El PP impulsa desde el Senado una batería legislativa para prohibir homenajes a etarras y vetar en las listas electorales a condenados por terrorismo no arrepentidos, medidas previamente rechazadas en el Congreso. La reforma incluye cambios en el Código Penal, la ley electoral y otras normativas clave
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Con su mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular pondrá en marcha este martes en el Pleno varias proposiciones de ley destinadas a endurecer el marco legal contra los homenajes públicos a etarras —conocidos como ongi etorri— y a impedir que condenados por terrorismo no arrepentidos figuren en candidaturas electorales. Esta iniciativa llega después de que EH Bildu incluyera en sus listas para las elecciones municipales de 2023 a personas con condenas vinculadas a ETA.
El objetivo del PP es enviar al Congreso medidas que han sido previamente rechazadas por el PSOE y sus socios en la Cámara Baja, donde los populares no cuentan con mayoría.
Para vetar los ongi etorri, el PP propone reformar varias leyes orgánicas, como el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), la Ley Penitenciaria y la que regula el derecho de reunión. Según el borrador, se pretende evitar que “se cause una nueva victimización a través de actos públicos que humillen o perjudiquen la imagen de las víctimas del terrorismo”.
La propuesta también incluye el endurecimiento de las sanciones para quienes convoquen o celebren actos de homenaje que puedan constituir una forma de ensalzamiento del terrorismo o una humillación para sus víctimas.
En cuanto a los beneficios penitenciarios, el PP quiere que se impongan requisitos más estrictos: el condenado deberá demostrar de forma fehaciente que reniega de sus actos, muestra arrepentimiento, ha abandonado toda intención de reincidir y colabora activamente en la resolución de crímenes pendientes o en la prevención de otros similares.
Además, se exigiría que los reclusos salden la responsabilidad civil derivada de sus delitos, pidan perdón a las víctimas y colaboren con la justicia de forma activa.
Respecto a la participación electoral de personas condenadas por terrorismo, el PP advierte de un incremento en su presencia en las listas durante la última década. Cita, como ejemplo, que “casi una decena de candidatos condenados por crímenes especialmente graves” fueron incluidos por EH Bildu en comicios municipales y autonómicos en el País Vasco y Navarra.
Este fenómeno, sostiene el PP, “ha generado un profundo rechazo social” y exige nuevas herramientas legales para evitar que se repita. Por ello, proponen modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para evitar que personas sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia puedan formar parte de instituciones públicas.
La iniciativa quiere obligar al Gobierno a revisar todas las candidaturas tras su publicación en los boletines oficiales para comprobar si alguno de los candidatos incurre en causas de inelegibilidad.
Entre estas causas, el PP plantea incluir a quienes, habiendo sido condenados por delitos de terrorismo, no acrediten documentalmente su arrepentimiento, su rechazo a la violencia, su solicitud de perdón a las víctimas y su disposición real a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los atentados aún sin resolver.
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