJM, “incrementan la incertidumbre para empresas y ciudadanos”, afectando la planificación económica y las decisiones de inversión.

Una de las consecuencias más visibles es la caída en la inversión extranjera directa neta, que descendió un 5% en 2024 hasta los 22.757 millones de euros, según datos del propio informe. Esta cifra representa una caída del 50% respecto a los niveles anteriores a 2018, cuando Pedro Sánchez asumió el Gobierno tras una moción de censura a Mariano Rajoy.

El IJM también sostiene que España acumula actualmente más amonestaciones de tribunales internacionales que países con regímenes autoritarios como Venezuela o Rusia.

Relación entre seguridad jurídica y renta per cápita

El análisis del IJM subraya que los países con mayor seguridad jurídica también lideran en prosperidad económica. Es el caso de Dinamarca, Finlandia o Luxemburgo, que encabezan el ranking y cuentan con las rentas per cápita más altas de la UE.

“Esto confirma que una mayor calidad institucional y una regulación estable son claves para fomentar el crecimiento económico y atraer inversión extranjera”, señala el informe.

El IJM y su enfoque liberal clásico

El Instituto Juan de Mariana, de orientación liberal, es conocido por su defensa del libre mercado y la reducción del intervencionismo estatal. En 2024 otorgó su premio anual al presidente argentino Javier Milei, por sus políticas de liberalización económica. El think tank considera que el retroceso en la seguridad jurídica durante “la era Sánchez” está dañando el tejido institucional, minando la confianza internacional y deteriorando el entorno de negocios.

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Sumar exige medidas al PSOE por el caso Cerdán, pero evita romper la coalición. Yolanda Díaz advierte sobre la corrupción y la financiación ilegal
The post Tensión en la coalición PSOE-Sumar por el caso Cerdán first appeared on Hércules.  El reciente encuentro entre PSOE y Sumar en el Congreso para evaluar el futuro de la coalición tras el estallido del caso Cerdán se desarrolló en un tono sorprendentemente distendido, pese a la gravedad del momento político. Aunque la cita fue convocada por el socio minoritario, Sumar, para abordar la presunta corrupción en el PSOE, en ningún momento se planteó una ruptura del Ejecutivo ni un distanciamiento de Pedro Sánchez.

Por parte del PSOE, participaron la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro Félix Bolaños y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Representando a Sumar estuvieron el ministro Ernest Urtasun y diversos portavoces de las confluencias, como Enrique Santiago (IU), Candela López (Comunes), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Javier Padilla (Más Madrid).

La reunión se celebró tras un encuentro previo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en La Moncloa el 16 de junio, apenas cuatro días después de que la UCO (Unidad Central Operativa) publicara un informe que implicaba directamente a Santos Cerdán y elevaba la presión sobre el presidente y el partido socialista. En aquella reunión, Díaz planteó la eliminación de los aforamientos y propuso vetar el acceso a contratos públicos a empresas implicadas en tramas de corrupción política. En la comisión de seguimiento, los portavoces de Sumar reiteraron estas propuestas.

Yolanda Díaz endurece el discurso, pero evita romper

Antes del inicio formal de la reunión, Yolanda Díaz intervino en una entrevista en Onda Cero donde cargó con dureza contra la situación que afecta a su socio de gobierno. “La corrupción corroe la democracia”, afirmó tajante, calificando lo sucedido de “gravísimo”. La vicepresidenta segunda recordó los esfuerzos realizados durante la pandemia, señalando el contraste entre la gestión pública y el comportamiento de quienes, según sus palabras, “estaban robando”.

Díaz marcó un límite político claro: la aparición de indicios de financiación ilegal en el PSOE. Sin embargo, inmediatamente matizó su posición. Cuando el periodista Carlos Alsina le preguntó si eso supondría su salida del Ejecutivo junto a los otros cuatro ministros de Sumar, su respuesta fue ambigua, divagante y emocional.

“Imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido… quien está limpio en el Gobierno… yo es verdad que lo llevo como puedo”, dijo Díaz, visiblemente afectada. Continuó evocando sus primeros días en el cargo y la fugacidad del poder: “Me acuerdo cada día de mi toma de posesión… esto es una cosa efímera”.

Sumar marca distancia pero evita la ruptura total

Pese a la indignación expresada, ni Díaz ni su equipo dieron señales de querer abandonar el Gobierno. La estrategia de Sumar parece orientada a mantener su presencia institucional mientras refuerza su imagen de control ético dentro del Ejecutivo. En la práctica, siguen respaldando la coalición con el PSOE, aunque presionan para marcar perfil propio y contener el daño reputacional.

Mientras tanto, el caso Cerdán, con implicaciones judiciales y políticas aún en evolución, se perfila como uno de los desafíos más serios para el Gobierno de coalición. El equilibrio entre mantener la estabilidad institucional y responder con firmeza ante los indicios de corrupción en el PSOE pone a prueba tanto a Pedro Sánchez como a Yolanda Díaz en un momento políticamente delicado.

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La Audiencia Nacional avala el registro en casa de Koldo García, clave en la investigación por amaños y corrupción en contratos públicos
The post Audios clave del caso Koldo seguirán como prueba válida first appeared on Hércules.  El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, ha rechazado la solicitud de anular el registro domiciliario que permitió descubrir los audios que han impulsado la investigación por la presunta trama de amaño de contratos públicos. El registro, realizado el 20 de febrero de 2024 en la vivienda de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, y su entonces pareja Patricia Uriz, fue clave en el caso.

En un auto judicial al que ha accedido Europa Press, el magistrado descarta que la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fuera desproporcionada, pese a que en el momento de la intervención se encontraba presente la hija menor de ambos, de solo tres años. La petición de Uriz alegaba que el operativo violó el interés superior del menor y denunció un presunto uso excesivo de fuerza, citando incluso el empleo de “armas de guerra”.

La defensa aseguró que García había mostrado desde el principio una actitud colaborativa, hasta el punto de ofrecer voluntariamente un juego de llaves de su domicilio a los agentes, lo que, según su versión, eliminaba cualquier riesgo de resistencia. Afirmaban, además, que uno de los audios revelaba esta voluntad expresa de cooperación.

Sin embargo, el juez replica que en el acta oficial del registro no figura objeción alguna ni por parte de los implicados ni de sus representantes legales. Además, tanto García como Uriz estuvieron asistidos por sus abogados durante toda la diligencia, en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, quien dio fe del procedimiento.

El auto también desestima investigar posibles abusos de la Guardia Civil, al no encontrar indicios de que se hubieran violado los protocolos legales durante la intervención.

Un arsenal en casa de Koldo justificó el despliegue policial

El informe del fiscal Luis Pastor, incorporado al caso, respalda plenamente el registro. En él se especifica que los cuerpos policiales contaban con información previa sobre la existencia de armas de fuego en el domicilio. La diligencia confirmó esos datos: fueron halladas nueve armas, entre ellas rifles, escopetas y una pistola, lo que justificaba “riesgo evidente” de una posible reacción violenta, según el fiscal.

No obstante, el desarrollo posterior del registro fue “normal” y sin incidentes, puntualiza Pastor. Respecto a la supuesta colaboración de García, el fiscal sostiene que nunca formalizó ninguna oferta de ayuda al juzgado o a la Fiscalía, limitándose a comentarios informales recogidos en las grabaciones.

En uno de esos audios, el exasesor ministerial afirma entre bromas a Santos Cerdán: “Yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale? No voy a permitir que me estén siguiendo, coja la escopeta de caza o el subfusil de asalto (…)”.

Estas declaraciones han sido incluidas como prueba y son parte del material incautado en el registro, que ha dado un giro radical a la causa judicial. Los audios grabados entre 2019 y 2023, en los que García conversaba con figuras como el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, se han convertido en piezas clave en la investigación por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

El juez ha avalado su validez como prueba y con ello rechaza los intentos de la defensa de anular una diligencia que ha puesto en jaque a parte del antiguo núcleo duro del Partido Socialista.

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Ucrania exige a EE. UU. aclarar el recorte en su apoyo militar mientras Rusia intensifica ataques. Europa no logra suplir la ayuda
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El gobierno de Ucrania ha solicitado este miércoles, 2 de julio, a Estados Unidos que mantenga un apoyo militar constante, luego de que la administración de Donald Trump anunciara el cese inesperado de ciertas entregas de armas a Kiev. La medida se produce en un momento crítico, mientras Rusia intensifica sus ataques y el estancamiento diplomático persiste.

La Casa Blanca justificó la decisión alegando preocupaciones por la reducción de las reservas de municiones del país. “Esta decisión se tomó para poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar”, afirmó un portavoz.

Kiev no fue informado oficialmente del cese

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Estados Unidos ha sido el principal sostén militar de Ucrania, aportando armamento, inteligencia y equipos que han sido vitales para contener al ejército ruso. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ucraniano aseguró no haber sido notificado oficialmente del cambio de postura y exigió una aclaración inmediata.

Ese mismo día, el diplomático estadounidense John Ginkel fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, donde se advirtió que cualquier retraso en el apoyo alienta al agresor. Medios como Politico reportaron que la suspensión afecta sistemas clave como los Patriot, misiles Hellfire y artillería de precisión.

Zelenski insiste en los Patriot, Trump se muestra evasivo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido reiteradamente más sistemas Patriot para enfrentar los incesantes ataques rusos con drones y misiles. Durante su encuentro con Trump el 25 de junio en la cumbre de la OTAN en La Haya, Zelenski insistió en la necesidad urgente del sistema defensivo. Trump, sin embargo, fue evasivo, alegando que “Washington también lo necesita”.

La noticia generó inquietud entre militares y civiles ucranianos. Una fuente del ejército reconoció: “Lo pasaremos mal sin munición estadounidense”. En las calles de Kiev, ciudadanos expresaron decepción. “Ucrania está siendo entregada a Putin”, declaró Andriy Novitsky, de 53 años. Otros, como la funcionaria de comunicaciones Evgenia Prisyazhnaya, advirtieron: “No apoyarnos es ponerse del lado del mal”.

Rusia celebra el freno estadounidense como una victoria

Desde Moscú, la reacción fue inmediata. El Kremlin celebró el anuncio, considerándolo una señal de que el conflicto se acerca a su fin. “Cuantas menos armas se entreguen a Ucrania, más cerca estará el final de la operación militar especial”, declaró Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin.

Sin embargo, expertos como Shashank Joshi, del think tank RUSI, advirtieron que este cambio hace “cada vez menos probable que Rusia se tome en serio cualquier negociación”.

Europa no puede reemplazar el apoyo de EE. UU.

Un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) alertó sobre la imposibilidad de que Europa supla el apoyo militar estadounidense. “La capacidad de Ucrania para resistir a largo plazo depende críticamente del respaldo de EE. UU.”, afirmaron los autores.

Pese a algunos intentos diplomáticos, como las rondas de conversaciones realizadas en Turquía el 16 de mayo y el 2 de junio, no se ha producido ningún avance concreto. Las posiciones de Kiev y Moscú siguen siendo irreconciliables y no se ha anunciado una tercera ronda.

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Las juntas militares del Sahel se afianzan mientras crece el yihadismo, se desmoronan las democracias y Occidente redefine su política en la región
The post Crisis en el Sahel: juntas militares, yihadismo y caos first appeared on Hércules.  En Malí, el general Assimi Goïta, quien lideró un golpe de Estado en 2020, se dispone a mantenerse en el poder hasta finales de la década. Su caso refleja un patrón compartido por sus homólogos de Burkina Faso y Níger, donde los gobiernos militares están consolidando su autoridad en las capitales, mientras gran parte del territorio permanece fuera del control estatal.

En zonas clave como Djibo, Tombuctú y Eknewane, los recientes ataques a fuerzas gubernamentales revelan una creciente inseguridad en el Sahel, alimentada por la acción coordinada de dos potentes insurgencias yihadistas: JNIM (vinculado a Al Qaeda) y ISSP (Estado Islámico en la región). A ello se suman los grupos rebeldes tradicionales, milicias comunitarias y grupos de autodefensa, con los que los gobiernos interactúan entre la cooperación táctica y la tensión latente.

Origen profundo de la inestabilidad en el Sahel

Las raíces del conflicto se remontan a crisis de la década de 2010, como la rebelión tuareg de 2012 en el norte de Malí, pero se nutren de problemas estructurales: uso de la tierra, competencia por recursos, pobreza crónica, corrupción, movilización yihadista y la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales.

Las respuestas represivas de los Estados —abusos de derechos humanos, castigos colectivos y políticas incoherentes— no solo fracasaron, sino que alimentaron las insurgencias.

Intervención extranjera: de Francia a Rusia, sin éxito

La comunidad internacional agravó la crisis. Francia, la UE y EE. UU. apostaron por un enfoque centrado exclusivamente en la seguridad en el Sahel, que colapsó frente a los golpes de Estado de 2020-2023. En su lugar, los nuevos regímenes militares han optado por Rusia como socio estratégico, especialmente mediante el grupo Wagner.

Sin embargo, la violencia más agresiva aportada por los rusos no ha supuesto avances significativos para los gobiernos, salvo la recuperación de Kidal por parte del ejército de Malí. Los yihadistas han adaptado su propaganda reemplazando a los franceses por los rusos como enemigos principales.

Autoritarismo en ascenso y democracia en retirada

Mientras luchan en el campo de batalla, las juntas han vacío el espacio político interno. Se han disuelto partidos, censurado medios, arrestado opositores y anulado asociaciones civiles. Los sindicatos siguen siendo uno de los pocos focos de resistencia, aunque fragmentados y centrados en demandas sectoriales.

Aun así, las juntas mantienen cierto respaldo popular, gracias a un discurso que promete seguridad, soberanía y dignidad nacional. Aunque los resultados sean escasos, el mensaje resuena en sociedades agotadas.

Occidente sin rumbo claro ante el nuevo Sahel

Europa y Estados Unidos parecen desorientados. La política exterior hacia el Sahel se ha diluido tras los golpes, y persiste una tensión entre intereses geoestratégicos (migración, seguridad) y la realidad política sobre el terreno.

Europa repite esquemas fallidos: cooperación en seguridad y desarrollo con poca visión renovadora. Mientras tanto, EE. UU. ha dado señales de desinterés bajo Biden y aún más bajo Trump. El foco se ha desplazado a la prevención del desbordamiento yihadista hacia África Occidental, como demuestra la reubicación del ejercicio Flintlock a Costa de Marfil y la expulsión de personal estadounidense de Níger.

Ideas alternativas desde la experiencia somalí

Algunos analistas proponen modelos distintos. La experta Bronwyn Bruton, en 2009, sugirió una “retirada constructiva” en Somalia, que incluía neutralidad frente a actores islamistas pragmáticos, apoyo humanitario sin condicionamientos políticos, y desarrollo descentralizado cooperando con estructuras tradicionales sin formalizarlas.

Estas propuestas, aunque pensadas para Somalia, ofrecen principios útiles para el Sahel: abandonar intentos fallidos de reconstrucción nacional desde fuera, evitar imposiciones centralistas, y priorizar la estabilidad local y la resiliencia comunitaria.

El futuro del Sahel: congelamiento o colapso

Hasta 2030, el Sahel podría mantenerse atrapado en un autoritarismo militarizado, con escasos avances en seguridad y riesgo constante de colapso. Las posibles interrupciones de esta trayectoria no son alentadoras: nuevos golpes, caída de ciudades clave en manos yihadistas o hambrunas masivas.

Cualquier intento de recompromiso occidental debe partir de un nuevo entendimiento: la década de 2010 no regresará, las juntas gobiernan bajo una lógica de todo o nada, y se necesita una estrategia radicalmente distinta a las del pasado.

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La Corte Suprema de Wisconsin invalida la ley de 1849 que prohibía el aborto, tras determinar que fue superada por normativas posteriores
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La Corte Suprema de Wisconsin revocó este miércoles la ley de 1849 que prohibía el aborto, una normativa con 176 años de antigüedad que criminalizaba la interrupción del embarazo, salvo en casos de emergencia médica. La decisión fue adoptada por una mayoría liberal de 4-3, en un fallo que considera que la legislación estatal posterior ha dejado obsoleta dicha prohibición. El aborto se convierte en uno de los quebraderos de cabeza de la Corte Suprema de EE.UU.

El tribunal concluyó que la ley original, que calificaba como delito grave el acto de “destruir a un niño no nacido” por parte de cualquier persona que no fuera la madre o un médico en circunstancias extremas, fue “derogada implícitamente” por una serie de leyes más recientes. Estas normativas regulan ampliamente el acceso al aborto en Wisconsin, incluyendo condiciones específicas sobre cómo y cuándo puede practicarse legalmente.

El impacto de Roe y Dobbs en la ley estatal

Durante más de un siglo, la legislación de 1849 se mantuvo en vigor hasta la sentencia del caso Roe v. Wade en 1973, que legalizó el aborto a nivel nacional. No obstante, con la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en 2022 —Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que anuló Roe—, los sectores conservadores intentaron reactivar la prohibición del siglo XIX.

En respuesta, el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, demócrata, interpuso una demanda en 2022. Sostuvo que las leyes aprobadas tras Roe, como la de 1985 que permite el aborto hasta el umbral de viabilidad fetal, sustituyeron legalmente la antigua prohibición.

Además, bajo el marco legal de Roe, los legisladores republicanos impusieron nuevas condiciones: ecografías obligatorias, un período de espera de 24 horas, consentimiento por escrito, y la obligación de que los médicos entreguen personalmente los medicamentos abortivos.

La Corte afirma que la ley de 1849 quedó obsoleta

Según el fallo, la legislación más reciente regula “prácticamente todos los aspectos del aborto, incluidos dónde, cuándo y cómo se pueden practicar de forma legal”, lo que implica, según la jueza Rebeca Dallet, una derogación tácita de la prohibición original.

Dallet escribió que estas leyes representan una normativa integral, claramente concebida para reemplazar la prohibición casi total del aborto del siglo XIX. Este argumento fue determinante para el veredicto de la mayoría liberal del tribunal.

Disenso conservador y acusaciones de parcialidad

En desacuerdo, el fiscal del condado de Sheboygan, Joel Urmanski, republicano, defendió la validez de la ley de 1849. Argumentó que esta puede coexistir con regulaciones más modernas, de la misma forma en que existen diversas penas para un mismo delito.

Por su parte, la jueza conservadora Annette Ziegler emitió una disidencia contundente, acusando al bloque liberal de realizar un “asombroso ejercicio de voluntad judicial” y de actuar según sus “preferencias personales” y alineamientos políticos.

Ziegler fue especialmente crítica con la jueza Janet Protasiewicz, quien durante su campaña electoral expresó abiertamente su apoyo al derecho al aborto. Según Ziegler, la decisión responde más a una agenda política que a fundamentos jurídicos: “Dicho sin rodeos, nuestro tribunal no tiene por qué usurpar el papel de la legislatura”.

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Turquía desvió fondos de la UE destinados a su adhesión para financiar espionaje en Europa, según informes internos de transparencia
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Durante la última década, cientos de millones de euros de fondos de la UE habrían sido desviados por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan para financiar redes de espionaje turco en Europa. Los recursos provenían del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), una partida presupuestaria destinada a apoyar el proceso de adhesión de Turquía a la UE, que contempla un total de 10.000 millones de euros.

Entre 2014 y 2024, Ankara recibió 4.000 millones de euros bajo este mecanismo. A pesar de que el objetivo era impulsar reformas políticas e institucionales, nuevas evidencias sugieren que una parte sustancial se canalizó hacia fines ajenos a los compromisos con Bruselas. El ciclo 2021-2027 prevé una asignación aún mayor, elevando la preocupación sobre su uso real.

Redes de inteligencia financiadas con fondos comunitarios

Las operaciones habrían sido ejecutadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, que según cifras oficiales usaron más de 660 millones de euros provenientes del IAP. Aunque las partidas se justificaron como inversiones en gobernanza y capacidad institucional, fuentes confidenciales afirman que fueron redirigidas a actividades de espionaje en países de la UE, incluyendo vigilancia de opositores y disidentes políticos.

Empresas fantasma y organizaciones pantalla habrían servido para maquillar estos desvíos, ocultando actividades clandestinas bajo supuestos proyectos de cooperación europea. Facturas infladas, registros falsos y contratos simulados completan el entramado, dificultando la trazabilidad de los recursos.

La huella de Hakan Fidan y la militarización diplomática

Desde su llegada al Ministerio de Exteriores en 2023, Hakan Fidan, exdirector del servicio secreto turco (MIT), ha transformado radicalmente la estructura del organismo. Bajo su dirección, altos cargos han sido ocupados por agentes de inteligencia, y se ha creado la Dirección General de Seguridad Diplomática (DGGM), una unidad con apariencia institucional cuyo verdadero objetivo sería facilitar operaciones de espionaje turco en el extranjero.

Aunque su función oficial es la protección de las misiones diplomáticas, en la práctica la DGGM actúa como brazo operativo de Fidan. Esta dirección también asumió el control de la seguridad de embajadas extranjeras en suelo turco, lo que refuerza la capacidad de vigilancia interna del régimen.

Recortes presupuestarios, incentivos encubiertos

Con un presupuesto menguante ,pasando de representar el 0,5% al 0,28% del presupuesto nacional, Fidan habría visto en los fondos de la UE una fuente alternativa para mantener activa su red de inteligencia. En 2024, su ministerio recibió 1.080 millones de dólares frente a un presupuesto general de 506.900 millones, una cifra ínfima que lo empuja a buscar recursos por otras vías.

En paralelo, el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional Turca, subordinado al Ministerio del Interior, ha desplegado agentes bajo cobertura diplomática en embajadas de Europa, actuando como supuestos enlaces de seguridad. Estos agentes, en realidad, estarían llevando a cabo labores de inteligencia en países como Alemania, Francia, Suecia, Austria o Países Bajos, apuntando especialmente a disidentes del movimiento Gülen.

Complicidad europea: pragmatismo vs. principios

A pesar de estar al tanto del presunto uso indebido de estos recursos, la Unión Europea no ha tomado acciones significativas. Bruselas ha optado por priorizar su acuerdo migratorio con Turquía, permitiendo que Erdogan ejerza presión diplomática a través del control del flujo de inmigrantes.

La relación estratégica con Ankara, miembro de la OTAN con el segundo ejército más grande de la alianza, ha llevado a los líderes europeos a mirar hacia otro lado. En este escenario, la transparencia financiera, la responsabilidad democrática y el cumplimiento del Estado de derecho han sido relegados por intereses geopolíticos inmediatos.

Mientras tanto, los fondos de la UE, financiados por los contribuyentes europeos, son presuntamente utilizados para reprimir libertades civiles, socavar oposiciones políticas y erosionar los valores que la propia Unión dice defender. El caso turco representa una prueba crítica para la credibilidad y coherencia del proyecto europeo en materia de derechos humanos y democracia

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Ignacio Zaldívar admite en el Senado que ofreció un puesto a la expareja de Ábalos. Vox exige al Gobierno explicaciones por la trama del Caso Koldo
The post Ignacio Zaldívar admite que ofreció un puesto a la expareja de Ábalos first appeared on Hércules.  El exsubdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, reconoció este martes en el Senado que ofreció un nuevo puesto de trabajo en Tragsatec a Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, tras finalizar su etapa en Ineco. Según explicó en su comparecencia en la comisión de investigación del Caso Koldo, no tuvo “ninguna incidencia” con su desempeño previo y por eso la contactó.

“En noviembre de 2020, pedí a Tragsatec la incorporación de cinco perfiles para que iniciaran los trámites necesarios. En paralelo, llamé a Jésica Rodríguez para saber si quería continuar prestando servicios. No tuve ninguna queja sobre ella, como tampoco del resto de personas incluidas en esos encargos”, afirmó Zaldívar ante los senadores.

El exdirectivo insistió en que este tipo de transiciones laborales entre empresas públicas es habitual, y aseguró no conocer quién la contrató originalmente en Ineco. Sin embargo, sugirió que tuvo que ser alguien con un cargo superior al suyo, como un director general o la presidencia de Adif.

Zaldívar negó cualquier vínculo con Koldo García, asesor de Ábalos y principal investigado en el caso, y aseguró que Jésica Rodríguez nunca trabajó en la presidencia de Adif, como se ha insinuado en medios. También afirmó que desconocía si la expareja del exministro realmente acudía a su puesto de trabajo durante su tiempo en Tragsatec.

El caso se complica con nuevas revelaciones

Durante su testimonio, Zaldívar reiteró lo dicho ante el juez Ismael Moreno, quien instruye el caso desde la Audiencia Nacional. Según su relato, la primera vez que escuchó hablar de Rodríguez fue cuando Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, le trasladó que Ábalos se había quejado de que su expareja estaba siendo “molestada” durante su trabajo en Ineco, situación que se repitió luego en Tragsatec.

Zaldívar comunicó esta queja a Ineco, y allí le indicaron que solo querían contactar con Rodríguez para entregarle unos vales de comida. “Ahí entendí que tenía un contacto directo con el ministro”, apuntó.

Negó rotundamente haber participado en el proceso de selección de la expareja del exministro o haber recibido instrucciones para contratarla. “No formé parte de ninguna decisión sobre su incorporación”, declaró.

Vox exige explicaciones al Gobierno por la presunta red de influencias

Mientras tanto, el grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno. El objetivo: aclarar el posible conocimiento y responsabilidad del Ejecutivo sobre los presuntos manejos irregulares en adjudicaciones públicas, supuestamente dirigidos por Ábalos, Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Entre las adjudicaciones bajo sospecha están contratos de la autovía A-32 y la carretera N-322. Vox pregunta qué responsables públicos estuvieron involucrados y si hubo algún tipo de contacto de la supuesta trama con el Gobierno andaluz.

Además, se solicita información sobre el rol del exministro José Blanco, a quien algunas fuentes señalan como cabecilla de una presunta red de influencia para beneficiar a clientes de su consultora. Vox quiere saber qué cargos públicos fueron designados por recomendación suya y por qué algunos siguen en puestos clave, a pesar de las sospechas de manipulación señaladas por la UCO de la Guardia Civil.

El disco duro y los mensajes con Sánchez

Vox también ha registrado preguntas sobre un supuesto disco duro que Ábalos habría intentado ocultar durante el registro de su domicilio. Según fuentes citadas por el partido, intentó esconderlo dentro de la ropa de una amiga. Se busca saber si el Gobierno tiene constancia de que en ese dispositivo no hay mensajes comprometedores dirigidos al presidente Pedro Sánchez o a sus ministros.

El partido de Santiago Abascal pide al Ejecutivo que aclare si piensa depurar responsabilidades políticas, colaborar plenamente con la Justicia y adoptar medidas para evitar nuevas prácticas de manipulación en los contratos públicos. También quiere saber si instituciones europeas han solicitado información sobre este asunto, especialmente en relación con el uso de fondos europeos Next Generation.

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Elon Musk y su paso por el Doge despiertan alarma por el acceso a datos confidenciales que podrían beneficiar a Tesla y SpaceX en contratos clave
The post La polémica de Musk por acceso a datos clave first appeared on Hércules.  El paso de Elon Musk por la administración de Donald Trump, a través del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), podría haberle dejado algo más que una breve experiencia política. Según una investigación del Washington Post, el acceso a archivos clasificados y datos confidenciales del gobierno estadounidense durante su estancia en el Doge podría dar al empresario una ventaja competitiva sin precedentes.

Acceso privilegiado a información sensible del Estado

Durante su mandato como jefe de este efímero departamento, Musk y su equipo habrían tenido acceso a bases de datos federales que incluyen desde secretos comerciales hasta contratos clasificados, pasando por información financiera de millones de ciudadanos. Expertos consultados por medios estadounidenses advierten que esa información podría usarse para beneficiar sus empresas privadas, entre ellas Tesla y SpaceX.

Uno de los puntos más delicados está relacionado con la Oficina de Protección al Consumidor Financiero (CFPB). Creada tras la crisis de 2008, la CFPB recopila datos no públicos de las empresas que regula. Dos asesores cercanos al Doge, con autorización de seguridad, habrían podido consultar los expedientes más sensibles de esta agencia, e incluso delegar ese acceso a otros funcionarios.

Esto plantea una cuestión crítica: ¿puede un exfuncionario utilizar el conocimiento adquirido en un cargo público para ganar contratos gubernamentales, influir en licitaciones o sabotear a la competencia?

SpaceX, Tesla y la información de sus rivales

Según reveló el Washington Post, la NASA habría expresado preocupación por el acceso del Doge a evaluaciones internas de miles de contratos, incluyendo aquellos asignados a empresas rivales de SpaceX. De ser cierto, esto colocaría a Elon Musk en una posición única dentro del sector aeroespacial y tecnológico: ningún otro empresario tendría la posibilidad de estudiar a fondo los puntos débiles y fortalezas de sus competidores mediante informes confidenciales del gobierno.

A esto se suma el caso del Departamento de Trabajo, que acumula investigaciones en curso sobre Tesla. La posibilidad de que Musk haya accedido a esos expedientes encendió las alarmas entre sindicatos y grupos defensores de los trabajadores, que ya han presentado una demanda contra el permiso otorgado al Doge para revisar tales registros.

La defensa oficial y las dudas éticas

Desde la Casa Blanca, el portavoz Harrison Fields aseguró que “se han seguido todas las normas éticas y leyes sobre manejo de datos sensibles”. Además, la administración Trump afirmó ante tribunales que los miembros del Doge fueron capacitados para tratar la información de forma legal y confidencial, y firmaron compromisos escritos al respecto.

Elon Musk, por su parte, defendió públicamente la labor del Doge. En una entrevista con Fox News en marzo, explicó que la misión principal del equipo era recopilar datos para “identificar y destruir el gasto innecesario” del gobierno federal. “Es un trabajo fundamental, algo tedioso, pero esencial para hacer que el sistema funcione mejor”, aseguró.

Sin embargo, para varios allegados al expresidente Trump, eso no basta. El exasesor Steve Bannon fue uno de los más críticos: “Necesitamos una garantía escrita de que ningún dato del gobierno o de los ciudadanos esté en manos de personas ajenas a la administración Trump”, declaró durante una conferencia en abril.

Riesgos para la competencia y la transparencia

Para los críticos, este episodio abre un precedente peligroso: la línea entre servicio público y aprovechamiento privado puede desdibujarse fácilmente cuando actores influyentes como Musk intervienen en la administración con acceso privilegiado. “Ningún líder empresarial debería tener esta clase de información sobre sus competidores”, advirtieron organizaciones laborales en su demanda. Más allá de los argumentos legales, queda la pregunta central: ¿cuánto poder es demasiado poder, incluso para un visionario como Elon Musk?

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La alianza GARM y la WFA enfrentan acusaciones por boicots y censura en publicidad tras la adquisición de Twitter por Musk
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Los principales anunciantes globales enfrentan una creciente presión política y regulatoria tras revelaciones sobre su participación en campañas para controlar el discurso en redes sociales. Un informe preliminar del Comité Judicial de la Cámara de Representantes acusa a la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) y su antigua alianza, la Global Alliance for Responsible Media (GARM), de coordinar con gobiernos extranjeros para presionar a Twitter ,renombrada como X tras la compra de Elon Musk, a censurar contenidos y restringir anuncios en Estados Unidos. La libertad de expresión se convierte en uno de los puntos de debate más relevantes en los EE.UU. con la nueva administración gobernante.

GARM y la censura en Twitter

Documentos internos y comunicaciones obtenidas por el comité, liderado por los republicanos, muestran que funcionarios europeos y australianos colaboraron con la coalición para marginar al expresidente Trump y limitar el “contagio” de sus ideas en el espacio digital. Robert Rakowitz, cofundador de GARM, enfatizó la intención de restringir anuncios relevantes y contenido en línea bajo la bandera de la “seguridad de marca”, desplazando las preferencias del consumidor en favor de intereses ideológicos.

El informe del comité subraya que esta estrategia afectó incluso a los propios miembros de la WFA, al priorizar objetivos políticos sobre la libre competencia del mercado publicitario. Tras estas revelaciones, la WFA cerró GARM hace casi un año, poco después de que X presentara demandas antimonopolio contra la alianza y algunos de sus integrantes. Desde la primavera de 2023, el Congreso mantiene una investigación abierta sobre el caso.

Intervención de la Comisión Federal de Comercio (FTC)

En paralelo, la FTC intervino en la fusión multimillonaria de los gigantes publicitarios Omnicom y The Interpublic Group, imponiendo condiciones estrictas para prohibir prácticas que discriminen anuncios según criterios políticos o ideológicos. El presidente de la FTC, Andrew Ferguson, destacó que ambas compañías fueron fundadoras de GARM, lo que eleva la preocupación sobre posibles boicots colectivos a editores y plataformas.

Las medidas ordenan la eliminación de “listas de exclusión” basadas en opiniones políticas y prohíben alentar a terceros a crear dichos métodos para evadir la regulación. La FTC mantiene un periodo de comentarios públicos antes de ratificar el acuerdo, en un contexto político marcado por la recusación de comisionados y cambios en la dirección del organismo.

Estrategias y comunicaciones internas

El informe detalla cómo GARM percibió la adquisición de Twitter por Musk como una amenaza directa a su agenda. Correos electrónicos revelan que altos funcionarios de la WFA y representantes europeos discutieron estrategias para presionar a la Comisión Europea a intervenir en la plataforma conforme a la Ley de Servicios Digitales.

Rakowitz, en intercambios con la comisaria australiana de eSafety, Julie Inman Grant, expresó su preocupación por la influencia política de Trump y la urgencia de marginar a quienes comparte sus ideas, lo que el comité interpretó como un intento de silenciar el discurso protegido de millones de estadounidenses.

Consecuencias y repercusiones

Con la intención de monitorear y condicionar la publicidad en Twitter, GARM implementó “Cuadrículas de adopción” para evaluar el cumplimiento de la plataforma con sus estándares. Se alentó a los miembros a retirar anuncios si Twitter incumplía, lo que, según expertos, podría violar las leyes antimonopolio al restringir el comercio y promover boicots coordinados.

Los documentos internos también muestran que estas políticas no respondían a las preferencias mayoritarias de los consumidores, quienes valoran la libertad de expresión pese a la exposición a contenidos dañinos. No obstante, GARM presionó para que las plataformas eliminaran rápidamente todo contenido considerado odioso o discriminatorio, condicionando la publicidad a este cumplimiento.

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