El fiscal general del Estado ha convocado una Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal, aunque una mayoría considera que debe marcharse
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Imagen: EFE
La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado un clima de desánimo entre los fiscales, quienes observan con preocupación la pérdida de prestigio de la institución en los últimos años. La decisión unánime del Tribunal Supremo de abrir una causa contra García Ortiz por su supuesta implicación en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso ha dejado a un amplio sector de la Fiscalía en estado de perplejidad. Para muchos, esta situación refleja la degradación de una entidad que, según la Constitución, tiene la misión de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público.
La reacción del fiscal general: resistirse a dimitir
Pese a su imputación, García Ortiz ha decidido mantenerse en su puesto, argumentando que su continuidad es «lo más prudente» para la institución a largo plazo y que refuerza la independencia de la Fiscalía. Sin embargo, fuentes consultadas critican que el fiscal general esté priorizando sus intereses personales sobre los de la institución, lo que consideran un perjuicio para la dignidad de la Fiscalía. Para muchos fiscales, la situación es insostenible y García Ortiz debería haber renunciado hace tiempo, subrayando que su negativa a dimitir está dañando gravemente la imagen de la entidad.
Junta de Fiscales de Sala: ¿respaldo o defensa personal?
Anticipándose a las críticas internas, García Ortiz convocó de urgencia a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para dar explicaciones y escuchar las opiniones de sus miembros. Sin embargo, algunos fiscales se mostraron sorprendidos por esta convocatoria, ya que consideran que la Junta, compuesta por los miembros de mayor rango de la Carrera Fiscal, no debe ser utilizada como apoyo moral. Para estos críticos, sería «intolerable» que García Ortiz intentara usar este espacio para cuestionar la decisión del Tribunal Supremo. La reunión, dicen, parece más un intento del fiscal general por asegurarse el respaldo de los suyos, especialmente de la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció.
Consejo Fiscal y asociaciones piden la dimisión
En paralelo, el Consejo Fiscal, convocado también por García Ortiz, podría convertirse en el escenario donde se formalice la petición de su dimisión. Tanto los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) como el consejero de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) tienen previsto exigir su renuncia por el bien de la institución. Estas dos asociaciones, que representan a una parte significativa de la Fiscalía, ya solicitaron oficialmente su dimisión. La UPF, por su parte, expresó su apoyo a García Ortiz y su total desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo.
Repercusiones en el Colegio de Abogados
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que está personado en la causa, consideró la imputación de García Ortiz un hecho «extraordinariamente singular y anómalo». En un comunicado, el ICAM subrayó la gravedad del caso y el impacto que este tiene sobre la imagen de la Fiscalía, alertando sobre la vulneración del derecho a la confidencialidad en la filtración de datos.
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