Armengol rechaza volver a votar la ley que libera a etarras

La presidenta del Congreso de los Diputados afirma que se ha apoyado en las recomendaciones de los servicios jurídicos para tomar la decisión
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Imagen: EFE

La Mesa del Congreso, bajo la presidencia de Francina Armengol, ha decidido activar de inmediato la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, que permitirá la liberación de más de 40 etarras. La decisión implica enviar el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE), donde será publicado para su inmediata ejecución.

El Congreso defiende su actuación legal

En menos de 24 horas, la Cámara Baja ha tomado esta determinación basándose en la recomendación verbal de los servicios jurídicos del Congreso. Según estas fuentes, el proceso se considera «validado» y ajustado a las normativas, lo que ha permitido remitir el proyecto de ley al BOE para su publicación oficial. El rechazo del Senado no ha impedido que la norma siga su curso.

La derecha critica la decisión, pero sin margen para bloquearla

Aunque la ley ha sido devuelta al Congreso, el Partido Popular no parece tener más margen para bloquear la medida. El Senado ya ha cumplido su función, según fuentes de la propia Mesa del Senado, por lo que cualquier acción futura queda en manos del grupo parlamentario popular. Desde la presidencia del Senado, se espera una justificación jurídica del Congreso, aunque los letrados del Congreso han comunicado su postura de forma verbal, sin emitir un informe por escrito.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha criticado duramente la maniobra de Armengol, a quien acusa de poner el Congreso «al servicio del sanchismo». Según García, el PSOE utiliza su poder para cumplir acuerdos políticos encubiertos, mientras el PP defiende la legitimidad del voto mayoritario del Senado para frenar lo que considera una ley «indigna».

Imagen: votación del Senado

Dudas jurídicas y precedentes inéditos

El Senado, por su parte, ha expresado dudas sobre los procedimientos seguidos. En un informe de los letrados de la Cámara Alta, se destaca la falta de precedentes para una situación como la actual, donde un texto es rechazado por mayoría absoluta sin que se hayan presentado enmiendas ni vetos. Según el documento, un rechazo por mayoría absoluta debería tener el efecto jurídico de un veto, devolviendo el texto al Congreso. Sin embargo, esta situación es inédita y, por tanto, no existen casos previos que sirvan de guía.

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Meta censura contenidos de apoyo a Palestina en Instagram y X

La organización Human Rights Watch ha denunciado una “censura sistemática y global” en Meta sobre contenidos relacionados con Palestina, incluidos aquellos que alertan de violaciones contra los derechos humanos
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Imagen: Pancarta en una protesta en EEUU: “Trabajadores de Meta dicen: dejen de censurar a Palestina” AJ+

En los últimos meses, sobre todo a partir del ataque de la milicia palestina Hamás sobre territorio israelí el 7 de octubre de 2023, miles de usuarios de X e Instagram han denunciado que estas redes sociales censuran sus publicaciones, limitan el alcance de sus cuentas o incluso las eliminan por difundir contenido en apoyo a Palestina. Uno de ellos es el fotoperiodista palestino Motaz Azaiza que, con 17 millones de seguidores en Instagram, calcula que el 40% de sus publicaciones han sido eliminadas o censuradas desde octubre de 2023. En ellas muestra fotografías y vídeos de la vida diaria en Gaza, lo que incluye escenas de desplazamientos forzados, hambre, enfermedades o masacres. Su cuenta fue suspendida en tres ocasiones.

Su caso no es el único. En X (antes Twitter), la cuenta “Palestina Hoy”, que se dedica a informar de los ataques israelíes sobre Palestina y que publica vídeos muy explícitos de la masacre, vio como la red social eliminaba sin previo aviso su cuenta. Hace tan solo dos días, el 14 de octubre, volvió a estar en activo, pero ahora muchos de sus antiguos seguidores denuncian la “censura” de X, que les impide seguir a la cuenta.

Estamos de nuevo en Twitter (X).

Les pedimos seguir y compartir nuestra cuenta. ¡No nos callarán!

— Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 14, 2024

Un empleado de Meta confirma la censura

Hace unos meses, en la sede de Meta, un ingeniero con altas responsabilidades, encargado de evaluar la calidad de los filtros de integridad de Instagram, observó que muchos usuarios que publicaban sobre Palestina tenían contenidos suspendidos. Entre ellos, Moataz Azaiza. Un documental de AJ+ estrenado este martes relata cómo ese ingeniero -quien no muestra su rostro ni su identidad para proteger su carrera- comprobó que había cuentas, como la del propio Moataz, clasificadas como contenedoras de “actividad sexual o desnudo” y “pornográficas”, lo que limitó significativamente el alcance de sus contenidos.

“Calificar imágenes de niños heridos y de muertos como actividad sexual o pornográficos me parece profundamente ofensivo”, relata. En su denuncia indica que, en el caso de cuentas relacionadas con Palestina, Meta optó por desestimar la corrección ante esos errores de clasificación.

“Era bastante obvio que las cuentas que hablaban de Palestina estaban siendo censuradas de forma inadecuada. Teníamos miles de casos”, explica durante su entrevista, en la que afirma haber sido testigo de la supresión de estos contenidos en tiempo real. Su tarea consistía en localizar errores y subsanarlos, por lo que intentó modificar esas dinámicas. Poco después fue despedido. Ahora ha demandado a la compañía. Considera que su despido se debió “a motivos raciales y étnicos. No podían poner algo así como ‘demasiado palestino’ como razón”, afirma.

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Los propietarios de pisos turísticos se manifiestan en Madrid

La manifestación ha sido convocada por la asociación Madrid Aloja, que representa a más de 5.000 VUT, y la plataforma de pequeños propietarios MadVut
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Imagen: Mapa de los pisos turísticos de Madrid-Inside Airbnb

No es la primera vez que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) están en el foco de la polémica. En este contexto, la asociación Madrid Aloja, que representa a más de 5.000 VUT en la Comunidad de Madrid, y la plataforma de pequeños propietarios MadVut, han convocado una manifestación a las 18 horas en la Puerta del Sol, entre otras cosas, para denunciar que es «injusto» responsabilizar a las VUT de la crisis habitacional cuando «apenas representan el 1% del parque de viviendas de Madrid».

La demanda principal es exigir una «regulación justa» para los pequeños propietarios de este tipo de pisos en la región, exigiendo a la Comunidad de Madrid una regulación “que defienda los derechos de los pequeños propietarios de VUT, quienes se ven gravemente afectados por las medidas restrictivas impuestas en los últimos meses”, según recogen las organizaciones en un comunicado.

Han criticado también que se pretenda presentar el problema como un enfrentamiento entre inquilinos y propietarios. “Se desvirtúa el debate y se distrae para ocultar que el gobernante no ha sabido resolver este problema que, además, ha empeorado al implementar una Ley de Vivienda que demoniza al propietario y que impone en el particular la solución al problema, sin darle seguridad de cobro y de la recuperación de la vivienda en caso de que no se produzca”, han asegurado.

Reivindican que generan un impacto económico positivo

Desde Madrid Aloja han señalado que las restricciones actuales anunciadas por el Ayuntamiento de Madrid, como la suspensión de nuevas licencias y el endurecimiento de sanciones, afectandesproporcionadamente a los pequeños propietarios de VUT, quienes gestionan sus viviendas de forma responsable y contribuyen de manera significativa a la economía local”. En concreto, han asegurado que en 2023 las VUT generaron un impacto económico de más de 2.200 millones de euros.

La asociación ha denunciado que la regulación actual desvía la demanda de alojamiento de más de dos millones de turistas hacia «grandes actores del mercado como hoteles y fondos de inversión, perjudicando a la clase media». De esta manera, “las medidas restrictivas favorecen a los grandes monopolios, limitando la libertad de los turistas y restringiendo la capacidad de los pequeños emprendedores para competir en igualdad de condiciones”.

Por ello, ha exigido que se reconsideren las políticas y se promueva una regulación «más equilibrada» que no solo garantice la convivencia entre residentes y turistas, sino que «también proteja a los pequeños propietarios y promueva el desarrollo económico de la ciudad».

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El Fiscal General García Ortíz imputado por revelación de secretos 

El Supremo ha abrir una causa sobre Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefa provincial de Madrid, quien envió a García Ortiz datos de la pareja de Ayuso
The post El Fiscal General García Ortíz imputado por revelación de secretos  first appeared on Hércules.  Es la primera vez en la historia de la democracia de España que un fiscal general del Estado es imputado de manera formal. El Supremo ha admitido su competencia y va a investigar formalmente a Álvaro García Ortiz, titular del Ministerio público, por un presunto delito de revelación de secretos.

 La Sala Segunda de lo Penal del Supremo ha acordado de manera unánime abrir una causa sobre Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefa provincial de Madrid, quien supuestamente fue la persona que envió a García Ortiz los datos necesarios para elaborar la nota con información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que señalar que Pilar Rodríguez Fernández no tiene la condición de aforada.

El Alto Tribunal abre una causa contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández

El auto presentado por el Alto Tribunal detalla que las acciones llevadas a cabo por Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández, guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.

Según se ha conocido, el instructor de dicha causa será el magistrado Ángel Luis Hurtado. En el auto presentado por Hurtado, este recoge que, de la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid de un delito de revelación de secretos.

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El bono joven apenas cubre un 25% de los alquileres

La mayoría de los pisos de las capitales superan el precio máximo de 900 euros establecido por el Gobierno para poder acceder a la ayuda
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Imagen: Cordon Press

El Gobierno ha lanzado una nueva edición del Bono Alquiler Joven, una medida que busca paliar la crisis habitacional, pero cuyos requisitos han quedado desactualizados frente a la escalada de los precios del alquiler. El Ministerio de Vivienda ha mantenido las condiciones de 2022, cuando la ayuda fue creada, a pesar de que los alquileres en las principales ciudades de España han aumentado más de un 25%. Estas urbes, donde los jóvenes necesitan destinar grandes esfuerzos económicos para pagar el alquiler, concentran gran parte de la oferta de vivienda.

Para optar a los 250 euros mensuales del bono, el alquiler no debe superar los 900 euros, aunque algunas comunidades pueden incrementar el límite hasta 300 euros. Sin embargo, este rango es casi inexistente en ciudades como Barcelona, Palma o Madrid, donde alrededor del 75% de las viviendas disponibles exceden ese umbral.

Ciudades principales: pocas opciones para acceder al bono

La situación es especialmente crítica en Barcelona, donde solo el 8,3% de las viviendas en alquiler se encuentran por debajo de los 900 euros. Incluso con la intervención del mercado a través de la ley de Vivienda, la oferta sigue siendo limitada. En Palma, la situación es similar, con apenas un 9% de las viviendas en ese rango de precios.

Madrid, el mayor mercado de alquiler del país, ofrece una realidad algo menos restrictiva, pero tampoco alentadora. Solo el 17,6% de los pisos en la capital cumplen con los requisitos para recibir el bono, mientras que en Valencia este porcentaje desciende al 16,8%. Otras ciudades, como Gerona, muestran cifras similares.

En Málaga, la oferta de viviendas por debajo de 900 euros es aún más limitada, y menos del 30% de los inquilinos nuevos podrían aspirar a la ayuda. En otras ciudades como Las Palmas, Pamplona o Alicante, el porcentaje de viviendas que cumplen los requisitos tampoco supera el 35%.

Alquiler de habitaciones, una alternativa más accesible

El Gobierno insiste en la efectividad del bono

Pese a las críticas y las dificultades para acceder a la ayuda, el Gobierno asegura que el Bono Alquiler Joven sigue siendo una medida clave para abordar el problema de accesibilidad a la vivienda. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, subrayó que el Ejecutivo está comprometido a seguir tomando decisiones durante los tres años restantes de legislatura para mejorar la situación.

No obstante, según el Consejo de la Juventud de España, solo el 0,6% de las personas entre 18 y 35 años se beneficiaron de las ediciones anteriores del bono, lo que pone en duda la eficacia de la medida.

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Kamala Harris promete legalizar la marihuana

En la actualidad, el uso recreativo de la marihuana está permitido en 24 estados y en el distrito de Columbia, pero está prohibido a nivel federal
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Imagen: Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de EEUU- El Economista

«Trabajaré para despenalizar el uso recreativo de la marihuana porque sabemos cómo esas políticas han afectado de manera desproporcionada a los hombres negros«, ha afirmado Harris en una entrevista con el locutor afroamericano Charlamagne tha God, en Detroit (Michigan).

Harris ha defendido que nadie debería ir a la cárcel por posesión de cannabis y recordó que, cuando fue fiscal de distrito en San Francisco (2004-2011) y fiscal general de California (2011-2017), era vista como «progresista» por no enviar a prisión a individuos por la simple posesión de marihuana.

La vicepresidenta ha tratado, durante el mandato de Biden, que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) reclasifique la marihuana, que hasta ahora se consideraba tan adictiva como el LSD o la heroína. Esta clasificación, que catalogaba la marihuana como una droga altamente adictiva, ha provocado durante años condenas más graves para quienes la consumían o vendían, lo que resultó en un encarcelamiento desproporcionado de las minorías hispana y afroamericana.

Actualmente, el uso recreativo de la marihuana es legal en 24 estados y en el Distrito de Columbia, sede de la capital del país, Washington. Además, 38 de los 50 estados permiten su uso medicinal, aunque sigue siendo ilegal en algunos estados y a nivel federal.

Harris y Trump apoyan la propuesta

La propuesta de legalizar la marihuana recreativa es una medida en la que, curiosamente, tanto Harris como Trump están de acuerdo, a pesar de que es mucho más defendida por el electorado progresista que por el conservador.

El republicano ha asegurado que, como ciudadano de Florida, apoyará la moción sobre la legalización del uso recreativo de marihuana en mayores de 21 años que dicho estado votará en noviembre. Así lo ha defendido en un comunicado en la red social Truth Social. El gobernador de Florida, Ron DeSantis -que se enfrentó a Trump en las primarias republicanas-, se ha posicionado en contra.

Es un intento por acercarse a la comunidad afroamericana

En la entrevista, Harris también ha hablado sobre las indemnizaciones a la comunidad afroamericana como una forma de reparar los daños causados por la esclavitud. A la pregunta de un espectador sobre si aprobaba esa medida, que es una reivindicación histórica de esta comunidad, ha afirmado que es una cuestión “que se debe estudiar”.

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Feijóo sentencia a Sánchez: “Señor 1, márchese ya”

Líder del PP: “Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la Justicia es ponerle dos querellas al juez que le investiga.
The post Feijóo sentencia a Sánchez: “Señor 1, márchese ya” first appeared on Hércules.  El caso Koldo no iba a pasar desapercibido en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Una cuestión de gran tensión y que desde la oposición no han dudado en recriminar la extensión de los tentáculos en este caso de corrupción.

Sobre todo, después de que la Guardia Civil haya presentado un informe que confirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía pleno conocimiento de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez venía a España. Ha sido al inicio de la sesión de control que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Pedro Sánchez que “cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron” él y su mujer, Begoña Gómez, con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

En respuesta a la intervención por alusiones de Feijóo a Sánchez, el líder del Ejecutivo ha usado su breve intervención para defender su Gobierno y resalta las tres cosas que han hecho contra la corrupción en el PSOE: “actuar con contundencia, colaborar con la Justicia y gobernar”.

El líder popular reprocha a Sánchez su participación en el caso Koldo

Feijóo ha presionado a Sánchez y le ha recordado las últimas declaraciones de un empresario que ha estado presuntamente involucrado en la trama de los hidrocarburos: “Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la Justicia es ponerle dos querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted: las paradas, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz”.

El líder del PP ha reprochado a Sánchez que ponga las instituciones del Estado “al servicio de su defensa judicial”. “Márchese ya”, le ha reclamado, “tiene usted cuatro causas, 15 delitos investigados, 11 ministerios implicados, su partido, su gobierno y su familia”.

Su intervención ha concluido criticando que Sánchez ya: “tiene su sentencia política: vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla. Su resistencia ya no es histórica. Hay dos bloques, el del cambio honesto que está por llegar y la vergüenza que encabeza”.

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El PP descarta la moción de censura al no contar con los “apoyos suficientes”

Los populares reconocen que deben ser “realistas” ante la iniciativa de presentar una moción de censura y califican a los socios del Gobierno como “totalmente serviles”
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Imagen: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de la campaña del PP en Baleares para las elecciones europeas, este domingo. EFE/Cati Cladera

El portavoz nacional de los populares Borja Sémper señaló que, al menos por el momento, su formación descarta formalizar una moción de censura contra Sánchez al no contar con los “apoyos suficientes”. «La moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, no está en nuestra agenda hoy, veremos el día de mañana. Tratamos de obtener información del Gobierno, tiene que responder a la oposición», anunció Sémper a la salida de la Audiencia Nacional este lunes en declaraciones a los medios de comunicación. 

En la misma dirección se pronunció Ester Muñoz, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, quien reconoció que deben ser «realistas» ante la iniciativa de presentar una moción de censura, focalizando así la atención en que los socios parlamentarios del Ejecutivo central «no han dicho absolutamente nada»: «Es evidente que si hay un gobierno en la democracia que se merece una moción de censura, es este gobierno podrido del PSOE y Sánchez. Es evidente que tienen unos socios totalmente serviles».

En los mismos términos, el PP de Alberto Núñez Feijóo remodelará a su vez la sesión de control de este miércoles en el Congreso para focalizarla en un «monográfico de la corrupción», en aras de que Sánchez dé las consiguientes explicaciones ante la Cámara Baja.

El PP desmiente a Junts

Los rumores sobre una posible moción de censura fueron alimentados durante la mañana de este martes por la presidenta de Junts Laura Borràs. “Nosotros no descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo”, aseguró la dirigente independentista en una entrevista en Telecinco. Y las miradas apuntaron entonces a la calle Génova.

La dirección nacional de los populares se apresuró a acallar el eco de las palabras de Borràs, que en ningún momento se tomaron en serio. Nadie del entorno del president ni del grupo parlamentario en el Congreso alimentó tampoco la senda que parecía marcar Borrás, que horas más tarde incluso se matizó a sí misma en redes sociales.

“Parece que existe interés en hacerme decir lo que no he dicho. Es absolutamente falso que Junts o su presidenta hayan abierto la puerta a ninguna moción de censura”, puntualizó.

Prácticamente a la misma hora, en la sala Campoamor del Senado, el vicesecretario de política territorial y autonómica del PP, Elías Bendodo, se reunía a puerta cerrada con cargos públicos de su partido y terminaba de pinchar la burbuja. El dirigente del PP aseguró a sus compañeros que no hay números para “una moción de censura”, para la que el PP necesitaría del apoyo de Vox y, además, de algún grupo de la mayoría de la investidura.

A tenor de lo dicho por Bendodo a los cargos territoriales a los que se dirigía, en el PP no parecen contar con que las opciones de una censura a Sánchez sean reales. Y tampoco ven factible que el presidente plantee una cuestión de confianza. De hecho, quien fuera mano derecha de Juan Manuel Moreno en Andalucía llegó a plantear incluso como escenario más probable que Sánchez pueda sacar adelante las cuentas de 2025.

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Illa blinda el catalán y lo dota de más recursos

El presidente de la Generalitat ha cedido frente a ERC y asume la inmersión monolingüe como un “pilar” esencial para el reconocimiento de una nación
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Imagen: Europa Press

El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) ha cambiado su enfoque sobre la lengua catalana en los últimos años, pasando de criticar la «instrumentalización» del nacionalismo en torno a la lengua, como se reflejaba en una resolución de 2019 bajo el liderazgo de Miquel Iceta, a asumir la inmersión monolingüe en catalán como un «pilar» del «reconocimiento nacional» de Cataluña. Este cambio queda plasmado en el acuerdo firmado con Esquerra Republicana (ERC) para la investidura de Salvador Illa como presidente.

Pactos y cesiones del PSC ante el independentismo

En 2019, Miquel Iceta abrió el debate proponiendo «flexibilizar» la inmersión lingüística en función de las necesidades de cada escuela, lo que generó tensiones dentro del partido. A pesar de las críticas, el PSC reafirmó su compromiso con el catalán como «lengua de cohesión», aunque señalando que ciertos sectores del nacionalismo utilizaban la inmersión para fines ideológicos.

La inmersión, eje de la política lingüística de Illa

En su ponencia política de 2024, ya con Salvador Illa como candidato, el PSC reafirmó su compromiso con un modelo educativo que garantice el dominio del catalán, castellano e inglés al finalizar la educación obligatoria, alejando la lengua de conflictos partidistas. Sin embargo, en el pacto de investidura con ERC, el PSC ha adoptado el modelo de inmersión lingüística como un «pilar del reconocimiento nacional» de Cataluña. Illa subrayó en su primer discurso como presidente que la defensa del catalán es clave para la identidad de la nación catalana.

El último debate de política general en el Parlament reafirmó este enfoque, con el PSC alineado con ERC, Junts y los comunes en su apoyo a la inmersión y su rechazo a la implementación del 25% de castellano en las escuelas.

Blindaje del catalán en el ámbito educativo y más allá

El acuerdo entre PSC y ERC también establece que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza y en la acogida de alumnos recién llegados, garantizando que los proyectos lingüísticos de los centros educativos no se basen en parámetros externos a criterios pedagógicos. De este modo, el PSC se compromete a blindar la inmersión y esquivar la sentencia judicial que exige un 25% de castellano en las aulas, pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.

Además, el partido de Illa ha aceptado extender la inmersión en catalán a actividades extraescolares, deportivas y de ocio, y reforzar la oferta de enseñanza en catalán para adultos, en línea con las propuestas aprobadas en el Parlament con el respaldo de socialistas, republicanos, comunes y Junts.

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El PP se abre a apoyar la última reforma de pensiones si el Gobierno no introduce cambios en el texto actual

El voto favorable de los de Feijóo supondría para el Ejecutivo lograr el respaldo necesario para que este último bloque de la reforma de la jubilación salga adelante
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Imagen: Feijóo y Garamendi, este lunes, en el despacho del líder del PP en la sede del partido en Madrid. / PP / David Mudarra

Esto fue lo que ocurrió con la reforma laboral de 2021. Entonces, con Pablo Casado al frente de la formación, el texto del Ejecutivo fue acordado previamente con patronal y sindicatos (que pidieron que no se tocara ni una «coma»), pero el PP decidió votar en contra, dejando su aprobación al filo del fracaso. Finalmente, la norma salió adelante gracias a los populares, concretamente gracias a uno de sus diputados, Alberto Casero, que se equivocó y votó favorablemente. De no haberlo hecho, la norma hubiera sido invalidada.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, desvelaron que habían reclamado a Feijóo el apoyo a la última reforma de pensiones, aún no garantizados y que se enfrenta a la complicada aritmética parlamentaria que enfrenta el Ejecutivo para aprobar cualquier iniciativa. Algunos socios del Gobierno, como ERC, BNG y EH Bildu, han expresado sus diferencias respecto a algunas de las medidas del acuerdo, por lo que exigen “cambios” al Ejecutivo.

En la patronal de empresarios CEOE no se pronuncian sobre si Antonio Garamendi trató con el líder del PP este tema, aunque en la organización empresarial siempre defienden que se hacen responsables de los acuerdos que firman.

Estas son las medidas que incluye el acuerdo sobre la reforma de pensiones

El último acuerdo sobre pensiones, firmado hace un mes por Pedro Sánchez y los agentes sociales en la Moncloa, incluye varias medidas que incentivan la compatibilidad de la pensión con el trabajo, como el adelanto del acceso a la jubilación parcial, reconoce más derechos a los contratos de los relevistas y fomenta el retraso voluntario del retiro, a través de un aumento de los incentivos a la jubilación demorada, entre otras medidas.

Los sindicatos CCOO y UGT han reiterado en las últimas semanas la urgencia de que el pacto social salga adelante, con varias llamadas públicas a los partidos que componen el arco parlamentario. No solo por las medidas sobre la jubilación que se plantean a futuro, sino también por las mejoras planteadas para trabajadores como los relevistas y las personas con contratos fijos discontinuos.

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