Categoría: ESPAÑA

Detienen al presunto asesino del niño de 11 años en Mocejón. El agresor, un joven de 20 años de nacionalidad española, será clave encontrar el arma del crimen
The post La Guardia Civil detiene al presunto asesino del niño de 11 años apuñalado en Mocejón first appeared on Hércules.  La Guardia Civil ha detenido al presunto asesino de Mateo, un niño de 11 años que fue brutalmente apuñalado en Mocejón, Toledo. El sospechoso, un joven de 20 años de nacionalidad española, ha sido identificado gracias a las cámaras de seguridad del polideportivo local y el seguimiento del teléfono móvil del acusado, según informes de El Debate y confirmaciones de fuentes de la investigación a Vozpópuli.

El asesinato ocurrió el domingo por la mañana cuando Mateo estaba jugando al fútbol en el polideportivo con dos amigos. El joven agresor habría atacado a Mateo con un objeto punzante, propinándole más de una decena de puñaladas, lo que resultó en la trágica muerte del niño.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha ordenado un registro en el domicilio del padre del presunto autor, situado en la calle Batalla de Lepanto de Mocejón. Esta operación se está llevando a cabo con la presencia de una comitiva judicial, en busca de evidencia adicional que pueda esclarecer el caso.

Uno de los principales objetivos de la investigación es encontrar el arma utilizada en el crimen. Los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Toledo, junto con el Equipo de Información, están trabajando para localizar el objeto y entender el móvil detrás del brutal ataque.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad local y la búsqueda de respuestas continúa mientras los investigadores trabajan para resolver este lamentable suceso.

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Sánchez, Zapatero e Illa se reúnen en Lanzarote para planificar el curso político, que promete ser intenso. La oposición vigila de cerca sus movimientos
The post Sánchez, Illa y Zapatero se reúnen en Lanzarote first appeared on Hércules.  Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa, tres figuras clave del PSOE, han aprovechado su estancia en Lanzarote para más que simplemente disfrutar de unas vacaciones. La agenda política nacional, especialmente la situación en Cataluña, la crisis migratoria en Canarias y la influencia de Venezuela, son temas críticos que podrían desestabilizar el panorama político.

En particular, los privilegios fiscales concedidos a Cataluña en el pacto entre Sánchez y ERC para la investidura de Salvador Illa son un punto de gran tensión. Este acuerdo ha generado preocupaciones, ya que podría desencadenar represalias por parte de Junts y afectar la política nacional en general. Además, la crisis migratoria que afecta a Canarias, con los centros de inmigración desbordados, añade una capa de complejidad a la situación.

El Partido Popular (PP) está observando de cerca los movimientos de este trío. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó su preocupación a través de la red social X, criticando la falta de transparencia en sus decisiones y destacando la ironía de que mientras pactan restricciones migratorias para Cataluña, ignoran los problemas migratorios en Canarias. La presencia de Sánchez en la isla ha sido también aprovechada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha solicitado una reunión para abordar la crisis migratoria, sin obtener una respuesta positiva hasta ahora.

Se reúnen en secreto; no dan explicaciones a nadie de sus decisiones.

Y en vez de visitar en Lanzarote los centros de inmigración, que están colapsados, pactan con la ultraderecha que esos inmigrantes no puedan llegar a Cataluña. https://t.co/rbTJJkzV9o

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 18, 2024

Pedro Sánchez llegó a Lanzarote el lunes pasado, seguido por Salvador Illa el viernes. Ambos, acompañados por sus esposas, fueron vistos en el mercado tradicional de Haría, interactuando con turistas y residentes locales. Mientras tanto, en Venezuela, miles de ciudadanos protestaban en todo el mundo contra el régimen de Nicolás Maduro, un tema que no es ajeno a Zapatero, quien ha mantenido una estrecha relación con el líder venezolano. Zapatero, que posee una villa en la urbanización Famara Bungalows en Teguise, Lanzarote, ha estado en la isla más tiempo que Sánchez e Illa. Su propiedad, adquirida en 2017, fue valorada en 1,2 millones de euros, aunque solo necesitó una hipoteca de 295.000 euros, como reveló El Debate hace un año.

Zapatero e Illa han ganado peso como consejeros de confianza de Sánchez, incluso desplazando a figuras clave como el ministro Félix Bolaños. Illa ha consolidado su posición tras lograr que el PSC volviera a gobernar en la Generalitat de Cataluña después de 14 años, aprovechando la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo en el Parlament. Zapatero, por su parte, ha jugado un papel esencial en las decisiones estratégicas de Sánchez desde su reelección como presidente, siendo un aliado crucial durante la campaña electoral.

Los tres líderes del PSOE tienen mucho de qué hablar. Entre sus temas de discusión destacan la postura del Gobierno español frente a la represión de Maduro en Venezuela, la estrategia para otorgar independencia fiscal a Cataluña, y cómo Sánchez planea abordar la rebelión anunciada por otras comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por su propio partido. También deben definir los pasos a seguir tras la fallida reforma de la ley de extranjería, que pretendía obligar a las autonomías a aceptar un cupo de menores extranjeros no acompañados en caso de sobresaturación, un problema que Canarias está viviendo actualmente.

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Juan Luis Cepa, diputado del PSOE en Castilla y León, dimite tras ser vinculado a una investigación por abuso de menores, citando «motivos personales»
The post Dimite el diputado del PSOE en Castilla y León vinculado a un caso de agresión sexual a menores first appeared on Hércules.  Este lunes, Juan Luis Cepa, procurador socialista por Salamanca y hasta ahora portavoz del Grupo Socialista en Agricultura y Ganadería, ha presentado su dimisión como diputado en las Cortes de Castilla y León. La decisión se produce en un contexto delicado, ya que Cepa está vinculado a una investigación judicial por un caso de abuso de menores, según ha informado el Diario de Castilla y León-El Mundo.

Cepa presentó su dimisión ante el Registro de las Cortes de Castilla y León, indicando que la renuncia obedece a «motivos personales». Además de abandonar su puesto en el parlamento autonómico, Cepa ha renunciado a todos sus cargos dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta medida refleja el impacto que la investigación en curso está teniendo en su carrera política y personal.

Horas después, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó, mediante un comunicado de prensa, que mantiene abierta una causa por un presunto delito de agresión sexual a menor contra un procurador en las Cortes.

La investigación que afecta a Cepa se inició en un Juzgado de Ciudad Rodrigo, que, tras realizar diversas diligencias preliminares, decidió remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Esta remisión se realizó debido a que el TSJ es el órgano competente para investigar a aforados, es decir, a personas que ocupan cargos públicos como los diputados autonómicos.

El TSJ asignó un magistrado instructor para el caso, quien solicitó a las Cortes que acreditara la condición de diputado de Cepa. Inicialmente, la causa se mantuvo en secreto mientras se llevaban a cabo diligencias adicionales. Una vez completadas, se levantó el secreto del caso y se programó la citación de Cepa para que declarara en calidad de investigado. Hasta el momento, esta declaración aún no se ha producido, y se espera que el TSJ remita el caso al juzgado instructor una vez que reciba la notificación oficial de la dimisión de Cepa.

En sus declaraciones a los medios, Cepa ha optado por no proporcionar detalles adicionales sobre los motivos de su dimisión, limitándose a señalar que se trata de un asunto «personal». En cambio, ha instado a remitir a la información difundida por el PSOE de Castilla y León para cualquier aclaración.

Juan Luis Cepa, quien militaba en el PSOE desde 1999, ha tenido una carrera política destacada. Antes de su cargo actual, fue secretario general del partido en Ciudad Rodrigo, donde también ocupó el puesto de concejal entre 2003 y 2011. Además, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Ejecutiva Autonómica de Castilla y León y concejal del PSOE en Aldea del Obispo desde 1994. Desde 2011, se desempeñaba como procurador en las Cortes de Castilla y León.

La dimisión de Cepa marca la segunda baja significativa en las filas del PSOE en el parlamento autonómico en el último año. La primera fue la de Ángel Hernández, quien también dimitió tras enfrentar una causa judicial por un presunto caso de violencia de género.

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Puigdemont denuncia a Llarena ante el CGPJ por «desatender» sus recursos sobre la amnistía, buscando una sanción disciplinaria por retrasos injustificados
The post Puigdemont denuncia al juez Llarena ante el CGPJ por no contestar a sus recursos first appeared on Hércules.  Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder de Junts, ha intensificado su ofensiva legal contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, presentando una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta acción se enmarca en la estrategia de defensa de Puigdemont, quien, junto con el eurodiputado Antoni Comín, acusa a Llarena de «desatención» y «retraso injustificado y reiterado» en la resolución de recursos relacionados con la no aplicación de la ley de Amnistía en el caso de la malversación que se le imputa por su participación en el procés.

La denuncia, firmada por el abogado Gonzalo Boye, se centra en lo que la defensa de Puigdemont considera una gestión inadecuada por parte de Llarena en relación con los recursos presentados en julio de 2024. Estos recursos buscaban revertir la decisión del magistrado de no aplicar la ley de Amnistía en el contexto del procés. Según el documento, los recursos fueron presentados los días 8 y 9 de julio, pero no fue hasta el 22 de julio que se dio traslado a las partes involucradas. A pesar de la gravedad de la situación y la importancia de una resolución rápida, Llarena aún no ha emitido un fallo al respecto.

Uno de los puntos que subraya la denuncia es que Llarena, a pesar de haber suspendido sus vacaciones el 7 de agosto para atender cuestiones relacionadas con la posible detención de Puigdemont en su anunciada vuelta a Barcelona, no ha resuelto los recursos pendientes. La denuncia destaca que, el 9 de agosto, el magistrado dictó providencias solicitando explicaciones a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el «fracaso» en la interceptación de Puigdemont. Sin embargo, no ha habido avances en la resolución de los recursos, lo que para Boye demuestra una «dilación maliciosa» sin justificación legal.

El escrito presentado al CGPJ también argumenta que Llarena ha incumplido repetidamente el plazo legal estipulado en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los recursos de reforma deben ser resueltos dentro de un plazo razonable. Boye insiste en que estos recursos «debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024», y que el retraso no solo es injustificado, sino que podría constituir una «infracción disciplinaria» por parte del magistrado.

Este movimiento de la defensa de Puigdemont se produce en un contexto en el que el líder de Junts necesita agotar todas las vías internas de recurso ante el Tribunal Supremo para poder llevar su caso al Tribunal Constitucional. La estrategia de Puigdemont se basa en la creencia de que el Tribunal Constitucional podría enmendar la decisión de Llarena y, eventualmente, anular los cargos que aún pesan sobre él, facilitando su regreso a España sin enfrentar un arresto inmediato.

La denuncia también resalta la tensión creciente entre las instituciones judiciales y el entorno de Puigdemont, quien ha intentado en varias ocasiones apartar a Llarena de la causa. La resolución de estos recursos es crucial no solo para el futuro judicial de Puigdemont, sino también para el escenario político en España, dado que el expresidente catalán mantiene una influencia significativa, especialmente en el contexto de las negociaciones políticas actuales, donde su apoyo es clave para el gobierno de Pedro Sánchez en la aprobación de diversas leyes.

Este caso, que refleja la compleja relación entre la justicia española y el independentismo catalán, continúa siendo un punto de conflicto que podría tener repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, mientras Puigdemont y su equipo legal buscan desactivar las acusaciones que han perseguido al líder catalán desde su huida a Bélgica tras el referéndum ilegal de 2017.

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El bloque conservador del CGPJ pide censurar las críticas del Gobierno hacia los jueces, alegando que violan la separación de poderes
The post El CGPJ presenta una propuesta para rechazar los ataques del Gobierno contra los jueces first appeared on Hércules.  El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), compuesto por diez vocales, ha presentado una propuesta al Pleno del órgano de gobierno de los jueces para que se emita una declaración en defensa de la independencia judicial frente a lo que consideran «ataques» por parte de miembros del Poder Ejecutivo. Los magistrados en cuestión han destacado que desde la constitución de este CGPJ, el pasado 25 de julio de 2024, han observado declaraciones públicas de miembros del Gobierno que, a su juicio, exceden el ámbito legítimo de la libertad de expresión y las críticas razonables y moderadas hacia las decisiones judiciales.

En su escrito, los vocales conservadores han señalado que algunas declaraciones recientes del Ejecutivo representan una extralimitación en sus funciones y ponen en peligro la separación de poderes, un principio fundamental del Estado de derecho. Entre las declaraciones que mencionan, se encuentra una intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, en RTVE. En dicha intervención, Puente afirmó que el Tribunal Supremo se estaba extralimitando al interpretar una ley y sugirió que las decisiones del tribunal estaban retrasando la implementación de dicha ley. Este tipo de comentarios, según los vocales del CGPJ, son «manifestaciones fuera de los límites» que exige el respeto mutuo entre los poderes del Estado.

Los diez vocales que firman esta propuesta –José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal– han solicitado al Pleno que se declare un «rechazo firme» a estas manifestaciones y que se haga un llamamiento a la contención y prudencia en la crítica hacia las resoluciones judiciales y, en general, hacia el Poder Judicial. En su opinión, estas declaraciones del Gobierno no solo socavan la autoridad del Tribunal Supremo, sino que también generan una percepción pública negativa sobre la imparcialidad e independencia de los jueces.

A pesar de la solicitud de los vocales conservadores, fuentes cercanas al CGPJ han señalado que este punto no fue incluido en el orden del día del Pleno celebrado este lunes 19 de agosto. En cambio, el Pleno se centró en aprobar 112 acuerdos relacionados con asuntos considerados urgentes e inaplazables, que no podían esperar la designación del nuevo presidente del órgano judicial.

La situación refleja la tensión existente entre el Poder Judicial y el Gobierno, en un contexto donde las decisiones judiciales sobre temas políticamente sensibles están bajo constante escrutinio. El hecho de que las críticas del Gobierno hacia el Poder Judicial hayan llegado a un punto donde se solicita su censura pone de manifiesto la delicada relación entre ambos poderes del Estado y plantea interrogantes sobre el respeto mutuo y la colaboración necesaria para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas en España.

Este episodio se suma a otros recientes en los que la independencia judicial ha sido objeto de debate, subrayando la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre los diferentes poderes del Estado para preservar la democracia y el Estado de derecho en el país.

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Manos Limpias quiere llevar al expresidente del Gobierno a la Corte Penal Internacional debido a la relación que mantiene con Nicolás Maduro
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Imagen: EFE

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La acusación se basa en su supuesta complicidad con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que el sindicato califica de «criminal». Según el documento, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, se solicita que la CPI inicie una investigación por su presunta colaboración en actos que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.

Contexto de la denuncia

Manos Limpias justifica su acción al recordar un informe de diciembre de 2017 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual destacó la progresiva erosión de las instituciones democráticas en Venezuela desde 2015, agravándose significativamente en 2017. Este informe también señaló la falta de Estado de Derecho y la represión sistemática por parte del régimen de Maduro.

En 2018, la Secretaría General de la OEA y un grupo de expertos independientes acusaron al gobierno venezolano de llevar a cabo ataques sistemáticos contra opositores. Dichos ataques, según los denunciantes, incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

Informes internacionales y la figura de Zapatero

Otro documento clave mencionado por Manos Limpias es el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de junio de 2018. En él, se documentaron violaciones de derechos humanos en Venezuela desde al menos 2014, describiendo una situación de deterioro continuo sin fin aparente.

Además, en septiembre de 2018, varios líderes latinoamericanos y Canadá solicitaron formalmente a la CPI que investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta solicitud fue reforzada en 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que denunció la sustitución del Estado de derecho por una autocracia en el país.

Implicaciones y acusaciones contra Zapatero

Manos Limpias también señala que, tras unas elecciones en las que Maduro fue derrotado por el opositor Edmundo González Urrutia, el régimen intensificó la represión. En este contexto, Rodríguez Zapatero ha sido acusado de presionar a la oposición y actuar a favor de Maduro, siendo señalado como un aliado del régimen.

La denuncia concluye mencionando que Zapatero, a pesar de los informes internacionales, ha sido acusado de recibir beneficios del régimen venezolano, incluyendo la explotación de una mina de oro y contratos petroleros. Estas acusaciones han generado controversia, incluso dentro de su propio partido en España, en contraste con la postura crítica de otros líderes socialistas como el expresidente Felipe González.

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El primo del menor se ha pronunciado ante la desinformación tras el crimen y los comentarios en redes sociales afirmando que el asesino es un inmigrante árabe
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Imagen: Autoridades y familiares del niño asesinado en Mocejón tras el minuto de silencio. Javier Longobardo

Tras el asesinato de Mateo este domingo en Mocejón (Toledo), la familia del niño de 11 años ha dado las primeras declaraciones sobre el trágico suceso y ha expresado su confianza en que la Guardia Civil pueda detener cuando antes al asesino. En esta línea, el portavoz de la familia, uno de los primos de la víctima, ha pedido que no se acuse a nadie “por su raza o su color de piel”.

Así se ha expresado Asell Sánchez ante los medios de comunicación después de leer un comunicado durante el minuto de silencio que ha convocado el ayuntamiento de la localidad toledana a las puertas de la casa consistorial, que ha congregado a medio millar de vecinos.

«La familia seguimos destrozados y consternados mientras la investigación sigue su curso y siguen buscando a este indeseable», ha comenzado. Un «indeseable» al que no identifican con nadie del pueblo, tal y como ha comentado.

Sánchez, que ha instado a no adelantar acontecimientos y ha solicitado que se deje a los cuerpos policiales trabajar en la resolución del caso, ha lanzado un mensaje de cautela después de que las redes sociales se hayan inundado de desinformación tras el crimen y muchos usuarios hayan especulado e incluso afirmado que el asesino es un inmigrante árabe, aunque por el momento no hay indicios que así hagan sospecharlo.

Esta teoría viene a raíz de conocerse que un hotel de Mocejón acoge desde principios de mes a medio centenar de menores migrantes no acompañados que llegaron recientemente a Canarias de manera irregular y que han sido reubicados en sus instalaciones.

Sin embargo, según El Español, todos los menores migrantes acudieron a comer con normalidad este domingo y afirma, según fuentes del alojamiento, que son “gente muy seria” a la que se le hace un seguimiento exhaustivo.

La familia no quiere señalar a ningún colectivo

El portavoz de la familia de Mateo ha pedido prudencia a la hora de revelar información, porque no hay nada claro: «No vamos a señalar a determinados colectivos. No tenemos ninguna sospecha y no queremos que se criminalice a nadie por su etnia, por su raza, por su religión o color».

Y ha zanjado: «Confiamos en la investigación, en la justicia y en que no vuelva a pasar. Lo que queremos es que le cojan, independientemente de la edad que tenga«, haciendo referencia a la pista que se tiene, sobre que el culpable podría tener entre 16 y 17 años.

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