Entrevistamos a David Allen, autor de Organízate con eficacia: El arte de la productividad sin estrés (Empresa Activa), maestro de la productividad y creador del método «Getting Things Done».
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La diseñadora ha recibido las felicitaciones públicas tanto de sus hijos como de Pablo de Grecia y ha vivido una noche muy emocionante en uno de los lugares más impresionantes de Atenas.
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PP, Vox, Junts y UPN rechazan con 178 votos la admisión a trámite del texto presentado por Sumar, EH Bildu, Podemos y el BNG en nombre de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que logra 172 apoyos
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Imagen: Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG registran junto al Sindicato de Inquilinas de Cataluña una proposición de ley para regular los alquileres de temporada. Europa Press/EH Bildu
El Congreso ha rechazado este martes la admisión a trámite de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y recortar su duración a los seis meses. Se trata de un texto promovido por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que llevan denunciando desde hace meses que este tipo de contratos son el principal agujero del que se sirven los caseros para evitar la regulación de precios en la Ley de Vivienda, aprobada en la legislatura pasada.
A pesar de que Junts había anunciado que se iba a abstener, finalmente han decidido posicionarse en contra, por lo que la votación ha quedado con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto; y 178 votos en contra del partido catalán, PP y Vox.
Después de varias semanas de negociaciones lideradas por Sumar, que ha impulsado junto a Podemos, EH Bildu y el BNG esta ley redactada por los sindicatos de inquilinos, la mayoría de los grupos habían anunciado previamente el sentido de su voto. Junts, con un discurso muy crítico, había trasladado la posibilidad de una abstención que habría permitido la tramitación de la ley por un solo voto, aunque finalmente se ha decidido por el ‘no’.
Al no estar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino al Código Civil, es decir, a la voluntad de las partes, los contratos de temporada y los de habitaciones permiten a los arrendadores subir los precios cada seis o nueve meses a inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable y tampoco están sujetos a las limitaciones de precios de la ley de vivienda.
La propuesta legislativa –firmada por Sumar, EH Bildu, ERC y BNG–, proponía modificar la LAU para incluir esos contratos en su ámbito de aplicación y fijaba en seis meses la duración máxima de un alquiler temporal, un punto con el que casi ningún grupo político se ha mostrado de acuerdo.
Según el texto, después de dos contratos de seis meses encadenados, el alquiler pasaría a considerarse de residencia habitual, con los beneficios que eso supone para el arrendatario. También obligaba al arrendador a especificar en ellos la causa de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista, de forma que, si no lo hacía, también se consideraría residencia habitual.
“El alquiler de temporada se ha convertido en una rendija por la cual los propietarios pueden cometer fraude de ley”, ha denunciado el portavoz de Sumar Íñigo Errejón, que ha defendido el texto en el debate de hoy. “La LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales no se puede subir más allá del IPC el precio del alquiler. ¿Qué hacen? Muchos propietarios hacen un uso fraudulento de los contratos de temporada y por tanto pueden subir el precio de alquiler año a año o echar a los inquilinos”, ha denunciado.
“Quería que mis primeras palabras fueran de agradecimiento y de reconocimiento a los sindicatos de inquilinos e inquilinas que son quienes han impulsado esta ley para regular el alquiler de temporada, que no es otra cosa que el gran agujero que el Partido Socialista dejó en la Ley de Vivienda”, ha dicho la secretaria general de Podemos Ione Belarra, que firmó como ministra de Derechos Sociales esa norma.
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El investigado ha pedido poder recibir el salario que le corresponde como consultor, a pesar de que su contrato de trabajo rescindió en febrero
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El exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, está intentando que el juez que lo investiga por presunto cobro de comisiones en contratos públicos, le permita recibir su salario como consultor. García trabajaba para una empresa constructora a través de una consultoría propiedad de su esposa, Patricia Úriz, pero el contrato fue rescindido en febrero.
El contrato, firmado en noviembre de 2022 entre el Grupo Azvi y la consultoría de Úriz, Erikapat Consultoría Internacional SL, tenía una duración de un año. Sin embargo, fue cancelado en febrero de este año, coincidiendo con la detención de García y el inicio de la investigación sobre la operación Delorme, en la que se le acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El abogado de García presentó la semana pasada este contrato ante la Audiencia Nacional, solicitando el desbloqueo de las cuentas de la empresa para que su cliente pudiera cobrar las nóminas pendientes. Sin embargo, Azvi explicó que el contrato quedó anulado debido a las cláusulas de cumplimiento normativo que impiden mantener vínculos con empresas o personas involucradas en casos de corrupción o delitos financieros.
Uno de los puntos clave de la investigación se centra en la naturaleza de la consultoría Erikapat, que la Guardia Civil sospecha podría haber sido una tapadera para ocultar el aumento patrimonial de García. En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), se plantean dudas sobre la legitimidad de la consultoría y la actividad que esta realizaba.
A pesar de los intentos de García y su esposa por desbloquear las cuentas de la empresa, el juzgado ha denegado la petición en varias ocasiones, ya que no se ha demostrado de manera clara la actividad real de la mercantil y los servicios que supuestamente prestaba a la empresa.
En el escrito presentado a la Audiencia Nacional, el abogado de García insistió en que su cliente trabajaba como asesor para la consultora y solicitó el desbloqueo de las nóminas pendientes, que ascienden a 1.328 euros (febrero) y 1.642 euros (marzo), además de las sucesivas que se devenguen mensualmente. También se solicitó el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes.
El Grupo Azvi, una empresa adjudicataria habitual del Ministerio de Transportes y especializada en el sector ferroviario, ha destacado que recurrió a Erikapat para realizar labores de consultoría en Latinoamérica. Sin embargo, los informes policiales no reflejan que ni García ni su esposa tengan experiencia previa en consultoría, más allá del paso de García por el Ministerio de Fomento.
La causa sigue avanzando, y recientemente han testificado dos cargos de Adif que señalaron a Michaux Miranda, exdirector general de Personas y también investigado, como responsable de la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, la misma implicada en la operación Delorme, que gestionó contratos de mascarillas por un valor de 12,5 millones de euros. Michaux Miranda está citado a declarar en los próximos días.
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Los ministros Marlaska y Robles han conseguido llegar a un consenso para posicionar en este puesto a la diputada Mercedes González
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Imagen: EFE
Fuentes de ambos ministerios reconocen que la designación de González, pese a su corta etapa previa en el cargo, responde al conocimiento que ya posee de la institución. Además, su trayectoria como delegada del Gobierno en Madrid fue valorada positivamente. Grande-Marlaska propuso su nombre, y Robles no tardó en dar su visto bueno, lo que facilitó un relevo rápido y sin especulaciones. La buena relación entre González y Robles quedó patente en la toma de posesión del año pasado, donde ambas destacaron los muchos años que llevan conociéndose.
El nombramiento de González ha sido recibido favorablemente por las asociaciones de la Guardia Civil, no tanto por su breve paso anterior, sino por el fin del mandato de Leonardo Marcos. Durante los 15 meses que estuvo en el cargo, las asociaciones criticaron su «falta de diálogo» y lo acusaron de tratar con altivez a los representantes de los agentes. Tanto Justicia para la Guardia Civil (Jucil), como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), han mostrado su alivio ante la salida de Marcos, especialmente por las tensiones generadas por expedientes disciplinarios abiertos a varios agentes, que causaron profundo malestar.
Además de restablecer relaciones con las asociaciones, Mercedes González deberá enfrentar dos asuntos judiciales de relevancia. El primero está relacionado con el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en febrero, embestidos por una narcolancha en Barbate. Si bien se ha identificado a los responsables, que permanecen ocultos en Marruecos, una investigación adicional analiza las posibles deficiencias en el operativo desplegado aquella noche. Estas pesquisas apuntan a la actuación de altos mandos del instituto armado en Andalucía.
El segundo caso es el litigio que enfrenta al coronel Diego Pérez de los Cobos con Grande-Marlaska. Tras su destitución en 2020, Pérez de los Cobos ha librado varias batallas judiciales, logrando su reinstauración en el cargo. Ahora, el enfrentamiento se centra en su posible ascenso al generalato, un movimiento que Grande-Marlaska ha evitado en varias ocasiones pese a las victorias judiciales del coronel.
Otro tema delicado es la polémica en torno al desmantelamiento del Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur). Esta unidad de élite de la Guardia Civil, creada en 2018 para combatir el narcotráfico en las costas andaluzas, fue suprimida en septiembre de 2023, pese a haber logrado triplicar las incautaciones de drogas. La controversia se ha reavivado tras el asesinato de los agentes en Barbate y un informe de la Fiscalía General del Estado que destaca un descenso del 20% en las investigaciones sobre narcotráfico en Cádiz desde la desaparición de la unidad.
El segundo mandato de González, por tanto, se perfila lleno de retos tanto internos como externos, mientras se esfuerza por mantener la cohesión entre los distintos actores de la institución y abordar los casos judiciales pendientes.
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Entre las críticas que recibe el futuro comisario de Estrategia Industrial destacan su bajo nivel de inglés y su desconocimiento de los asuntos financieros y económicos
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Imagen: Stéphane Séjourné- Challenges.fr
Cuando el que ha sido hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, asuma su cargo en la Comisión Europea para liderar la estrategia industrial de la UE, tendrá que luchar para mantener la influencia de Francia en el bloque.
El lunes se hizo público que Séjourne sería el nuevo candidato de Francia para la Comisión, después de que su primera opción, Thierry Breton, el comisario de Mercado Interior, se viera forzado a dimitir. Esta dimisión ha suscitado la preocupación del país galo, pues consideraban a Breton un contrapeso clave a la influencia alemana en el corazón de la UE, con capacidad para preservar el equilibrio entre las dos potencias.
Séjourné se ha asegurado un puesto de peso en el nuevo equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como uno de los seis vicepresidentes ejecutivos. Pero se mantienen las dudas sobre si en la práctica podrá ejercer la influencia necesaria para ostentar el título de «vicepresidente ejecutivo de prosperidad y estrategia industrial».
Exeurodiputado, Séjourné fue el ministro de Asuntos Exteriores más joven de la historia reciente de Francia, al ser nombrado a la edad de 38 años. En su nuevo puesto en la Comisión, será el encargado de la industria y el mercado único, aunque no tendrá ni voz ni voto en cuestiones digitales o de defensa.
A favor del nuevo comisario juega su estrecha relación con Macron, además de su conocimiento de las instituciones de la UE: “Conozco muy bien a Stéphane Séjourne del Parlamento Europeo”, señaló von der Leyen, que afirmó también estar convencida de que será un gran comisario. En su nuevo cargo, Séjourné «guiará el trabajo para crear las condiciones para que nuestras empresas prosperen, para la inversión y la innovación, para la estabilidad económica y el comercio y la seguridad económica», dijo von der Leyen.
Sin embargo, son también muchos los críticos con el futuro comisario. Por ejemplo, Céline Imart, eurodiputada francesa por el Partido Popular Europeo, expresó sus dudas tras el anuncio, señalando la inexperiencia de Séjourné y su escaso dominio del inglés, idioma dominante en Bruselas: “Se lo van a comer vivo y la influencia francesa pagará el precio”.
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Si es confirmada por la Eurocámara, la española asumirá la cartera de Competencia en un momento de grandes retos en el que se le pide un mayor enfoque en la innovación y la competencia global
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Imagen: Teresa Ribera será la vicepresidenta de Transición Limpia y Competencia de la Comisión Europea. Diego Radamés. Europa Press
Ursula von der Leyen anunció este martes la composición de su nuevo gabinete en el que la figura de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, emerge como una de las más relevantes. Además de ser la socialista con el cargo más importante en Bruselas por el peso electoral que representa el PSOE para su familia europea, asumirá la mayor cuota de poder que España haya tenido desde que entró en el club comunitario con la vicepresidencia para la Transición Verde y Justa y Competencia.
Lo hace en un momento crucial en la lucha contra el cambio climático, y después de que von der Leyen viese a España como uno de los socios más comprometidos -y aliado natural- en el despliegue de las energías renovables. A pesar de esto, Ribera deberá aterrizar en Bruselas en un momento en el que el Pacto Verde cuenta con la oposición del Partido Popular Europeo, que cree que se debe luchar contra el cambio climático sin poner en riesgo la competitividad de las empresas europeas. Asimismo, la exministra deberá coordinar la transición energética con otros comisarios del Partido Popular Europeo como el holandés Wopke Hoekstra o los titulares de Agricultura y Pesca, también de la misma familia política.
De todos modos, Ribera tendrá que someterse aún al examen de los eurodiputados de las comisiones que corresponden a sus responsabilidades. Aunque el PP de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que votará en su contra, los grupos que sustentan la mayoría dan por hecho que no habrá problema en sacar adelante los nombramientos de Von der Leyen.
Este es el primer reto que tiene Ribera (será a finales de octubre o principios de noviembre), pero ella ya lo da por seguro y tiene ya incluso diseñado a su equipo más cercano, que pasa por Miguel Gil Tertre, hasta ahora economista jefe de la dirección de energía, como mano derecha en Bruselas.
A Ribera le tocará “desarrollar un nuevo marco de ayudas estatales para acelerar el despliegue de energías renovables, desplegar la descarbonización industrial y garantizar una capacidad de fabricación suficiente de tecnología limpia”. En otras palabras, tiene que repensar el modelo de los 27 para hacer frente a la guerra de subsidios de Estados Unidos y China sin que se produzca, como está ocurriendo en los últimos años, una fragmentación del mercado único porque Alemania, que tiene un incomparable músculo fiscal riega de millones a su industria para competir con otras potencias, pero en detrimento del resto de socios europeos.
Uno de los grandes problemas de la competitividad europea, según recogen los informes encargados por la propia UE, es el pequeño tamaño de sus empresas. Ribera tendrá que rehacer las normas de competencia para permitir ‘gigantes’ europeos que les sitúen en condiciones de rivalizar con los americanos y chinos.
En la modernización de las ayudas de estado, Ribera tendrá que dar forma a la promesa de flexibilizar el marco legal para incluir las políticas de vivienda, que fue una de las grandes promesas de la presidenta en el debate de su reelección a instancias de los socialistas.
La intención de Ribera es colar las “sensibilidades ambientales” en toda la política de competencia de la UE. También heredará los grandes casos antimonopolio que en los últimos años han tenido como protagonistas principales a las ‘big tech’.
La exministra también tendrá que pelear por mantener viva la agenda verde en un momento en el que la UE ha echado el freno en las políticas medioambientales por las quejas de los sectores industriales y los intereses políticos que hay detrás.
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Con una diferencia de edad de 35 años, llevaban más de una década casados. Ella ha sido la encargada de confirmar la muerte de su marido a sus compañeros.
Con una diferencia de edad de 35 años, llevaban más de una década casados. Ella ha sido la encargada de confirmar la muerte de su marido a sus compañeros.
El partido canario ha condicionado su apoyo a Sánchez a su obligación de resolver la crisis migratoria con los menores en las islas
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p class=»MsoNormal»>El pasado 17 de septiembre Clavijo exigió al Gobierno central una fecha concreta para retomar las conversaciones y un fondo de 165 millones de euros, equivalente a lo gastado en la acogida de menores en lo que va de año. Aunque la reunión con el PP podría darse la próxima semana, el asunto del financiamiento sigue en el aire, debido a desacuerdos políticos relacionados con la negativa de Coalición Canaria a prorrogar la comisión sobre las mascarillas.
La reunión a tres bandas entre Clavijo, el PP y el Gobierno central depende ahora de la agenda del presidente canario, aunque las tensiones y la falta de confianza hacen el diálogo complicado. Tras el fracaso parlamentario de la reforma, las culpas se han repartido entre Madrid y Canarias. Desde la capital, critican que el presidente autonómico no consiguió ni siquiera la abstención del PP, su socio de gobierno en las islas. Por su parte, el Ejecutivo canario reprocha al Gobierno central no haber negociado lo suficiente.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayó que la situación se agravó tras la negativa del PP a votar la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Fuentes autonómicas aseguran que el PP no dio su voto porque ninguna de sus exigencias fue aceptada.
En los últimos meses, el debate migratorio ha evolucionado. El presidente canario ha hecho suyas varias de las demandas del PP, firmando el 10 de septiembre un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo para impulsar un cambio legislativo. Entre las propuestas, destacan la declaración de emergencia migratoria, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y la creación de parámetros que definan cuántas plazas de acogida debe tener cada comunidad.
Este plan busca un nuevo modelo de acogida financiado por el Estado, que se haría cargo de los territorios que superen el 150% de su capacidad de acogida. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prepara un informe para simular la capacidad de acogida de cada región, basado en criterios como desempleo, población y renta per cápita.
Mientras continúan las negociaciones, persisten las diferencias sobre la atención a los menores migrantes en Canarias. El Consejo de Ministros aprobó recientemente iniciar los trámites para llevar al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de actuación del Gobierno canario, que condiciona la entrada de menores en centros de acogida hasta que la Policía cumpla ciertos requisitos. El Gobierno central considera esta medida inconstitucional, pero ha dado a Canarias una semana para revisar las discrepancias.
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EL Ejecutivo no puede cambiar varias leyes incluidas dentro de su plan de regeneración debido a que sus socios consideran que es un proyecto insuficiente
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p class=»MsoNormal»>El Ejecutivo ha presentado un ambicioso paquete de más de 30 medidas que implican la modificación de unas 20 leyes, incluidas varias orgánicas, que requieren una mayoría absoluta para ser aprobadas. Ahora, el Gobierno debe no solo concretar las reformas, muchas de ellas apenas esbozadas, sino también buscar los apoyos necesarios en el Parlamento.
El Partido Popular ha adelantado que será difícil apoyar las medidas del plan, al considerar que algunas representan un ataque contra la libertad de prensa. Sin embargo, estaría dispuesto a respaldar las que se ajusten al reglamento europeo que previamente apoyaron en Bruselas.
El Ejecutivo, que ha consultado a sus socios del bloque de investidura, espera lograr la aprobación de las reformas de forma gradual a lo largo de tres años. Sin embargo, cada medida se tramitará por separado y algunas, como las que afectan al Código Penal o a la ley electoral, enfrentarán trámites complejos en el Parlamento.
Aunque varios socios del Gobierno han manifestado sus críticas iniciales, ninguno se opone radicalmente al contenido del plan. EH Bildu ve avances en temas como la lucha contra los bulos y la transparencia, aunque critica la falta de avances en la reforma de la «ley mordaza». ERC, por su parte, tacha el plan de “decepcionante” y denuncia la falta de concreción en la reforma del Código Penal y los delitos contra la Corona.
El PNV ha señalado la falta de consenso en el desarrollo de las propuestas y califica algunas como «ridículas», especialmente las relacionadas con la ley de secretos oficiales. Junts, por su parte, sospecha que el plan será más un maquillaje político que una reforma real, aunque aún debe analizarlo en profundidad.
Por otra parte, Podemos y Coalición Canaria han manifestado sus preocupaciones y condiciones para apoyar al Ejecutivo. Podemos insiste en que se incluyan medidas como la declaración de intereses de presentadores y directores de medios, mientras que el BNG ha celebrado que algunas de sus demandas, como la derogación de delitos contra los sentimientos religiosos, estén presentes.
A pesar de su oposición general al plan, el PP ha mantenido una postura abierta respecto a las medidas relacionadas con la normativa europea. El portavoz parlamentario del partido ha advertido que no permitirán que el Gobierno incluya elementos que vayan en contra de los principios defendidos por Europa.
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