Categoría: ESPAÑA

Madrid acoge por primera vez una reunión de transporte de este nivel, con el objetivo de seguir presionando a Francia para conexiones transfronterizas
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^{AVE I Europa Press}

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del comisionado del Corredor Atlántico, celebra este martes y miércoles una cumbre europea de alta velocidad, en la que España mostrará su liderazgo en el sector ferroviario, tras construir la mayor red de alta velocidad de Europa y al coste más bajo.

A la cita en Madrid acudirán los representantes de los nueve principales corredores europeos y las delegaciones de más de veinte países, así como de las empresas públicas españolas que han participado en el desarrollo de esta red, como Adif, Renfe o Ineco, bajo una jornada enfocada a la reducción de los costes de construcción de la alta velocidad.

Según informa Europa Press, esta jornada es un evento histórico para el transporte español. Se trata de la primera vez que una reunión de todos los corredores europeos tiene lugar fuera de Bruselas. España aprovechará la oportunidad para seguir presionando a Francia a concluir las conexiones en la frontera con España, según aseguran a Europa Press en fuentes próximas al evento.

Precisamente, el país vecino retrasó a 2042 esas conexiones frente a los plazos dados por la Unión Europea de 2030, aunque los nuevos ministros del ramo en Francia (ha habido tres en un año y medio) se han mostrado más abiertos a reducir nuevamente los plazos, algo en lo que el Gobierno español aún confía, no para 2030 pero quizá sí en que Francia tenga listo el Irún-Hendaya para 2035, lo que acercaría la posibilidad de ir en alta velocidad de Madrid a París (ahora se pasa por Barcelona).

Eficiencia de la red española

“España ha conseguido desarrollar la red de alta velocidad más extensa de la UE con el coste medio de construcción más bajo. Y lo ha hecho con parámetros de diseño y calidad muy elevados, a la vanguardia del sector, en tiempos relativamente rápidos y sin grandes desviaciones de presupuesto”, con esta premisa ha organizado la Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico español este evento para la Comisión Europea.

En concreto, el coste medio de construcción en España es de solo 17,7 millones de euros el kilómetro, comparado con los 45,5 millones de media en el mundo, según un informe de Ineco, que destaca los “altos estándares” de la red española, con velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, vía doble y plataforma nueva.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que defiende este ‘poderío’ español en el sector como “el mejor momento de la historia del tren en España” y que iba a ser anfitrión del evento, no podrá asistir finalmente tras haber sido padre por tercera vez recientemente a sus 56 años.

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De acuerdo al gestor aeroportuario, los 30 millones de euros mencionados corresponden a datos contables reflejados en las cuentas anuales de la compañía
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Europa Press

El gestor aeroportuario AENA ha desmentido este martes haber condonado o exonerado deuda alguna a Air Europa o a empresas vinculadas a su grupo. La compañía ha salido al paso de una información publicada por el medio Vozpópuli, que sostiene que la aerolínea mantenía una deuda de 30 millones de euros con Aena en el momento en que el presidente del organismo, Maurici Lucena, habría mediado en el proceso de rescate público de la compañía.

A través de un comunicado, Aena ha afirmado de forma categórica que “no ha condonado ni exonerado ninguna tasa ni otro tipo de deuda a Air Europa ni a ninguna empresa de su grupo”. Además, niega que el presidente Lucena sea el autor del mensaje de WhatsApp al que hace alusión la noticia, desmintiendo así su supuesta implicación directa en la operación de rescate.

Los 30 millones, cifras contables habituales

La entidad pública también ha explicado que la cifra de 30 millones de euros mencionada en la información corresponde a datos contables reflejados habitualmente en las cuentas anuales de la compañía. Según detallan, este importe forma parte del activo circulante y responde a la relación comercial habitual con clientes por servicios prestados en los aeropuertos. Añaden que este tipo de partidas no implica impagos, ya que las facturas suelen abonarse dentro de un plazo aproximado de 30 días.

Una única reunión con Globalia en 2020

Aena también ha querido aclarar el contexto de la única reunión mantenida con representantes de Air Europa, recogida ya en un comunicado emitido en diciembre de 2024. Según explicó entonces la empresa, el encuentro tuvo lugar el 29 de noviembre de 2020 en la sede de Aena, tras ser solicitado por Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa. A la reunión acudieron también el director jurídico del grupo y Víctor de Aldama, quien fue presentado como consejero delegado de Globalia.

La compañía aclara que, contrariamente a lo que sugieren algunas informaciones, no hubo ningún encuentro con Javier Hidalgo y que en aquella reunión únicamente se trató una solicitud de Air Europa para una quita parcial de la deuda relacionada con las tarifas aeroportuarias.

Aena afirma que dicha petición fue rechazada de manera rotunda por parte de la dirección del organismo y subraya que, a fecha de 16 de diciembre de 2024, Air Europa estaba al día con todas sus obligaciones financieras con Aena.

Respuesta a insinuaciones de trato de favor

Con este comunicado, el gestor aeroportuario intenta disipar cualquier sospecha de trato de favor hacia Air Europa en el marco del rescate que recibió la aerolínea, en una operación coordinada por el Estado para sostener empresas estratégicas durante la pandemia. Aena insiste en que su relación con la aerolínea ha seguido los cauces comerciales ordinarios y que no ha existido ninguna excepción ni trato privilegiado.

La empresa concluye reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus actuaciones, en un contexto en el que crece el escrutinio público y político sobre las decisiones adoptadas en el marco del rescate a compañías estratégicas.

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Según datos oficiales, durante el año 2024 se registraron más de 80.300 delitos en las Islas Baleares, lo que supone un incremento del 2,4 %
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Fuente: Guardia Civil

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Instituto Armado, ha expresado su firme rechazo a la reciente propuesta impulsada por Sumar, formación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que exige que la atención al ciudadano en las Islas Baleares se realice en catalán. Desde JUCIL se advierte que esta medida antepone criterios lingüísticos a las necesidades de seguridad pública, comprometiendo gravemente la operatividad de la Benemérita en el archipiélago.

En un comunicado oficial, JUCIL ha recordado que los agentes destinados actualmente en las islas ya cumplen con los requisitos establecidos por la Dirección General de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, para ocupar puestos en dicha comunidad. La asociación considera que esta nueva exigencia, que contempla incluso sanciones por no atender en lengua cooficial, con posibles suspensiones de empleo de hasta seis años, representa una amenaza directa para la estabilidad y eficacia del cuerpo en Baleares.

Uno de los aspectos más preocupantes, según JUCIL, es el impacto que esta imposición tendría sobre el número de efectivos disponibles en la región. La perspectiva de sanciones disciplinarias podría disuadir a muchos agentes de solicitar destino en las islas e incluso empujar a los ya destinados a solicitar traslado. Esta situación, denuncian, se suma a una ya de por sí preocupante falta de personal que afecta a todas las islas, especialmente en puntos estratégicos como el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, uno de los de mayor tráfico de pasajeros en el país durante la temporada estival.

Durante el año 2024 se registraron más de 80.300 delitos en las Islas Baleares

La asociación destaca que actualmente existen 376 vacantes solo en la escala básica de la Guardia Civil en Baleares: 241 en Mallorca, 90 en Ibiza, 43 en Menorca y 24 en Formentera. Estas cifras no incluyen las vacantes en los niveles de mando, lo que agrava aún más el déficit estructural. Además, el elevado coste de vida en las islas y la escasa compensación salarial hacen que Baleares no sea un destino atractivo para muchos agentes.

JUCIL también ha vinculado esta situación con el aumento de los índices de criminalidad en la comunidad autónoma. Según datos oficiales, durante el año 2024 se registraron más de 80.300 delitos en las Islas Baleares, lo que supone un incremento del 2,4 % respecto al año anterior, mientras que la media nacional registró una leve bajada del 0,3 %. La asociación considera que estas cifras reflejan con claridad la necesidad urgente de reforzar la presencia de efectivos en la región, en lugar de imponer obstáculos burocráticos y lingüísticos que dificulten aún más la labor de seguridad pública.

En palabras de JUCIL, “esta decisión supondría una amenaza y un paso más hacia la futura desaparición de la Guardia Civil en Baleares”, al dificultar la realización de funciones esenciales como la vigilancia de costas, fronteras y aeropuertos, el control del tráfico o la protección de infraestructuras públicas. La asociación concluye su comunicado solicitando al Gobierno central que priorice la seguridad ciudadana por encima de consideraciones políticas o ideológicas, garantizando una dotación adecuada de recursos humanos y materiales para una comunidad que, por su carácter insular y turístico, requiere una atención especial en materia de seguridad.

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El volumen total estimado de vertido es de 77.760 metros cúbicos anuales, con un caudal medio diario de 213 m³/día y un caudal máximo horario de 17,80 m³/h
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Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Fuente: Europa Press

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha hecho público, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE-B-2025-18030), el anuncio de solicitud de autorización de vertido de aguas residuales al cauce del río Moscas, promovido por la Diputación Provincial de Cuenca.

Este vertido está vinculado al Plan de Singular Interés “Economía Circular – Los Palancares”, desarrollado en el término municipal de Cuenca.

El proyecto contempla el tratamiento y vertido de aguas residuales generadas principalmente por actividades industriales, con un 29 % del caudal de origen no doméstico, relacionadas con la fabricación de chapas y tableros de madera (CNAE 16.21).

El volumen total estimado de vertido es de 77.760 metros cúbicos anuales, con un caudal medio diario de 213 m³/día y un caudal máximo horario de 17,80 m³/h. El sistema está dimensionado para un equivalente poblacional de 1.775 personas y dará servicio a una plantilla aproximada de 600 trabajadores.

El tratamiento del agua contempla varias fases, entre ellas el desbaste de sólidos, un pretratamiento compacto, tratamiento biológico con eliminación de nitrógeno y fósforo, decantación secundaria y un sistema de salida al cauce. Asimismo, se incluye una línea específica de tratamiento de fangos y otra para gestionar las aguas pluviales, mediante un tanque de tormentas con capacidad de 200 m³.

El vertido está previsto que se realice en la rambla del río Moscas, una masa de agua con consideración tanto superficial como subterránea. Según los informes disponibles, el estado de la masa subterránea se considera bueno, mientras que la masa superficial no alcanza dicho nivel debido a indicadores biológicos e hidromorfológicos desfavorables.

No obstante, se aclara que el punto de vertido no se ubica dentro de ninguna zona protegida ni dentro de los 500 metros de perímetro de protección establecidos en el Real Decreto 35/2023.

Conforme a lo dispuesto en la normativa del dominio público hidráulico, se abre ahora un periodo de información pública de 30 días, durante el cual cualquier persona interesada podrá presentar alegaciones o consultar el expediente.

El mal estado de las aguas del embalse de Bellús se debe a su elevada eutrofización

La documentación puede revisarse en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Avenida Blasco Ibáñez, 48 – Valencia) o mediante los canales legalmente habilitados para registros administrativos.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., celebró el pasado martes una reunión interna para coordinar y compartir las conclusiones de los trabajos que se están llevando a cabo en el embalse de Bellús con el objetivo de mejorar la calidad de sus aguas. Además, el Organismo aprovechó la jornada para presentar las líneas básicas del proyecto de restauración integral del embalse, un cinturón verde de 24 km2 de extensión que funcionará como filtro ecológico y que pretende convertirse en un atractivo turístico para la zona. 

El mal estado de las aguas del embalse de Bellús se debe a su elevada eutrofización, ya que se trata de una masa de agua que cuenta con una abundancia anormalmente alta de nutrientes.

Las causas que han provocado esta situación son varias y entre ellas destacan la importante carga de contaminantes que llegan al embalse a través de las escorrentías, aportando  nitratos y fosfatos que provocan unas condiciones óptimas para que prospere  la biomasa piscícola presente en el embalse, actualmente en torno a 45  toneladas, cuando lo normal serían tres o cuatro. 

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Afirma que el Gobierno de Sánchez «no demoniza» la energía nuclear y que no ha cerrado ninguna central, mientras que el PP cerró dos
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^{Aagesen I Europa Press}

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha informado este martes de que las compañías eléctricas responsables de la central nuclear de Almaraz han establecido un plazo de dos semanas para tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

Según revela el diario Expansión, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten la propiedad de esta instalación, han pospuesto la reunión clave prevista para hoy y planean celebrarla a comienzos de junio, aunque aún no se ha concretado la fecha exacta.

La planta de Almaraz cuenta con dos reactores, y el primero de ellos, Almaraz I, será el próximo en cesar su actividad. De acuerdo con el calendario pactado en 2019 entre las empresas propietarias y el Gobierno, este reactor debe cerrar en noviembre de 2027, siendo el primero de los siete todavía activos en España que se desconectará.

Durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Aagesen ha recalcado que “el cierre de las nucleares es una decisión empresarial”, destacando que hoy mismo las compañías han anunciado que volverán a reunirse en 15 días para tomar una decisión final.

El Gobierno, abierto a propuestas

La ministra ha dejado claro que el Ejecutivo no está en contra de la energía nuclear. De hecho, ha recordado que bajo el mandato de Pedro Sánchez se ha ampliado la vida útil del parque nuclear en un promedio de casi seis años. “Este Gobierno no ha clausurado ninguna central nuclear; los únicos cierres los hizo el PP“, puntualizó.

Además, ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a estudiar cualquier propuesta de las compañías energéticas orientada a extender el funcionamiento de las centrales, siempre que no implique costes adicionales para los consumidores y que se garantice la seguridad total en su operación.

“La seguridad es el principio fundamental, y para ello está el Consejo de Seguridad Nuclear”, concluyó la vicepresidenta.

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El presidente lo ha solicitado a través de una misiva a la que ha tenido Europa Press, donde ha subrayado que se pone en contacto con el regidor
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Europa Press

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una reunión “con carácter de urgencia” con el fin de resolver “el grave y delicado problema de las personas sin hogar“ que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Lo ha solicitado a través de una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde ha subrayado que se pone en contacto con el regidor “conforme a las obligaciones legales que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad impone al Ayuntamiento de Madrid” que dirige y haciendo hincapié en que las terminales y los espacios públicos del aeropuerto “pertenecen íntegramente al municipio de Madrid” del cual Almeida es alcalde.

“Dada su condición de Abogado del Estado y sus sólidos conocimientos jurídicos, usted sabe perfectamente que la obligación legal de atención social primaria en todo el municipio de Madrid corresponde inequívocamente al Ayuntamiento de Madrid”, ha subrayado Lucena.

Así, ha sostenido que, “a diferencia de la diligente gestión de las instituciones públicas catalanas de un problema análogo en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en los pasados meses, es verdaderamente lamentable que la principal infraestructura de transportes de España y puerta de entrada da Madrid esté siendo desatendida espuriamente” por el Gobierno municipal, a pesar de que en el Consistorio “son conocedores de la existencia del problema desde hace muchos meses”.

El presidente de AENA ha solicitado una solución adecuada a este colectivo vulnerable

Tras estas palabras, el presidente de Aena le ha solicitado “cordialmente que deje a un lado la estéril guerra de declaraciones en la que entusiastamente se ha embarcado (que a nada provechoso conduce) y, con la colaboración de Aena, busque una solución adecuada y digna al colectivo vulnerable de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Madrid“.

En este punto, ha indicado que se pondrán en contacto con la Secretaría del alcalde este mismo martes para “coordinar el encuentro solicitado”, al que, según ha remarcado, “deberían dar la máxima prioridad”.

Esta carta llega un día después de que Almeida haya acusado a Lucena de actuar “más como diputado del PSC que como gestor de una empresa que tiene una responsabilidad” y haya enviado un requerimiento a los ministerios del Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que atiendan a los solicitantes de asilo que se encuentran en recursos municipales antes de ir a los tribunales.

“Son personas, merecen un respeto, merecen un plan de acción social conjunto de las administraciones, liderado por Aena, liderado por el Gobierno de España, como no puede ser de otra manera, que es lo que pasó en el aeropuerto del Prat”, reclamó el alcalde.

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Esta medida del Gobierno publicada en el BOE afecta tanto a los usuarios finales como a las empresas distribuidoras que reciben el producto a granel
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Un empleado llena un depósito en una gasolinera de Barcelona. Fuente: El periódico

La Dirección General de Política Energética y Minas ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 120, resolución BOE-A-2025-9810) los nuevos precios de aplicación para los suministros de gases licuados del petróleo (GLP) por canalización, que entrarán en vigor a partir de las 00:00 horas del 20 de mayo de 2025.

Esta medida afecta tanto a los usuarios finales como a las empresas distribuidoras que reciben el producto a granel.

Para los consumidores domésticos y comerciales que reciben GLP por canalización, se fija un término fijo mensual de 1,59 euros y un término variable de 80,8606 céntimos de euro por kilogramo. Por su parte, las empresas distribuidoras que reciben el suministro a granel deberán abonar 66,0368 céntimos de euro por kilogramo.

Estos precios se establecen antes de impuestos, por lo que deberán añadirse los tributos correspondientes según la ubicación geográfica del suministro. En la Península y Baleares se aplicará el Impuesto sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En el Archipiélago Canario se incluirá el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo y el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se añadirán los gravámenes específicos sobre producción, servicios, importación y carburantes.

El precio no ha logrado recuperar la EMA de 50 ($3.370)

Los precios han sido calculados considerando una cotización internacional del propano y butano de 480,00 y 480,80 dólares por tonelada métrica respectivamente, unos costes de flete de 16,80 dólares por tonelada y un tipo de cambio medio mensual dólar/euro de 1,121395.

Asimismo, la resolución establece que estos precios serán aplicables a todos los suministros que no se hayan ejecutado o que se encuentren en proceso de ejecución a las cero horas del día 20 de mayo de 2025, independientemente de la fecha en que se hubiesen cursado los pedidos.

En cuanto a la facturación, se establece un mecanismo de prorrateo proporcional del consumo para los periodos que incluyan el 20 de mayo, de modo que se apliquen correctamente los precios vigentes antes y después de esa fecha. Las empresas distribuidoras deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta asignación de consumos y aplicación de tarifas conforme a la normativa.

Actualmente, el gas natural está bajo evidente presión vendedora, cotizando a $3.241 y moviéndose bruscamente dentro de un canal descendente desde el 13 de mayo. El precio no ha logrado recuperar la EMA de 50 ($3.370), la cual ahora desciende y refuerza el impulso bajista.

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La organización deberá reducir su estructura en un 25% con un déficit salarias que se estima en 500 millones de dólares
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump I AP Photo}

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfrenta una crisis financiera sin precedentes, que ha llevado a una reestructuración significativa y a una reducción de sus operaciones en todo el mundo. La salida de Estados Unidos del organismo y la consiguiente pérdida de financiación han dejado un déficit presupuestario estimado en 600 millones de dólares para el bienio 2026-2027.

Reorganización estructural y recortes de personal

En respuesta a la crisis financiera, la OMS ha anunciado una reestructuración que incluye la reducción de su equipo directivo y la consolidación de departamentos. El número de departamentos se reducirá de 76 a 34, y el equipo de liderazgo superior en la sede de Ginebra se reducirá de 12 a 7 miembros. Estas medidas buscan reducir los costos operativos y adaptarse a la nueva realidad financiera de la organización.

Impacto global en los servicios de salud

Los recortes financieros han tenido un impacto significativo en los servicios de salud a nivel mundial. Según la OMS, casi tres cuartas partes de sus oficinas en más de 100 países han reportado interrupciones en los servicios de salud, y una cuarta parte ha informado del cierre de centros de salud. Además, se han registrado despidos de personal sanitario y aumentos en los pagos directos por parte de los pacientes.

Llamada a la acción y nuevas estrategias de financiación

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a los países miembros a aumentar sus contribuciones para garantizar la continuidad de los programas de salud esenciales. En la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miembros aprobaron un aumento del 20% en las contribuciones señaladas para el periodo 2024-2025. Además, ha lanzado una ronda de inversiones que ha recaudado 641.000 millones de euros para financiar su estrategia para el periodo 2025-2029.

La organización también está apoyando a los países para que logren una mayor autosuficiencia y reduzcan su dependencia de la ayuda externa. Países como Sudáfrica, Nigeria, Kenia y Ghana han tomado medidas para aumentar su financiación nacional en salud y mitigar el impacto de los recortes.

Presupuesto de la OMS en su ejercicio actual

El presupuesto aprobado por la Organización Mundial de la Salud para el bienio 2024-2025 asciende a 6.830 millones de dólares, lo que representa un aumento del 11% respecto al periodo anterior.

Sin embargo, la organización ha presentado un déficit proyectado de 600 millones de dólares y una reducción anticipada del 21% en la financiación para los próximos dos años, lo que disminuiría su presupuesto bienal a 4.200 millones de dólares

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El artista madrileño ha estrenado en Madrid su gira «Hola y Adiós» con la que se despedirá de los escenarios
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^{Sabina I Europa Press}

“Buenas noches, gracias por venir. Por fin en Madrid. Ya sabéis que esta es mi última gira, pero por suerte me quedan algunos conciertos más en Madrid. La ciudad, no donde nací, pero sí donde elegí vivir y a la que le debo absolutamente todo lo que soy, incluidas mis canciones. Muchas gracias”, ha dicho el artista tras comenzar cantando ‘Yo me bajo en Atocha’.

Poco más tarde, según fuentes de Europa Press, se ha proyectado en las pantallas del escenario el vídeo de una de sus últimas canciones, ‘Un último vals’ —dirigido por Fernando León de Aranoa— en el que le acompañan viejos amigos como Joan Manuel Serrat, Leiva, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, Ariel Rot, José Tomás, Luis García Montero, Juan Gabriel Vásquez, Alejo Stivel o Jorge Drexler.

El renombrado Movistar Arena ha registrado una asistencia de 12.000 personas, colgando el cartel de “sold out”. A sus 76 años, Sabina ha brindado al público, durante algo más de dos horas, la oportunidad de despedir una selección de canciones que ya son clásicos en la trayectoria del artista como

‘19 días y 500 noches’ —que ha puesto en pie al Movistar Arena—, ‘¿Quién me ha robado el mes de abril?’ o ‘Por el bulevar de los sueños rotos’.

Tras el rugido y aplauso inicial, el artista ha llenado el escenario —sobrio y con detalles el rojo en el que se leía su nombre— con ‘Lágrimas de mármol’, ‘Lo niego todo’, ‘Mentiras piadosas’, ‘Ahora que…’ y ‘Calle Melancolía’, que han animado a un público que ha estado muy presente desde el inicio.

Aunque el artista ha estado sentado todo el concierto —y se ha ausentado en dos ocasiones varios minutos mientras su orquesta cantaba— ha llenado el escenario con su voz, mostrándose carismático, sonriente y asegurando que estaba acompañado de “demasiada gente” que quiere y conoce.

Precisamente, ha dedicado ‘¿Quién me ha robado el mes de abril?’ al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y al escritor Benjamín Prado, mientras que ‘Calle Melancolía’ se la ha dirigido a, entre otras mujeres, la periodista Mónica Carrillo.

En la última parte del concierto ha sido el turno de himnos como ‘Y sin embargo te quiero’, ‘Noches de boda’, ‘Y nos dieron las diez’ o ‘Contigo’, tras los que el público pedía “otra” canción a gritos. El intérprete ha concluido con la rockera ‘Princesa’, despidiéndose entre aplausos de los asistentes que le han respondido con saltos y los brazos en alto coreando cada verso.

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Algunas autonomías aún no han cumplido con el requerimiento y han anunciado que lo harán a última hora, mientras que otras, como Aragón, mantienen una posición distinta.
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Europa Press

Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta este martes, 20 de mayo, para remitir al Gobierno central los datos actualizados sobre el número de menores migrantes no acompañados que atienden actualmente en sus territorios. Esta información ha sido solicitada por el Ministerio de Juventud e Infancia con el objetivo de calcular la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida autonómicos y avanzar en la aplicación del Plan de respuesta solidaria frente a situaciones migratorias extraordinarias que afectan a la infancia y la adolescencia.

Según ha informado Europa Press, algunas autonomías aún no han cumplido con el requerimiento y han anunciado que lo harán a última hora, mientras que otras, como Aragón, mantienen una posición distinta. La consejera de Bienestar Social y Familia de esta comunidad, Carmen Susín, ha afirmado que los datos están listos, pero que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien determine si deben entregarlos o no, a raíz del recurso presentado por su Gobierno solicitando la suspensión cautelar del requerimiento.

En declaraciones a los medios, Susín ha insistido en que el Ejecutivo aragonés “no es un Gobierno insumiso”, y que respetará las leyes y las resoluciones judiciales. En cuanto al plazo para remitir la información, ha recalcado que este “acabará” cuando lo disponga el TSJM, y no antes.

Conflicto de competencias entre el Estado y Aragón

El conflicto ha escalado hasta el punto de que el Gobierno central ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional. La pasada semana, el Consejo de Ministros acordó presentar un conflicto positivo de competencias contra la Administración de Aragón, argumentando que su negativa a colaborar vulnera el deber de cooperación institucional, tal como establece el real decreto-ley que regula las medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia en contextos migratorios excepcionales.

El Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, ya había solicitado esta información a las autonomías en marzo. Sin embargo, pasados diez días, algunas regiones, como Aragón, no facilitaron ningún dato, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, remitieron cifras de forma parcial o desestructurada. Esto motivó a la ministra a reiterar su solicitud tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado 5 de mayo.

Tensión política en torno al reparto y acogida de menores

La Conferencia Sectorial estuvo marcada por las críticas de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que calificaron los criterios del Gobierno central como “arbitrarios” y “forzosos”. Según Rego, durante la reunión no se presentaron propuestas constructivas por parte del PP, lo que bloqueó la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos.

“La reunión se centró en el bloqueo. No hubo aportaciones de ningún tipo por parte del Partido Popular. Lamentablemente, no pudimos abordar en profundidad el problema principal, que es la crisis humanitaria que se vive en Canarias y Ceuta”, lamentó la ministra al término del encuentro.

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