El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes dos iniciativas con las que pretende reforzar la lucha contra la corrupción
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Imagen: Europa Press
El Gobierno comienza a desplegar las medidas a las que se comprometió en el plan de regeneración democrática. Por eso, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un primer paquete con dos iniciativas, que supone la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y dos de nuevas fiscalías, una especializada en delitos económicos y la otra de delitos contra la administración pública.
El plan de regeneración al que se había comprometido el Gobierno proponía crear, en un plazo de dos meses y mediante un real decreto, la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado para combatir la corrupción pública y la privada. Para ello, se ampliará la plantilla de fiscales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de este tipo de casos.
La Autoridad Independiente se aprobará en cumplimiento de la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La Autoridad será autónoma e independiente del Gobierno y de las Administraciones y dotará a España de un marco normativo e institucional en la lucha contra la corrupción y en la protección de quienes informan sobre supuestas ilegalidades. La ley, aprobada en marzo de 2023, establecía un plazo de un año para aprobar el estatuto que regulará esta figura, pero el real decreto se ha retrasado hasta ahora.
La Autoridad Independiente comprobará la denuncia cuando esta se haya realizado y, si procede, la remitirá a la Fiscalía. El Gobierno asegura que se mantendrá el anonimato del denunciante, pero se adoptarán medidas de protección frente a hipotéticas represalias. Una sería la nulidad de los actos que supongan dicha represalia, como por ejemplo un despido, así como la investigación y sanción de supuestas conductas represoras. Este tipo de medidas se complementarán con medios de apoyo a las personas informantes: información y asesoramiento, asistencia jurídica y apoyo psicológico o financiero, dependiendo siempre de las necesidades de cada caso.
Las dos nuevas fiscalías
Para poner en marcha la Fiscalía de delitos económicos y la de delitos contra la administración pública, se crearán seis nuevas plazas de fiscales.
La unidad de delitos económicos estará especializada en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Aunque ya hay un fiscal de sala de delitos económicos y en algunas fiscalías económicas también existe esta figura, no existe una unidad para unificar criterios y coordinar a todos los fiscales.
Respecto a los delitos contra la administración pública, como la malversación, el cohecho o la prevaricación, son algunos de los tipos penales más habituales en las causas de corrupción que tienen su origen en gobiernos autonómicos, provinciales y municipales.
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