Las patronales prevén un impacto de 66.000 millones en las empresas mientras que Botín teme un freno en el crecimiento económico
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Imagen: EFE
El Ministerio de Hacienda trabaja intensamente para que los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas se conviertan en permanentes antes de que finalice el año. Sin embargo, la tarea se presenta complicada debido a dos grandes desafíos: uno de carácter político y otro de orden técnico.
En el ámbito político, el Gobierno debe convencer a socios reticentes como el PNV y Junts, quienes, alentados por empresas como Repsol, dudan de apoyar la medida. En lo técnico, se busca que los impuestos propuestos superen posibles obstáculos judiciales por su diseño y fundamento, en un esfuerzo por prevenir futuras impugnaciones, que ya han sido anunciadas por algunas compañías.
Del gravamen temporal al impuesto integrado
Pese a las dificultades, Hacienda cuenta con una certeza: la intención de que estos gravámenes, actualmente planteados como prestaciones patrimoniales, pasen a convertirse en impuestos permanentes dentro del sistema fiscal español. La diferencia fundamental radica en que, mientras las prestaciones tienen un fin específico, los impuestos financian el gasto público en general. El cambio podría facilitar la transferencia de los gravámenes al sistema de conciertos de País Vasco y Navarra, una exigencia del PNV que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar para asegurar su apoyo.
Sector financiero y energético, en alerta ante el nuevo esquema tributario
En medio de la incertidumbre, los ministerios de Hacienda y Economía también analizan cómo adaptar el gravamen bancario a las condiciones económicas actuales, tomando en cuenta los ciclos de crédito y la evolución de los tipos de interés. De forma paralela, se considera introducir deducciones en el sector energético por inversiones en industria y descarbonización.
La banca y las energéticas, sin embargo, han mostrado resistencia desde que se aprobaron los gravámenes en 2022, con empresas como Repsol y Acciona amenazando con acciones legales. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, expresó esta semana su confianza en que el gravamen será “eventualmente anulado en los tribunales”. Por ello, Hacienda trabaja para blindar los nuevos impuestos y evitar futuros litigios.
La protesta empresarial: sector financiero y energético alzan la voz
En una reacción contundente, las asociaciones representativas de la banca y las energéticas expresaron su descontento este jueves, advirtiendo sobre las posibles consecuencias económicas si los gravámenes se convierten en permanentes. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) emitieron un comunicado conjunto mostrando su “enérgico rechazo” y alertando de un impacto negativo estimado en 66.000 millones de euros en inversión y capacidad de financiación.
“De mantenerse esta medida, España sería la única jurisdicción en Europa con un impuesto permanente de estas características, lo que perjudica la competitividad de las entidades españolas”, subrayaron AEB y CECA. En esta línea, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, también criticaron la propuesta, alertando sobre su impacto negativo en el crecimiento económico.
La industria energética también se une al rechazo
Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) advirtió que un gravamen permanente afectaría la competitividad del sector y obstaculizaría la transición energética. La AOP solicitó “un marco fiscal adecuado y estable” para asegurar las inversiones necesarias en la descarbonización, estimadas en más de 16.000 millones de euros hasta 2030. La asociación añadió que España sería el único país de la UE con este tipo de tributo, perjudicando así la competitividad de un sector que ya enfrenta una elevada carga fiscal.
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