Categoría: ESPAÑA

La ministra de Trabajo llevará al Consejo de Ministros una serie de medidas para garantizar los derechos del colectivo dentro del ámbito laboral
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Imagen: Europa Press

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p class=»MsoNormal»>El Ministerio de Trabajo presentará este martes al Consejo de Ministros un real decreto que establece las medidas que las empresas deberán adoptar para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI. Esta normativa, que llega cuatro meses después de alcanzar un acuerdo con sindicatos y patronales, busca acelerar la entrada en vigor de la reglamentación vinculada a la ley trans, aprobada hace un año. Será de obligado cumplimiento para empresas con más de 50 empleados.

Detalles del decreto y plazos de implementación

El documento elaborado por el equipo de Yolanda Díaz define los plazos y requisitos mínimos que las empresas deberán cumplir para proteger a los trabajadores LGTBI. Las empresas que ya cuenten con convenios colectivos tendrán tres meses desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para adaptarse. Por otro lado, aquellas que no dispongan de convenio colectivo tendrán un plazo extendido de seis meses. Las compañías con menos de 50 empleados, sin embargo, no estarán obligadas a implementar estos protocolos, aunque podrán hacerlo de manera voluntaria.

Si después de los plazos estipulados no se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, el decreto establece que deberán aplicarse medidas mínimas hasta que la negociación se resuelva. Entre estas propuestas se incluye la formación obligatoria para quienes realicen entrevistas o decidan ascensos, con el objetivo de evitar discriminaciones. También se implementarán reglamentos de prevención, detección y actuación ante casos de acoso discriminatorio, que deberán ser conocidos por toda la plantilla, incluidos mandos intermedios y directivos.

Igualdad en los procesos de selección y promoción

El decreto pone un énfasis especial en garantizar la igualdad en los procesos de selección y promoción profesional, priorizando las capacidades de los candidatos y dejando de lado su orientación sexual, identidad o expresión de género. Se presta particular atención a las personas trans, consideradas un colectivo especialmente vulnerable.

En caso de denuncia por discriminación, las empresas estarán obligadas a elaborar un informe vinculante sobre los hechos y, si se encuentran indicios de acoso, deberán abrir un expediente sancionador y tomar medidas correctivas. Además, se protegerá a la persona denunciante de posibles represalias.

Cálculo del número de empleados

El reglamento también establece cómo las empresas deberán calcular el número de trabajadores. Se tendrá en cuenta la plantilla total, independientemente del número de centros de trabajo y del tipo de contrato. Las personas con contratos temporales, fijos discontinuos o contratadas por medio de empresas de trabajo temporal se contabilizarán como cualquier otro trabajador. Igualmente, los empleados a tiempo parcial contarán como una persona trabajadora más en el cómputo total. Este recuento se realizará dos veces al año, en junio y diciembre.

Aceleración de la reglamentación tras denuncias de retraso

El Ministerio de Trabajo ha defendido la necesidad de acelerar la implementación de esta normativa, después de que sindicatos denunciaran retrasos en su despliegue. A pesar de estas críticas, fuentes del ministerio han afirmado que se ha buscado «acelerar los plazos al máximo». La ley trans, formalmente conocida como Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, fue aprobada en febrero de 2023, y el nuevo decreto desarrollado por el Ministerio de Trabajo da forma al artículo 15.1 de dicha ley.

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El que fuera el principal mandatario de Downing Street publicará este 10 de octubre su primera autobiografía, en la que abordará los entresijos que rodearon al Ejecutivo británico durante su mandato
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Imagen: La reina Isabel II de Gran Bretaña da la bienvenida al recién elegido líder del partido conservador Boris Johnson en una foto de archivo. EFE

El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson publicará este 10 de octubre su primera autobiografía, en la que abordará los entresijos que rodearon al Ejecutivo británico durante su mandato. Unleashed (Desatado), publicado por Harper Collins, es un libro que “rompe el molde del género memorialista moderno de los primeros ministros”, dice la editorial.

La autobiografía del exministro se prolonga en cerca de 800 páginas compuestas por secretos, anécdotas e historias que prometen no dejar indiferente al público y sacudir, en cierta medida, el escenario político británico. Entre sus líneas, tal y como han avanzado medios británicos, se vislumbran bromas y anécdotas que retratan la figura política que fue Johnson.

El ex mandatario británico reconoce que, para sacar adelante el Brexit, firmó un Protocolo de Irlanda en el que no creía. Un órdago basado en la convicción de que la UE miraría para otro lado y no obstaculizaría el comercio entre las dos Irlandas. Tal torpeza provocó una de las crisis más agudas entre Londres y Bruselas.

Del mismo modo que el ex primer ministro afirma ahora que se equivocó al pedir perdón por el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento. Fueron disculpas “patéticas” y “humillantes” que dieron la impresión de “que éramos más culpables de lo que realmente éramos”, dice Johnson.

Secretos de Buckingham

Pero es sin duda la revelación de que Isabel II padecía cierto tipo de cáncer de huesos durante sus últimos meses de vida, un secreto a voces que el palacio de Buckingham nunca confirmó ni desmintió, lo que revela el carácter de un personaje como Johnson. Isabel II quiso expresamente que su enfermedad desapareciera de la versión oficial, para presentar su larga edad como la única razón de la despedida.

El ex primer ministro, al incluirlo como un chascarrillo más de su libro, deja claro que, como siempre ha sido su caso, las normas que someten al resto de los mortales no le obligan nada a él.

Desveló los planes contra Países Bajos durante la pandemia

Estas revelaciones llegan pocos días después de conocer una de las cruzadas que estuvo a punto de acometer Johnson durante su mandato en Downing Street. También en sus memorias, desvela que se planteó hacer una “incursión acuática” hacia Países Bajos para robar vacunas contra el covid ante la crisis en plena pandemia.

Según su argumento, la UE habría hecho un uso “malicioso” de las dosis de AstraZeneca en 2021, motivo por el que ordenó “trabajar en lanzar una incursión acuática sobre un almacén de Leiden, Países Bajos, y llevarse lo que era legalmente suyo y que tanto necesitaba Reino Unido”.

El ‘número dos’ del Ministerio de Defensa británico, el teniente general Doug Chalmers, explicó al primer ministro que el plan era «ciertamente factible» y que se utilizarían lanchas hinchables para entrar en los canales holandeses navegables. «Se reunirían en el objetivo, entrarían, conseguirían la mercancía retenida, saldrían en un camión articulado y llegarían a los puertos del canal» de la Mancha, según Johnson.

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José Manuel Albares ha respondido en una entrevista en RTVE a las acusaciones del ministro israelí, que denunció que España es “un paraíso para sembrar el odio”
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Imagen: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores-El Periódico.com

«España es un país de tolerancia, donde uno puede por supuesto vivir en libertad y tener libertad de expresión y donde cualquier forma de incitación al odio, por supuesto el antisemitismo, no solamente son ampliamente rechazadas por toda la sociedad española, sino que también están en el Código Penal», ha reivindicado el ministro de Exteriores.

Esta respuesta se produce después de que el ministro de Exteriores israelí criticase a través de su cuenta en X que España se haya convertido en “un paraíso para sembrar el odio y alentar a la destrucción del Estado de Israel”, tras haber permitido la delegación de gobierno en Madrid la celebración del congreso de Masar Badil, una organización a la que Israel acusa de estar “vinculada con grupos terroristas”.

En declaraciones a ‘RTVE’, Albares asimismo ha recordado que «España tiene una Fiscalía y tiene unos jueces» y «si alguien considera que se han podido cometer cualquier tipo de delito de incitación al odio, de antisemitismo, puede acudir a la Fiscalía». «Para eso existen esos delitos y tenemos un plan por primera vez en nuestra historia contra el antisemitismo», ha añadido.

Este no es el primer choque diplomático entre Israel y España desde que Israel desató su cruenta ofensiva militar en la Franja de Gaza hace ahora un año: el Gobierno israelí ha llegado a acusar al presidente español, Pedro Sánchez, de “recompensar el terrorismo” y criticó duramente la decisión española de reconocer al Estado palestino.

Albares ha condenado de nuevo los ataques de Hamás

En el aniversario del ataque de Hamás, el ministro ha reiterado la condena de España a los atentados del 7 de octubre, de los que hoy se cumple un año, así como el llamado a un alto el fuego y la apuesta por la solución de los dos Estados como vía para la paz entre Israel y Palestina.

En esta línea, y coincidiendo con el primer aniversario de los ataques de Hamás, el Gobierno español ha emitido un comunicado oficial ​en el que «recuerda y reitera su más tajante condena a los atroces atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y traslada su solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas, recordando especialmente a Maya Villalobo e Iván Illaramendi, los dos ciudadanos españoles asesinados».

«Transcurrido un año, el Gobierno expresa su solidaridad con los familiares de los rehenes que aún siguen secuestrados y exige su inmediata liberación. Es necesario un alto el fuego, la liberación de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria a los civiles y el fin de la violencia», continúa la nota de Exteriores, en la que el Ejecutivo asimismo «reitera su determinación de combatir contra el antisemitismo y toda forma de odio y discriminación».

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La líder popular ha defendido los ataque y bombardeos de Israel sobre Gaza y el Líbano en un discurso por el aniversario del 7-O
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Imagen: Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado implícitamente los bombardeos de Israel en Gaza y Líbano al declarar que “no se puede pedir que acaben con Hamás o Hezbolá con flores”.

A un día de conmemorarse el primer aniversario de los atentados del 7 de octubre de 2023, en los que Hamás asesinó a más de 1.200 personas y tomó a cientos de rehenes, Ayuso ha defendido el derecho de Israel a defenderse, pese a la crisis humanitaria y los más de 42.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, desde el inicio de las ofensivas israelíes. “Nadie quiere la guerra, pero no se puede pedir que con flores acaben con Hamás”, expresó la líder madrileña en un acto en Madrid.

Defensa de Israel como modelo democrático

Durante un evento con las nuevas generaciones del Partido Popular (PP), Ayuso resaltó a Israel como un ejemplo democrático para España, a pesar de las acusaciones del fiscal del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes contra la humanidad. En su diálogo con Ignacio Dancausa, líder de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Ayuso criticó que se le pida a Israel no defenderse de ataques terroristas y advirtió que otros países mediterráneos podrían ser los próximos objetivos. “Es injusto pedirle a Israel que se deje aniquilar”, afirmó.

Además, Ayuso cuestionó cómo reaccionaría España si sufriera crímenes similares, como el secuestro y tortura de mujeres. “Eso es abrirle la puerta al mal. El mal toma la medida y decide hacer lo que quiera”, sentenció la presidenta madrileña. También subrayó que Israel enfrenta ataques diarios con misiles, y destacó la importancia de la «cúpula de hierro», un sistema defensivo que evita mayores tragedias.

Relación histórica con Israel

Ayuso ha mostrado su apoyo a Israel mucho antes de los atentados del 7 de octubre de 2023. La presidenta ha realizado viajes oficiales a Jerusalén y participa anualmente en actos conmemorativos del Holocausto. Además, este año visitó los campos de concentración de Auschwitz, donde pidió recordar las atrocidades cometidas contra millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, su respaldo no ha sido solo comunicativo, sino también institucional. El gobierno de Ayuso ha criticado a los rectores de las universidades madrileñas por sus protestas a favor de Gaza y ha calificado como “insensato” el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno de España.

Críticas a la política exterior de Pedro Sánchez

Durante el acto, Ayuso también lanzó críticas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. “Mañana es un aniversario clave, el primer año después del mayor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto”, afirmó. La presidenta madrileña advirtió que los atentados del 7 de octubre tenían como objetivo desestabilizar los esfuerzos de paz en Oriente Próximo y destruir el Estado de Israel, algo que, en su opinión, también pone en peligro a Occidente. “Somos lo mismo”, insistió, refiriéndose a los vínculos entre Israel y el mundo occidental.

Además, Ayuso elogió el funcionamiento democrático de Israel, señalando que antes de este conflicto, el país vivía un intenso debate interno por una reforma judicial. Comparó esta situación con lo que, según ella, es un deterioro institucional en España, criticando al gobierno de Sánchez por intentar colonizar el Estado de derecho sin permitir críticas. “Israel es tan democrático que incluso su ejército tiene sus discrepancias políticas internas”, concluyó.

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La Audiencia de Madrid estudiará si la acota o la archiva, mientras que el magistrado Peinado sabrá si la querella presentada en su contra prospera o no
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Imagen: Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Alejandro Martínez Véle E.M.

La causa abierta contra Begoña Gómez por tráfico de influencia y corrupción en los negocios centrará la agenda judicial madrileña de la semana con dos días y dos decisiones clave. Por un lado, la Audiencia Provincial de Madrid estudiará este martes si acota o archiva la causa, tras suspender la deliberación el 20 de septiembre (para cuando se había fijado inicialmente) por un error del juzgado del magistrado Juan Carlos Peinado.

Por otro, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha convocado una vista el martes para decidir si admite a trámite la querella por prevaricación que presentó la Abogacía del Estado contra Peinado, en nombre del jefe del Ejecutivo.

De una forma u otra, sus decisiones tendrán un impacto directo en la investigación del Juzgado de Instrucción 41 de la capital, que dirige Juan Carlos Peinado. El foco principal se centra en el tribunal provincial, que tiene sobre la mesa los recursos de la Fiscalía y de la defensa de la mujer del presidente, donde se acusa al juez Peinado de haberse construido una causa “carente de indicios”.

La defensa de Gómez reclama el fin de una investigación que considera prospectiva y universal, prohibida por la ley, aunque subsidiariamente también pide acotarla.

Muy crítico con el procedimiento que dirige el juez, el abogado recurrió la resolución en la que Peinado señaló que investiga “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”.

Aunque el juez admitió que no investigaba algunos contratos adjudicados al empresario Barrabés por la entidad pública Red.es, al estar en manos de la Fiscalía europea, la defensa de Gómez denuncia que sí que está indagando en hechos ajenos a los que indicó la Audiencia de Madrid en un auto del pasado mayo.

La Fiscalía, por su parte, solicita limitar la investigación en los términos que la Audiencia planteó en dicho auto, aunque asume que después de esta resolución “daría la impresión de que la causa se habría quedado sin hechos sobre los que indagar”.

Peinado acumula tres querellas

La primera ya fue debatida por el TSJM el pasado martes, aunque aún se desconoce su decisión; la segunda será la que centre el debate de la próxima reunión, también el martes; y respecto la tercera, presentada por Begoña Gómez, no se ha fijado fecha.

El TSJM estudia mañana la que presentó la Abogacía del Estado, en representación del jefe del Ejecutivo, al considerar que el juez Peinado prevaricó por dictar “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” y contrarias a la norma, que atendían a “convicciones propias”.

“No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada”, decía la querella, que denunciaba que Peinado no dedicó “ni una sola línea” a justificar por qué la declaración no podía ser por escrito.

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Los funcionarios podrían perder su acceso a la sanidad privada debido a las condiciones económicas que el Ejecutivo a impuesto a las aseguradoras
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Más de 2,14 millones de empleados públicos y sus familiares dependen de un acuerdo con aseguradoras de salud para acceder a servicios médicos. Muface, junto con otras dos mutualidades más pequeñas, negocia cada dos años las condiciones económicas con las compañías aseguradoras. Esta colaboración permite a los funcionarios elegir entre la atención sanitaria pública o privada, siendo la opción privada la preferida por cerca del 80% de los beneficiarios.

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p class=»MsoNormal»> El próximo 8 de octubre, el Gobierno debe aprobar las condiciones del nuevo convenio. Sin embargo, las aseguradoras consideran insuficiente la propuesta de aumento del 14% y aseguran que pierden más de 200 millones de euros anuales al prestar estos servicios.

¿Quiénes se verían afectados por esta crisis?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona los seguros de salud de 1,49 millones de empleados públicos y sus familiares. Este grupo incluye funcionarios de los ministerios de la Administración General del Estado, así como de cuerpos específicos como diplomáticos e inspectores de Hacienda. Además, algunos trabajadores públicos de comunidades autónomas, especialmente docentes, también están cubiertos por esta mutualidad.

Además, existen otras dos mutualidades relevantes: el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), que cubre a 559.000 militares y guardias civiles, y la Mutualidad General Judicial (Mugeju), con 92.000 jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. Entre las tres, gestionan la atención médica de más de dos millones de personas bajo un régimen de colaboración público-privada.

El papel clave de las aseguradoras

A pesar de que las mutualidades cuentan con plantillas reducidas de cerca de 1.000 empleados, el grueso de los servicios médicos para los funcionarios es provisto por aseguradoras privadas o por los sistemas de salud autonómicos. En el último convenio, el 78% de los funcionarios eligió atención privada, cifra que asciende al 90% en el caso de los militares.

El convenio actual, que cubre de 2022 a 2024, incluye a solo tres aseguradoras: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV. Estas compañías reciben una prima por cada persona cubierta, con un pago medio de 984 euros anuales por beneficiario. Sin embargo, según la Fundación IDIS, el coste promedio en el sistema público es de 1.608 euros por ciudadano.

¿Qué ha generado la crisis?

El problema principal radica en lo económico. Las aseguradoras afirman que el aumento propuesto por el Gobierno del 13,5% el primer año y un 0,5% el segundo es insuficiente. En el último convenio, pactado en 2021, se acordó un incremento del 10%, pero no fue suficiente para cubrir los costos, lo que ha generado pérdidas de más de 250 millones de euros para las aseguradoras en los últimos tres años.

Ante esta situación, las aseguradoras han solicitado un aumento del 33% en 2025 y otro 5% en 2026. A pesar de esta demanda, aseguran que continuarían teniendo pérdidas. La inflación, que ha alcanzado niveles no vistos en más de 30 años, ha disparado los costos de suministros hospitalarios, electricidad y salarios, lo que ha afectado directamente a los convenios de Muface, Isfas y Mugeju. Además, desde la pandemia, el uso de servicios médicos ha aumentado significativamente, lo que agrava aún más la situación para las aseguradoras.

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Irán ha reabierto su espacio aéreo después de que la Organización de la Aviación Civil iraní anunciase la suspensión de los vuelos en todos los aeropuertos por temor a un ataque israelí
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Imagen: Bandera de Irán-Huffington Post

Irán ha reabierto el espacio aéreo este domingo a las 22.00 horas, según han señalado medios estatales. «Todas las restricciones de vuelo se levantaron tras garantizar condiciones favorables y seguras», han señalado las autoridades. La decisión se toma horas después de que la Organización de la Aviación Civil iraní anunciara la suspensión de los vuelos en todos los aeropuertos del país hasta la mañana del lunes debido a «restricciones operativas» en medio de las tensiones por una posible represalia israelí a los ataques del pasado martes.

Temor a un nuevo ataque israelí

La suspensión de vuelos se había anunciado en medio de las especulaciones de una posible represalia israelí a los ataques iraníes con cerca de 200 misiles contra Israel del 1 de octubre. De hecho, medios israelíes apuntaban al inicio de esta próxima semana como la fecha fijada por el Ejército israelí para lanzar la represalia contra Irán.

El ataque de la Guardia Revolucionaria fue a su vez una represalia por los asesinatos del líder de Hizbulá, Hassan Nasralá, y un general iraní en Beirut, y del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán en julio. Israel ha asegurado que responderá, a lo que diversas autoridades políticas y militares iraníes han respondido que replicará con más fuerza, lo que supone un incremento de la tensión por la expansión de este conflicto a toda la región.

El sector petrolero es uno de los posibles objetivos por el daño económico que provocaría al país persa, según medios de Israel, aunque también apuntan a que se valora atacar zonas militarizadas. No obstante, a Israel sólo le preocupa que su ataque sea “más fuerte” que el de Irán. La acción se llevará a cabo en coordinación con Washington, señaló el portavoz oficial de las Fuerzas de Israel, Roni Kaplan, pero matizó que la última palabra la tendrán ellos. «Tenemos una alianza con Estados Unidos basada en intereses comunes. Escuchamos profundamente a nuestros amigos americanos, pero al fin y al cabo somos soberanos en este lugar».

Los bombardeos no cesan

Los bombardeos continúan sobre el Líbano, donde al menos 23 personas murieron y otras 93 resultaron heridas a lo largo del sábado en ataques israelíes, según informó este domingo el Ministerio de Salud Pública.

También en Líbano, Israel ha bombardeado una mezquita cercana al hospital Salah Ghandour en Bint Jbeil, una localidad situada a unos cinco kilómetros de la frontera sur. Según el Ejército israelí, esta mezquita albergaba un centro de mando del grupo chií Hizbulá, desde el cual se planeaban ataques contra las fuerzas israelíes.

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La presidenta de México actúa como si todos los problemas de su país fuesen heredados de hace más de 500, cuando Hernán Cortés llegó a sus costas
The post Carta a Claudia Sheinbaum first appeared on Hércules.  Excelentísima Doctora Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: ¡Es VE una cansina! Que lo sepa. De tomo y lomo. De verdad, hágaselo mirar porque parece que todos los problemas del país del que ha tomado posesión, están imbricados en que hace más de 500 años, un tal Hernán Cortés, como si de una peli mala de Marvel fuera, llegó con el Arcabuz del Destino y, tras robar las joyas de la corona del tlaotani Moctezuma Xocoyotzin, chasqueó el gatillo para con un solo disparo, genocidiar a todos los mexicanos y mexicanas (así les llama Vd. a quienes vivían en ese pequeño territorio, apenas una décima parte de lo que fue la Nueva España, donde supongo que ya ondeaban la tricolor de esa república nacida en 1821), y hacerles desaparecer en una multimatanza orquestada por un ejército de belfegores, amoneos, leviatanes, belcebús, y satanases, todos cubiertos por morriones de donde salían cuernos flamígeros, montados a lomos de monturas infernales con ojos en llamas, colmillos de sable y aliento de muerte, que ondeaban la bandera bicolor de España entre estentóreas carcajadas, mientras ancianos y mujeres eran pisoteados por las bestias luciferinas, cuando dejaban de masticar la carne de niños arrancados a sus madres de sus pechos, tras forzarlas hasta quebrarlas.

Dice VE que va a seguir insistiendo en la petición de perdón por aquel aquelarre español y mucho español ocurrido entonces, con esa cara lánguida y mohína, como de haberlo vivido en carne propia, cual descendiente directa de una mexica de aquellas generaciones ancestrales que emigraron desde Aztlán hasta encontrar ese lugar que llamaron Tenochtitlán, donde los quetzales revoloteaban juguetones, los jóvenes iban a instruirse en colegios en materias nunca vistas y conocidas en el viejo continente a levante (¡panda de ignorantes, que ni la más elemental higiene conocían!), mientras que los hombres recolectaban, cuidadosos con la madre tierra y agradeciendo al padre sol, acabando la jornada jugando a la pelota entre inocentes risas que retumbaban en ese paraíso primigenio que eran las lindes del bondadoso imperio azteca. Donde otros pueblos iban gustosos a ofrecerles su cariño y hasta sus corazones palpitantes con amor y alegría, cantando floridas canciones de alabanza al hermoso y bondadoso Huitzilopochtli.

Es una exigencia que, bien es cierto, no le ha hecho a la representante de los Estados Unidos de América, la mujer del presidente Biden, pues sólo estamos hablando de que les hurtarían lo que hoy son los actuales Estados de California, Arizona, Nuevo México, casi todo Texas, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Vamos, que serían casi el doble de grande, y ricos como Cresos pues todo el famoso petróleo sería suyo, por no hablar del oro californiano. Pero no. Eso no les importa. Les importa una cantidad de oro que fue la equivalente en 150 años a lo que sólo en 5 ha sacado su antecesor, el también Excelentísimo Cansino López Obrador. Pero no se apure, que ha podido contar con el apoyo de la eurodiputada y ex ministra del Reino de España, la hipermegafeminista Irene Montero que, tras hacerse una foto junto al mural de uno de los cabestros machistas puramente mexicano, como fue el maltratador Diego Rivera, seguro que le dijo que lo de las más de 3.000 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas al año, tampoco es para tanto, porque donde el heteropatriarcado es ley es en esta España tan malvada y vengativa que se niega a pedir perdón a un país que no existía sobre unos derechos humanos que no eran tenidos por tales, pues tampoco hubo nada que se pudiera llamar así hasta que los fascistas de la Escuela de Salamanca, los meapilas de los Suárez, Vitoria, Soto, y demás, les diera por hablar de ello. ¡Qué más da! España tiene que pedir perdón a un país cuyas víctimas por el narcotráfico se cuentan por centenares de miles. Donde más de 21 millones de personas sufrieron un delito al año, en un país donde la inseguridad puede incluso vestir de uniforme, pues la impunidad es del 98.8%. ¡Vaya justicia, oiga!

Pero seguro que todo esto se arreglaba en un plis-plás en cuanto Felipe VI, rey de España, su Jefe del Estado, y al que han decidido no invitar por no pedir perdón por lo que hizo el odiado extremeño, el auténtico Malinche, en nombre de Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio Germánico, el Destructor de Mundos y padre encima de Darth Felipe II Vader, el archivillano de todos los tiempos donde su mal no era suficiente por todo el orbe, hubiera pedido perdón. La verdad es que qué oportunidad perdida. No de pedir ese perdón. Sino de haber hecho el ridículo con esa petición. Y lo que es peor. Seguir empecinada en ello. Ande a gobernar y deje de buscar culpas en siglos pretéritos, ¡que bastante trabajo tiene, so cansina! Y que la Virgen de Guadalupe le guíe. Porque si no me temo que el Dios de la lluvia volverá a llover sobre México…

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Se trata de la modificación de la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea
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Imagen: Félix Bolaños, en una reunión con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. (EFE/Rodrigo Jiménez)

El Gobierno ha aprobado una reforma judicial sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, que conlleva una reducción de penas de cárcel para 41 presos de ETA, en algunos casos, y su liberación inmediata. El Congreso de los Diputados aprobó esta reforma judicial en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y ahora espera su refrenado definitivo por el Senado.

Así lo ha adelantado El Confidencial, que señala que se trata de la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Una modificación de que ha pasado totalmente desapercibida, incluso para los partidos, ya que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, es decir, no hubo ningún diputado que votó en contra.

La reforma beneficiará a Txapote

Esta reforma, pactada con Bildu, beneficiará principalmente a los etarras que cumplieron condenas en Francia, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, cuya pena de prisión se reducirá en seis años, lo que le permitirá salir de la cárcel en los próximos meses. Según cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en total se perdonarán aproximadamente 400 años de cárcel.

Es importante señalar que, anteriormente, el Gobierno se comprometió con la AVT a no tomar ninguna medida que beneficiara a los presos etarras mediante esta ley. Además, el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez aseguró que «no se están reduciendo las condenas» y que los etarras cumplirán sus penas «íntegramente».

Abogados de los etarras y Bildu demandan esta reforma desde 2015

Esta reivindicación que hacen los presos etarras viene de lejos. Tanto los abogados de los presos etarras como Bildu demandan desde 2015 la modificación de esta ley. No obstante, en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló que España no descontara los años de cárcel cumplidos en Francia a los etarras. De esta manera, el 2022, la AVT protestó por la medida que preparaba el Gobierno de Sánchez y aseguró que “supone una nueva humillación para las víctimas del terrorismo”, puesto que se basa en un “fraude de ley” de lo dictado en la materia por el TEDH.

Según señala el ya citado diario, la modificación que ha colado el Gobierno viene de tramitarse una ley orgánica con efectos en el Código Penal por la vía de urgencia. Así, señala que fue durante su paso por la Comisión de Justicia cuando se introdujeron los cambios necesarios para permitir reducir la condena a estos presos etarras. El Confidencial señala que fue durante el debate de la ponencia cuando se modificó el artículo 14.1 de la ley, con efecto directo en el cómputo de las penas, y quedó aprobado el 10 de septiembre.

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