El antiguo jefe de Antiblanqueo de la Policía se encuentra en prisión tras el descubrimiento de 20 millones de euros en las paredes de su casa
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Imagen: el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez I Telecinco
El caso de Óscar Sánchez Gil, antiguo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, ha sacudido los cimientos de la Policía Nacional y el sistema judicial español. Considerado durante años un funcionario ejemplar en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, Sánchez Gil fue detenido en noviembre de 2024 acusado de ser la pieza clave de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de grandes sumas de dinero. Su arresto, tras la incautación récord de 13 toneladas de cocaína en Algeciras, destapó una trama de corrupción policial sin precedentes, con ramificaciones internacionales y un patrimonio oculto de casi 20 millones de euros en efectivo hallado en su domicilio.
Cronología del caso
2016-2021: ascenso y consolidación
Óscar Sánchez Gil accede durante estos años a puestos clave dentro de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) y la UDEF, dos de las unidades más sensibles y estratégicas de la Policía Nacional. Esta posición privilegiada le permite establecer relaciones directas con capos del narcotráfico y acceder a información confidencial sobre operativos policiales, rutas de investigación y movimientos de las fuerzas de seguridad. Este ascenso profesional, aparentemente basado en el mérito y la experiencia, sentó las bases para que Sánchez Gil pudiera tejer una red de contactos tanto en el ámbito policial como en el criminal.
2019-2024: colaboración con el narcotráfico
Según la investigación judicial, es en este periodo cuando Sánchez Gil comienza a facilitar activamente la entrada de grandes alijos de cocaína en España, utilizando principalmente el puerto de Algeciras como punto de acceso. Aprovechando su acceso a las bases de datos policiales, manipula y protege a sus socios del narcotráfico, alterando investigaciones y proporcionando información clave para sortear controles y operativos. Además, se involucra en el blanqueo de capitales a través de un entramado de empresas pantalla y la gestión de licencias de vehículos VTC, actividades en las que colabora estrechamente con su esposa y su cuñada, ambas también bajo investigación por su presunta implicación en la red.
14 de octubre de 2024: incautación récord
El 14 de octubre de 2024, la policía intercepta en el puerto de Algeciras un cargamento de 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo jamás decomisado en la historia de España. Las primeras investigaciones apuntan rápidamente a la implicación de Óscar Sánchez Gil, quien presuntamente habría facilitado información privilegiada para garantizar el paso seguro de los contenedores cargados con la droga. Este golpe policial marca un punto de inflexión en la investigación y precipita la caída del exjefe policial.
8 de noviembre de 2024: detención y registros
El 8 de noviembre de 2024, Sánchez Gil es detenido junto a su esposa y su cuñada en el marco de una operación coordinada por la Audiencia Nacional. Durante el registro de su chalet en Alcalá de Henares, los agentes encuentran casi 20 millones de euros en efectivo ocultos en paredes y en el jardín, además de importantes cantidades de criptomonedas y documentación comprometedora que evidencia la magnitud de la red criminal y el alcance internacional de sus actividades.
Noviembre 2024 – mayo 2025: prisión provisional y avance del caso
Tras su detención, la Audiencia Nacional decreta prisión provisional sin fianza para Óscar Sánchez Gil, considerando el alto riesgo de fuga y la gravedad de los delitos que se le imputan: tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. En paralelo, la investigación avanza con el desmantelamiento de parte de la red de blanqueadores y la incautación de documentación que revela conexiones internacionales, incluyendo transferencias millonarias a países como Dubái y Panamá, lo que confirma la dimensión global de la trama.
¿Quién es Óscar Sánchez?
Óscar Sánchez Gil, de 45 años, fue inspector jefe de la Policía Nacional y padre de tres hijos. Residía en una urbanización exclusiva de Alcalá de Henares, donde llevaba una vida aparentemente discreta y familiar. Sus compañeros lo describían como reservado y poco llamativo, apodado “El Anodino” por su carácter y “Aduana” por los narcotraficantes.
Construyó su carrera en unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que le permitió acceder a información privilegiada y establecer contactos con organizaciones criminales. Durante años, trabajó en Algeciras, uno de los principales puntos de entrada de droga a España, donde presuntamente forjó sus alianzas con los narcos.
En el plano personal, Sánchez Gil blindó su vivienda con sistemas de seguridad y ocultó su fortuna en efectivo, criptomonedas y propiedades. Su entorno más cercano, incluida su esposa y su cuñada, está bajo investigación por su presunta implicación en el blanqueo de dinero a través de empresas pantalla y la gestión de licencias de VTC.
Situación actual
A fecha de mayo de 2025, Óscar Sánchez Gil permanece en prisión provisional en el módulo FIES 4 de la cárcel de Estremera, reservado para funcionarios acusados de delitos graves. La Audiencia Nacional ha confirmado su encarcelamiento ante el “evidente” riesgo de fuga y la magnitud de los delitos imputados.
La investigación judicial sigue abierta y se prevé que se amplíen las acusaciones a medida que avance el análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación incautada. El caso ha destapado una red de corrupción policial y blanqueo de capitales con ramificaciones internacionales, y se espera que el juicio, cuando se celebre, marque un antes y un después en la lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad españolas
Tráfico de drogas, organización criminal y otros delitos
El expolicía ha sido acusado de varios delitos de extrema gravedad, dos ellos vinculados a su presunta colaboración con una red internacional de narcotráfico. Según los autos judiciales y la investigación de la Audiencia Nacional, los principales cargos son:
- Tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público: se le imputa haber facilitado la entrada de grandes alijos de cocaína en España, aprovechando su posición en la policía para garantizar el paso seguro de los contenedores y evitar controles policiales.
- Pertenencia a organización criminal: la investigación sostiene que Sánchez Gil no actuaba solo, sino integrado en una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
- Blanqueo de capitales: se le acusa de ocultar y lavar las ganancias obtenidas del narcotráfico a través de empresas pantalla, bienes inmuebles y grandes sumas de dinero en efectivo, hallándose cerca de 20 millones de euros ocultos en su domicilio.
- Cohecho activo: presuntamente recibió grandes cantidades de dinero y comisiones a cambio de sus servicios y protección a la red criminal.
- Revelación de secretos: utilizó su acceso a bases de datos policiales para consultar y avisar a los miembros de la organización sobre investigaciones en curso, protegiendo así a sus socios.
Las penas asociadas a estos delitos son muy elevadas. El tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público puede conllevar penas de prisión superiores a los 15 años. La pertenencia a organización criminal y el blanqueo de capitales pueden sumar entre 5 y 10 años cada uno, y el cohecho, entre 3 y 6 años adicionales. En conjunto, si se confirman todos los cargos y agravantes, Sánchez Gil podría enfrentarse a una condena que, en total, superaría fácilmente los 20 años de prisión efectiva, además de importantes multas económicas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
El “Tigre” y los socios clave
Alejandro Salgado Vega, conocido como “El Tigre”, es considerado por la Policía Nacional y la Guardia Civil como uno de los mayores capos del narcotráfico de origen español y el principal cerebro detrás de la red que implicaba al exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil. Salgado, cuya carrera criminal comenzó en el control de la noche madrileña y evolucionó hasta liderar un entramado internacional, se asentó en Dubái, desde donde dirigía sus operaciones utilizando teléfonos encriptados y una red de empresas pantalla para camuflar el tráfico de cocaína a gran escala. Su papel era fundamental: poseía los contactos en Sudamérica para organizar los envíos de droga y, a través de intermediarios y colaboradores como Ignacio Torán, facilitaba la entrada de toneladas de cocaína por los principales puertos españoles, especialmente Algeciras y Valencia. La magnitud de sus actividades quedó patente con la incautación de 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo registrado en España, operación que precipitó la caída de Sánchez Gil y la emisión de una orden internacional de busca y captura contra Salgado, quien no compareció ante la Audiencia Nacional y cuyo paradero actual es desconocido, aunque se le ha rastreado en Dubái, Rusia y Tailandia.
Ignacio Torán, por su parte, figura como el principal socio de Sánchez Gil en la introducción de droga a través de los puertos españoles. Torán gestionaba el entramado empresarial necesario para camuflar los cargamentos ilegales, facilitando a “El Tigre” y a la organización las empresas importadoras con las que legalizaban la entrada de contenedores repletos de cocaína. Su papel como enlace logístico y financiero era crucial para el éxito de las operaciones, permitiendo que la red blanqueara ingentes cantidades de dinero y mantuviera una fachada de legalidad ante las autoridades. Tanto Torán como Salgado han sido señalados por la Fiscalía Antidroga y los investigadores como los principales artífices de una organización criminal que, durante años, logró infiltrar el sistema policial y mover cientos de toneladas de droga con la complicidad de funcionarios corruptos.
Opciones de la defensa
Su defensa ha intentado argumentar que no tuvo acceso a los elementos esenciales de la causa, solicitando la excarcelación bajo el mismo criterio que permitió la libertad provisional de otro de los investigados, Ignacio Torán. Sin embargo, la Sala de lo Penal ha dejado claro que, en el caso de Sánchez Gil, el secreto de sumario ya se había levantado cuando recurrió la prisión, por lo que pudo conocer los detalles de la causa y formular alegaciones. Por tanto, el tribunal descarta que se haya vulnerado su derecho a la defensa o a la igualdad ante la ley.
Legalmente, Sánchez Gil puede seguir recurriendo las decisiones de prisión provisional ante instancias superiores, como la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional o, en última instancia, el Tribunal Constitucional, si considera que se han vulnerado derechos fundamentales. También puede solicitar revisiones periódicas de su situación personal si cambian las circunstancias (por ejemplo, si disminuye el riesgo de fuga o se debilitan los indicios en su contra). Sin embargo, la contundencia de las pruebas (como la incautación de casi 20 millones de euros en efectivo y la gravedad de los cargos) hace que, por ahora, la prisión provisional esté plenamente justificada y sea difícilmente revocable.
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